Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Octubre de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:24 de Octubre de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 24 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 377-19

VISTOS:

La Firma LAC LEGAL en nombre y representación de MEDICARE INVESTMENT, S.A., interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota P. y C. de I.N.° 592-2017 de 28 de septiembre de 2017, del Director Nacional de Compras de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

El Sustanciador decidió no admitir la demanda, porque no constaba en la nota acusada de ilegal aportada junto con la demanda, la fecha de notificación por parte del demandante, impidiendo determinar si la acción se estaba presentando dentro del término de los dos meses, previstos en el artículo 42-B de la Ley 135 de 1943.

Según esta norma la acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto.

  1. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN.

    El apoderado legal de la parte actora en el recurso de apelación contra la resolución que no admitió la demanda, sostiene que ésta, no adolece del vicio de inadmisibilidad expresado en la resolución apelada, en razón de los siguientes puntos:

    1. Que del contenido de la nota demandada, Nota P.C. de I.N.o. 593-2017 de 22 de septiembre de 2017, se desprende que tiene por objeto la de solicitar al Director Nacional de Compras que anule la partida de requisición para hacer frente a un pago de un compromiso adquirido;

    2. Que dicha nota no es la que efectúa la anulación, sino una instrucción para quien ostenta la facultad para hacerlo;

    3. Que repentinamente es ordenada la ejecución de la instrucción y se ordena el archivo del expediente administrativo relacionado con el caso, sin haberse emitido una resolución;

    4. Que debido a ello, se presentó una solicitud de anulación el día 6 de diciembre de 2018, exigiendo se emitiera una resolución que atendiera las formalidades y requisitos de la ley, concretamente el artículo 62 de la Ley 38 de 2000;

    5. Que esa solicitud fue denegada a través de la Nota DNC.PU. 1383-2018, alegando que la Nota era lo único que necesitaron en su momento para darle cierre al expediente administrativo;

    6. Que fue interpuesto formal recurso de reconsideración el día 10 enero de 2019, con el propósito de ir agotando la vía gubernativa, pero, el 2 de abril de 2019, es notificado la resolución que rechazó el recurso de reconsideración, con fundamento en la Ley 1 de 2001;

    7. Que esa situación se constituye en grave yerro procesal, toda vez que es claro, que el legislador hace alusión a este acceso directo al contencioso administrativo, en tanto de que se trate de un acto definitivo, motivo por el cual se trata de un acto preparatorio, como hasta ese momento, sostuvimos era la nota objetada;

    8. Que en la respuesta proferida por la entidad demandada, no queda otra alternativa que entender que la entidad considera la Nota como un acto de última categoría, quedando habilitada la demanda contencioso administrativa, desde la última negativa de la cual fuimos notificada, como última vía para reclamar la nulidad de lo actuado;

    9. Por no haber proferido un acto demandable, fue necesario atacar el intento de la entidad de esquivar el deber de motivar sus actos, situando la interposición de la demanda contenciosa administrativa en cuestión, como un acto viable, por lo que fue presentada oportunamente.

    Sobre lo expuesto que la demandante, es decir, la sociedad MEDICARE INVESTMENT, S.A, solicita se revoque la decisión de 28 de junio de 2019, que no admitió la demanda en cuestión, y en su defecto decida admitirla.

  2. OPOSISCIÓN AL RECURSO

    Por su parte, el Procurador de la Administración presentó oposición al recurso de apelación, mediante la vista No.788 de 28 de julio de 2019, manifestando que concuerda con la decisión del Sustanciador de no admitir la demanda, en atención a lo siguiente:

    1. El no agotamiento de la vía gubernativa. En este punto cabe señalar que el Procurador de la Administración, al sustentarlo refiere al artículo 44 de la Ley 135 de 1943, que establece que junto a la demanda debe aportarse, copia autenticada del acto acusado, con su constancia de publicación, notificación o ejecución.

    2. La acción fue presentada de forma extemporánea, de conformidad con el artículo 42b de dicha ley, por cuanto que la nota demandada, se encuentra calendada el 28 de septiembre de 2017, apareciendo como una posible notificación el 6 de octubre de 2017, por lo que se contaba con dos meses desde esa última fecha para presentar la demanda, la cual presentada en la Sala el 3 de junio de 2019, es decir, un año y dos meses después de vencido el plazo de los dos meses previstos en el artículo 42b.

    3. Que la parte demandante solicita se condene al Estado por los supuestos daños y perjuicios ocasionados, con lo cual se ensayan dos tipos de demandas, una conforme a las acciones de plena jurisdicción y otra conforme a las de indemnización, por lo cual no solo se trata de dos pretensiones, sino que obedecen a dos acciones distintas, que se tramitan mediante acciones con particularidades y características inherentes a cada una, considerando que no es dable declarar la viabilidad de una demanda de plena jurisdicción, señalando que los daños y perjuicios corresponden al proceso, lo que distorsiona la naturaleza individual de cada acción.

    4. Que las partes y sus representantes no aparecen designados en forma correcta en el escrito de la demanda, desatendiendo el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, porque en la demanda no se menciona al Procurador de la Administración, al describirse la parte demandada, sin que se tome en consideración que en este caso actúa en defensa de los intereses de la Administración Pública, requisito de admisibilidad que debe ser satisfecho por todo aquel que acuda a la Sala Tercera, mediante una acción de plena jurisdicción.

    EXAMEN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN

    Una vez examinados los argumentos de la parte actora y el oponente, observa este Tribunal de segunda instancia, debe señalar que la demanda se dirige contra la Nota P. y C. de I.N.° 592-2017 de 28 de septiembre de 2017, legible a foja 113 del expediente administrativo, en la cual el Planificador de Seguridad Social y Jefe de Planificación y Control de Inventario, hace del conocimiento de la Directora Nacional de Compras y Abastos de la Caja de Seguro Social, que las requisiciones 1000331630-08-12 y 1000422601-08-12, correspondiente a dos medicamentos, fueron anuladas.

    En el examen corrobora este Tribunal lo señalado por el Sustanciador que la nota acusada de ilegal aportado sin constancia de notificación, lo que es contrario a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, que dispone que la acción encaminada a obtener una reparación de derechos subjetivos prescribe al cabo de dos meses, a partir de la notificación.

    A ese respecto, importa destacar que de acuerdo con esa norma la notificación exigida debe recaer sobre el acto demandado, y no sobre otra actuación, puesto que ello, es importante para determinar si la demanda se interpuso en el tiempo previsto por la ley.

    Ahora bien, contra los señalamientos del apelante del agotamiento de la vía gubernativa, precisa anotar que de acuerdo a la Ley 1 de 2001, sobre medicamentos, siendo este el caso que nos ocupa, no procedería un agotamiento de la vía gubernativa, tal como queda previsto en los artículos 132 y 147 de dicha Ley.

    Frente a lo señalado, este Tribunal debe concluir que siendo el acto acusado de ilegal, la Nota P. y C. de I.N.° 592-2017 de 28 de septiembre de 2017, es necesario que sobre este que debe recaer la notificación, para efecto de determinar si la demanda se interpuso en término, y como en este caso, considerando la fecha de dicha nota, la acción resultaría extemporánea, toda vez que la demanda, fue presentada el 3 de junio de 2019, es decir, cuando ya habían transcurrido más de dos meses, lo que corresponde es confirmar el auto recurrido.

    En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, la resolución de 28 de junio de 2019, que no admitió demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, por la firma LAC LEGAL en nombre y representación de MEDICARE INVESTMENT, S.A., para que se declare nula, por ilegal, la Nota P. y C. de I.N.° 592-2017 de 28 de septiembre de 2017, del Director Nacional de Compras de la Caja de Seguro Social.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    KATIA ROSAS (Secretaria)