Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Octubre de 2019
| Ponente | Luis Ramón Fábrega Sánchez |
| Fecha de Resolución | 22 de Octubre de 2019 |
| Emisor | Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral |
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá
S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo
Ponente: Luis R. Fábrega Sánchez
Fecha: 22 de octubre de 2019
Materia: Acción contenciosa administrativa
Plena Jurisdicción
Expediente: 702-15
VISTOS:
El licenciado O.L.O.R., actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa No.216 de 5 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y para que se hagan otras declaraciones.
LO QUE SE DEMANDA
Mediante el presente proceso el demandante pretende que esta S. determine lo siguiente:
"PRIMERO: Que declare nula, por ilegal, la Resolución OIRH No.216 del 05 de junio de 2015, proferida por C.E.G., Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), y acto confirmatorio...
Que declare mi restitución del cargo que desempeñaba como ABOGADO I, posición No.418, de la Dirección Nacional de Titulación y Regulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).
Que declare el pago de salarios dejados de percibir contados a partir de mi destitución hasta mi reintegro."
FUNDAMENTO DE LA DEMANDA
La parte demandante fundamenta su demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción señalando principalmente lo siguiente:
PRIMERO: Que mi persona se ha desempeñado de forma ininterrumpida por un periodo de 9 años y 3 meses como servidor público de esta institución, con más de 3 años de estar ejerciendo de forma permanente el cargo de ABOGADO I, posición No.418 del cual fui destituido, como se observa en proforma de certificación de trabajo emitida por la Contraloría General de la República a fecha 15 de diciembre de 2014, debidamente sellada por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y que adjunto como prueba en la presente Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción.
...
TERCERO: Que mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA OIRH No.216 del 5 de junio de 2015, se me destituye del cargo de abogado I, posición identificada con el número sin causa justificada alguna, pues no lo explica claramente y solo cita como fundamento legal el artículo 2 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, > y que hace referencia a la excepción del amparo de esta ley relacionados con funcionario escogido por votación popular entre otros supuestos disposición esta que no es aplicable a mi caso tal como se desprende del contenido literal de dicha norma...
CUARTO: Que el Acto Administrativo impugnado carece de parte motiva elemento indispensable que forma parte de toda Resolución Administrativa en concordancia con lo que disponen los artículos 155 y numeral 90 del artículo 201 de la Ley 38 del 2000, toda vez que no consta en ella una relación de mi situación laboral como servidor público, los motivos que justifiquen mi destitución y la aplicación de las normas legales que fundamentan el acto de destitución, en el caso que nos ocupa con el artículo 2 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013...
QUINTO: Que tal como consagra la Ley y en pleno ejercicio de mis garantías constitucionales al derecho de defensa recurrimos la decisión mediante formal recurso de reconsideración contra la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA OIRH N°216 de 5 de junio de 2015, emitida por el ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, transcurriendo el plazo de dos meses que le otorga la Ley para pronunciarse y sin tener respuesta a la fecha, produciéndose de esta forma la figura del SILENCIO ADMINISTRATIVO y entendiéndose negado dicho recurso, en evidente desatención de sus obligaciones como funcionario público, situación consagrada en el artículo 36 de la Ley 135 de 1946.
...
Como disposición legal infringida por la resolución impugnada, se señalan, el artículo 1 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, y en ese sentido establece que el acto demandado desatendió el contenido de la referida norma, violándole la estabilidad de la que goza amparada en su categoría de funcionario con estabilidad, por lo que no se podía aplicar el criterio de la discrecionalidad de libre nombramiento y remoción; considera que su caso está amparado en leyes vigentes como la referida anteriormente, que le dan categoría de estabilidad, dejando de ser un servidor público de libre nombramiento y remoción, por lo que el fundamento de derecho aplicado en la Resolución de destitución es violatorio a sus derechos laborales.
Otra norma considerada como infringida por el acto demandado es el artículo 36 y 155 de la Ley 38 de 2000, por considerar en cuanto a la primera norma que la misma establece que, ningún acto administrativo puede emitirse en infracción de una norma jurídica vigente y que todo acto administrativo que afecte derechos subjetivos, como su destitución debe estar motivado, con referencia a los hechos y fundamentos de derechos que permiten llegar a la decisión. En cuanto a la segunda norma, señala que se infringe, toda vez que el acto fue emitido sin las debidas motivaciones, ni mucho menos con una referencia de los hechos que dieron lugar a su parte resolutiva.
Por otra parte, se menciona como norma infringida el numeral 90 del artículo 201 de la Ley 38 de 2000, y al respecto manifiesta que la forma en que ha sido emitido el acto llamado Resolución Administrativa, sin una sola consideración o parte de motiva que justifique la decisión, se crea un estado de indefensión que vulnera los principios del debido proceso y de legalidad consagrado en la Constitución Política de nuestra República y en las normas legales vigentes citadas.
Finalmente se señala como norma infringida el artículo 88 y 89 de la Resolución OIRH-69 de 6 de febrero de 2012, el cual establece el reglamento interno de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, que regula las sanciones disciplinarias a los servidores que laboran en su dependencia y claramente señalan en qué circunstancias el Administrador General puede aplicar como medida disciplinaria la figura...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba