Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 16 de Octubre de 2019

Ponente:Luis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución:16 de Octubre de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 16 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 773-19

VISTOS:

La Licenciada S.P. De Gracia, en nombre y representación de S.J.T.B., ha presentado ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución AN N° 1672-AU-Elec. de 10 de junio de 2019, emitida por la AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, su acto modificatorio, y para que se hagan otras declaraciones (fs. 3-8 del expediente judicial).

Luego de repartida la acción ensayada, el Magistrado Sustanciador procede a verificar si la misma reúne los requisitos para proceder a su admisibilidad, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en la jurisprudencia que al respecto ha emitido este Tribunal; y en esa labor determina que de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del citado cuerpo normativo, a la misma no se le debe dar curso por incumplir con lo establecido en los numerales 1 y 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, y en el artículo 101 del Código Judicial; decisión que fundamenta de la siguiente manera:

El artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, es del tenor siguiente:

"Artículo 28. Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes;

...

4. La expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación".

Al verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos en el contenido de la demanda en estudio, se observa que la parte actora omitió incluir un apartado en el que de manera clara y precisa identificara a las partes (demandante y demandado) y sus respectivos representantes. Si bien es cierto que de la lectura del libelo se colige quién es el demandante y su apoderado judicial, así como la entidad pública emisora del acto acusado, no lo es menos que se omite hacer alusión al representante legal de esta última, y al Procurador de la Administración, que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 2000, representa los intereses de la entidad pública demandada en este proceso contencioso administrativo (fs. 3-8).

Por otra parte, también se advierte que la recurrente, si bien enunció las disposiciones legales y reglamentarias que estima violadas, lo cierto es que no citó el texto de las mismas ni, mucho menos, explicó con respecto a cada una cómo son infringidas por el acto administrativo impugnado.

Al respecto, vale la pena destacar que en constante jurisprudencia de este Tribunal se ha expresado que el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción tiene como finalidad determinar, entre otras cosas, si el acto administrativo impugnado es contrario o no a las disposiciones legales y/o reglamentarias que se estiman violadas; razón por la cual el actor (a), además de enunciar cuáles son estas normas y de reproducir sus textos, debe sustentar de manera individualizada, clara, suficiente y razonada el concepto de su violación; ejercicio que debe consistir en un análisis lógico jurídico en el que, partiendo de hechos concretos, se confronta el acto cuya nulidad se solicita con cada uno de los preceptos legales y/o reglamentarios que se aducen infringidos.

La importancia del acatamiento de este requisito de admisibilidad en debida forma, radica en que ello es lo que le va a permitir al Tribunal orientar el análisis que debe realizar cuando se llegue el momento de pronunciarse en el fondo; concretamente, el examen de legalidad de un acto administrativo como el que se impugna en este caso, se efectuará sobre la base de cada una de las normas legales y/o reglamentarias que se aducen infringidas; por ello, el demandante tiene la obligación de sustentarle al Tribunal, por separado y de la forma más clara posible, por qué considera que éstas son vulneradas por el acto objeto de reparo, para que luego entonces esta S. entre a verificar dichas afirmaciones. De ahí que, si el actor (a) no satisface este requerimiento básico, el Tribunal no puede suplir tal deficiencia.

Al referirse al cumplimiento de este presupuesto procesal, el autor panameño A.A.B.D. señala que: "En la sección correspondiente a las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación, se debe transcribir la norma que se considera violada por el acto administrativo y, seguidamente, debe desarrollarse las razones o cargos por los cuales se considera que han sido violentadas y el concepto en que lo han sido." (B.D., A.A.A. y Recursos Extraordinarios. Presupuestos y Formalidades de los Recursos Contencioso-Administrativos de Nulidad y Plena Jurisdicción.P. 239).

En similares términos, el escritor panameño M.A.B.H. y Otros, ha indicado que: "El debido cumplimiento de este requisito implica, por un lado, identificar las normas legales y/o reglamentarias que, a juicio del actor, han sido infringidas por la actuación demandada, transcribir su texto íntegro por separado y, por el otro, explicar a suficiencia la forma cómo se han producido cada una de dichas infracciones." (B.H., M.A. y Otros. Manual de Derecho Administrativo Panameño. Primera Edición 2013. P. 524).

Sin embargo, reiteramos, que luego de la lectura del apartado de la demanda titulado: "DISPOSICIONES INFRINGIDAS POR EL ACTO ADMINISTRATIVO", se constata que la parte actora no hizo el ejercicio de explicar de forma individualizada y razonada por qué, a su juicio, la Resolución AN N° 1672-AU-Elec. de 10 de junio de 2019, acusada de ilegal, quebranta el ordenamiento jurídico de orden legal y/o reglamentario invocado como infringido (f. 5 del expediente judicial).

En este contexto, resulta claro que la acción ensayada no cumple con los requisitos básicos de admisibilidad contenidos en los numerales 1 y 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946; inobservancias que en concordancia con lo establecido en el artículo 50 del mismo texto legal, producen la inadmisibilidad de la demanda, tal como sido expuesto por este Tribunal en las resoluciones judiciales que citamos a continuación:

Auto de 10 de agosto de 2018

(Bajo la ponencia del Magistrado Cecilio Cedalise)

"VISTOS:

...

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda para determinar si se cumplen todos los presupuestos procesales necesarios para que la misma pueda ser admitida.

Advierte quien suscribe que la presente demanda no cumple con los requisitos de admisibilidad claramente establecidos en los numerales 1 y 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, reformado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, cuyo contenido es el siguiente:

...

En atención a lo anterior se observa que la parte actora omitió indicar entre otras cosas, las partes que intervendrán en el proceso, conforme se establece en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943. En este sentido, resulta de importancia destacar, que la actora debió designar al señor Procurador de la Administración como representante de la parte demandada a quien tampoco mencionó, puesto que el actúa como tal, en los procesos contenciosos administrativos de plena jurisdicción, de conformidad con el ordinal 2º del artículo 5 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, 'Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales'.

Por otra parte, esta S. se percata que en el escrito judicial, la parte actora incumplió con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, pues no expresa las disposiciones violadas y el concepto de infracción de las mismas.

...

En virtud que el demandante omitió los requisitos mencionados, su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943."

Auto de 9 de febrero de 2018

(Bajo la ponencia del Magistrado A.Z.)

"DECISIÓN DE LA SALA

Atendidas las consideraciones presentadas por el apelante, el resto de la S., ha procedido a revisar la actuación atacada, que consiste en la providencia de 23 de octubre de 2017, que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma C.C.H.C., en nombre y representación de A.A.F. Donado para que se declaren nulas, por ilegales, la nota DENPE-N-075-2015 y la NOTA DENPE-AL-N-006-2016, de 3 de marzo de 2016, dictadas por la Dirección de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social y la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social respectivamente.

El Magistrado Sustanciador señala como incumplidos los numerales 1 y 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943 en cuanto a la designación de las partes y de sus representantes y con respecto a la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación, así como con el contenido del artículo 44 de la Ley 135 de 1943.

La parte actora señala que de los hechos de la demanda y el fundamento legal citado se desprenden claramente sus pretensiones y la Procuraduría de la Administración considera que la omisión de dichos requisitos no es subsanable y que lejos de constituirse en requisitos formalistas, estas deficiencias van en contraposición al mandato legal, doctrinal y jurisprudencial establecido por la S..

El resto de los Magistrados que integran la S., al leer con detenimiento la pretensión de la parte actora, observan que el demandante no realiza la explicación del concepto de la infracción de ninguna de las normas consideradas como infringidas, tal como lo manifiesta el Magistrado Sustanciador en el auto que no admite la precitada demanda.

Con respecto al tema del concepto de la infracción, la S. ha indicado en innumerables precedentes que su cumplimiento supone una explicación detallada y lógica de la forma como el acto acusado infringe la norma o normas que se cita como violadas, de modo que se ilustre a la S. acerca de las infracciones que se alegan. El concepto de la infracción, por tanto, no es una exposición de hechos, como tampoco de argumentaciones subjetivas; por el contrario, es un juicio lógico-jurídico en el que, partiendo de unos hechos concretos, se confronta el acto impugnado con el contenido de las disposiciones que se dicen vulneradas, de modo que a través de este ejercicio mental se pueda establecer si dicho acto es contrario o no al orden jurídico...

...

En ese sentido, se advierte que la demanda presentada por la parte actora no cumplió con los presupuestos esenciales de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción y esta Superioridad ha dejado clara su posición al respecto, no pudiendo pasar por alto que la jurisdicción contenciosa administrativa se activa en base al principio de justicia rogada, en el sentido que las partes son las que delimitan la materia y las pretensiones que deben ser objeto de análisis por parte del Tribunal. Por otra parte, tampoco la parte actora presente copia autenticada del acto administrativo demandado, ni solicitó al Tribunal que lo requiriera, con lo cual se produce también el incumplimiento del artículo 44 de la Ley 135 de 1943.

En virtud de lo anterior, este Tribunal de Apelación debe CONFIRMAR la Resolución que NO ADMITE la demanda en cuestión en virtud de que el demandante incumple con lo establecido en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943 en el sentido de que no realizan el análisis jurídico correspondiente de las normas que este considera le fueron violentadas o enunciando las normas infringidas y con el artículo 44 de la misma ley, al no presentar copia autenticada del acto administrativo demandado de ilegal.

...".

Por último, se observa que la presente demanda se ha dirigido a los Magistrados de la S. Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, cuando lo correcto, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Código Judicial, es que por ser este negocio jurídico del conocimiento de una de sus S.s, en este caso, la Tercera, la demanda debió dirigirse al Presidente de la misma; omisión que, como sabemos, no constituye un aspecto que por sí sólo conlleve a la inadmisión de la acción, pero no se puede desconocer que sí es una formalidad establecida en la ley y que concurren otras deficiencias que impiden darle curso a la misma (fs. 1 y 2).

Como quiera que la acción contencioso administrativa en estudio adolece de varios requisitos de admisibilidad, se procederá a su no admisión, en atención a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo antes expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la Licenciada S.P. De Gracia, en nombre y representación de S.J.T.B., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución AN N° 1672-AU-Elec. de 10 de junio de 2019, emitida por la AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, su acto modificatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

N.,

LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

KATIA ROSAS (Secretaria)