Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 27 de Diciembre de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución27 de Diciembre de 2019
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 27 de diciembre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 412-18

VISTOS:

La firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, en nombre y representación de EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A. (en adelante EDEMET), interpone demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad que se declare nula, por ilegal, la Resolución AN No. 11954-Elec de 20 de diciembre de 2017, proferida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, confirmada por la Resolución AN No. 12047-Elec de 24 de enero de 2018, mediante la cual se rechazaron DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS (2,282) solicitudes de eximencias por causales de F.M. y Caso Fortuito presentadas por EDEMET en relación con las interrupciones del servicio eléctrico acaecidas en el mes de septiembre de 2017, y que se hagan otras declaraciones.

  1. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

    Los apoderados judiciales de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (en adelante EDEMET), manifiestan en los hechos que sustentan su demanda, que su mandante es una empresa que se dedica a la distribución y comercialización de energía eléctrica, conforme a lo dispuesto en la Ley 6 de 1997, norma que rige el sector de la energía eléctrico en la República de Panamá.

    Asimismo indica el actor que, en cuanto a la calificación de las eximentes de responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, para el mes de octubre de 2016, se encuentra sometida al cumplimiento de lo normado en la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, dictadas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

    Sostiene el demandante, que la normativa antes mencionada, establece algunos medios de pruebas para acreditar la existencia de Caso Fortuito y F.M., a través de los Anexos B, C y D de la referida resolución.

    A tal efecto, EDEMET formuló oportunamente ante la ASEP "mediante Nota CM-1122-17 del 17d e (sic) octubre de 2017 sus solicitudes de eximencias de responsabilidad por las interrupciones en el servicio eléctrico ocurridas en el mes de septiembre de 2017, aportando como pruebas los formularios que fueron aprobados en sus respectivos Anexos B, C y D, además, de formularios para el caso de que el lugar de la avería se encontrara un tercero que sea testigo ocular de los hechos, totalizando aproximadamente 6,846 pruebas." (foja 3)

    En ese mismo sentido, señala el actor que presentó otras pruebas como: el informe meteorológico, elaborado por el meteorólogo C.T. para acreditar las condiciones atmosféricas en los días del mes de septiembre de 2017 donde se suscitaron las interrupciones de energía y además, presentaron "los informes procesos de tránsitos, denuncias y reclamos civiles, a cargo de los abogados externos." (foja 3)

    En este orden de ideas, en los hechos séptimo y octavo, el actor se refiere a una consulta pública para la presentación, tramitación, evaluación y decisión de la calificación de caso fortuito y fuerza mayor como eximentes de responsabilidad, para la modificación de la Resolución 3712, y mediante Resolución AN No. 11199-Elec de 27 de abril de 2017, se aprueba el nuevo procedimiento, que entraría a regir a partir del 1 de enero de 2018, dejando abierta la posibilidad de presentar otras pruebas, lo que a juicio del demandante, "demuestra que la ASEP es consciente de que su antigua reglamentación, es decir, la Resolución 3712, sólo exigía la aportación de determinadas pruebas,..."

    Arguye el actor que del número de solicitudes de eximencias presentadas, 146 corresponden a interrupciones iguales o menos a 3 minutos, las cuales están exentas del cálculo, por lo que no debieron ser rechazadas.

    Concluye el actor que a pesar de haber realizado lo antes señalado, la ASEP profiere el acto objeto de impugnación, negando todas las pruebas aportadas por EDEMET, rechazando DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS (2,282) solicitudes de eximencias y aceptando UNA (1), y señala que la entidad demandada "adujo de manera general y sin ningún esfuerzo mínimo de justificación racional, que los medios probatorios aportados no eran suficientes para acreditar el hecho exonerativo." (foja 6).

    Posteriormente, ante la presentación del recurso de reconsideración contra la Resolución AN No. 11954-Elec de 20 de diciembre de 2017, la ASEP emite la Resolución AN No. 12047-Elec de 24 de enero de 2018, y decide confirmar la resolución impugnada.

  2. NORMAS QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN:

    El actor enuncia como normas que estima infringidas y el concepto de su violación las siguientes:

    1. El artículo 1 del Anexo A de la Resolución No. 3712 de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011 dictadas por la ASEP: establece el concepto y el alcance de los términos fuerza mayor y caso fortuito. Sostiene el actor que se ha infringido esta norma de manera directa por omisión, pues ante las solicitudes de eximencias realizadas por EDEMET, con ocasión a las interrupciones eléctricas en el mes de septiembre de 2017, y se aportaron las pruebas exigidas por ley, la entidad no le concedió el valor probatorio que prevé la norma jurídica en referencia.

    2. Artículo 8 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de junio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011: ante la falta de prestación del servicio de suministro de energía eléctrica por parte de las empresas de transmisión y/o de distribución, deberán ser notificadas a la ASEP a través de la página web (Anexo B) dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia. Manifiesta el demandante que formuló las solicitudes de eximencias aportando los formularios previstos en la página web (Anexo B), pero la ASEP consideró que dicho documento no acreditaba con suficiencia la existencia de fuerza mayor y caso fortuito.

      A criterio del actor, la infracción se produce cuando la ASEP no le otorga todo el valor probatorio que tienen el Formulario (Anexo B) y las demás constancias que aporta con las solicitudes de eximencias por Caso Fortuito y F.M. para las interrupciones acaecidas en el mes de septiembre de 2017.

    3. Artículo 10 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011. Este precepto establece la obligación que tienen las empresas de transmisión y de distribución de presentar las solicitudes de eximencias a más tardar el día quince (15) de cada mes siguiente a la fecha que ocurrió el evento o el siguiente día hábil si aquel fuera feriado, y deberán ser acompañada con las pruebas que sean conducentes para enmarcar el concepto de fuerza mayor o caso fortuito, en la forma prevista en el Anexo C.

      Sostiene el actor que hay infracción de la norma alegada de manera directa por omisión, cuando, a pesar que EDEMET formulara las solicitudes de eximencias y aportase las pruebas conforme a los formularios descritos en el Anexo C, la ASEP "consideró erróneamente que dicho documento (Anexo C), no acreditaba con suficiencia la existencia de F.M. y Caso Fortuito." (foja 7)

    4. Artículo 11 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011: hace referencia a la forma de presentación de las declaraciones juradas del personal que laboran en las empresas distribuidores y de transmisión, las cuales deben ser conforme lo prevé el Anexo D.

      Manifiesta el actor que, a pesar de aportar las declaraciones juradas del personal de la empresa, conforme lo dispone el Anexo D, la ASEP consideró que las mismas no acreditaban con suficiencia la existencia de F.M. y el Caso Fortuito, por tanto, se violó el precepto citado.

    5. Artículo 4 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011: el cual establece que para el cómputo de los indicadores de confiabilidad para la calidad del servicio técnico de las empresas de transmisión y distribución de energía eléctrica, la ASEP considerará todas las interrupciones mayores de tres (3) minutos, con excepción de aquellas interrupciones que sean aceptadas por la Autoridad Reguladora como causa de fuerza mayor y caso fortuito.

      Sostiene la parte actora que se ha infringido dicha norma por omisión, toda vez que, "dicha norma establece que en el procedimiento para determinar la calificación de F.M. o Caso Fortuito, luego de las evaluaciones de los casos presentados como Casos Fortuitos o F.M. por el prestador, la ASEP para el cómputo de los indicadores de confiabilidad sólo puede utilizar las interrupciones mayor de tres minutos." (foja 8)

      Significa entonces, a juicio del actor evidencia "que las interrupciones menores o iguales a 3 minutos no deben ser rechazadas, pues, no pueden ser tomadas en cuenta para el cálculo de los indicadores, por lo que en el caso bajo estudio, vemos que de las 495 solicitudes de eximencia rechazadas por las ASEP, 146 eximencias tienen una duración igual o menor a 3 minutos las cuales por regulación están exentas del cálculo, por lo que no debieron ser rechazadas."(foja 9)

    6. El artículo 34 de la Ley 38 de 2000: establece los principios que rigen las actuaciones administrativas, resaltándose el debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Indica el actor que hubo infracción de forma directa por comisión del precepto invocado, por falta de motivación del acto originario y modificatorio, siendo este un elemento integral y decisivo del debido proceso, así como por incumplimiento del principio de buena fe y prohibición de actuar en contra de sus propios actos, mismos que forman parte del Principio de Objetividad.

      Sobre esto último, manifiesta el demandante, que se produce la violación a los principios que prohíben ir contra los actos propios y de plena observancia de la buena fe en las actuaciones administrativas, cuando en el acto originario como en el confirmatorio, "desarrolla una conducta contradictoria con sus actuaciones precedentes, al rechazar por consideraciones frívolas y sin mayor motivación, las solicitudes de eximencias presentas por EDEMET argumentando la falta de medios probatorios, siendo que tal criterio es manifiestamente infundado y contradictorio con el contenido de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011 dictadas por la propia ASEP que reconoce que tales medios probatorios (ANEXOS B, C y D) si constituyen pruebas válidas e idóneas en este procedimiento, y que son las UNICAS que el regular (sic), hasta ese momento, exigía para la comprobación de situaciones que configuran fuerza mayor y caso fortuito" (foja 10).

    7. El artículo 146 de la Ley 38 de 2000 dispone que: "el funcionario expondrá razonablemente en la decisión el examen de los medios probatorios y el mérito que les corresponda, cuando deba ser motivada de acuerdo con la ley."

      Sostiene el actor, que tanto el acto originario como su confirmatorio, infringen de forma directa por omisión el artículo 146 de la Ley 38 de 2000, cuando al negar las solicitudes de eximencias que justifican los episodios de interrupción, "no cumplió con dar su negativa la motivación y explicación mínima, racional, proporcional, congruente y objetiva de los medios probatorios y jurídicos del caso concreto." (foja 11).

    8. El artículo 155 de la Ley 38 de 2000: establece los actos que deben ser motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho. Estima el demandante que la ASEP al dictar el acto originario "sin motivación alguna, y sin realizar el análisis razonado y adecuado, no sólo del materia probatorio aportado por EDEMET, sino que tampoco hizo una relación de los hechos y derechos que da fundamento a su decisión", así vulnera el precepto legal invocado. (foja 13)

    9. El artículo 38 de la Ley 38 de 2000: dispone la tramitación de expedientes homogéneos a través de un procedimiento sumario de gestión mediante formularios impresos y otros documentos, y podrán ser utilizados cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, siempre que se exponga la motivación básica de la decisión, que no lesione la garantía del debido proceso legal.

      Considera el actor que la violación de la norma alegada se produce de manera indirecta por indebida aplicación, ya que no cabe la aplicación en el presente caso, pues para esto se requiere que los motivos y fundamentos sean idénticos, lo cual no sucede en este caso.

      Indica el demandante que a pesar de utilizarse formularios tipos para sustentar cada interrupción, considera que la información contenida en cada uno de ellos es diferente y se ajustan a cada situación o causa de la interrupción, por tanto, no puede utilizarse el mismo argumento para rechazar todas las solicitudes de eximencias.

  3. INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA:

    Por medio de la Nota DSAN 1599 de 8 de junio de 2018, el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Licenciado R.M.M., rinde informe de conducta dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por la firma de abogados GALINDO, ARIAS & LOPEZ, en representación de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., (EDEMET, S.A.) contra la Resolución AN No. 11954-Elec de 20 de diciembre de 2017, emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, su acto confirmatorio y se hagan otras declaraciones, a efecto que las mismas sean declaradas nulas, por ilegales.

    Indica el Licenciado MEANA que el 16 de octubre de 2017, mediante la Nota No. CM-1122-17 la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A. (EDEMET S.A.), remitió a la entidad a su cargo, las solicitudes de eximencias por causales de fuerza mayor y caso fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico para el mes de septiembre de 2017, y a través de la Resolución AN No. 11954-Elec de 20 de diciembre de 2017, la ASEP procedió a la calificación de dichas solicitudes y consideró rechazar 2,282 de las solicitudes presentadas y aceptar 1, y posteriormente, ante el recurso de reconsideración interpuesto por la actora, confirma su decisión a través de la Resolución AN No. 12047-Elec de 24 de enero de 2018.

    Sostiene la entidad demandada que la decisión contenida en la Resolución AN No. 11954-Elec de 20 de diciembre de 2017, tomó en consideración el caudal probatorio aportado por la empresa dentro del proceso de calificación de las solicitudes de eximencias invocadas por causales de fuerza mayor o caso fortuito, correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico del mes de septiembre de 2017, concluyendo que EDEMET "no demostró plenamente que las incidencias que se rechazaron, fueron imprevisibles, irresistibles, extraordinarios y además, externos a la empresa y a la propia red." (foja 188)

    Para llegar a dicha conclusión, aplicó el procedimiento establecido en la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, vigente a la fecha de presentación de las solicitudes de eximencias.

    La normativa en referencia establece como obligación de las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, deberán entregar la documentación que sustente que utilizaron las medidas para minimizar la ocurrencia de los hechos que constituyen fuerza mayor o caso fortuito, tomando en consideración que en el industria eléctrica existen riesgos comunes y usuales que pueden ser previstos, así como demostrar la relación de causa y efecto entre los eventos que aduce para ser calificados como fuerza mayor y caso fortuito, en cumplimiento de la obligación de prestar un servicio de suministro de energía eléctrica de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial, previsto en el artículo 3 del Anexo A de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010.

    En ese sentido, las pruebas que aporte la prestadora del servicio público, serán apreciadas según las reglas de la sana crítica, con arreglo a las normas de la lógica y de la experiencia, de forma integral, así que las mismas sean incorporadas válidamente al proceso, conforme lo exige la ley.

    Dicho esto, sostiene la entidad demandada que "en la mayoría de las incidencias, las pruebas aportadas no cumplían con los requisitos exigidos en la Resolución No. JD-764 de 8 de junio de 1998, modificada por la Resolución No. JD-4466 de 23 de diciembre de 2003; como por ejemplo que las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido", las cuales no demuestran por sí misma el nexo causal con el hecho invocado, "ya que no contiene una certificación de la fecha, hora y lugar a la que pertenece", por tanto, la entidad reguladora no puede corroborar que las mismas corresponden a los hechos acaecidos. (foja 189)

    En ese mismo orden de ideas, la ASEP manifiesta que "... en una solicitud de eximencia de responsabilidad por causas de F.M. y Caso Fortuito la carga de la prueba recae sobre la empresa prestadora del servicio público de transmisión y distribución de energía, porque (i) es parte de sus obligaciones para el cumplimiento de sus metas de Calidad del Servicio, y (ii) porque así lo establece, expresamente, la normativa sectorial al respecto." (foja 189)

    Ahora bien, en relación al argumento de la brevedad del análisis que manifiesta el demandante, estima la ASEP que con fundamento al artículo 38 de la Ley 38 de 2000, se expresa la motivación básica enmarcada en el procedimiento y la Base Metodológica vigente para estos procesos administrativos.

    Siendo así las cosas, señala la ASEP que "los argumentos planteados por la demandante en cuanto a la imprevisibilidad de los hechos no tiene asidero en pruebas contundentes, que válidamente demostraran el nexo causal de lo alegado con los hechos invocados como F.M. y Caso Fortuito. Solo se trata de afirmaciones sustentadas en pruebas que no pueden ser comprobadas fehacientemente y no corresponde a la Autoridad demostrarlo, sino a la empresa prestadora del servicio aportar aquella prueba que por anticipado le permita demostrar lo que la normativa reguladora en ese sentido lo exige y que tiene a bien a enumerarle en la sección 1.5.1 del Anexo B de la Resolución No. JD-4466 de 2003, antes referida." (foja 190).

    Por todo lo anterior, la Asep concluye que "los elementos fácticos-jurídicos expuestos, son suficientes para que la S. Tercera considere infundados los cargos de ilegalidad aducidos en el libelo de la demanda, pues es obligatorio para la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A. (EDEMET, S.A.), adoptar las medidas necesarias para mantener los niveles de confiabilidad y calidad del servicio de energía, correspondientes a su concesión, de ahí que la actuación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos al emitir la Resolución AN No. 11954-Elec de 20 de diciembre de 2017, y su acto confirmatorio, en nada infringió las disposiciones legales y reglamentarias a la hace referencia la actora en su demanda; así como tampoco se vulneraron los principios de legalidad y debido proceso." (foja 192)

  4. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN:

    Mediante la Vista Número 903 de 25 de julio de 2018, visible a fojas 197 a 208, la Procuraduría de la Administración emite concepto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, y solicita al Tribunal que declare que NO ES ILEGAL, la Resolución AN No. 11954-Elec de 20 de diciembre de 2017, emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ni su acto confirmatorio, y en consecuencia, se denieguen las pretensiones de la empresa demandante, en virtud de las siguientes consideraciones:

    Advierte el Procurador de la Administración al efectuar el análisis de las disposiciones alegadas como infringidas considera que la parte actora no le asiste la razón, pues de acuerdo a las constancias procesales, previo a la emisión de la resolución administrativa impugnada, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos cumplió con el procedimiento aprobado mediante la Resolución AN -3712 Elec de 2010, para la calificación de las solicitudes de eximencias de fuerza mayor y caso fortuito, y expidió los actos impugnados, una vez "llevado a cabo el examen de los hechos alegados y considerando todas las pruebas documentales que aportó la empresa distribuidora. (Cfr. fs 18-21 y 188-192 del expediente judicial)" (foja 200)

    Respecto a lo señalado por la recurrente cuando sostiene que los eventos deben ser analizados en cada caso y ponderados por la Autoridad Reguladora para determinar si son constituyen o no sucesos que puedan ser catalogados como eximentes de responsabilidad, de conformidad con el artículo 2 del Anexo A de la Resolución 3712-Elec de 28 de julio de 2000, sostiene el Procurador de la Administración que el acápite 1.5.1. del Anexo B de la Resolución JD-764 de 8 de junio de 1998, adicionado por la Resolución JD-4466 de 23 de diciembre de 2003, en concordancia con la Resolución 3712 antes referida, "enumera las pruebas que deben ser aportadas por las empresas distribuidoras para sustentar sus solicitudes de eximencias, algunas de las que, es preciso advertir, no fueron suficientes para acreditar los acontecimientos descritos por las demandantes en sus peticiones y en su recurso de reconsideración. (Cfr. 189 del expediente judicial)" (foja 201)

    Por tanto, del análisis de las decisiones proferidas por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, así como sus actos confirmatorios, se concluye que si fueron debidamente motivadas.

    Asimismo destaca de lo manifestado en el informe de conducta que rinde el Administrador General de la Autoridad, "se infiere que a través de las pruebas aportadas por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET), no se logró demostrar la existencia de una relación de causa y efecto entre los eventos aducidos como de fuerza mayor o caso fortuito, y el incumplimiento por parte de la empresa distribuidora, en cuanto a su obligación de prestar un suministro de energía eléctrica de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio técnico y del servicio comercial," conforme lo estipula el artículo 3 del Anexo A de la Resolución AN 3712-Elec de 28 de julio de 2010, "ya que la Autoridad reguladora no pudo corroborar que dichas pruebas, constituidas en su mayoría por una breve descripción del acto, los datos relatados por un testigo y algunas fotos, correspondieran a las incidencias ocurridas", así como tampoco pudo sustentar que las interrupciones obedecieran a hechos escapaban del control de la concesionaria o que fueran ocasionadas por un tercero. (foja 205)

    Todo lo anterior, le permite a la Procuraduría de la Administración solicitar "a los H.M. se sirvan declarar que NO ES ILEGAL la Resolución 11954-Elec de 20 de diciembre de 2017, emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, y en consecuencia, se denieguen las pretensiones de la empresa demandante." (foja 208)

  5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

    La firma forense GALINDO, ARIAS & LOPEZ, apoderados judiciales de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A., de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 61 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, presentó su escrito de alegatos de fondo, en el que reiteró los hechos y las consideraciones que sirvieron de sustento al momento de presentar el libelo de su demanda, según se aprecia de foja 340 a 360 del expediente judicial.

    De igual manera, el Procurador de la Administración a través de la Vista Número 563 de 30 de mayo de 2019, presenta alegato de conclusión, oportunidad que le permite reiterar lo expresado en su escrito de contestación, cuando afirmo que no le asiste la razón a la actora en lo que respecta a su pretensión, por lo que solicita respetuosamente se sirva declarar que NO ES ILEGAL el acto impugnado, y en consecuencia, se denieguen las pretensiones.

  6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

    Cumplidos los trámites previstos para estos procesos, corresponde a los integrantes de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia pasar a dirimir el fondo del presente litigio.

    Competencia de la S.:

    En primer lugar, resulta relevante señalar que esta S. de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción promovida por la firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, en nombre y representación de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A., con fundamento en lo que dispone el artículo 206, numeral 2, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 97, numeral 1, del Código Judicial y el artículo 42B de la Ley No. 135 de 1943, conforme fue reformado por la Ley No. 33 de 1946.

    Legitimación Activa y Pasiva:

    En el caso que nos ocupa, el acto demandado es de carácter individual, por lo que comparece a obtener la reparación por la supuesta lesión de derechos subjetivos que sufrió, la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A., en virtud de la Resolución AN No. 11954-Elec de 20 de diciembre de 2017, proferida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, confirmada por la Resolución AN No. 12047-Elec de 24 de enero de 2018.

    En ese mismo orden de ideas, el acto demandado fue emitido por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, con fundamento en la Ley 26 de 29 de enero de 1996, modificada por el Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006, Ley 6 de 3 de febrero de 1997, y sus reglamentos, por lo que interviene como sujeto pasivo en el presente proceso contencioso-administrativo de plena jurisdicción.

    Y por último, la Procuraduría de la Administración, en la demanda de plena jurisdicción, por disposición del artículo 5, numeral 2 de la Ley No.38 de 31 de julio de 2000, actúa en defensa de los intereses del Estado.

    Problema Jurídico:

    Como se encuentra plasmado en párrafos anteriores, la parte actora demanda la nulidad de la Resolución AN No. 11954-Elec de 20 de septiembre de 2017, emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y su acto confirmatorio, contenido en la Resolución AN No. 12047-Elec de 24 de enero de 2018.

    De lo planteado por la parte actora, los cargos de ilegalidad se fundamentan esencialmente, en que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos incurre en la infracción de los artículos 1, 8, 10 y 11 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, al momento que realiza el examen de los medios de prueba que aporta la empresa EDEMET en el trámite de solicitudes de eximencias por las interrupciones del servicio eléctrico ocurridas en el mes de septiembre de 2017, la entidad demandada no le concede el valor probatorio que prevé el ordenamiento jurídico.

    Asimismo señala el actor que la ASEP infringió los artículos 34, 38, 146, 155, todos de la ley 38 de 31 de julio de 2000, al no motivar adecuadamente la decisión impugnada y su acto modificatorio.

    Por último, sostiene el demandante, que la actuación de la ASEP contraviene el artículo 4 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, tal como fue modificado por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, pues a su juicio, el rechazo de un número plural de eximencias cuya duración de interrupción sea igual o menor de 3 minutos, demuestra la omisión de la norma, toda vez que no debieron ser rechazadas.

    Cuestión Previa.

    Para abordar el estudio del problema, analizaremos brevemente el contenido de la Resolución No. 3712 de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, dictadas por la ASEP, por la cual se deroga la Resolución No. JD-3110 de 19 de diciembre de 2001 y se aprueba el nuevo procedimiento para determinar la calificación de fuerza mayor o caso fortuito como eximentes de responsabilidad para las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

    En materia de suministro de energía eléctrica, en el numeral 1 del artículo 12 del Texto Único de la Ley 6 de 1997, se establecen los deberes y obligaciones de las empresas prestatarias del servicio de electricidad, que procura que tales compañías garanticen el servicio que brindan y se efectúe de manera continua y eficiente, no obstante, la autoridad contempló un procedimiento aplicable a dichas compañías que le permitan justificar si la interrupción suscitada en cuanto a la prestación del servicio de electricidad, para que la Autoridad reguladora determine calificar esos eventos por fuerza mayor o caso fortuito, como eximentes de responsabilidad, para cualquier tipo de interrupción que aconteciera en la prestación del servicio público de electricidad.

    Las empresas de distribución y transmisión presentarán las solicitudes de eximencias por causa de fuerza mayor o caso fortuito ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), a través de su página W. o el sistema informático vigente de la Base Metodológica, y en caso de ser imposible transmitir la información por inconveniente a través de la herramienta tecnológica que brinda la Autoridad, deberán hacer la notificación mediante nota, que indique el número de interrupción que no pudo ser reportada en el término establecido por ley.

    Con dichas solicitudes deberán aportar las pruebas que demuestren que el evento descrito fue de naturaleza imprevisible, irresistible, extraordinaria y además externa a la empresa y a la propia red, para que cada caso sea analizado y ponderado por la entidad reguladora y éste a su vez determine, si los mismos constituyen o no eventos eximentes de responsabilidad.

    De igual manera, las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía, deberán entregar la documentación o pruebas que sean conducentes para enmarcar, bajo el concepto de fuerza mayor o caso fortuito, los eventos registrados. También podrán sustentar que utilizaron todas las medidas para minimizar la ocurrencia de los hechos que constituyen la fuerza mayor o el caso fortuito, tomando en cuenta que en la industria eléctrica existen riesgos comunes y usuales que pueden ser previstos.

    Además, deberán demostrar la relación causa y efecto entre los eventos aducidos como fuerza mayor o caso fortuito y el cumplimiento de la obligación de prestar un servicio de suministro de energía eléctrica, de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial.

    Una vez recibida toda la documentación, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos determinará mediante Resolución, si procede la aceptación o el rechazo de las causales de fuerza mayor o caso fortuito invocadas.

    Teniendo en consideración lo antes expuesto, y analizando los cargos de ilegalidad que alega el recurrente, la disconformidad se centra en tres (3) aspectos:

    1. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no le concede el valor probatorio que la norma le otorga a las pruebas aportadas por EDEMET, que acreditan la existencia de hechos enmarcados como fuerza mayor o caso fortuito, y estima que dicha actuación administrativa infringe los artículos 1, 8, 10 y 11 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2011, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011.

    2. La insuficiente motivación del acto administrativo impugnado y su acto confirmatorio, infringe los artículos 34, 38, 146, 155, numeral 1 del artículo 201 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.

    3. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no consideró todas las interrupciones cuya duración es igual o menor de tres minutos, y que no debieron ser rechazadas, fundamentándose en el artículo 4 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011.

      -Los artículos 1, 8, 10 y 11 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2011, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, desarrollan lo siguiente: el concepto y alcance de los términos F.M. y Caso Fortuito, la forma de comunicación a la Autoridad de las interrupciones a la prestación del servicio de energía eléctrica (a través de su página web o el sistema informático vigente de la Base Metodológica), que las solicitudes deben ser presentadas con todas las pruebas que sean conducentes para enmarcar en el concepto de fuerza mayor o caso fortuito en relación las interrupciones habidas en el mes calendario anterior, en la forma prevista por el Anexo C, y por último, si se presentan como prueba declaraciones juradas del personal, deberán ser presentadas conforme el formulario electrónico contenido en el Anexo D.

      Las normas en referencia, tienen por finalidad describir cómo deben las empresas de transmisión y/o de distribución, presentar o remitir las solicitudes de eximencias con las pruebas que acrediten su exclusión de responsabilidad por las interrupciones a la prestación del servicio público de electricidad, a fin de que, posteriormente las mismas sean valoradas por la Administración y decidan si los eventos acaecidos se enmarcan en la calificación de caso fortuito o fuerza mayor.

      Considerando este marco jurídico, al analizar esta S. el concepto de infracción que alega la parte actora, su disconformidad radica en que, habiendo éste cumplido los parámetros de presentación de las solicitudes de eximencias, conforme lo dictamina el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico vigente, y que se ajusta a las normas antes mencionadas, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no le concedió el valor probatorio a las mismas, lo que conllevó la decisión que es objeto de impugnación.

      En este punto, es prudente indicar que haciendo un revisión de la norma aplicable, la actividad de valorar la prueba que hace la Administración, se debe ceñir a lo preceptuado en el artículo 2 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 2010, el cual dispone: "para la evaluación y aceptación, por parte de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), de las solicitudes de eximencias por causa de fuerza mayor o caso fortuito, las empresas de distribución y transmisión deben demostrar que el evento fue de naturaleza imprevisible, irresistible, extraordinaria y además externa a la empresa y a la propia red."

      De igual manera, las empresas de distribución y transmisión deberán, de conformidad con el artículo 3 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de junio de 2010 y su modificación, aportar la documentación que sustente que utilizaron todas las medidas para minimizar la ocurrencia de los hechos que constituyen la fuerza mayor o el caso fortuito, tomando en cuenta que en la industria eléctrica existen riesgos comunes y usuales que pueden ser previstos; además deberán demostrar la relación de causa y efecto entre los eventos aducidos como fuerza mayor o caso fortuito y el cumplimiento de la obligación de prestar un servicio de suministro de energía eléctrica, de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial.

      Asimismo, la empresa de transmisión y/o distribución deberá acompañar las solicitudes de eximencias con todas las pruebas que sean conducentes para enmarcar, bajo el concepto de fuerza mayor o caso fortuito, los eventos registrados. (Cfr. Artículo 14 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de junio de 2010, y su modificación).

      Dicho esto, la carga de la prueba de los hechos que determinen la presencia de una causa de exclusión de responsabilidad, de disculpa o de exclusión de la culpabilidad en la interrupción de la prestación del servicio público de electricidad, recae en la empresa de transmisión y/ o distribución y no en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

      Siendo así las cosas, esta Colegiatura, al revisar el acto administrativo impugnado y las constancias procesales, advierte que al momento en que la Autoridad Reguladora se pronuncia, hace referencia a la actividad probatoria dentro del proceso, y consideró las pruebas que la parte aportó al proceso de calificación, con la finalidad de que fuesen analizadas y ponderadas, para determinar si las mismas podían acreditar el hecho establecido en cada solicitud de eximencias, no obstante, sostiene el actor que la entidad demandada, después de haber realizado la actividad valorativa, consideró, en términos generales que las pruebas aportadas eran inconducentes, es decir, que las mismas carecen de toda relación, expresa o tácita con la afirmación de la empresa EDEMET, o bien que los medios de pruebas que aportaron en el procedimiento de calificación de eximencias de responsabilidad no fueron los adecuados para el logro de su finalidad.

      Sin embargo, dicha aseveración de la parte actora es contraria a lo que nos evidencia el expediente administrativo, pues, si bien es la ASEP, en el acto objeto de impugnación y su acto confirmatorio, se expresa de forma general, también se pronuncia de forma individual, respecto a cada solicitud de eximencia presentada, donde expone el motivo de rechazo de la misma, lo que le permite a la empresa EDEMET, conocer las razones que dieron como resultado la calificación de la solicitudes de eximencias de responsabilidad por caso fortuito y fuerza mayor.

      En efecto, la Administración determinó que la empresa debía aportar las pruebas conducentes para demostrar sus alegaciones. En relación a la conducencia de la prueba, el jurista J.F., en su obra la Teoría de la Prueba, señala que esto significa que la prueba se contrae al objeto del proceso, es decir, al thema probandum, esto es que sea "pertinente". Se rechaza la prueba que carece de toda conexión con los hechos afirmados por las partes." (FÁBREGA, J.. Teoría General de la Prueba. Ediciones Jurídicas G.I.. 2da. Edición. Página 234)

      De lo antes expuesto, hemos de indicar que a esta instancia jurisdiccional no le corresponde verificar si se dio una valoración adecuada sino, si se realizó la actividad valorativa, y con base a ello, se adoptó una decisión.

      Hay que tener en cuenta que la labor del Tribunal es ejercer un control judicial de legalidad sobre la actuación de la Administración, pues el ejercicio valorativo, le corresponde a la Administración quien es el organismo técnico, especializado para determinar en primera instancia, tal y como lo hizo la entidad; ahora bien, la forma en que debe acreditar el caso fortuito y fuerza mayor, para que sea aceptada la solicitud de eximencia de responsabilidad, es atribuible a la empresa de distribución o transmisión; esto en ponderación con las obligaciones que la empresa adquirió con las concesiones del servicio público, de garantizar que la prestación del mismo se realice de forma contínua, eficiente y de calidad, como se le advierte a la empresa en el punto 7.16 así:

      "7.16. Se debe resaltar que es obligación de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET) adoptar las medidas necesarias para mantener los niveles de confiabilidad y calidad del servicio de energía que corresponde a su concesión, como programas permanentes de poda en sectores de la línea, limpieza cuando la contaminación lo amerite, etc."

      Esta observación que hace la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, es de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del Texto Único de la Ley 6 de 1997, relativo a los deberes y obligaciones de las empresas prestatarias del servicio de electricidad, donde es necesario que tales compañías garanticen que el servicio que ellas brindan se efectúen de manera continua y eficiente. Así las cosas, la prenombrada disposición señala lo siguiente:

      Artículo 12. Deberes y obligaciones. Los prestadores del servicio público de electricidad tendrán los siguientes deberes y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan otras disposiciones legales:

    4. Asegurar que el servicio se preste en forma contínua y eficiente y sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al cliente o frente a terceros.

    5. ...." (El resaltado es de la S.)

      De igual manera, esta acotación que le hace el Ente Regulador a la empresa distribuidora en el acto impugnado, constituye una obligación prevista en el contrato de concesión, específicamente en la Cláusula 17ª del Contrato de Concesión No. 70-13 de 19 de septiembre de 2013, suscrito entre el Estado y la Empresa de Distribución Metro - Oeste, S.A. (EDEMET), que señala:

      "CLÁUSULA 17ª. PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. El CONCESIONARIO deberá prestar el SERVICIO PÚBLICO, dentro de su Zona de Concesión, en forma regular y contínua conforme a las mejores prácticas de la industria y de acuerdo a los niveles de calidad establecidos por la normativa vigente, teniendo los clientes y grandes clientes los derechos establecidos o que se establezcan en las leyes y/o resoluciones pertinentes. En particular esto incluye efectuar las inversiones técnicas y económicamente eficientes y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los valores objetivos correspondientes a los niveles de calidad establecidos." (El resaltado es de la S.)

      Cabe agregar también la cláusula 35ª del Contrato de Concesión No. 70-13, antes mencionado, la cual hace referencia a las normas de calidad de servicio, así:

      CLÁUSULA 35ª. NORMAS DE CALIDAD DEL SERVICIO. El CONCESIONARIO se obliga a (i) dar cumplimiento a los niveles y metas de calidad de servicio en los términos y condiciones establecidos en las normas y regulación vigentes incluidas en el RD, (ii) conservar y mantener sus instalaciones en condiciones adecuadas para un eficiente funcionamiento, y (iii) garantizar la calidad, seguridad y continuidad de los servicios contenidos en el presente CONTRATO por el término de éste.

      El CONCESIONARIO no podrá invocar ignorancia sobre los aspectos relacionados con la prestación del SERVICIO PÚBLICO en la Zona de Concesión, como causal de incumplimiento a las obligaciones derivadas de este CONTRATO.

      De los anteriores planteamientos se deduce que, en este tipo de procedimiento, y frente a las obligaciones que tiene la empresa prestadora del servicio público, a nivel legal y contractual, le incumbe a la parte acreditar los hechos que afirma existieron para sustentar que los mismos pueden ser enmarcados como fuerza mayor o caso fortuito, con las pruebas aportadas, no obstante, la Autoridad consideró que éstas no eran suficientes para acreditar que las interrupciones que se dieron en el mes de septiembre de 2017, se enmarcaban en la calificación de fuerza mayor o caso fortuito, para ser aceptadas.

      Siendo así las cosas, al no poder sustentar en debida forma, las solicitudes de eximencias de responsabilidad por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, el mismo Contrato de Concesión No. 70-13, advierte las consecuencias que se derivan de la no prestación del servicio de forma continua y de calidad, así:

      "CLÁUSULA 41ª. RESPONSABILIDADES. El CONCESIONARIO será responsable por todos los daños y perjuicios causados a terceros y/o bienes, propiedades de éstos, inclusive si el daño es a la AUTORIDAD y/o bienes propiedad de la misma, como consecuencia de la prestación deficiente del SERVICIO PÚBLICO y/o incumplimiento de las obligaciones contenidas en la LEY y en el CONTRATO.

      Sin perjuicio de las responsabilidad de carácter penal y civil que puedan ser exigidas al CONCESIONARIO, éste podrá ser sancionado por la AUTORIDAD, con multas y otras sanciones según lo previsto en el presente CONTRATO."

      Por consiguiente, somos del criterio que se resalta en el acto impugnado la obligación de la concesionaria de justificar, a través de pruebas suficientes, que las interrupciones del servicio de electricidad se debieron a la presencia de circunstancias fuera de su control, es decir, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, y al ser evidente que la actividad valorativa por parte de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, fue ejercida en relación a las pruebas aportadas por la empresa EDEMET, este Tribunal debe concluir que los cargos de infracción en relación a los artículos 1, 8, 10 y 11 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2011, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011 deben ser desestimados.

      - Los artículos 34, 38, 146, 155, todos de la Ley 38 de 31 de julio de 2000. El actor al desarrollar el concepto de infracción de los artículos mencionados, circunscribe su disconformidad a que la ASEP al negar las solicitudes de eximencias que justifican los episodios de interrupción, no cumplió con dar a su negativa, la motivación y explicación mínima, racional, proporcional, congruente y objetiva de los elementos probatorios y jurídicos del caso concreto. Tampoco hizo una relación de los hechos y el derecho que da fundamento a su decisión, es decir, no se evidencia una motivación suficiente, lo que a consideración del actor, causa la ilegalidad de la resolución.

      Ante la situación planteada, debemos cuestionarnos qué comprende motivar un decisión adecuadamente?

      Teniendo en cuenta dicha interrogante, hemos de empezar proporcionando una definición del concepto MOTIVAR, citando lo que nos expone el jurista G. de Enterría cuando indica que "motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y en su lugar, a razonar como tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto."

      De lo expuesto se advierte que el contenido de la motivación se refiere principalmente los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto administrativo, no resultando admisible el simple señalamiento de las normas legales aplicables, sino que debe ser lo suficientemente explicita y con un análisis de la situación que permitan que el acto se baste a sí mismo; habrá de ser lo suficientemente claro, y que incluso justifique el contenido u objeto de la decisión.

      Basándonos en los aspectos doctrinales la motivación debe justificar, ante el destinatario del acto en cuestión, que la Administración ha apreciado los verdaderos y correctos antecedentes de hecho existentes y conocidos, así como ha considerado el derecho aplicable al caso particular y, que como consecuencia de todo ello, ha resuelto de la única manera posible, lo que se ha expresado en el acto administrativo.

      En ese sentido, el jurista M.M. considera que "la motivación debe contener una relación de las circunstancias de hecho y de derecho que determinaron la emanación del acto. Es la motivación ideal o perfecta. Pero no es necesaria una relación analítica o circunstanciada; basta una relación sucinta, siempre que sea ilustrativa. En dos palabras: la motivación idónea o eficaz requiere que ella sea "suficiente" para apreciar con exactitud los motivos determinantes del acto." (MARIENHOFF, M.. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Abeledo-Perrot. Año 1993, páginas 335-336)

      Por las consideraciones doctrinales expuestas, esta S. procede a analizar los actos administrativos objeto de impugnación, determinando que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos al proferir los mismos, motivó de forma idónea o eficaz, es decir, suficiente, pues se puede apreciar las razones o los motivos que determinaron el rechazo de las solicitudes de eximencias presentadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A. (EDEMET).

      Se arriba a dicha conclusión, pues de la lectura de la Resolución AN No. 11954-Elec de 20 de diciembre de 2017, el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en el punto 7.1 y 7.2 expone el fundamento en derecho para proceder a la evaluación de las pruebas de las DOS MIL DOCIENTOS OCHENTA Y TRES (2,283) solicitudes de eximencias por causa de caso fortuito y fuerza mayor, y determinar que rechaza DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS (2,282) y se acepta UNA (1).

      Así mismo en los puntos 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 y 7.12 se establecen las razones que motivaron a la entidad el rechazo de las incidencias, en los siguientes términos:

      "7.4 Con respecto a las MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y OCHO (1478) incidencias rechazadas identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 1", debemos indicar que las pruebas aportadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET) no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.

      7.5 En cuanto a las CINCUENTA Y CUATRO (54) incidencias rechazadas identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 2", las pruebas aportadas no son suficientes ya que la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET) no demostró plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.

      7.6 En referencia a los CUATROCIENTOS VEINTISIETE (427) eventos rechazados identificados en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 3", las pruebas aportadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET) indican que el evento fue ocasionado por falta de poda, por lo cual les correspondía mantener la red en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.

      7.7 En cuanto a los SESENTA Y SEIS (66) eventos rechazados identificados en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 4", las pruebas presentadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET) demuestran que la distribuidora no adoptó las medidas previsoras necesarias para evitar las incidencias o al menos minimizarlas.

      7.8 Respecto a las SESENTA Y UNO (61) incidencias rechazadas identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 5", las pruebas presentadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET) no evidencia que adoptó las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.

      7.9 En referencia a los CIENTO NUEVE (109) eventos rechazados identificados en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 6", las pruebas presentadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET) demuestran que la distribuidora no adoptó las medidas previsoras necesarias para evitar las incidencias o al menos minimizarlas.

      7.10 En cuanto a las TREINTA Y CUATRO (34) incidencias identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 7", las pruebas aportadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET) no demuestran plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.

      7.11 Sobre las DIECIOCHO (18) incidencias rechazas (sic) identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 9", las pruebas aportadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), la prueba aportada por la empresa distribuidora no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.

      7.12 Sobre las TREINTA Y CINCO (35) incidencias rechazadas identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 10", las pruebas aportadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), son previsibles, ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.

      7.13..." (fojas 19-20)

      Para finalmente concluir en los puntos 7.13, 7.14 y 7.15, en primer lugar que "las pruebas aportadas por la empresa distribuidora deben reflejar que los trabajos continuos de mantenimiento a las líneas; sin embargo, la información brindada no demuestra que dicho trabajo se ha realizado, máxime que el 18% de los casos presentados corresponde a la eximente de poda; en segundo lugar que, " las eximencias presentadas con mayor frecuencia por la empresa distribuidora son los vientos fuertes, que al igual que la poda, reflejan la falta de mantenimiento a las redes de distribución por parte de la empresa, ya que la primera es consecuencia de la segunda; y por último, "...la presencia de animales en las líneas de distribución; sin embargo, las pruebas aportadas como son fotografías no son claras ni dan la información precisa del acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fuese imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red, y en muchas ni siquiera se observa animal alguno.". (foja 20)

      En el anexo A de la Resolución AN No. 11954-Elec de 20 de diciembre de 2017, emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, visible a fojas 22 a 167, la entidad demandada, de manera individualizada, expone el motivo del rechazo de cada solicitud de interrupción que fuese presentada por EDEMET, correspondiente a las interrupciones del servicio público de electricidad que se suscitaron en el mes de septiembre de 2017.

      Atendiendo a todo lo antes señalado, este Tribunal estima que la motivación realizada por la Administración, la cual consistió en una explicación precisa y clara de los motivos que la condujeron a rechazar las solicitudes de eximencias presentadas por EDEMET, situación que le permite al administrado comprender el razonamiento de la entidad demandada, para la emisión del acto administrativo que es objeto de examen; por ende, es evidente que la autoridad demandada realizó un ejercicio valorativo de las pruebas aportadas en cada una de las solicitudes, en consecuencia, se desestiman los cargos de ilegalidad invocados en relación a los artículos 34, 38, 146, 155, todos de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.

      Por último, con relación a la supuesta infracción que alude el actor, respecto el artículo 4 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011; este Tribunal estima que el mismo no es aplicable en la decisión que es objeto de impugnación proferida por la Autoridad de los Servicios Públicos, al momento de analizar y evaluar las solicitudes de eximencias por fuerza mayor o caso fortuito que son presentadas por las empresas prestadoras del servicio público.

      Se indica lo anterior, toda vez que de la lectura de la excerta legal, la misma hace referencia al cómputo de los indicadores de confiabilidad para la calidad del servicio técnico, y no en relación al trámite de calificación de las interrupciones del servicio público de electricidad originados por casos de fuerza mayor o caso fortuito, actuación administrativa de la cual se revisa su legalidad.

      Siendo así las cosas, esta Corporación de Justicia, estima que este cargo de violación no está llamado a prosperar, tal como se ha expresado, la norma invocada por el actor no es aplicable en el procedimiento administrativo objeto de examen.

      Con fundamento en los razonamientos esbozados en la presente decisión, esta Corporación de Justicia arriba a la conclusión de desestimar los argumentos de ilegalidad planteados por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, a través de sus apoderados judiciales.

      En mérito de lo expuesto, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución AN No. 11954-Elec de 20 de diciembre de 2017, proferida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, así como su acto confirmatorio, dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense GALINDO, ARIAS & LOPEZ, en nombre y representación de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA METRO OESTE, S.A. (EDEMET), en consecuencia, niega las demás declaraciones.

      N.;

      ABEL AUGUSTO ZAMORANO

      CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

      KATIA ROSAS (Secretaria)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR