Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Noviembre de 2018 (caso Plena Jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de 15 de noviembre de 2018)

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:15 de Noviembre de 2018
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS:

La firma Quality Lawyers & Consultants, en representación de la sociedad SEGUROS CONFIANZA,S.A., presenta Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, contra la Resolución No. JD-044de 18 de noviembre de 2016, de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado, la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros dispuso entre otras cosas ordenar la Liquidación Forzosa a la aseguradora SEGUROS CONFIANZA, S.A.; designar al licenciado G.Q. con cédula de identidad personal No. 8-157-1731 como liquidador para ejercer la representación legal, administración y control de dicha empresa; suspender hasta por seis meses los términos de prescripción de todo derecho o acción de que sea titular la aseguradora y los términos en los procesos administrativos en que esta sea parte, salvo aquellos donde se persigan la ejecución de una prenda, hipoteca u otra garantía real, según lo establecido en el artículo 116 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012; y ordenar que cesaran de correr intereses sobre las obligaciones de la aseguradora salvo que trate de obligaciones garantizadas con prenda o hipoteca sobre bienes de la aseguradora según lo establecido en el artículo 117 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012.

  1. PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA.

    Las pretensiones de la parte actora consisten en que se declare nula por ilegal, la Resolución JD-044 de 18 de noviembre de 2016, emitida por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y se ordene el archivo del expediente originario de la presente acción.

  2. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA.

    El apoderado judicial de la parte actora, manifiesta en primer lugar que mediante Resolución No. CTS-004 de 6 de mayo de de 2011, se le otorgó a la sociedad SEGUROS, GARANTÍAS Y CAUCIONES, S.A., licencia para operar la actividad de seguros en los ramos de personas generales y fianzas; y mediante la Resolución No. 0684 de 26 de agosto de 2011, la empresa cambió su razón social a MUTUAL CATOLICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., y finalmente mediante la Resolución No. 0345 de 8 de octubre de 2015, cambia a SEGUROS CONFIANZA, S.A., la actual razón social.

    Agrega, que mediante la Resolución No. OAL-199 de 2 de septiembre de 2016 la Superintendencia de Seguros y Reaseguros ordenó hasta por treinta días (30) días hábiles la toma de control Administrativo y Operativo de la sociedad SEGUROS CONFIANZA, S.A, con fundamento en los numerales 3,4 y 5 de la Ley 12 de 2012, y designó como admininistrador interino al Licenciado G.Q. con cédula de identidad personal No. 8-157-173. Y con posteriridad, por medio de la Resolución No. JD-044 de 18 de noviembre de 2016, dicha entidad ordena la Liquidación Forzosa de la empresa y designa al prenombrado como liquidador.

  3. NORMAS QUE SE ADUCEN INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE INFRACCIÓN

    Las normas estimadas infringidas corresponden en este orden, a los artículos 115, 114, 19 y 113 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012; y los artículos 34 y 36 de la Ley 38 de 2000. Cabe agregar aquí, que el referido artículo 19 se señala conjuntamente con el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 78 de 10 de mayo de 2012.

    El artículo 115 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012, sobre medio de impugnación establece en lo medular que la resolución que ordena la liquidación forzosa podrá ser impugnada por el afectado mediante el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción ante la Sala Terecera de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a la última públicación del aviso; y que contra esa resolución no cabe suspensión del acto administrativo. La infracción se estima dada en la modalidad del concepto de violación directa por omisión, sustentada en que la entidad demandada en lugar de publicar el aviso de liquidación conforme lo trata la norma, lo publica en un diario de circulación nacional, La Prensa de los días 21, 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2016, publicaciones que se aportan al proceso.

    En cuanto al artículo 114 de la referida ley 12, que versa de la designación del liquidador, según el cual la Superintendencia designará el liquidador según sea el caso y a su discreción dependiendo de la complejidad de la aseguradora a un liquidador o una junta de liquidación conformada por hasta tres miembros cuyos integrantes no tengan relación directa ni indirecta con la aseguradora o entre sí, hasta el cuarto grado de consanguinidad.

    La infracción de dicha norma que dice darse en el concepto de violación directa por omisión, se sustenta en el hecho de que el resuelto segundo del acto acusado de ilegal, establece como único liquidador al licenciado G.Q., que fue también liquidador interino, pero, surge la duda si la labor será desempeñada únicamente por el nombrado o por una Junta de Liquidación debido a que los resueltos quinto, sexto y séptimo del acto impugnado se indica que será una Junta de Liquidación la encargada de llevar a cabo el proceso, con lo cual se omitió designar los demás miembros de la Junta de Liquidacción.

    El artículo 19 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012, y el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 78 de 10 de mayo de 2012, normas citadas conjuntamente como infringidas, y que refieren a la duración en el cargo de los directores independientes de la Junta Directiva; y designación de los directores y su periodo, respectivamente. La infracción de la normativa en comento, dice darse en el concepto de violación directa por comisión, por cuanto que cuando el Presidente de la Junta Directiva que suscribió el acto demandado, el señor R.S.G., ya se le había vencido su periodo de designación como director de la Junta Directiva.

    En cuanto al artículo 113 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012, según el cual para la notificación de la resolución que dispone la liquidación forzosa de la aseguradora, el Superintedente ordenará la fijación de un aviso que contendrá la transcripción de la resolución en lugar público y visible del establecimiento principal de la aseguradora y sus sucursales; y la resolución señalará la hora en que entrará en vigor la orden de liquidación, la que no podrá ser anterior a la hora de fijación del aviso; así mismo que el aviso permanecerá fijado por un término de cinco días hábiles y vencido éste, se entenderá hecha la notificación.

    La infracción de esa norma, que se en el concepto de violación directa por comisión directa, la sustenta la actora en que el aviso fue fijado por funcionarios de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, el día 21 de noviembre de 2016, a las 8.30 A.M., en virtud del cual debió permanecer fijado hasta el 25 de noviembre de 2016, con lo cual quedaría notificada el 29 de noviembre de 2016, pero, el mismo acto en uno de sus resueltos señaló que la orden de notificación entra a regir a las 8:00 a.m. de 21 de noviembre de 2016, en virtud del cual el acto empezó a surtir efectos antes de quedar debidamente notificado, con lo cual se infringe también el artículo 1022 del Código Judicial, norma supletoria de conformidad con el artículo 202 de la Ley 38 de 2000.

    Dentro del concepto de infracción del artículo 113 se sostiene, también, que se viola su párrafo segundo, porque el resuelto décimo segundo señaló que la orden de liquidación forzosa entraba a regir a las 8:00 a.m. de 21 de noviembre de 2016, pero el aviso público fijado en el establecimiento principal de SEGUROS CONFIANZA, S.A., se fijó a las 8:30 a.m. del día 21 de noviembre de 2016, es decir 30 minutos de la entrada en vigor de la orden de liquidación forzosa.

    En un último lugar, figuran como violados los artículos 34 y 36 de la Ley 38 de 2000, cuya infracción de la primera de esas normas se sustenta en que el acto acusado de ilegal se dicta en infracción del artículo 113 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012.

    La infracción del artículo 38 de 2000. También se sustenta en que se produce porque el acto acusado de ilegal infringe el artículo 113 de la Ley 12 de 2012; y que se ha infringido el debido proceso legal.

  4. INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

    Consta de fojas 76 a 84 del expediente la Nota JD-006-2017 de 17 de marzo de 2017, el Presidente de la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, contentiva del informe explicativo, que inicia señalando que debido a un informe de la Dirección de Supervisión de Empresa de Seguros de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, que señaló que la empresa SEGUROS CONFIANZA, S.A., presentaba un Patrimonio Técnico Ajustado B/.3,085146 que era insuficiente de acuerdo al capital mínimo requerido y exigido de B/. 5,000,000.00, en el artículo 41 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012; y consecuencia de ello, se inicia un proceso sancionatorio dando como resultado la Resolución JE-SSRP-023 de 6 de junio de 2016, que sanciona con multa de B/. 18,000.00.

    Se añade en el informe que el Departamento de Supervisión de Empresa de Seguros de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, mediante M.N.°DSES-M-240 de 22 de agosto de 2016, recomendó adoptar una serie de medidas en base a la insuficiencia de patrimonio legal al 30 de junio de 2016 de la compañía Seguros Confianza, S.A.; y subsiguientemente, mediante una resolución se le ordenó a dicha empresa que reportara mensualmente información referente a su margen de solvencia, liquidez mínima requerida y patrimonio legal; y presentar un reporte diario a la Superintendencia de los estados de cuentas de todas las cuentas bancarias que poseía la empresa.

    Se continua señalando, que en M.N.°DSES-M-194 de 26 de julio de 2016, la Dirección de Supervisión de Empresas de Seguros informó en lo medular que debido a los estados de cuentas presentados por la empresa, mostraban custodia pignorada por operaciones de recompensa por aproximadamente 85% del valor de los bonos y producto de esa operación, al 30 de junio de 2016, la empresa queda con una insuficiencia de patrimonio de B/.2,842,452.00 y los Estados Financieros por los resultados al cierre del 31 de diciembre de 2015, no reflejaban que las inversiones estuvieran pignoradas.

    De igual manera, se señala que lo anterior queda corroborado en M.N.°DSES-M-250 de 29 de agosto de 2016, del Departamento de Supervisión de Empresas de Seguros, adicionando que la aseguradora SEGUROS CONFIANZA, S.A., no había indicado la existencia de restricciones en sus activos y que había un proceso de otras pignoraciones, cuando de acuerdo a los artículos 217 y 218 de la Ley 12 de 2012 prohíbe tener ese tipo de pignoraciones o gravadas; y a consecuencia de ello, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, mediante la Resolución N°OAL-199 de 2 de septiembre de 2012, ordena la toma de control administrativo y operativo de dicha aseguradora por el término de treinta (30) días, con base legal en las causales 3, 4 y 5 del artículo 93 de dicha ley.

    Y que con sustento a un informe que entregó el administrador interino sobre el proceso de toma de control que arrojaban irregularidades, recomendaba la liquidación forzosa, con sustento legal en el numeral 2 del artículo 20 de la Ley 12 de 2012, y efecto a través del acto acusado de ilegal, la Junta Directiva de la Superintendencia, evaluado y analizado el mencionado informe, con sustento en el artículo 41 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012.

    Se manifiesta en el informe de conducta también, que el licenciado R.S. y el licenciado A.P. designados por el Órgano Ejecutivo mediante el Decreto No. 104 de 5 de julio de 2012, que modificó el Decreto Ejecutivo No. 78 de 10 de mayo de 2012, en donde indica que R.S. era por el término de 4 años, que correspondería de julio de 2012 a julio de 2016; además que pese ello de conformidad con el artículo 793 del Código Administrativo ningún empleado administrativo, dejara de funcionar, aunque su periodo hubiere transcurrido, sino hasta que llegue quien lo reemplace.

    En cuanto a la designación del liquidador y la notificación de la resolución acusada, se sostiene que el 21 de noviembre de 2016, se fijó el aviso con la trascripción de la resolución, y que permaneció por cinco días con lo cual se notifica a la aseguradora, y se publica en diario de circulación nacional conforme lo prevé la ley, respetando en todo momento el debido proceso.

    V.O. DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

    Mediante la vista No. 574 de 31 de mayo de 2017, el Procurador de la Administración solicita a los Magistrados de esta S. se sirvan declarar que no es ilegal la Resolución No.JD-044 de 18 de noviembre de 2016, con sustento medularmente en que en el informe de conducta remitido por la entidad demandada, quedó planteado que en todo momento se respetó el debido proceso, dejando sin sustento cada uno de los cargos de ilegalidad.

    DECISIÓN DEL TRIBUNAL

    Desarrollados los trámites legales de rigor corresponde a los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pasar a dirimir el fondo del presente litigio, sobre las consideraciones que siguen.

    1. Competencia

      De conformidad con lo establecido en los artículos 206 de la Constitución Política y 97 del Código Judicial, esta S. es competente para revisar, declarar la nulidad por ilegal de los actos administrativos y restablecer el derecho particular violado.

    2. Legitimación activa y pasiva

      En el presente caso, la demandante es la sociedad SEGUROS CONFIANZA S.A., como persona jurídica que recurre en defensa de sus derechos e intereses, contra la Resolución N° JD-044 de 18 de noviembre de 2016 de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, que le fue desfavorable, razón por la cual se encuentra legitimada para promover la acción examinada.

      El acto demandado fue emitido por la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, entidad estatal, con fundamento en la Ley 12 de 3 de abril de 2012, la cual funge como sujeto pasivo en el presente proceso contencioso-administrativo de plena jurisdicción que nos ocupa.

      Tenemos que la parte actora ha sostenido que la Resolución N° JD-044 de 11 de noviembre de 2016, que entre otras cosas ordena la liquidación forzosa de la sociedad SEGUROS CONFIANZA, S.A., es ilegal por cuanto que viola el debido proceso legal, ya que su notificación no se hizo de acuerdo con lo previsto en la ley; al designar un solo liquidador, pero, con posterioridad se alude a una Junta de L.; y que el Presidente de la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá que suscribió el acto acusado de ilegal, ya se le había vencido el término de su designación.

      De conformidad con lo planteado, este Tribunal debe determinar, sí al ordenar la liquidación forzosa y designar a un solo liquidador y con posterioridad alude a una Junta de Liquidador; si la manera de notificación del acto acusado violó el debido proceso; y si el Presidente de la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros que firma el acto acusado no tenía la facultad legal para ello, porque se le había vencido el término para el cual fue designado como director por parte del Órgano Ejecutivo.

      De las constancias procesales se desprende que la presente causa tuvo su génesis en el Memo DSES-MS-SCO-375 de 26 de noviembre de 2015, de la Dirección de Supervisión de Empresas de Seguros de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, en virtud de la revisión del resultado de Margen de Solvencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, al 30 de septiembre de 2015, dio como resultado que la aseguradora SEGUROS CONFIANZA, S.A., presentara un Patrimonio Técnico Ajustado B/.3,085.146 que fue insuficiente de acuerdo al capital mínimo exigido en el artículo 41 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012, lo cual conllevó que la empresa presentara insuficiencia en el Patrimonio de B/. 1,914,854.00.

      Así vemos a fojas 1 y 2 del expediente administrativo el Memo DSES-MS-SCO-375 de 26 de noviembre de 2015, en el cual se recomendó acogerse al artículo 280 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012, que la empresa hiciera un incremento de capital o liberar la pignoración del depósito a plazo fijo, al cierre de noviembre de 2015; y adicionalmente que debía reportar el margen de solvencia, la liquidez y el patrimonio ajustado, al menos por seis meses.

      Se aprecia también que contra la empresa demandante se inició una investigación de carácter administrativo, para acreditar si hubo infracción a la legislación de seguros, dando como resultado la Resolución JE-SSRP-023 de 6 de junio de 2016, mediante la cual se sancionó a SEGUROS CONFIANZA, S.A., con multa de dieciocho mil balboas con 00/100 (B/. 18,000.00), por infringir el artículo vigésimo, numeral e, del Acuerdo No. 8 de 24 de julio de 2013. (Cfr. Fs.3-5 del expediente administrativo)

      Mediante la Resolución No. OAL-192 de 24 de agosto de 2016, el Superitendente de Seguros y Reaseguros ordena a la empresa SEGUROS CONFIANZA, S.A., reportar mensualmente ante la Superintendencia lo siguiente: 1. Margen de solvencia mínimo requerido, 2. Liquidez mínimo requerida y 3. Patrimonio legal, según se indica esa información debía presentarse a más tardar los primeros diez días del mes siguiente.

      Se aprecia también que la Superitendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, mediante la Resolución N°OAL-199 de 2 de septiembre de 2016, legible de fojas 16 a 18 del expediente administrativo, ordena por un periodo de hasta treinta (30) días, la toma de control administrativo y operativo de la sociedad SEGUROS CONFIANZA, S.A., y designa como Administrador Interino al licenciado G.Q., considerando que con el Memorando DSES-M-194 de 24 de julio de 2013, de la Dirección de Supervisión de empresas determinó que dicha empresa incurrió en una de las causales establecidas en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 93 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012.

      Es de lugar mencionar aquí, que se aprecia en una nota suscrita por el Presidente de SEGUROS CONFIANZA, S.A., dirigida a la Superitendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, en la que queda manifestado que a consecuencia de la toma de control decretada a esa empresa y luego de una reunión sostenida, se acepta que la empresa demandante no contaba con el patrimonio exigido por la ley, pero, si con los activos suficientes para cubrir todo el pasivo de la compañía, en virtud del cual se le recomendaba al Administrador Interino hiciera gestiones para iniciar un proceso de liquidación voluntaria, cediendo la cartera de clientes a otra empresa aseguradora que tuviera un interés en adquirirla. (Cfr. Fs. 52 y 53 del expediente administrativo).

      Bajo ese marco, se observa que el Liquidador Interino de SEGUROS CONFIANZA, S.A., el 21 de octubre de 2016, hizo entrega de un informe final legible de foja 87 a 136 del expediente, dentro del cual se deja manifestado que quedó determinado que las operaciones de dicha empresa evidenciaron la celebración de prácticas irregulares de contabilidad y manipulación de los balances financieros con la finalidad de encubrir, desde un principio la deficiencia del Capital mínimo requerido para ejercer el negocio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 12 de 2012.

      Por su parte, se aprecia que la Superintendencia de Seguros y Reaseguros mediante la Resolución N° OAL-266 de 14 de noviembre de 2016, en cuanto a la recomendación que hiciera el Presidente de la sociedad demandante para una liquidación voluntaria, resuelve rechazar de plano por extemporánea la solicitud de liquidación voluntaria. Se aprecia en dicha resolución que la misma quedó notificada el 17 de noviembre de 2016.

      Y con posterioridad, la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, dicta el acto acusado de ilegal, la Resolución JD-044 de 18 de noviembre de 2016, en la cual como ya ha quedado manifestado ordenó la liquidación forzosa de la empresa SEGUROS CONFIANZA, S.A., y designa un liquidador, que ejercerá la representación legal, administración y control de dicha empresa.

      Ahora bien, la parte actora considera que esa resolución es ilegal, debido a que en lugar de publicar el aviso de liquidación como queda previsto en la norma, se publicó en un diario de circulación nacional; no obstante, este Tribunal debe indicar aquí que si bien queda constadado que las publicaciones del aviso de liquidación, se realizó en un diario de circulación nacional tal como lo indico el demandante, reposa de fojas 173 a 181 del expediente administrativo documento denominado aviso público que contiene la transcripción de la resolución demandada, es decir, Resolución N° JD-044 de 18 de noviembre de 2016, y que para efectos de notificación se fija el 21 de noviembre de 2016, por cinco días hábiles. Así mismo, consta el acta donde se hace constar que se procedió a fijar el aviso al publico en los principales puertas de establecimiento donde se ubica la sociedad SEGUROS CONFIANZA, S.A.

      Al respecto, el artículo 115 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012, que el demandante aduce como infringida porque la entidad demandante publica la resolución de liquidación en un diario de circulación nacional, es del siguiente contenido:

      Artículo 115: Medio de Impugnación. La resolución que ordena la liquidación forzosa podrá ser impugnada por el afectado mediante recurso contenciso administrativo de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a la última publicación del aviso de que trata esta Sección. Contra la resolución de la Superintendencia que ordena la liquidación forzosa de la aseguradora no cabrá la suspensión del acto administrativo.

      De la disposición citada se interpreta que el medio para impugnar un acto que ordena la liquidación forzosa por parte del afectado, es por vía judicial a tarvés de la acción de plena jurisdicción ante la Sala Tercera; que el término para interponer ese recurso es de diez días que se computan desde la última publicación del aviso; y que contra el acto de liquidación forzosa no cabe suspensión provisional, pero, sin referir precisamente a la forma de notificación, pues la misma norma expresa que versa al medio de impugnación, y el término para recurrir desde la notificación, y no así precisamente de la forma notificación, como lo plantea el recurrente en el cargo de ilegalidad que versa del artículo 115 de la Ley 12 de 2012, de ahí, que este Tribunal es del criterio existen elementos de hecho y de derecho impiden que prospere la ilegalidad planteada sobre dicha norma.

      Ahora bien, concretamente sobre la forma de notificación de la resolución que ordena la liquidación forzosa, queda desarrollado en el artículo 113 de la Ley 12 de 2012, norma que también figura como de las vulneradas. Dicha norma contiene:

      Artículo 113. Notificación de la resolución. El superintendente ordenará la fijación de un aviso que contendrá la transcripción de la resolución que dispone la liquidación forzosa de la aseguradora en un lugar público y visible del establecimiento principal de esta y sus sucursales. La resolución señalará la hora en que entrará en vigor la orden de liquidación, la cual en ningún caso será anterior a la hora de fijación del aviso.

      El aviso de que trata el párrafo anterior permanecerá fijado por un término de cinco días hábiles. Vencidos los cinco días hábiles a partir de la fijación del aviso en el establecimiento principal de la aseguradora, se entenderá hecha la notificación. Este aviso deberá permanecer fijado durante todo el periodo de la liquidación.

      Una vez fijado el aviso, la resolución deberá publicarse por cinco días hábiles en un diario de circulación nacional.

      En esta parte, precisa reiterar lo señalado previamente en cuanto que en el expediente administrativo de foja 173 a 179 del expediente, documento denominado AVISO AL PÚBLICO en que se comunica la liquidación forzosa de SEGUROS CONFIANZA, S.A., ordenada por la Resolución JD-44 de 18 de noviembre de 2016; que queda trascrita esta resolución; y que para efectos de notificación, se fija como fecha el 21 de noviembre de 2016, por el término de cinco días, conforme queda previsto en la ley.

      La parte actora estima que el artículo 113 en referencia es vulnerado, porque la hora de fijación fue media hora después al establecido en la Resolución JD-44 de 18 de noviembre de 2016, asunto que no contempla dicha norma, pues vemos que la disposición lo que establece como trámite de notificación es la fijación del aviso por cinco días y la publicación en el diario de circulación nacional, trámites que según las constancias procesales fueron atendidas en este caso.

      En este punto, cabe refrirnos al artículo 95 de la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo general, aplicable al caso, según el cual las notificaciones hechas en formas distintas a la ley son nulas; sin embargo , si la parte ha tenido conocimiento de la resolución que motivó aquella, ello se tendrá como la notificación y surtirá los efectos desde entonces. Aquí, tenemos, que la parte tuvo conocimiento de la resolución al impugnar con la demanda de plena jurisdicción en cuestión, elementos que llevan a este Tribunal a descartar también el cargo de ilegalidad del 113 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012.

      Continuando con el resto de los cargos de ilegalidad, nos debemos referir al artículo 114 de la referida ley 12, referente a la designación del liquidador que el actor estima haberse infringido porque en uno de los resueltos del acto demandado queda designado como liquidador al licenciado Q., pero, en otro de los resueltos del acto en comento, se alude a una Junta de Liquidación. Dicha norma establece lo siguiente:

      "Artículo 114. Designación del liquidador. La Superintendencia designará, según sea el caso y a su discreción, dependiendo de la complejidad de la aseguradora, a un liquidador o a una junta de liquidación conformada por hasta tres miembros cuyos integrantes no tengan relación directa ni indirecta con la aseguradora o entre sí, hasta el cuarto grado de consanguinidad. El liquidador o la junta de liquidación ejercerá privativamente la representación legal, administración y control de la aseguradora, y responderá al superintendente. En caso de un solo liquidador, este deberá contar con un mínimo de cinco años de experiencia en el sector de la industria de seguros y si se tratara de una junta de liquidación, al menos uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito. El superintendente designará a la persona encargada de presidir la junta de liquidación. El liquidador o la junta de liquidación dependerá funcionalmente del superintendente de Seguros y Reaseguros, y dará cuenta de sus actuaciones a la Junta Directiva por medio del superintendente. Además, deberá llevar cuenta ordenada y comprobada de su gestión. El liquidador o la junta de liquidación orientará la marcha del proceso de liquidación forzosa tomando en cuenta los siguientes criterios:

    3. La celeridad que debe revestir el proceso a fin de hacer líquidos con la mayor prontitud posible, y atendiendo las normas que en ese sentido desarrolle la Superintendencia, los bienes de la aseguradora para satisfacer las acreencias que hubiera.

    4. La diligencia, simplicidad y transparencia en el trámite.

    5. El respeto de los derechos y prelaciones que reconozca esta Ley." (el resaltado es de la Sala)

      La norma citada pone de manifiesto que la liquidación forzosa puede ser ejercida tanto por un liquidador como por una Junta conformada hasta por tres miembros, dependiendo la complejidad del caso; y que la facultad de designar a un liquidador o una Junta es discreción de la Superintendencia, frente a lo cual a criterio de este Tribunal, el hecho que se refiera en el acto administrativo a un liquidador y con posterioridad a una Junta de liquidación, se puede traducirse en una ilegalidad, porque la norma permite las dos opciones a discreción de la Superintendencia, y que en efecto podría tratarse de un error de transcripción, que no produce mayores efectos, y que en todo caso es suceptible de corrección, dicho de otra manera, este Tribunal no ve que el planteamiento del demandante en este punto, conlleve por si solo a declarar la ilegalidad del acto acusado. De ahí que no puede prosperar el cargo de ilegalidad del artículo 114 de la Ley 12 de 2012.

      Hecho esos planteamientos, y atendiendo que los cargos de ilegalidad sobre los artículos 34 y 36 de la Ley 38 de 2000, se sustenta en la violación del debido proceso legal, por la notificación indebida, lo que implica que no prosperan la ilegalidad de los artículos 113 y 115 de la Ley 12 de 3 de abril 2012, y 1022 del Código Judicial.

      Con respecto al supuesto cargo de ilegalidad producido al artículo 19 de la Ley 12 de 2012, y el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 78 de 10 de mayo de 2012, que referidos conjuntamente, versan sobre la designación en el cargo de los directores de la Junta Directiva y el periodo para ejercer el cargo, respectivamente, con sustento en que el P. que suscribió el acto acusado de ilegal, lo hizo cuando ya se le había vencido el periodo, precisa acotar que los directores de la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, organismo del Estado, es la autoridadde regulación, reglamentación, supervisión, control y fiscalización de las empresas, entidades y personas sujetas al ámbito de aplicación de la ley 12, tal y como queda dispuesto en su artículo 6.

      De conformidad con el artículo 17 de la Ley 12 de 2012, la Junta Directiva de la Superintendencia se constituye en el máximo órgano de consulta, regulación y fijación de políticas generales de la Superintendencia y estará compuesta por siete directores con derecho a voz y voto.

      Así mismo, se dispone que cinco de los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por el Órgano Ejecutivo de acuerdo con los requisitos dispuestos en el artículo 18 y, dentro de estos, se elegirá a un P. y un S., quienes ejercerán el cargo por el término de un año. Ese término podrá ser prorrogado por igual periodo. Los otros dos directores serán designados por las juntas directivas de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la Superintendencia de Bancos de Panamá, respectivamente, de entre sus propios miembros, por el término de dos años, prorrogable.

      En el caso que nos ocupa, la disconformidad del demandante se dirige a que uno de los directores designados por el Órgano Ejecutivo, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 78 de 10 de mayo de 2012, se le venció el periodo de designación, a lo cual debemos plantear en primer término que no se encontró ninguna normativa que refiera al vencimiento del término de designación de un director de la Junta Directiva, razón por el cual tratando de una designación por el Órgano Ejecutivo, en este caso cabe referirnos al artículo 793 del Código Administrativo, que se encuentra en el Título VI, Administración Publica, Capítulo III, sobre el Período de Duración de los empleados, que contienen:

      Artículo 793: Cesación en las funciones de un empleado. Ningún empleado administrativo dejará de funcionar, aunque su período haya transcurrido, sino luego que se presente a reemplazarlo el que haya sido nombrado al efecto, o el suplente respectivo.

      Frente a ese escenario jurídico, si el reemplazo del director de la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, que suscribió la resolución demandada, no había sido nombrado por el ejecutivo, era viable jurídicamente, que aquel director que se le venció el término de designación siguiera ejerciendo la función de director, hasta tanto no se nombre quien lo reemplazare. Tampoco, queda acreditado en este caso, que hubo una designación por parte del Órgano Ejecutivo, para reemplazar al director R.S.G., de ahí, que este Tribunal también debe descartar la ilegalidad referente a los artículos 19 de la Ley 12 de 2012, y 1 del Decrecto Ejecutivo No. 78 de 10 de mayo de 2012.

      Por consiguiente, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución No. JD-044de 18 de noviembre de 2016 dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por la firma Quality Lawyers & Consultants, en representación de la sociedad SEGUROS CONFIANZA,, S.A., y en consecuencia, NIEGAN el resto de las pretensiones.

      N.,

      ABEL AUGUSTO ZAMORANO

      CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

      KATIA ROSAS

      (Secretaria)