Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Octubre de 2019

Ponente:Luis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución:15 de Octubre de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 15 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 521-19

VISTOS:

El Licenciado A.R.B., actuando en nombre y representación de D.C.B., ha interpuesto ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, el Decreto de Personal No. 621 de 29 de octubre de 2018, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública y paras que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a la revisión del libelo de demanda a fin de verificar si cumple con los requisitos que hacen viable su admisión, advirtiendo en este punto que junto a la demanda, la parte actora ha incluido una petición especial visible a foja 8, que sean suspendidos los efectos del acto administrativo impugnado.

Ahora bien, dando una breve revisión tanto al escrito de Poder Especial, como del libelo de demanda, propiamente, se puede observar que los mismos cumplen con todos los requisitos de admisibilidad que establece la Ley No. 135 del 30 de abril de 1943, reformada por la Ley No. 33 del 11 de septiembre de 1946.

  1. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

    Con dicha demanda se ha presentado solicitud de suspensión provisional del acto demandado, la cual es redactada por parte del demandante de la siguiente forma:

    ...

    PETICIÓN ESPECIAL

    Solicito la aplicación del Artículo 73 y se ordene la suspensión del acto acusatorio en esta acción Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción

  2. DECISIÓN DE LA SALA

    De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la Sala Tercera de la Corte, goza de facultad discrecional para suspender los efectos del acto impugnado, si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave, cuando del acto acusado se advierta de manera clara y ostensible, una posible lesión al ordenamiento legal.

    "Artículo 73. El Tribunal de lo contencioso-administrativo en pleno puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.".

    Ahora bien, para poder acceder a la medida de suspensión provisional de los efectos de la resolución demandada, se ha de cumplir con dos presupuestos indispensables, comprendidos por el fumus boni iuris y el periculum in mora.

    El fumus boni iuris, o apariencia de un buen derecho, conlleva a que prima facie la demanda esté debidamente fundada, revestida de credibilidad y que el acto cuestionado se encuentre teñido de ilegalidad manifiesta.

    Siendo que la ilegalidad que conduce a la suspensión, es la ilegalidad palmaria o manifiesta, es decir, la que surge en forma evidente del propio acto.

    En cuanto al periculum in mora, o peligro en la demora, se traduce en que el acto impugnado de no ser suspendido pueda acarrear un daño grave, considerable y no fácilmente reparable.

    Ahora bien, analizada la suspensión peticionada en el presente caso y sin entrar en consideraciones de fondo en relación a la pretensión del demandante, que no resultan procedentes en esta etapa del proceso, la Sala se ve precisada a señalar primeramente que la petición de suspensión carece de la motivación fáctica que debe revestir este tipo de petición, de manera que el Tribunal pueda tener los elementos suficientes que le permitan determinar si existe una afectación grave o irreparable que pueda causar el acto administrativo, también se realiza de manera muy pobre sin precisar de qué manera se cumplen los elementos que deben presentarse para tener el acceso a la medida de suspensión provisional del acto administrativo, el fumus boni iuiris y el periculum in mora.

    En ese sentido, la petición se limita a señalar, que en la presente acción contenciosa administrativa, sea aplicado el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, sin embargo no se exponen los argumentos que sirven de base a su solicitud de suspensión. Así como tampoco explica por qué considera que los perjuicios causados serían irreversibles.

    Frente a este escenario jurídico, este Tribunal estima que no cuenta con suficientes elementos para arribar a la conclusión que la violación legal que se invoca se produce de manera palmaria, o que de la simple confrontación del acto acusado, con la normativa legal que regula la materia, emerge ostensiblemente la infracción legal. Dicha labor de ponderación, requiere de un cuidadoso ejercicio, que se torna más complejo, según el grado de complejidad que el negocio mismo presente, por razón de las cuestiones jurídicas o técnicas que subyacen, y que requerirán siempre, de un estudio más profundo y detenido.

    Al respecto, la Sala ha reiterado que para acceder a dicha medida cautelar es imprescindible que el recurrente la motive adecuadamente y compruebe, previa y fehacientemente, los hechos que la motivan, suministrando los elementos de juicio que justifiquen la necesidad de adoptar con urgencia la medida cautelar requerida, situación que en este caso no se configurado, por lo que a la Sala, no le es posible acceder a la adopción de la medida de suspensión provisional, solicitada.

    Sobre este tema, el autor E.B., en su obra, La Suspensión Jurisdiccional de la Ejecución del Acto Administrativo y Otras Medidas Cautelares, señaló lo siguiente:

    ...

    La ilegalidad que lleva a la suspensión, es la ilegalidad manifiesta, es decir, la que surge en forma evidente del propio acto.

    Encontrándonos en esta fase incipiente del proceso, no vislumbramos la vulneración evidente de las normas citadas en la demanda.

    Es necesario señalar que esta decisión de la Sala en modo alguno constituye un adelanto al pronunciamiento que sobre el mérito de la pretensión, deberá realizar el Tribunal en la etapa procesal correspondiente.

    En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la petición de suspensión provisional de los efectos del Decreto de Personal No. 621 de 29 de octubre de 2018, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública.

    N.,

    LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    KATIA ROSAS (Secretaria)