Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Octubre de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:30 de Octubre de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 30 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 865-19

VISTOS:

La licenciada G.C., actuando en nombre y representación del señor R.M.R.C., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 929 de 25 de julio de 2019, emitida por la Alcaldía del Distrito de Panamá, así como su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a revisar la demanda, con el objeto de comprobar que cumple con los requisitos legales necesarios para admitirla.

En este punto, debemos manifestar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Nº 135 de 1943, modificado por la Ley 33 de 1946, las demandas promovidas ante la jurisdicción contencioso-administrativa deben reunir los siguientes requisitos:

"Artículo 43. Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo contendrá:

  1. La designación de las partes y de sus representantes;

  2. Lo que se demanda;

  3. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción;

  4. La expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación".

Inicialmente debemos manifestar que, no se hace mención en la demanda, de la intervención del Procurador de la Administración, como representante de la institución demandada, situación que aunque no acarrea por si sola la inadmisión de la demanda, es necesario ponerla de conocimiento del actor, ya que es un formalismo exigido en el numeral 1 del artículo 43 de la ley 135 de 1943, para concurrir ante esta Superioridad y que se incumple en este caso.

Sin menoscabo de lo antes expuesto, nos corresponde advertir que el actor también omite el requisito exigido en el numeral 4 de la ley 135 de 1943, que establece como requisito de admisibilidad de las demandas contencioso-administrativo de plena jurisdicción; "la expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación", es decir, omite explicar de forma particularizada la causa o razón por la cual se considera que el acto impugnado, infringe cada disposición y el concepto de la violación.

La jurisprudencia de esta S., ha señalado con respecto al incumplimiento de este requisito lo siguiente:

Auto de 4 de marzo de 1998

"...este es un requisito indispensable que debe cumplir toda demanda contencioso administrativa, a fin de que esta Superioridad pueda analizar el fondo de las causales o motivos de ilegalidad que deben ser debidamente invocados por el actor, al igual que ampliamente explicadas las infracciones de los preceptos en cualquiera de sus modalidades, violación directa por omisión o comisión, interpretación errónea o indebida aplicación de la Ley. De esta manera, si la parte actora no expresa cuales son las disposiciones que se consideran infringidas, la S. no se puede pronunciar sobre la ilegalidad planteada."(lo resaltado es nuestro).

Auto de 9 de febrero de 2007

...Según se aprecia en el presente negocio, la parte actora no individualizó cada disposición que estima violada ni expuso el concepto de infracción de cada una de ellas.

Este Despacho considera que los argumentos utilizados por el recurrente para sustentar la apelación ante el resto de la S., devienen sin sustento alguno habida cuenta que en el libelo de la demanda no se expresan en forma clara y detallada las normas infringidas con sus respectivos conceptos de infracción, conforme lo ha señalado en reiterada jurisprudencia este Tribunal. En este sentido no es válido el argumento que expone en cuanto a que dentro de los hechos de la demanda aduce las disposiciones legales que estima infringidas, y que el concepto de infracción lo sustentó en que el acto demandado es arbitrario e ilegal porque vulnera las formalidades del procedimiento administrativo de la Ley 38 de 2000, la Ley 14 de 26 de mayo de 1993, modificada por la Ley 34 de 28 de julio de 1999 y los Decretos Ejecutivos 543 y 545 ambos de 8 de agosto de 2003.

...

Aunado a lo anterior, la parte actora comete un error al invocar como violada una norma de rango constitucional, toda vez que a esta S. compete, de conformidad con el artículo 206, numeral 2, de la Carta Magna, el control de la legalidad de actos administrativos y en ejercicio de dicha función debe confrontar tales actos con normas de rango legal (leyes y disposiciones con este valor) o leyes en sentido material (reglamentos, decretos ejecutivos, resoluciones administrativas, etc.), para determinar si aquellos infringen estos tipos de normas; es decir sólo tiene como competencia el control de legalidad, mientras que al Pleno de la Corte Suprema es la autoridad judicial a que se le ha atribuido el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad pública (Art. 206, numeral 1, ibídem), por lo que la S. también debe abstenerse de analizar la infracción de las normativas constitucionales invocadas en la demanda.

Por las razones expuestas, y con fundamento en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, quien suscribe estima que no debe dársele curso a la aludida demanda. La norma señalada es del tenor siguiente:

Artículo 50. No se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la caducidad de la acción.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la S. Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la licenciada G.C., actuando en nombre y representación del señor R.M.R.C., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 929 de 25 de julio de 2019, emitida por la Alcaldía del Distrito de Panamá, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

N.,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

KATIA ROSAS (Secretaria)