Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Octubre de 2019

Ponente:Luis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución:22 de Octubre de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Luis R. Fábrega Sánchez

Fecha: 22 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 702-15

VISTOS:

El licenciado O.L.O.R., actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa No.216 de 5 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y para que se hagan otras declaraciones.

LO QUE SE DEMANDA

Mediante el presente proceso el demandante pretende que esta S. determine lo siguiente:

"PRIMERO: Que declare nula, por ilegal, la Resolución OIRH No.216 del 05 de junio de 2015, proferida por C.E.G., Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), y acto confirmatorio...

SEGUNDO

Que declare mi restitución del cargo que desempeñaba como ABOGADO I, posición No.418, de la Dirección Nacional de Titulación y Regulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

TERCERO

Que declare el pago de salarios dejados de percibir contados a partir de mi destitución hasta mi reintegro."

FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

La parte demandante fundamenta su demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción señalando principalmente lo siguiente:

PRIMERO: Que mi persona se ha desempeñado de forma ininterrumpida por un periodo de 9 años y 3 meses como servidor público de esta institución, con más de 3 años de estar ejerciendo de forma permanente el cargo de ABOGADO I, posición No.418 del cual fui destituido, como se observa en proforma de certificación de trabajo emitida por la Contraloría General de la República a fecha 15 de diciembre de 2014, debidamente sellada por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y que adjunto como prueba en la presente Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción.

...

TERCERO: Que mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA OIRH No.216 del 5 de junio de 2015, se me destituye del cargo de abogado I, posición identificada con el número sin causa justificada alguna, pues no lo explica claramente y solo cita como fundamento legal el artículo 2 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, > y que hace referencia a la excepción del amparo de esta ley relacionados con funcionario escogido por votación popular entre otros supuestos disposición esta que no es aplicable a mi caso tal como se desprende del contenido literal de dicha norma...

CUARTO: Que el Acto Administrativo impugnado carece de parte motiva elemento indispensable que forma parte de toda Resolución Administrativa en concordancia con lo que disponen los artículos 155 y numeral 90 del artículo 201 de la Ley 38 del 2000, toda vez que no consta en ella una relación de mi situación laboral como servidor público, los motivos que justifiquen mi destitución y la aplicación de las normas legales que fundamentan el acto de destitución, en el caso que nos ocupa con el artículo 2 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013...

QUINTO: Que tal como consagra la Ley y en pleno ejercicio de mis garantías constitucionales al derecho de defensa recurrimos la decisión mediante formal recurso de reconsideración contra la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA OIRH N°216 de 5 de junio de 2015, emitida por el ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, transcurriendo el plazo de dos meses que le otorga la Ley para pronunciarse y sin tener respuesta a la fecha, produciéndose de esta forma la figura del SILENCIO ADMINISTRATIVO y entendiéndose negado dicho recurso, en evidente desatención de sus obligaciones como funcionario público, situación consagrada en el artículo 36 de la Ley 135 de 1946.

...

Como disposición legal infringida por la resolución impugnada, se señalan, el artículo 1 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, y en ese sentido establece que el acto demandado desatendió el contenido de la referida norma, violándole la estabilidad de la que goza amparada en su categoría de funcionario con estabilidad, por lo que no se podía aplicar el criterio de la discrecionalidad de libre nombramiento y remoción; considera que su caso está amparado en leyes vigentes como la referida anteriormente, que le dan categoría de estabilidad, dejando de ser un servidor público de libre nombramiento y remoción, por lo que el fundamento de derecho aplicado en la Resolución de destitución es violatorio a sus derechos laborales.

Otra norma considerada como infringida por el acto demandado es el artículo 36 y 155 de la Ley 38 de 2000, por considerar en cuanto a la primera norma que la misma establece que, ningún acto administrativo puede emitirse en infracción de una norma jurídica vigente y que todo acto administrativo que afecte derechos subjetivos, como su destitución debe estar motivado, con referencia a los hechos y fundamentos de derechos que permiten llegar a la decisión. En cuanto a la segunda norma, señala que se infringe, toda vez que el acto fue emitido sin las debidas motivaciones, ni mucho menos con una referencia de los hechos que dieron lugar a su parte resolutiva.

Por otra parte, se menciona como norma infringida el numeral 90 del artículo 201 de la Ley 38 de 2000, y al respecto manifiesta que la forma en que ha sido emitido el acto llamado Resolución Administrativa, sin una sola consideración o parte de motiva que justifique la decisión, se crea un estado de indefensión que vulnera los principios del debido proceso y de legalidad consagrado en la Constitución Política de nuestra República y en las normas legales vigentes citadas.

Finalmente se señala como norma infringida el artículo 88 y 89 de la Resolución OIRH-69 de 6 de febrero de 2012, el cual establece el reglamento interno de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, que regula las sanciones disciplinarias a los servidores que laboran en su dependencia y claramente señalan en qué circunstancias el Administrador General puede aplicar como medida disciplinaria la figura jurídica de la destitución.

INFORME DE CONDUCTA

Mediante Resolución de fecha 2 de agosto de 2016, se admitió la demanda contencioso administrativa interpuesta por el licenciado O.L.O.R., y se solicitó a la autoridad demandada que remitiera un informe explicativo de conducta, sin embargo la misma no presentó dicho informe.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

El Procurador de la Administración, a través de la Vista Número 1200 de 01 de noviembre de 2016, contestó la demanda presentada por el demandante señalando principalmente lo siguiente:

...

Frente a los argumentos expuestos por el accionante, este Despacho procederá a analizar de manera conjunta los cargos de infracción formulados en contra de la Resolución Administrativa OIRH 216 de 05 de junio de 2015, advirtiendo que al efectuar un juicio valorativo de las constancias visibles en autos, puede concluirse que el acto administrativo objeto del presente análisis se dictó conforme a Derecho, por lo que los argumentos ensayados por O.O. con la finalidad de demostrar su ilegalidad, carecen de sustento.

De las constancias procesales, se observa, que O.O. al momento de su destitución, ocupaba el cargo de Abogado I, con salario mensual de mil doscientos balboas (B/.1,200.00), desde el 3 de enero de 2012, por lo que aduce era un funcionario con estabilidad (Cfr. Foja 12 del expediente judicial).

En este orden de ideas, indicamos que el derecho a la estabilidad del servidor público está comprendido como un principio básico inherente al funcionario investido por una carrera de la función pública, regulada por una Ley formal de carrera, o se adquiere a través de una Ley especial que consagre los requisitos de ingreso y ascenso dentro del sistema, basado en mérito y competencia del recurso humano. Si no es así, la disposición del cargo público queda bajo la potestad discrecional del titular de la entidad, que no está obligado a seguirle un procedimiento administrativo sancionador.

El sustento de lo anotado, se encuentra en los artículos 300, 302 y 305 de la Constitución Política, en los cuales se dispone que el derecho a la estabilidad debe ser regulado mediante una Ley formal, que establezca una carrera pública o una situación especial de adquisición del derecho, y está condicionado a los méritos del servidor público, a la competencia, lealtad, moralidad y cumplimiento de deberes.

Ante estas circunstancias, la Administración puede ejercer la facultad de resolución >, es decir, la facultad de revocar el acto de nombramiento fundamentada en su voluntad y su discrecionalidad, según la conveniencia y la oportunidad.

En este caso, tal cual y como se desprende de la Resolución Administrativa OIRH 216 de 05 de junio de 2015, se aprecia que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 794 del Código Administrativo, el cual manifiesta que la determinación del periodo de duración de un empleado no coarta en nada la facultad del empleador que hizo el nombramiento para removerlo (Cfr. Foja 8 del expediente judicial).

En concordancia con lo señalado en párrafo que antecede, se tiene que el numeral 15 del artículo 19 de la Ley 59 de 8 de octubre de 2010, le confiere al Administrador General las funciones de nombrar, trasladar, ascender y destituir a los funcionarios subalternos, así como concederles, licencias e imponer sanciones, de conformidad con las normas que regulan la materia (Cfr. Foja 8 del expediente judicial)

D. lo anterior, tenemos que al momento del retiro de la administración por destitución O.O. ocupaba el cargo de Abogado I, por lo que se encuentra adscrito directamente al Despacho Superior; es decir que dicho cargo es de libre nombramiento y remoción, ya que era un personal de confianza y de colaboración con la autoridad máxima de esa entidad reguladora.

...

De lo anterior se desprende con claridad, que el demandante no gozaba de la estabilidad laboral que alega le otorga la Ley 127 de 2013, ya que su cargo se enmarca dentro de las eximencias a esa ley especial; por ende, entra dentro de la categoría de libre nombramiento y remoción, razón por la que la entidad demandada, la desvinculo del puesto que ejercía en la institución, fundamentando tal decisión en el numeral 15 del artículo 19 de la Ley 59 de 8 de octubre de 2016, en conjunto con el artículo 794 del Código Administrativo, de ahí que los cargos de infracción invocados carecen de sustento jurídico y deben ser desestimados por la S. Tercera (Cfr. foja 8 del expediente judicial).

...

Según consta en el expediente judicial, O.O. pudo acceder al control jurisdiccional de la S. Tercera en el término de dos (2) meses calendario establecido en el artículo 42b de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, en concordancia con el numeral 2 del artículo 200 de la Ley 38 de 2000, según el cual se considera agotada la vía gubernativa cuando interpuesto el recurso promovido en la primera instancia, se entiende negado, por haber transcurrido un plazo de dos (2) meses sin que recaiga decisión sobre él, lo que más allá de permitirle la oportunidad de acudir al Tribunal, no desvirtúa la legalidad de la decisión adoptada por la entidad, basada fundamentalmente en el hecho que el demandante fue destituido como consecuencia de la potestad discrecional de la autoridad nominadora, al estar ocupando al momento de ocurrir este evento una posición que, es de libre nombramiento y remoción, por lo que solicitamos que esta pretensión sea desestimada por la S. Tercera.

Por último, en cuanto al reclamo que hace la demandante en torno al pago de los salarios caídos, este Despacho estima que el mismo no resulta viable; ya que para que ese derecho pudiera ser reconocido a favor de O.O. sería necesario que el mismo estuviera instituido expresamente a través de una ley...

Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, este Despacho solicita respetuosamente a ese Tribunal se sirva declarar que NO ES ILEGAL la Resolución Administrativa OIRH 216 de 05 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y en consecuencia, pide se desestimen las demás pretensiones del accionante.

DECISIÓN DE LA SALA

Una vez revisado el presente proceso y luego de haberse cumplido con todas las etapas procesales, nos corresponde resolver la presente causa, previas las siguientes consideraciones.

El licenciado O.L.O.R., actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa No.216 de 5 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.

El demandante manifiesta su disconformidad con la resolución demandada, señalando que, la misma infringe el contenido del artículo 1 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, ya que no se le está reconociendo la estabilidad de la que goza, amparado en su categoría de funcionario con estabilidad, por lo que no se podía aplicar el criterio de la discrecionalidad de libre nombramiento y remoción; de igual manera señala que el acto demandado infringe los artículos 36 y 155 de la Ley 38 de 2000, ya que se emitió sin la debida motivación que exige nuestra normativa al respecto; en igual sentido se pronuncia respecto a la infracción del artículo 90 de la Ley 38 de 2000 y también considera que se infringen los artículos 88 y 89 de la Resolución OIRH-69 de 6 de febrero de 2012, al darle una interpretación distinta a la aplicación como medida disciplinaria de la figura jurídica de la destitución.

Luego de recibida la demanda y realizado el reparto correspondiente, mediante resolución fechada 2 de agosto de 2016, la misma fue admitida, y se ordenó que la autoridad demandada rindiera un informe explicativo de conducta, al igual que se ordenó el traslado al Procurador de la Administración de la demanda presentada.

De las constancias del proceso se puede observar que la autoridad demanda, no presentó el informe requerido por el Tribunal mediante la resolución antes comentada.

Por su parte el Procurador de la Administración en la contestación de la demanda, señala principalmente que el demandante no gozaba de la estabilidad laboral que alega le otorga la Ley 127 de 2013, ya que su cargo se enmarcaba dentro de las eximentes a esa ley especial; por ende, entra dentro de la categoría de libre nombramiento y remoción, razón por la que la entidad demandada, lo desvinculó del puesto que ejercía en la institución, fundamentando la decisión en el numeral 15 del artículo 19 de la Ley 59 de 8 de octubre de 2016, en conjunto con el artículo 794 del Código Administrativo, de ahí que los cargos de infracción invocados carecen de sustento y deben ser desestimados.

Así las cosas, pasaremos a hacer una revisión y análisis de los elementos probatorios allegados al proceso a fin de determinar si le asiste o no la razón al demandante.

Observa la S., que mediante Resuelto de Personal No.470 de 3 de enero de 2012, dictado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, se nombró al licenciado O.O.R., como Abogado I, Posición No.418; el cual tomó posición de dicho cargo el día 3 de enero de 2012 en la Oficina de recursos humanos de dicha institución.

Posteriormente mediante Resolución Administrativa OIRH No.216 de 5 de junio de 2015, se dejó sin efecto el nombramiento del señor O.O., quien desempeñaba el cargo de abogado I, con la posición No.418 en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.

La resolución impugnada se fundamentó principalmente en el hecho que es facultad del empleador la remoción del funcionario; que no le es aplicable la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2 y que de conformidad con el numeral 15 del artículo 19 de la Ley 59 de 8 de octubre de 201, es una función del Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, la de destituir a los funcionarios subalternos.

Visto lo antes señalado, consideramos importante pronunciarnos en primer lugar respecto al argumento planteado por la parte demandante sobre la falta de motivación del acto demandado, ya que considera no se establecen los motivos por los cuales se le destituye del cargo que ocupaba.

En ese sentido debemos manifestar que en criterios recientes de esta S. se ha expresado que todo acto administrativo debe estar debidamente motivado; incluso se ha dicho que aun cuando el acto sea de aquellos que se sustentan en la facultad discrecional de la autoridad nominadora no exime que el mismo esté debidamente motivado garantizándose el debido proceso administrativo.

Mediante fallo fechado 30 de abril de 2015, el Pleno de la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, manifestó lo siguiente:

"...

En tal sentido, la S. debe empezar precisando que si bien la doctrina tradicional de esta Corporación ha sido del criterio que al tratarse de funcionarios de libre nombramiento y remoción, la autoridad no está obligada a justificar la destitución del mismo, pues, sólo en caso del ejercicio de la potestad disciplinaria, ésta tendrá que asegurar y hacer cumplir el debido proceso, no menos cierto es que, por otro lado, la doctrina de esta S. también ha explicado con fundamento en la Constitución y la Ley que toda actuación pública debe estar debidamente motivada.

En el expediente en estudio, se ventila la destitución de un funcionario del Estado, basada en el ejercicio de la facultad discrecional.

A objeto de resolver el presente problema jurídico planteado, cabe preguntarse ¿si en el ejercicio de la potestad discrecional la autoridad debe cumplir con alguna formalidad por más mínima que sea a efecto de que la actuación sea enteramente legal?

La S. es de la opinión que el mínimo a cumplir en el ejercicio del poder discrecional, pasa por la conformación efectiva del acto administrativo y por ende por conducto del cumplimiento de las garantías mínimas que se desprenden de los elementos que, como decimos, establece la ley para la elaboración del acto administrativo.

En ese sentido, es imprescindible que la autoridad cumpla sin excepción con los elementos mínimos del debido proceso, y dar lugar a que el funcionario pueda ejercer en plenitud los derechos y garantías de procedimiento que se desprenden del acto, esto es, aun cuando la remoción del funcionario esté sustentada en el ejercicio de la potestad discrecional de la autoridad nominadora. Pues, como decimos, el ejercicio de esta categoría del poder público no está exenta del cumplimiento de ciertas exigencias mínimas que condicionan la legalidad de la actuación.

Como vemos, si la autoridad dispone ejercitar tal poder discrecional, como en este caso, ésta debe conducirse dentro de los límites que establece la ley para el ejercicio de esta facultad. Por supuesto, que lo dicho no supone hacer extensivo al ejercicio de esta el cumplimiento de los más estrictos rigores del procedimiento administrativo y sus distintas fases, como tampoco significa que la autoridad deba renunciar a los márgenes de discrecionalidad que goza en el ejercicio de sus actuaciones, sino que en función de los elementos del acto administrativo, esta potestad opera bajo el cumplimiento de garantías mínimas que toda actuación pública precisa.

A tal efecto, señala S.L. lo siguiente:

Pero si ejerce dicha potestad por razones disciplinarias y se trata de funcionario comprendido en el estatuto, debe oírlo previamente (Art. 18 del estatuto), aunque no se instruya sumario, el cual no es indispensable.

Además es preciso tener en cuenta que por la discrecionalidad no implica arbitrariedad, ni autoriza a actuar por motivos extraños al servicio, lo cual configuraría desviación de poder. En ambos casos el acto sería inválido y probándose los hechos podrían los jueces anularlo y declarar la responsabilidad de la administración.

Pero con frecuencia la situación de amovilidad está limitada. Las leyes o los reglamentos establecen cierta protección para los funcionarios amovibles, restringiendo así la amplia discrecionalidad que de otro modo tendría la administración, eso se logra exigiendo causales determinadas para las destituciones, o mayorías especiales en los cuerpos colegiados, o el previo sumario, en esos casos la violación de cualesquiera de dichas reglas afecta la validez de la destitución y apareja responsabilidad. Pero las limitaciones deben siempre constar expresamente o hallarse claramente implícitas. >> (S.L., Enrique., Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, p. 372-373).

Desde esta perspectiva, es evidente que los límites al ejercicio del poder discrecional se encuentran establecidos en la misma ley y la Constitución, y uno de ellos es el cumplimiento de las formalidades necesarias para la conformación del acto administrativo a través de un proceso que atienda las garantías mínimas del acto, como establece el artículo 201 numeral 1 de la Ley 38 de 2000:

Toda acto administrativo deberá formarse respetando sus elementos esenciales: competencia, salvo que ésta sea delegable o proceda la sustitución; objeto, el cual debe ser lícito y físicamente posible; finalidad, que debe estar acorde con el ordenamiento jurídico y no encubrir otros propósitos públicos y privados distintos, de la relación jurídica de que se trate; causa, relacionada con los hechos, antecedentes y el derecho aplicable; motivación , comprensiva del conjunto de factores de hecho, procedimiento, que consiste en el cumplimiento de los trámites previstos por el ordenamiento jurídico y los que surjan implícitos para su emisión; y forma, debe plasmarse el lugar de expedición, fecha y autoridad que lo emite.>>

En efecto, el debido proceso constituye una garantía esencial para el desarrollo de cualquier actuación administrativa, así como presupone límites a la Administración en el ejercicio de los poderes que la ley le atribuye.

En el asunto bajo estudio, la destitución acusada fue concebida con fundamento en la facultad discrecional de la autoridad nominadora. No menos cierto, es que esta adolece de un elemento indispensable en la conformación del acto administrativo, como lo es la motivación o explicación razonada de los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la decisión.

La motivación del acto administrativo es una garantía prevista en el artículo 155 y 201 numeral 1 párrafo 2 de la Ley 38 de 2000, garantía que se encuentra inserta en el derecho al debido proceso (artículo 32 de la Constitución Política, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículos 34 y 201 numeral 31 de la Ley 38 de 2000).

En particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 34 de la Ley 38 de 2000 claramente establece que las actuaciones administrativas de todas las entidades públicas deben efectuarse con arreglo al debido proceso, lo cual exige para los efectos del acto discrecional, entre otras cosas, la motivación del acto administrativo que resulta del cumplimiento del debido trámite.

De acuerdo con el artículo 155 de la Ley 38 de 2000, los actos " que afecten derechos subjetivos" deben ser motivados con sucinta referencia a los hechos y fundamento de derecho. Por tanto, a la vista de las normas aludidas, no debe dársele validez al acto administrativo que adolezca de la debida motivación y mucho menos cuando dicho acto afecte derechos subjetivos (como es el caso que nos ocupa). Como decimos, esta garantía prevalece indistintamente de que se trate de un acto discrecional.

...

En cuanto a la motivación del acto administrativo >. (Parada, R.. Derecho Administrativo I: Parte General (17 a. Ed.). Madrid/Barcelona (España): Editorial M.P..

Acerca del tema del debido proceso, el ex Magistrado R.F.Z., sobre la necesidad de institucionalizar medidas que permitiesen a los afectados limitar, frenar o anular las actuaciones de la Administración, medidas dentro de las cuales " es obvio que ocupa una posición cimera la garantía del debido proceso, cuyos principios deben nutrir la legislación correspondiente, y debe también, impedir aquéllas actuaciones administrativas que se realicen con violación del derecho a ser oído o con prescindencia de los trámites, límites o condiciones que fije el ordenamiento para la adopción de tales medidas; y para colocar, también, al afectado, como coadyuvante de la Administración y del interés público, en posición de restaurar la legalidad vulnerada con dichas actuaciones por parte de la misma Administración Pública o, en su caso, por los órganos jurisdiccionales" . Y agregaba; > ( El debido Proceso en la Administración Pública, 1995)"

En vista de lo antes planteado, debemos concluir que de los elementos que conforman el proceso, principalmente el acto impugnado, se puede corroborar que el mismo no fue debidamente motivado, por tanto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 38 de 2000, y siguiendo la línea que ha fijado este Tribunal y el planteamiento establecido en el fallo citado, lo procedente es declarar que es ilegal el acto demandado y en consecuencia ordenar el reintegro del señor O.O., al cargo que ocupabao a otro análogo en clasificación, jerarquía y remuneración.

Así las cosas, en atención al principio de economía procesal considera esta S., que no es necesario pronunciarnos respecto al resto de los argumentos y normativas consideradas infringidas, ya que el argumento antes planteado por sí solo hace ilegal el acto demandado.

Finalmente, con respecto a la solicitud del pago de los salarios dejados de percibir por el señor O.O., no se puede acceder a lo pedido puesto que esta S. ha reiterado en diversas ocasiones que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 302 de la Constitución Política de la República de Panamá, los derechos de los servidores públicos para que puedan ser reconocidos, deben ser contemplados en una ley formal, que los fije, determine y regule.

Por consiguiente, la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES ILEGAL la Resolución Administrativa No.216 de 5 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y ORDENA el reintegro del señor O.O., con cédula de identidad personal No.8-733-2473, al cargo que ocupaba a la fecha de su destitución o a otro análogo en clasificación, jerarquía y remuneración.

Se niega el resto de las pretensiones.

N.,

LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

KATIA ROSAS (Secretaria)