Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 10 de Mayo de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:10 de Mayo de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO F.L.P.M., ACTUANDO EN NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR R.T.V., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. GG-427-2017 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2017, EMITIDA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL ADMNISTRATIVO DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, SUS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. PONENTE: A.A.Z.. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 10 de mayo de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 941-18

VISTOS:

El licenciado F.L.P.M., quien actúa en representación del señor R.T.V., ha presentado demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que la Sala Tercera declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa No. GG-427-2017 de 27 de diciembre de 2017, emitida por el Subdirector General Administrativo del Banco Nacional de Panamá; y en consecuencia, solicita se ordene el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir y las demás prestaciones que por ley le correspondan.

ANTECEDENTES

En los hechos presentados por el apoderado judicial del accionante señala que, la autoridad demandad le comunicó al señor R.T.V., mediante Memorando 2017(51010-02)159 de 4 de diciembre de 2017, la apertura de un proceso interno disciplinario bajo el supuesto argumento de haber obtenido dos (2) evaluaciones de desempeño correspondientes a los años 2016 y 2017 no satisfactorias como operador de comunicaciones, alarmas y videos de la Gerencia Ejecutiva de Seguridad.

Alega que, dichas evaluaciones fueron rechazadas por el señor R.T.V. disconformidades que debieron ser atendidas y resueltas por el gerente ejecutivo, con un fin conciliador entre el evaluado con el evaluador, de conformidad con lo estipulado en el artículo 61 del Reglamento Disciplinario del Banco Nacional de Panamá.

Sostiene que, si bien, dentro del proceso interno disciplinario el demandante, presenta varias pruebas por medio de las cuales acredita que venía padeciendo irrespetos y hostigamientos por parte de sus superiores directos, los cuales son J.H.R. y L.B.A., siendo estos quienes solicitaron su destitución a través del Memorando 2017(09000-02) 64 de 17 de noviembre de 2017, sin embargo, dichas pruebas no fueron debidamente valoradas, ya que ni siquiera se hace mención de las mismas en la resolución de destitución.

Mantiene que, el acto impugnado se dictó con irregularidades al ser firmado por el Subgerente General Administrativo, R.J.S.N., sin que se encontrara publicada su delegación en Gaceta Oficial, como lo ordena el artículo 46 de la ley 38 de 2000, y lo reafirma la Dirección de dicho medio oficial de publicación del Estado. Razón por la cual, se lo incurre en vicios de nulidad en la emisión del acto.

Considera que, se dieron varios actos en la vía gubernativa que lo llevaron a un estado de confusión e indefensión, toda vez que en el acto que agota la vía gubernativa se decide negar el recurso promovido señalando que se había vencido el termino para su interposición y, por otro lado realiza un análisis de fondo aduciendo que no se había desvirtuado que el hecho que el recurrente recibió dos (2) evaluaciones de desempeño ordinaria reiterada con calificación no satisfactoria, lo que va en contra de principios administrativos generales. Aparte que no queda claro cuál era el acto que debía atacar con el recurso de apelación si era el acto originario, contenido en la Resolución Administrativa No. GG-427-2017 de 27 de diciembre de 2017 o el que lo niega contenido en la Resolución No.GG-53-2018 de 20 de febrero de 2018, lo que también incide en la indefensión ocasionada por la institución contra el recurrente.

Manifiesta que, al momento que se procede a exigir el cumplimiento del acto de destitución, la autoridad demandada tenía conocimiento que la esposa del señor R.T.V., la señora V.V. de T. se encontraba amparada por la ley 59 de 28 de diciembre de 2005, que trata sobre el derecho de los pacientes que sufren de enfermedades crónicas y degenerativas puesto que la misma es insuficiencia renal crónica lo que la hace paciente de hemodiálisis; situación que debió ser considerada al momento de su destitución.

Por último, considera que lo actuado por el Banco Nacional de Panamá constituye una manifiesta violación de los derecho objetivos y subjetivos del funcionario demandante conforme lo dispuesto en varias normas aplicables.

  1. NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. De unestudio del expediente se observa que, la declaratoria de ilegalidad se sustenta en la violación directa de las normas siguientes:

    · Ley No. 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo general.artículo 34 (principios que fundamentan la actuación pública).artículo 155, numeral 2 (actos que deben ser motivados).artículo 166, numeral 2 (supuestos para la interposición del recurso de apelación en la vía gubernativa).

    · Resolución No. 60 -2009-JD de 6 de abril de 2009, que adopta el Texto Único del Reglamento de Trabajo del Banco Nacional de Panamá.artículo 61 (Sobre la evaluación de los funcionarios del Banco Nacional de Panamá).

    · Decreto Ley N° 4 de 18 de enero de 2006, que reorganiza el Banco Nacional de Panamá.artículo 20, numeral 2 (funciones del Gerente General del Banco Nacional de Panamá).artículo 46 (actos que deben ser publicados en Gaceta Oficial).

    En lo medular, los cargos de la violación de estas normas fueron sustentados en los puntos siguientes:

    · No consta que la Gerencia Ejecutiva haya atendido los reclamos que hiciera R.T.V. sobre sus dos (2) evaluaciones, correspondientes a los años 2016 y 2017, antes de proceder a destituirlo por supuestas ineficiencias, violando principios de derecho administrativo de obligatoria aplicación al caso ocasionándole un estado de indefensión.

    · Irregularidades en la vía gubernativa, en cuanto a la emisión de las resoluciones que decidían los recursos interpuestos por el accionante, con el fin de que se anulara la medida disciplinaria de destitución emitida en su contra.

    · Falta de competencia del Subgerente General Administrativo del Banco Nacional de Panamá, para dictar el acto de destitución impugnado, ya que no consta que se le haya delegado dicha facultad, aparte que entiende que la misma es privativa del Gerente General.

    · No se publica en Gaceta Oficial la decisión adoptada por la autoridad demandada, desconociendo lo que dispone la ley con respecto a las resoluciones que impliquen la destitución de un funcionario público del Banco Nacional de Panamá.

  2. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO.

    A fojas 28 a 32 del expediente judicial, figura el informe explicativo de conducta, rendido por el Subdirector General Administrativo del Banco Nacional de Panamá, mediante la Nota 2018(03000-01)09 de 2 de agosto de 2018, en el que señala que el señor R.T.V. recibió de manera consecutiva, en los periodos 2016 y 2017, evaluaciones de desempeño ordinarias con calificación no satisfactoria, lo que es causal de destitución de conformidad con el artículo 77 del Reglamento Interno de Trabajo de la institución, por lo que se le inicio un procedimiento disciplinario administrativo que concluyó en su destitución del cargo.

    Manifiesta que, mediante Memorando 2017(09000-02)64 de 17 de la Gerencia Ejecutiva de Seguridad del Banco Nacional de Panamá, a través de las instancias correspondientes, solicitó a la Gerencia Ejecutiva de Derechos Humanos, proceder a la destitución del señor R.T.V., por incurrir en la causal de destitución directa, de obtener de manera consecutiva en dos (2) evaluaciones ordinarias del desempeño calificaciones no satisfactorias. Continua manifestando que, al señor R.T.V. se le notificó del inicio del procedimiento disciplinario en su contra mediante el Memorando 2017(51010-02)159 de 4 de diciembre de 2017, de la Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos, así como de la formulación de cargos con indicación de las normas infringidas, y del plazo para la presentación de sus descargos y pruebas.

    Sostiene que, dentro del plazo establecido, el funcionario investigado presentó sus descargos y pruebas que estimó conducentes para desestimar los cargos que le fueron formulados, las cuales luego fueron evaluadas sin variar la decisión adoptada, ya que la autoridad concluyó que las mismas no desvirtuaban el hecho de haber incurrido en dos (2) evaluaciones no satisfactorias de forma consecutiva en dos (2) periodos ordinarios distintos, por lo que ordenó su destitución del cargo que ocupaba con la emisión de la Resolución No.GG-427-2017 de 27 de diciembre de 2017, en base al literal s) del artículo 77 del Reglamento Interno de Trabajo del Banco Nacional de Panamá.

    Considera que, el acto atacado incluye motivación expresa, clara y detallada, además de la calificación de la causal de destitución, la determinación y comprobación de la causal investigada, y consideraciones sobre los argumentos y pruebas presentadas por el demandante. Motivación que también observan las resoluciones posteriores que resuelven los recursos de reconsideración y apelación presentados por la parte actora en la vía gubernativa.

    Estima que, el procedimiento disciplinario cumplió a cabalidad con el debido proceso, dentro del cual se le respetaron al señor R.T.V. los derechos y garantías que le asistían, permitiéndole el uso efectivo de su derecho a la defensa sin que este haya presentado pruebas ni justificaciones que dieran lugar a cambiar la decisión de destituirlo del cargo.

    Por otro lado, alega que la ley orgánica de la entidad le permite al Gerente General delegar sus funciones, como hizo mediante la Resolución No.GG-06-2015 de 6 de enero de 2015 facultando al Subgerente General Administrativo para que, en su representación, firmara las resoluciones de destitución de los funcionarios del Banco Nacional de Panamá; y agrega que dicha delegación no se enmarca dentro de los actos sujetos a publicación en la Gaceta Oficial.

    Por último, con respecto a las insatisfacciones alegadas por la parte actora en sus evaluaciones correspondientes a los años 2016 y 2017, que manifiesta no le fueron atendidas ni resueltas, mantiene que el señor R.T.V. una vez que conoció de los resultados de las evaluaciones en su debido momento, se negó a firmarlas desaprovechando la oportunidad que le reconoce el artículo 61 del Reglamento Interno de Trabajo de la entidad de incluir dentro de la casilla correspondiente a "Comentarios Evaluado", sus disconformidades a las evaluaciones recibidas. Por lo que, mal puede alegar que no fueron atendidas.

  3. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.

    El Procurador de la Administración, mediante Vista Fiscal Nº1496 de 31 de octubre de 2018, visible a fojas 33 a 41 del dossier, analiza de forma conjunta las infracciones alegadas por la parte actora y sostiene que, las supuestas violaciones de las normas invocadas carecen de sustento jurídico.

    Inicialmente manifiesta que, según se desprende de la Resolución NO. GG-427-2017 de 27 de diciembre de 2017, acusada de ilegal y del informe de conducta suscrito por el Subgerente General Administrativo de la entidad bancaria, que la evaluación aplicada a los funcionarios de esa institución, es la acción de recursos humanos que permite valorar la capacidad, el desempeño y el rendimiento de cada uno de los colaboradores y sirve de base para los nombramientos, retribución, incentivo, capacitación y sanción pues, el objetivo principal es el de motivar a los servidores públicos hacia la mejora constante y continua en la prestación del servicio.

    Continua exponiendo que, de acuerdo con el artículo 60 del referido Reglamento Interno de Trabajo, las evaluaciones ordinarias son aquellas que se analizan una (1) vez al año por el jefe inmediato del evaluado; y que conforme al artículo 69 (literal c) de ese cuerpo normativo, es deber de todos los funcionarios que laboran en el Banco Nacional de Panamá, ejercer sus cargos con competencia profesional, eficiencia y dinamismo.

    Estima que, las evaluaciones referidas contemplan "Conductas: disposición de aprendizaje, atención cliente interno/externo, compromiso con la Institución, cumplimiento de políticas y procedimientos, relaciones interpersonales y trabajo de equipo, actitud, organización del trabajo, calidad y productividad, atención a detalles y solución de problemas".

    En base a lo referido, alega que se evaluó al funcionario, quien recibió una calificación para el año 2016 de "casi nunca muestra la conducta"; y en la evaluación de 2017, se hace evidente las debilidades en la mayoría de las conductas evaluadas, lo que dio como resultado evaluaciones no satisfactorias.

    Lo anterior trajo como consecuencia que, por medio del Memorando 2017(09000-02)64 de 17 de noviembre de 2017, firmado por el Jefe de Comunicación y Alarma, el Asistente del Gerente del Área y de Operaciones de Seguridad, se solicitara la destitución del señor R.T.V.; ya que al obtener una calificación no satisfactoria en dos (2) evaluaciones de desempeño ordinarias consecutivas, como ocurrió en el caso que nos ocupa, ameritaba aplicar la medida establecida en el artículo 77, literal s) del Reglamento Interno de Trabajo de la institución.

    Realiza un recorrido procesal de lo ocurrido en el procedimiento disciplinario al señalar que, mediante el Memorando 2017(51010-02)159, la Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos del Banco Nacional de Panamá, le notificó a R.T.V. el inicio del proceso disciplinario instaurado en su contra, así como la formulación de cargos de las normas infringidas y del plazo para la presentación de sus descargos y pruebas, luego de lo cual se dicta un acto debidamente motivado con las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada por la Administración, permitiendo la presentación de los recursos correspondientes en observancia del derecho de defensa del funcionario, los cuales fueron resueltos con su debida motivación, por lo que opina que se ha cumplido el debido proceso y los principios que rigen el derecho administrativo.

    Por otro lado, sostiene que el Gerente General del Banco Nacional de Panamá, de acuerdo al artículo 19 del Texto Único del Decreto Ley 4 de 18 de enero de 2006, orgánico de la entidad puede delegar sus funciones en los funcionarios del Banco Nacional de Panamá y conferir poderes para la representación de la institución. Por lo que, la delegación que realizó al Subgerente General Administrativo de la entidad, para la firma de las resoluciones de destitución se encuentra ceñida a derecho, en atención a la Resolución GG-06-2015 de 6 de enero de 2015, misma que no se enmarca dentro de los actos que deben de ser publicados en Gaceta Oficial para surtir sus efectos.

    Finalmente señala que, cuando el señor R.T.V., tuvo conocimiento de la calificación que recibió en sus evaluaciones de 2016 y 2017, se negó a firmarlas, por lo que como indica la autoridad en su informe de conducta "desaprovechó la oportunidad que le reconoce el artículo 61 antes mencionado, de incluir dentro de la casilla correspondiente a 'Comentarios Evaluado', sus disconformidades a las evaluaciones recibidas. Mal pueden entonces, alegar que éstas no fueron atendidas"

  4. ANÁLISIS DE LA SALA. Evacuados los trámites procesales pertinentes, procede la Sala a realizar un examen de rigor.

    El señor R.T.V., el cual siente su derecho afectado por la Resolución Administrativa No. GG-427-2017 de 27 de diciembre de 2017, estando legitimado activamente, de conformidad con el artículo 42 b de la Ley 135 de 1943, presenta demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante esta Sala, Tribunal competente para conocer de este negocio, por disposición del artículo 97 del Código Judicial, para que se declare nula la resolución emitida por el Banco Nacional de Panamá, institución que ejerce la legitimación pasiva.

    Con base a los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar la legalidad del acto demandado, en atención a los cargos presentados por la parte actora, quien alega faltas al debido proceso, por las razones siguientes:

    · No consta que la Gerencia Ejecutiva haya atendido los reclamos que hiciera R.T.V. sobre sus dos (2) evaluaciones, correspondientes a los años 2016 y 2017, antes de proceder a destituirlo por supuestas ineficiencias, violando principios de derecho administrativo de obligatoria aplicación al caso ocasionándole un estado de indefensión.

    · Irregularidades en la vía gubernativa, en cuanto a la emisión de las resoluciones que decidían los recursos interpuestos por el accionante, con el fin de que se anulara la destitución del funcionario R.T.V..

    · Falta de competencia del Subgerente General Administrativo del Banco Nacional de Panamá, para dictar el acto de destitución impugnado, ya que no consta que se le haya delegado dicha facultad, aparte que entiende que la misma es privativa del Gerente General.

    · No se publica en Gaceta Oficial la decisión adoptada por la autoridad demandada, desconociendo lo que dispone la ley con respecto a las resoluciones que impliquen la destitución de un funcionario público del Banco Nacional de Panamá.

    En las constancias procesales, se observa que al señor R.T.V., se le inició una investigación en su contra, luego de que la Gerencia Ejecutiva por medio del Memorando 2017(09000-02)64 de 17 de noviembre de 2017, le solicitara al Gerente Ejecutivo de Recursos Humanos, la destitución del funcionario por mantener dos (2) calificaciones deficientes consecutivas correspondientes a los años 2016 y 2017, situación que constituye una causal de destitución del cargo que ocupaba como Operador de Comunicaciones Alarma y Video, en el Departamento de Comunicaciones y Alarmas, Gerencia de Área de Operaciones de Seguridad de la Gerencia Ejecutiva de Seguridad.

    Con motivo de dar inicio a la investigación respectiva sobre los hechos señalado, el Gerente Ejecutivo de Derechos Humanos a través del Memorando 2017(51010-02)159 de 4 de diciembre de 2017, notifica formalmente al señor R.T.V. del procedimiento disciplinario que se le sigue y advierte que cuenta con (5) días hábiles para la presentación de los descargos y pruebas que estime convenientes.

    El día 11 de diciembre de 2017, el señor R.T.V. presenta sus descargos, en los que omite dirigirse a las evaluaciones deficientes del año 2016, la cual admite que no firmó y no cuenta con la misma y; se opone a lo manifestado en la del año 2017, toda vez que considera incongruente que un funcionario con más de quince (15) años de servicios con las calificaciones que se aducen, hubiera permanecido tanto tiempo en su puesto de trabajo sin haber sido destituido mucho antes.

    También alega dentro de sus descargos que, si bien, las evaluaciones que fueron calificadas como deficientes fueron realizadas por el señor J.H., con quien ha tenido varias situaciones incomodas, quien también ha actuado en varias ocasiones de mala fe y con irrespeto en su contra, además de mostrar fricciones laborales evidentes, por lo que el juicio de este superior jerárquico carece de objetividad e imparcialidad en su caso, no obstante, mantiene que no comunicó dichas circunstancias oportunamente.

    De igual forma, señala que su esposa, la señora V. de T., es paciente de hemodiálisis, lo que la califica como discapacitada según la ley 59 de 2005, en atención a lo cual mantiene una autorización permanente para acompañarla en sus sesiones; lo que tampoco ha sido un impedimento para dar su mejor esfuerzo en los distintos puesto que ha ocupado.

    Por último, en uno de sus descargos comenta que aunque, le ofrecieron un traslado a la sucursal de la 12 de octubre, declinó dicha propuesta ya que no le era conveniente al ser el responsable de buscar a su esposa en el Hospital Susana Jones Cano a las 4:00 P.M. y su horario en la sucursal terminan a las 4:45 p.m., por lo que no le permite cumplir con dicha obligación personal. Aparte que, anterior al traslado ofrecido ya había adquirido permanencia en su puesto de trabajo al atravesar una prueba de tres (3) meses.

    De las piezas procesales aportadas en el expediente administrativo, consta el intercambio reiterado del funcionario con sus superiores jerárquicos en las que hace señalamientos que pudieran comprometer al señor J.H., como evaluador en su causa, por lo que hacemos un llamado de atención a la entidad, ya que lo anterior propicia una evaluación cuestionada por el hecho de quien la realiza, en lugar de fortalecer la actuación de manera transparente y objetiva con la nominación de otro persona en este función, lo que pudo haber viciado la evaluación, razón por la que, se debió reemplazar a dicho funcionario a fin de que no se pusiera en duda la credibilidad del evaluador y su criterio.

    Sin menoscabo de lo anterior, es necesario resaltar que la continua comunicación con la autoridad hace constar que las disconformidades en que se fundamente la petición del accionante pretende desconocer las evaluaciones correspondientes al año 2016 y 2017, sin presentar elementos que permitan a consideración de la institución demandada cambiar su decisión, con lo que coincidimos en que la parte actora ataca es la actitud y conductas del evaluador más que probar que no era un funcionario que presenta deficiencias laborales.

    En este aspecto, podemos resaltar que el licenciado L.A.B. incluso le sugiere que en vez de enojarse por el resultado de evaluación hubiera hablado los puntos evaluados, pudiendo lograr la revisión de los mismos, sin embargo, en forma desafiante adujo que llevaría la actuación de la administración a otras instancias y se negó a firmar las evaluaciones, de lo que es testigo su supervisor, A.V. y así lo consigna con su firma en la del año 2017.

    Cabe agregar que la institución, previo a la emisión del acto en base a dos (2) evaluaciones deficientes inmediatas correspondientes a los años 2016 y 2017, que se negó a firmar, se le dio la oportunidad de trasladarse a otro puesto de trabajo, en atención a la solicitud del propio demandante, la cual fue rechazada por el mismo aduciendo que no le convenía el horario ni la posibilidad de cambiar su estatus de permanente, lo que demuestra que el objeto de la institución no era en un principio destituirlo, no obstante, en medio de un ambiente laboral en el que se sentía acosado se mantuvo ejerciendo según la entidad sus funciones con negligencia y poco interés.

    Por lo antes expuesto, se indica que contraria a la interpretación del demandante consideramos que la institución dentro de sus facultades intentó estimular el desempeño laboral del señor R.T.V. con el intento infructuoso de reubicación; manteniendo una comunicación abierta en todo momento con el funcionario, en la que se va demostrando una constante negativa en evaluaciones del afectado y una reacción desafiante del mismo.

    En este contexto, se ha verificado por medio de las pruebas testimoniales y documentales que constan en el expediente, que la institución previa a destituirlo del cargo por evaluaciones deficientes realiza varias gestiones que demuestran interés de mantenerlo en su puesto de trabajo, además de mantener una comunicación directa con el servidor público donde se responden sus inquietudes.

    Aunado a lo anterior, debemos tomar en cuenta que el propio funcionario se negó a firmar las evaluaciones de las cuales fue objeto, pretendiendo que se modificaran haciéndolas más favorables sin presentar elementos que justificaran dichos cambios, por lo que somos del criterio que la institución no infringe el artículo 61 del Reglamento Interno de Trabajo del Banco Nacional de Panamá.

    Una vez aclarado lo anterior, se advierte que se llevó a cabo un proceso disciplinario legal, donde se comprobó la causal de destitución consistente en "Obtener en dos (2) evaluaciones del desempeño ordinarias consecutivas una calificación de no satisfactorio.", de conformidad con el artículo 77, literal s) del Reglamento Interno de Trabajo del Banco Nacional de Panamá contenido en la Resolución No. 60 -2009-JD de 6 de abril de 2009, en razón de lo cual, el Subgerente Gerente Administrativo de la institución, con fundamento a la delegación realizada por el Gerente General, mediante la Resolución No. GG-06-2015 de 6 de enero de 2015, para que en su representación firme las resoluciones de las destituciones de los funcionarios de la entidad demandada, emite la Resolución No. GG-427-2017 de 27 de diciembre de 2017, a través del cual se destituye al señor R.T.V..

    En este punto, con respecto, a las alegaciones de que el Subgerente no era competente para dictar el acto que lo destituye y que dicha acción debió ser publicada en Gaceta Oficial para surtir sus efectos legales, realizadas por la parte actora, debemos advertir que el artículo 67, que adopta el Reglamento Interno de Trabajo para el Banco Nacional de Panamá, en concordancia del artículo 19 del Decreto Ley No.4 de 18 de enero de 2016, señalan que dicha facultad de destituir efectivamente puede ser delegada por el Gerente General, lo que se hizo mediante la Resolución GG-06-2015 de 6 de enero de 2015; y siendo que la misma no tiene que ser publicada en una Gaceta Oficial, ya que basta con ponerla en conocimiento de la parte afectada, al dirigirse dicha delegación a la firma de resoluciones de destitución, se ha dictado conforme a derecho.

    Las normas en comento, son del tenor siguiente:

    "ARTÍCULO 19. REPRESENTACIÓN LEGAL. El Gerente General del Banco Nacional de Panamá es el Representante Legal de la institución, y todos los actos y contratos que ejecute a nombre del mismo conforme a este Decrete Ley, serán obligatorios para el Banco sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, civiles y penales que se deriven de su actuación en el cargo.

    El Gerente General podrá delegar sus facultades en los funcionarios de la institución y conferir poderes para representar al Banco."

    ARTÍCULO 67: Destitución. Consiste en el retiro definitivo del servidor público del cargo que desempeña, por incurrir en falta que amerite dicha sanción. La sanción de destitución será decretada por el Gerente General o en quien él delegue esta facultad." (lo resaltado es nuestro).

    Por lo antes expuesto, no están llamados a prosperar los cargos de violación alegados por la parte actora de los artículos 20 y 46 del Decreto Ley N° 4 de 18 de enero de 2006, que reorganiza el Banco Nacional de Panamá, ya que reiteramos que la función del Gerente General de destituir al funcionario fue debidamente delegada en el Subdirector General Administrativo quien cumple con realizar dicha destitución, en un acto individual que no requiere de una publicación oficial para llevarse a cabo, toda vez que nos encontramos frente a un acto particular que emite la autoridad.

    En otro punto, la parte sostiene que el acto impugnado no se encuentra debidamente motivado, cabe advertir, que el mismo se fundamentó en la causal contenida en el artículo 77, literal s) del Reglamento de Trabajo del Banco Nacional, que consiste en "Obtener en dos (2) evaluaciones del desempeño ordinarias consecutivas una calificación de no satisfactorio.", de la cual se le notificó al iniciar el procedimiento disciplinario en su contra, presentando las pruebas y descargos que estimó convenientes, como constan en las piezas procesales, pero que no logró desvirtuar, razón por la que se le destituye en un acto en el que constan las razones de hecho y de derecho que llevaron a la Administración a dictar el acto impugnado. Razón por la que tampoco está llamado a prosperar la violación invocada del artículo 155, numeral 2 de la ley 38 de 2000.

    Por otro lado, en cuanto a la condición médica que aduce el accionante cursa su esposa, cabe aclarar que este hecho no se desconoce con la emisión del acto, sin embargo, al comprobarse la causal de destitución en la que incurre el señor R.T.V., cualquier amparo legal que tuviera en este aspcto se hubiera perdido con la comprobación de la falta disciplinaria, ya que no puede ampararse ilimitadamente a funcionarios que infrinjan la ley y el reglamento interno de trabajo de la institución.

    Por último, con respecto a las supuestos irregularidades que se dieron en la vía gubernativa sobre las decisiones que recayeron en los recursos interpuestos por el actor a fin de que se modificara la destitución aplicada, cabe indicar que el objeto de la demanda contencioso administrativa es el análisis del acto originario que es el que causa estado, y no de sus actos confirmatorios, por lo que la finalidad de esta demanda es analizar si se dio un debido proceso legal ceñido a derecho, que diera como resultado la medida de aplicada, lo que se demostró en el curso del proceso y por tanto, no está llamado a prosperar el cargo de violación del artículo 34 y 166 de la ley 38 de 2000.

    En atención a lo expuesto, se concluye que la sanción de destitución, era la aplicable al caso que nos ocupa, y no se observa que el actor haya presentado nuevos elementos que desvirtúen la actuación de la administración, por lo que no se acredita la ilegalidad de la Resolución Administrativa No. GG-427-2017 de 27 de diciembre de 2017.

    Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución Administrativa No. GG-427-2017 de 27 de diciembre de 2017, emitida por el Subdirector General Administrativo del Banco Nacional de Panamá; y niega las restantes pretensiones contenidas en la demanda.

    N..

    A.A.Z.

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

    KATIA ROSAS (Secretaria)