Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Octubre de 2019

Ponente:Luis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución:21 de Octubre de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 21 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 731-19

VISTOS:

El Licenciado C.M.S., actuando en nombre y representación de G.E.V.M., interpuso ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Contenciosa-Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 519 de 27 de julio de 2018, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda para determinar si se cumplen todos los presupuestos procesales necesarios para que la misma pueda ser admitida, no sin antes hacer mención del concepto de actos administrativos, tal como lo expone el profesor L.R. en su libro Derecho Administrativo General y Colombiano:

...

Son aquellas manifestaciones de voluntad de la administración, tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos. Estos actos de manifestación emitidos por la administración reciben diferentes definiciones en nuestra legislación como: resoluciones, órdenes, disposiciones, decretos y otros estando ellos sujetos al control jurisdiccional.

Para solicitar la revocación o reforma de un acto administrativo emitido por la administración, que se estima contraria al derecho, el administrado cuenta con los recursos contenciosos administrativos de nulidad y plena jurisdicción, los cuales constituyen una garantía para los afectados por aquellas resoluciones definitivas de la administración, en la medida en que les aseguran la posibilidad de reaccionar contra ellas y eventualmente, de eliminar el perjuicio que comportan...

En este contexto, debemos destacar que si bien es cierto, el demandante ha presentado solicitud de suspensión provisional del acto; es fundamental revisar primeramente si la demanda cumple los requisitos establecidos por la ley y la jurisprudencia de esta S., lo que permitiría darle curso legal a la misma.

Ahora bien, luego de examinada la demanda incoada, en vías de determinar si la misma cumple con los presupuestos que condicionan su admisión, se percata el Sustanciador que la demanda adolece de defectos que impiden su curso legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, veamos.

Quien suscribe, advierte que el demandante no aporta el original ni la copia autenticada de la resolución N°715 del 27 de junio de 2019 (acto confirmatorio), tal como lo dispone el artículo 44 de la ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 833 del Código Judicial, y mucho menos requirió del Magistrado Sustanciador, que efectuara las diligencias pertinentes, tal cual lo expresa el artículo 46 de la ley contencioso administrativa, para solicitarle al funcionario demandado, si le había sido negada.

En este sentido, los artículos precitados son del tenor siguiente:

"Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos." (Lo resaltado es de S.).

"Artículo 833. Los documentos se aportarán al proceso en originales o en copias, de conformidad con lo dispuesto en este Código. Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción mecánica, química o por cualquier otro medio científico. Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la ley disponga otra cosa." (Lo resaltado es de S.).

"Artículo 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresara así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiera publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda" (Lo resaltado es de S.).

A lo planteado, es importante tener presente, lo expresado en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, que dispone que a la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos. Dicha norma, ha sido interpretada por la S., de que también se aplica para el acto confirmatorio, en virtud de que es necesario para poder demostrar la fecha del agotamiento de la vía gubernativa; formalidades procesales que deben cumplirse en su totalidad, para que la demanda pueda ser interpuesta adecuadamente y pueda imprimírsele el trámite legal correspondiente. No puede la parte actora pretender que la S., le dará valor probatorio a una copia simple, que no está autenticado por el funcionario encargado de la custodia del original.

Por otro lado, cabe agregar que el artículo 46 de la Ley 135 de 1943 ha sido interpretado por la S. en el sentido de que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado, certificación sobre su publicación, y copia del confirmatorio, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación, y el petente prueba que gestionó la obtención de dicha copia o certificación.

Ya esta S. ha sido reiterativa en pronunciarse en el sentido que la no aportación del original o copia autenticada del acto acusado o confirmatorio son motivos suficientes para no admitir la misma, además que son presupuestos establecidos por la ley.

Sobre el tema, en precedentes de esta augusta S., en torno a la necesidad de aportar con la demanda copia autenticada del acto demandado y el confirmatorio se ha expresado lo siguiente:

Resolución de 12 de febrero de 2014

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 la demanda debe ser acompañada por la copia autenticada del acto demandado con las constancias de su notificación, siendo imprescindible que esa autenticación se haga de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 833 del Código Judicial, para que pueda ser revisada como prueba y tengan valor probatorio en un proceso.

Artículo 833. Los documentos se aportarán en originales o en copias, de conformidad con lo dispuesto en este Código. Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción mecánica, química o por cualquier otro medio científico. Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la Ley disponga otra cosa.

En aquellos casos en que el demandante no pueda obtener y aportar copia autenticada del acto impugnado con la constancia de su notificación, porque esta le ha sido negada, la Ley 135 de 1943, en su artículo 46, contempla un remedio procesal a esta situación, debiendo la parte actora solicitar al Magistrado Sustanciador que requiera dicha copia al funcionario demandado antes de decidir lo relativo a la admisión de la demanda. La disposición es del siguiente tenor:

"Artículo 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniegue la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentra el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda. .." (Lo resaltado es de S.).

Resolución de 1 de marzo de 2010

"...

Observo, que la parte actora dentro de la demanda incluyó un aparte denominado individualización del acto, donde trascribe el acto acusado de ilegal, es decir, la Resolución Administrativa N°14/2009 de 26 de octubre de 2009, sin embargo, no aportó el mismo de manera individual, y aportó el acto confirmatorio con constancia de notificación, pero, en copia simple.

El artículo 44 de la Ley 135 de 1943, dispone que a la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos, lo cual conforme a lo planteado no fue atendido por la parte actora. Dicha norma, ha sido interpretada por la S., de que también se aplica para el acto confirmatorio, en virtud de que es necesario para poder demostrar la fecha del agotamiento de la vía gubernativa.

Cabe anotar aquí, que de acuerdo al artículo 46 de la mencionada ley, ante la circunstancia de que sea negada la expedición de la copia, ello debe expresarse en la demanda, para que el sustanciador previo a la admisión de ésta, la solicite a la oficina donde se encuentre el original, lo que no vemos ocurra en este caso.

...

Por lo anteriormente expuesto, el Magistrado Sustanciador considera que la aludida demanda no debe admitirse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso- administrativa de plena jurisdicción presentada por el licenciado M.E.B.R. en representación de E.O.D.." (Lo resaltado es de S.).

La ausencia de la copia autenticada del acto confirmatorio, impide verificar si la demanda fue presentada dentro del término de prescripción establecido para las acciones de reparación de derechos subjetivos, como se establece en el artículo 42b de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946. Las jurisprudencias de esta S., son reiterativas al plantear, en pluralidad de fallos, que es deber de la parte actora, acompañar con la demanda copia autenticada del acto impugnado, como el confirmatorio.

Antes de finalizar, vale dejar constancia que una cosa es la Tutela Judicial Efectiva y otra cosa es el deber que tiene todo el que ocurra ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en auxilio de sus Derechos subjetivos o en defensa de los intereses de la colectividad, esto es, de cumplir con los requisitos básicos mínimos que por Ley se han establecido, por ello no se debe interpretar que la tutela judicial efectiva, sea un acceso desmedido a la justicia, puesto que, no ha sido esto lo que ha sostenido esta Corporación de Justicia a través de su jurisprudencia.

En virtud de las consideraciones anteriores, la presente demanda resulta inadmisible, pues no se ajusta a los presupuestos procesales propios de las demandas contencioso-administrativas, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943 y en razón de las consideraciones anotadas, así debe declararse.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo antes expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Demanda Contenciosa-Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado C.M.S., actuando en nombre y representación de G.E.V.M., para que se declare nula, por ilegal, el Decreto de Personal N°519 de 27 de julio de 2018, emitida por el Ministerio de Seguridad Público.

N.,

LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

KATIA ROSAS (Secretaria)