Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 11 de Febrero de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución11 de Febrero de 2019
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El licenciado G.A.P., en representación de Á.B.M., presenta Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, contra la Resolución No. 1648-10 de 25 de mayo de 2010, emitida por la Comisión Nacional de Protección para Refugiados del Ministerio de Gobierno y Justicia, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La Resolución No. 1648-10 de 25 de mayo de 2010, dispuso NO RECONCER el estatus de Refugiado a A.B.M., porque no reunió los elementos contenidos en la cláusula de inclusión de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada por la Ley 5 de 26 de octubre de 1977 y Reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 23 de 10 de febrero de 1998. Según dicha resolución de la Comisión Nacional de Protección para Refugiados, el caso fue estudiado, discutido y decidido desfavorablemente en la sesión ordinaria celebrada el 21 de mayo de 2010.

  1. PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

    Las pretensiones de la parte actora consisten en que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 1648-10 de 10 de 25 mayo de 2010, su acto confirmatorio la Resolución No. 99-R-121 de 1 de diciembre de 2015, y se le reconozca al solicitante poder acceder al status de refugiado de acuerdo a la legislación panameña en materia de refugio.

  2. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

    El apoderado judicial de la actora manifiesta que su representado ante la necesidad de protección internacional presentó ante la Oficina Nacional para la Protección de Refugiados (ONPAR) el 25 de marzo de 2009, solicitud de Refugio, la cual se decidió con la admisión a trámite, sustentándose en los criterios dispuestos en el Estatuto de Refugiados de la Convención de Ginebra de 1981, y las leyes panameñas aplicables.

    Así también, sostuvo que en la sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Protección para Refugiados, celebrada los días 20 y 21 de mayo de 2010, se estudia y discute el caso, adoptándose la decisión desfavorable para su representado, a través de la Resolución No. 1648-10 de 25 de mayo de 2010, cuando los hechos que sostuvieron la solicitud, hacían mérito para que se le reconociera al solicitante la condición de refugiado en Panamá.

    Continúa los hechos de la demanda el apoderado judicial de la parte actora, señalando que su representado fundamentó su solicitud en que nació en la Capital del Chocó, Quibdó que es padre de 10 hijos, y en el año 1983 que tenía la edad de 19 años de edad, vivía en Urabá Colombia, donde se dedicó al cultivo del Banano, y ese mismo año participa en el sindicato S., organización de protección de los derechos laborales de los jornaleros dedicados a la recogida del banano.

    Añade a ello, que la responsabilidad en esa organización sindical fue representar los intereses laborales de sus compañeros obreros frente al patrono, por motivo de que en ese momento las condiciones de trabajo estaban por debajo de los estándares óptimos de respeto a los derechos sociales, existiendo un abuso de éstos, frente al trabajo de los obreros.

    De igual manera, que en la zona referida existían grupos armados insurgentes como el ELN, ELP, FARC y otros, que controlaban municipios, tenían presencia militar y se cometían actos de guerra, siendo la comunidad víctima por parte del Estado como zona roja, y toda persona contraria a los intereses del Estado, y como sindicalismo al afectar los intereses de la clase más pudiente del país, fueran grupos insurgentes o no. Además, se señala que en el año 1991 el señor Á.B. deja de pertenecer al sindicato en comento, y lo detuvo el Ejército colombiano y le abre un proceso por supuesta pertenencia a grupos armados insurgentes, porque él era conocido por su pertinencia con el sindicato y se utiliza este argumento para vincularlo con grupos que operaban al margen de la ley, dado, que al Estado no le interesaban los problemas empresariales.

    Por lo anterior, manifiesta el recurrente que permaneció detenido por tres años y después es indultado, junto con otros dirigentes sindicales y grupos insurgentes, y por ser vinculado con este tipo de grupos, debieron indultarlo a través del proceso de paz llevado a cabo por el gobierno de C.G.. Y luego de recibir el indulto, el pueblo donde residía fue ocupado por fuerzas paramilitares comandadas en aquel entonces por F.C., donde el representado aquí dice haber sido amenazado por su participación en el movimiento sindical, y que sindicalistas fueron asesinados.

    Entre los hechos, también queda manifestado que debido a amenazas y el asesinato de otros compañeros, el señor B. se ve obligado de desplazarse dentro del país, escoltado por funcionarios del DAS hacia Bogotá, Colombia, donde, debido a su perfil político corriente de revolución socialista, que era un movimiento pacífico no vinculado a grupos armados insurgentes, cuyo grupo además decidió mandarlo a la ciudad de Medellín, donde nuevamente sufre amenazas por parte de grupos paramilitares establecidos en esa zona, fue víctima de un atentado contra su vida, y resultó herido de arma de fuego en el brazo derecho.

    Se explica también que en el año 2000, fue retenido en un retén, y al ver que había sido condenado en el pasado por supuesta colaboración con grupos insurgentes, pese a haber sido indultado, deciden arrestarlo y lo condenaron por ocho años de prisión y por un recurso de apelación que conoció la Corte de Colombia, se dispuso que la pena era desproporcional y no debió haber habido una condena, agregando a ello, que en recurso de casación la administración de justicia ordena la libertad de Á.B., y por tal motivo se presentó una demanda de indemnización el cual gano en primera instancia.

    Así mismo, que después de salir de prisión por el temor de seguir siendo víctima de amenazas por parte de grupos paramilitares y de los abusos a sus derechos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, decide dirigirse a Panamá, y pedir refugio.

  3. NORMAS ESTIMADAS COMO INFRINGIDAS POR EL DEMANDANTE

    A juicio de la parte actora, han sido violadas las siguientes normas:

    1. La primera norma que figura como infringida corresponde al artículo 155 de la Ley 38 de 2000, que establece:

      Artículo 155: Serán motivados, con sucinta referencia de los hechos y fundamentos de derecho, los siguientes actos:

      1. Los que afectan derechos subjetivos.

      2. Los que resuelven recursos.

      3. Los que se separan del criterio seguido en actuaciones procedentes de idéntica naturaleza o del dictamen de organismos consultivos.

      4. Cuando así lo disponga expresamente la Ley.

      Se manifiesta que la infracción de la citada norma, por el acto acusado de ilegal se produce de manera directa por omisión, porque no queda indicado con claridad, precisión y fundamento de las razones que llevaron a rechazar la condición de refugiado, dispuesta en la Convención de 1951. Se agrega, que el derecho a la condición de refugiados es un derecho subjetivo, que obliga al Estado panameño y todos los suscriptores dicha convención, darle la protección internacional, a una persona perseguida, donde su vida corre peligro, motivo por el cual en atención al debido proceso, el solicitante deberá conocer los motivos de su rechazo.

    2. El artículo 1 A 2 de la Ley 5 de 1977, que aprobó la Convención de 1951, es la siguiente norma que se consideró infringida. De dicha norma se cita:

      Artículo 1 A 2: Que como resultado de acontecimientos antes del primero de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas, se encuentran fuera del País de su nacionalidad y no puede a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él.

      La infracción de la norma jurídica citada la explica el apoderado judicial del recurrente, en que el acto acusado de ilegal en el considerando manifestó que la solicitud no reunía los elementos contendidos en la cláusula de inclusión de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados; realizando un análisis de aquellos elementos que acreditan que si reunía con los requisitos para otorgar la condición de refugiados y que integran el concepto de refugiados, que son: que había fundados temores de ser perseguida; que las razones de los temores fundados de persecución, eran por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas; y que a causa de dichos temores, no quería acogerse a la protección de tal país.

    3. En un tercer y último lugar, figura el artículo 24 de la Ley 5 de 1977, cuyo contenido es el siguiente:

      Artículo 24 Todas las personas son iguales ente la Ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual protección de la ley.

      Citada esa norma el demandante indica, que la infracción se produce en el concepto de violación directa por comisión, sostenida en lo que se cita:

      La norma contenida en nuestra Constitución, constituye la base del respeto a la dignidad de toda persona. El principio pro homine, nos conduce inexorablemente al tratamiento de cualquier ley o resolución sin discriminaciones o privilegios para determinados grupos. La jurisprudencia internacional ha sido abundante en derribar cualquier acto administrativo que sea discriminatoria y violatoria al principio de igualdad.

      En el caso sub-judice, podemos determinar en el expediente y en el alcance de la Resoluciones, objeto de este recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, los vicios procesales, los vacíos y restricciones al alcance de la solicitud para la determinación de refugiado, escenario que marca una clara determinación contra nuestro representado.

      IV.INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA.

      Mediante la Nota No. 191-MG-DV-16 de 19 de agosto de 2016, la Viceministra de Gobierno, remitió a la S. Tercera el informe explicativo de conducta requerido, en virtud del presente proceso, en el cual manifiesta primeramente que de acuerdo a la información que reposa en la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), el señor Á.B.M. ingresó a territorio panameño el 24 de marzo de 2009, y el 25 del mismo mes y año se presenta a dicha oficina a solicitar refugio, con sustento en que era perseguido por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), porque fue en una época sindicalista en Urabá.

      Añadió la funcionaria, que cumpliendo el procedimiento establecido en el Decreto Ejecutivo No. 23 de 10 de febrero de 1998, por el cual se desarrolla la ley 5 de 26 de octubre de 1977 que aprueba la Convención de 1951 y Protocolo de 1967 sobre Estatuto de Refugiados, el mismo día de la solicitud la ONPAR realiza una entrevista legal y social al solicitante. Y en la entrevista manifestó que había sido amenazado por Autodefensas Unidas de Colombia, por ser contrario a este grupo, ya que era de tendencia izquierda y la ultraderecha lo consideraba un enemigo; así mismo, que en el año 2000 fue sujeto de una emboscada llegando a su casa, y recibió un disparo en el hombro; y en el año 2001 lo involucran en una tentativa de extorsión, por la que estuvo privado de libertad por 6 años y medio, expresando aquí trataba de una información falsa producto de las tendencias izquierdistas.

      Se señala también, que después de examinar la información suministrada, la ONPAR decide admitir la solicitud en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto Ejecutivo No. 23 de 1998, mediante la Resolución No. 0328 de 1 de abril de 2009.

      Seguidamente explica la funcionaria que en el expediente, consta un informe de novedad en el que se indica que el 18 de mayo de 2010, se recibió visita de la señora C.P. quien solicitó productos de aseo para el señor Á.B.M., quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario la Joyita, y que el caso fue sometido a conocimiento de la Comisión Nacional de Protección para Refugiados, lo cual fue sometido a consideración en la sesión celebrada los días 20 y 21 de mayo de 2010. Añade aquí, la Viceministra que dado que la sesión se realiza ante del 1 de septiembre de 2014, fecha en que asumió el cargo, no participó en el caso en cuestión, y por ello solicita información a la ONPAR.

      Seguidamente explica que la decisión adoptada en la resolución demandada, obedeció a que la solicitud no reunió los elementos contenidos en la cláusula de inclusión de la Convención de 1951.

      Por otro lado, expresa la funcionaria que en el expediente reposa una nota No. 1663-DGSP DAL de 6 de agosto de 2014, suscrita por el Director General Sistema Penitenciario, mediante la cual se comunicó a la ONPAR que el señor Á.B.M. fue condenado a la pena de 60 meses de prisión por el Delito contra la Fe Pública y la Seguridad Colectiva (Falsificación de Moneda y Asociación Ilícita para D.) en virtud de lo cual se mantuvo privado de libertad en el Centro Penitenciario La Joya desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 24 de julio de 2014, computándose 244 días de prisión por haber realizado labores de mantenimiento en dicho centro penal, motivo por el cual la decisión de la Comisión fue notificada al solicitante después de su liberación, concretamente el 1 de agosto de 2014, y el recurrente presentó el recurso de reconsideración.

      Según explica la funcionaria, el recurrente señaló que los hechos ocurridos en el caso se enmarcan dentro los criterios establecidos para el reconocimiento del estatus de refugiados, precisamente en aquellos que se fundamenta el temor fundado de persecución; y además, solicita se le realizara una nueva entrevista que determinará con exactitud los hechos, motivos, que rodearon las distintas intervenciones ante las autoridades colombianas. Y el 24 de noviembre de 2014, la ONPAR en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión realizó una nueva entrevista al señor Á.B. con la finalidad de ampliar la información que sustentó la solicitud inicial, y se incorpora información relacionada con el caso.

  4. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

    Mediante la Vista No. 1203 de 1 de noviembre de 2016, el Procurador de la Administración contesta la demanda en cuestión, y solicita a esta S. se sirvan declarar que no es ilegal, la Resolución No. 1648-10 de 25 de mayo de 2010, considerando que la actuación de la entidad demandada no ha contravenido las disposiciones que se aducen como infringidas.

  5. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

    Una vez cumplidos los trámites previstos para estos procesos, corresponde a los integrantes de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia dirimir el fondo del presente litigio, en atención a los cargos de ilegalidad planteados por la parte actora.

    Expuesto los planteamientos de las partes, considera este Tribunal importante iniciar el análisis del caso, acotando que el mismo, tiene un alcance de derecho internacional, teniendo que la normativa aplicable corresponde a convenios internacionales, que fueron adoptados como ley de la república al aprobarse por la ley 5 de 26 de octubre de 1977, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1977, que con aplicación a lo dispuesto el artículo 4 de la Constitución Nacional de la República de Panamá, impone la obligación de acatar las normas del derecho Internacional, y por otro lado, cabe mencionar el artículo 17 constitucional, que se constituye en un ámbito universal de protección, cuando enuncia los fines estatales esenciales, que deben estar presente en todo el ordenamiento jurídico, prescribiendo que las Autoridades de la República, están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Así pues, la norma amplía y la protección de los derechos fundamentales y la dignidad de la persona como derecho universal.

    La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo sobre el estatuto de Refugiados, adoptada por la ley de la república, fue reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 23 de 10 de febrero de 1998, el cual en su artículo 11 atribuye como función principal de la Comisión Nacional de Protección para Refugiados aplicar las disposiciones de dichas convenios internacionales, así como cualquier otra norma, acuerdo, disposición de legislación interna, relativa al reconocimiento, protección y asistencia de los Refugiados, que no contraríe los instrumentos jurídicos aquí mencionados.

    Tenemos, que en el acto acusado de ilegal la Comisión Nacional de Protección para Refugiados, luego de una sesión ordinaria que estudia y analiza el caso, estimó que el peticionario del refugio no reúne los elementos contenidos en la cláusula de inclusión de la convención de 1951 sobre Estatutos de los Refugiados. No obstante, la parte actora estima que si atiende las respectivas condiciones por los hechos que ha planteado, y que la decisión adoptada por esa comisión es violatoria del principio del debido proceso porque no quedó expresado en dicho acto cuáles eran esas razones de su rechazo; además, que su situación aplica a las condiciones de un refugiado.

    De acuerdo con el artículo 18 del Decreto Ejecutivo 23 de 1998, la Comisión tiene la función de determinar los criterios de inclusión de la condición de Refugiado enunciados en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, referidos previamente, y demás instrumentos internacionales y ratificados por la República, de lo que conceptuamos que la facultad atribuida a dicha Comisión está supeditada a lo dispuesto de los instrumentos internacionales aplicables.

    En ese orden, al examinar la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, no vemos que quede contemplada de manera expresa aquellas condiciones o criterios de inclusión, conforme queda dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 23 de 1998, a efecto de identificarlas como tal, sino que se refiere a las personas que se le aplicará el término refugiado, también, a cuáles no, lo cual se divide en varios puntos a saber: A, B, C, D, E y F, dentro de los cuales, se enumera lo que cada uno de esos puntos comprende.

    Ahora bien, el acto acusado de ilegal tanto en su considerando, como en la parte resolutiva, señala que el motivo del rechazo de la condición de refugiado correspondió a que el solicitante no reúne los elementos contenidos en la cláusula de inclusión de la Convención de 1951 sobre Estatutos de los Refugiados; y no reúne los elementos contenidos en la definición del término de refugiado, sin especificar a cuál de ellos se refiere.

    Bajo ese marco de ideas, es oportuno señalar que el Decreto Ejecutivo No. 23 de 1998, en su Capítulo IX, que va del artículo 42 a 45 dispone el trámite para determinar la condición de refugiados. Para mayor claridad, nos permitimos citarlas, en los términos siguientes:

    "Artículo 42. El Departamento de Asesoría Legal de ONPAR redactará un informe evolutivo de cada caso admitido a trámite en el que se incluirán las ampliaciones que hayan efectuado documentos que sean pertinentes y tengan un valor sustentable, para su presentación ante la Comisión.

    Artículo 43. Los casos a considerar por la Comisión serán incluidos dentro de un expediente que, junto a la agenda propuesta, será remitido a los Comisionados por su debida consideración y estudio, antes de la celebración de las reuniones.

    Artículo 44. Una vez considerado el caso en la Comisión, se emitirá una Resolución en la que se hará constar la decisión adoptada. A cada Resolución se le asignará una numeración, y deberá ser firmada por el Presidente de la Comisión y, en calidad de Secretaría Técnica, por el Director de ONPAR.

    Artículo 45. Una vez que la Comisión dicte la Resolución de procederá a notificar personalmente al interesado. Si en el término de diez (10) días hábiles no se hubiere logrado la comparecencia del solicitante de refugio, se procurará entregar un domicilio permanente o provisional, nota de comunicación formal requiriendo su presencia en ONPAR. Pasados diez (10) días hábiles de haberse cursado la nota de requerimiento o citación se considerará desconocido su paradero y procederá a notificarlo por edicto, mismo que se fijará en un lugar visible en las oficinas de ONPAR por espacios de cinco (5) días hábiles. Luego de transcurrido los cinco (5) días hábiles, la Resolución emitida por la Comisión se tendrá por notificada."

    La normativa citada pone de manifiesto, que la Comisión Nacional para Protección de Refugiados tiene la facultad de determinar los criterios de inclusión de la condición de refugiados, estableciendo un procedimiento interno para ello, también, que deberá atender los instrumentos internacionales ratificados por la República de Panamá, sobre el tema, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), frente a lo que interpretamos que si bien la normativa aplicable en el procedimiento consignado, consigna cierta discrecionalidad, no puede obviarse que nos encontramos ante una actuación administrativa, y que las normas internacionales aplicables contemplan puntos específicos, que permitirían a la autoridad señalar cuál de las condiciones, no fueron atendidas por el solicitante del refugio.

    En ese mismo marco de ideas debe atenderse que la Ley 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, aplicable a todos los procedimientos administrativos que se surtan en cualquier entidad estatal, cuando la norma especial mantenga lagunas sobre aspectos básicos o trámites importantes y la motivación del acto es uno de ellos, que forma parte del debido proceso.

    Con relación al debido proceso, la Constitución Política señala en el artículo 32 que: "nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria". Por su parte, el Pleno de la Corte ha estimado como importante indicar que dicho artículo consagra el principio del debido proceso como un derecho fundamental; y entonces manifiesta que, "el debido proceso comprende el conjunto de garantías que buscan asegurar a las partes que conforman un proceso,

    El autor panameño y ex Magistrado de la Corte Suprema nuestra, A.H. sobre el derecho constitucional al debido proceso, ha expuesto lo siguiente:

    "...si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho de aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medios de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de estas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguirse un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo desconozca la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional." (HOYOS, A.. El Debido Proceso. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1996. Pág.89-90. El resaltado es nuestro)

    Sobre el debido proceso, cabe citar un extracto de la sentencia de 17 de abril de 2015, en la cual esta S. manifestó:

    "...

    Con respecto a la falta de motivación del acto impugnado, se advierte que la Orden de General DG-BCBRP-No.221-12 de 12 de noviembre de 2012, incumple con la garantía del debido proceso establecida en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 31, 34, 155 y 201 de la Ley No.38 de 2000, sobre procedimiento administrativo, que señalan que las actuaciones administrativas de todas las entidades públicas deben efectuarse con arreglo al debido proceso y que la motivación del acto es de uno de los aspectos fundamentales para la emisión de un acto administrativo; inclusive para cuando se trate de un acto discrecional, tal como lo establece el capítulo segundo, numeral 4 de la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del ciudadano en relación con la administración pública, en donde Panamá es firmante y que señala que "el principio de racionalidad se extiende a la motivación y argumentación que debe caracterizar todas las actuaciones administrativas, especialmente en el marco de las potestades discrecionales." (lo resaltado es de la S.).

    En ese sentido, así lo establece con claridad el artículo 155 de la Ley 38 de 2000, que señala que serán motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho los actos que afecten derechos subjetivos.

    En ese contexto, el Doctor en Derecho español F.C.B., en su libro La Tutela Judicial Efectiva, ha señalado que la finalidad de la motivación, que en un Estado Democrático de Derecho legítima la función jurisdiccional, es múltiple ya que:

    1. Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad.

    2. Logra el convencimiento de las partes, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de la resolución.

    3. Permite la efectividad de los recursos.

    4. Pone de manifiesto la vinculación de la autoridad a la Ley.

    En cuanto a la motivación de un acto administrativo, R.P. en su obra Derecho Administrativo I: Parte General, la conceptualiza de la siguiente manera:

    "Se entiende que un acto administrativo se encuentra motivado en el caso en que su parte dispositiva o resolutiva establezca de forma clara, expositiva y detallada los motivos, razones o fundamentos que justifican que la Administración Pública adopte una determinada decisión en base a lo contemplado previamente en la Ley." (Parada, R.. Derecho Administrativo I: Parte General, 17ava edición, España, Editorial Marcial Pons, 136-137)."

    Como bien apunta el D.J.J.J.B., en su obra Derecho Administrativo, Tomo I, Principios Generales de Derecho Administrativo, la finalidad de la motivación es:

    "1. Servir de mecanismo de control del acto administrativo, que es en la mayoría de los casos en las que más se requiere. 2. Se precisa con mayor certeza y exactitud el contenido propio de la voluntad expresada por la Administración Pública. 3. C. como elemento justificativo de la actividad administrativa ante la opinión pública en general". (J.B.J.J., Principios Generales de Derecho Administrativo, Tomo I, Cultural Portobelo, Panamá, 2001, página 215)

    Las consideraciones anteriores, nos llevan a concluir que si bien, en el asunto bajo estudio, la destitución acusada fue concebida con fundamento en la facultad discrecional de la autoridad nominadora. No menos cierto, es que ésta adolece de un elemento indispensable para la conformación del acto administrativo, como lo es la motivación o explicación razonada de los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la decisión.

    ..."

    El artículo 52 de la ley 38 de 2000, según el cual se incurre en una causal de nulidad absoluta, cuando los actos administrativos se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que impliquen violación del debido proceso.

    Las consideraciones anteriores, nos llevan a concluir que si bien la autoridad demandada a la Comisión Nacional de Protección para Refugiados, se le otorga cierta discrecionalidad para determinar criterios de inclusión, no puede desatenderse los convenios internacionales referidos y suscritos por la República, y la normativa legal aplicable, lo que debería incluir una forma razonado de los hechos y fundamentos jurídicos que sustentara su decisión, lo que a criterio de este Tribunal no ocurrió en este caso, al señalarse simplemente que no atendía las cláusulas de inclusión, sin aludirse a cuál de ellas, a efecto de que el solicitante tuviera la oportunidad de oponerse a los hechos que le fueran desfavorecidos y que las actuaciones administrativas de todas las entidades públicas deben efectuarse con arreglo al debido proceso

    De lo anterior, a criterio de este Tribunal resulta evidente violación al principio del debido proceso, por falta de motivación del acto, con lo que efectivamente prospera el cargo de ilegalidad planteado por el apoderado judicial de la parte actora, del artículo 155 de la Ley 38 de 2000.

    En vista de las infracciones al debido proceso que se explican en párrafos precedentes, no se hace necesario el estudio de las demás normas que se invocan como violadas, debiendo procederse a la declaratoria de nulidad solicitada.

    Por consiguiente, los Magistrados que integran la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, en la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por Á.B.M., a través de su apoderado judicial, DECLARAN QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución No. 1648-10 de 25 de mayo de 2010, dictada por la Comisión Nacional de Protección de Refugiados, y en consecuencia accede a la pretensión de que sea sometido nuevamente a la Comisión de Elegibilidad para que la determine su condición de refugiado.

    Notifíquese

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    CECILIO CEDALISE RIQUELME ... LUIS RAMÓN FÁBREGA S.

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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