Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Agosto de 2020

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución24 de Agosto de 2020
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 24 de agosto de 2020

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 03-20

VISTOS:

Conoce el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, el Recurso de Apelación interpuesto por el Procurador de la Administración en contra de la Providencia de 21 de enero de 2020, por medio de la cual el Magistrado S. admitió la Demanda Contencioso Administrativa presentada por la Licenciada I.R.P., actuando en nombre y representación de Eyra Mercedes NG Shouwe, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 163 de 1 de octubre de 2019, emitido por el Ministerio de Obras Públicas, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

  1. RECURSO DE APELACIÓN

    A fojas 28 a 32 se encuentra visible la Vista Número 307 de 2 de marzo de 2020, contentiva del Recurso de Apelación interpuesto por el Procurador de la Administración y en su escrito de sustentación solicita a la Sala Tercera, que se REVOQUE la providencia de 21 de enero de 2020, que admite la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, y en su lugar, NO SE ADMITA la misma.

    Expone el Representante del Ministerio Público que su disconformidad con la precitada admisión radica en que, a su juicio, "La demandante no cumple a cabalidad con el requisito de admisibilidad previsto en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943".

    Sostiene que la demandante incluyó entre sus pretensiones una que versa sobre unos supuestos salarios dejados de percibir, los cuales no resulta viable conceder debido a la inexistencia de una Ley especial que así los disponga, situación a que, desde su óptica, desatiende lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, conforme quedó modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que se refiere a "Lo que se demanda".

    Así mismo, manifiesta que la actora solicita el reconocimiento del pago de vacaciones vencidas y proporcionales, décimo y demás derechos que le aduce le corresponden; sin embargo, no indica cuánto es el monto que, a su consideración, le asiste en concepto de dichos derechos reclamados; situación que, en su opinión, limitaría la oportunidad de someter al contradictorio la pretensión de la accionante, en lo que respecta a la cuantía a pagarle en caso que el Tribunal acceda a dicha pretensión.

    De allí entonces que el Ministerio Público arguye que la Demanda resulta improcedente, por lo tanto, le solicita a este Tribunal de Apelación la aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, como fundamento para la revocatoria de su admisión.

  2. OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

    La apoderada Judicial de Eyra NG Showe, mediante escrito visible a fojas 34 y 35, se opuso al Recurso de Apelación promovido por el Procurador de la Administración.

    La opositora indica que la demanda incoada cumple con todos los presupuestos de admisibilidad establecidos en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, y que en lo referente a "Lo que se demanda", queda claro que la Acción va dirigida a la declaratoria de nulidad de la resolución acusada y que, en consecuencia, se restablezca el derecho subjetivo afectado con tal acto.

    Es por ello que solicita al resto de los Magistrados que componen la Sala rechazar el Recurso de Apelación presentado, y que en su lugar, se confirme la Admisión decretada por el Magistrado S..

  3. ANÁLISIS Y DECISIÓN DEL RESTO DE LA SALA.

    Una vez analizados los argumentos vertidos por la Procuraduría de la Administración y el opositor a la apelación, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, como Tribunal de segunda instancia procede a resolver el recurso incoado, previa las consideraciones que se anotan en líneas posteriores.

    Observa este Despacho que a través de la Providencia de 21 de enero de 2020, el Magistrado S. admitió la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, entendiéndose que la misma cumple con los requisitos de admisibilidad de toda Acción que se interponga ante esta jurisdicción.

    No obstante, el Procurador de la Administración estima que se ha incumplido el requisito de admisibilidad exigido en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946.

    Ahora bien, este Tribunal de Alzada, al leer con detenimiento el líbelo de demanda, determina que la actora ha cumplido con lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, adicionado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, por cuanto ha confeccionado un apartado denominado "Lo que se demanda", y en dicho apartado, visible a fojas 2 y 3 del expediente judicial, la recurrente pide a esta instancia jurisdiccional, a través de los tres (3) numerales que lo componen, no sólo que sea declarado nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 163 de 1 de octubre de 2019, sino también solicita el restablecimiento del derecho subjetivo que estima violado.

    El razonamiento expuesto en el párrafo precedente, evidencia que la pretensión de la actora va encaminada a la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado y, como consecuencia de ello, se restablezca el derecho subjetivo que estima lesionado con la expedición del tal acto, siendo ella la vía adecuada para interponer ante esta Sala la Acción de Plena Jurisdicción, tal como lo establece la Ley Contencioso Administrativa.

    Bajo este marco de ideas, este Tribunal de Alzada considera que la recurrente ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley No. 135 de 1943, modificado por la Ley 33 de 1946, así como también a lo preceptuado en el artículo 43 A de la Ley No. 135 de 1943, modificado por la Ley 33 de 1946, el cual claramente señala:

    "Artículo 43a. Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda" (lo resaltado es del Tribunal)".

    De este modo, de conformidad a lo anteriormente expuesto, somos de la opinión que, ciertamente, se corrobora del libelo de la Demanda, específicamente en el apartado de "lo que se demanda", que la parte actora expresa con claridad lo que se demanda y sus pretensiones, por tanto, no compartimos el argumento esbozado por la Procuraduría de la Administración.

    Y es que la censura del Representante del Ministerio Público corresponde a aspectos que ciertamente requieren de un análisis por parte de la Sala, que será externado a través de un pronunciamiento en el fondo de la controversia, en virtud que, de acoger los presupuestos de inconformidad expuestos por el apelante, este Tribunal de Apelaciones estaría ponderando cuestiones de índole sustancial, materia que debe ser ventilada en un momento procesal determinado (al resolver fondo), motivo por el cual deben desestimarse.

    Es importante reiterar que en esta etapa sólo debe examinarse si el Auto de Admisión, se ajusta a Derecho, es decir, si la Demanda presentada ha cumplido con los requisitos formales para ser admitida, específicamente en lo señalado por el apelante, de conformidad a lo contenido en el numeral 2 del artículo 43 y 43 A de la Ley 135 de 30 de abril de 1943, en concordancia con lo establecido en la Jurisprudencia.

    En base a las consideraciones expresadas, este Tribunal de Apelación no considera viable que se revoque la decisión del S., tal y como lo solicita el recurrente, toda vez que se ha comprobado que la demanda cumple con los requisitos de forma que están expresamente exigidos por la norma, así como en la jurisprudencia; por ende, ante tales circunstancias, lo consecuente es continuar con el trámite correspondiente.

    Por razón de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Providencia de 21 de enero de 2020, por medio del cual SE ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa presentada por la Licenciada I.R.P., actuando en nombre y representación de Eyra Mercedes NG Shouwe, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 163 de 1 de octubre de 2019, emitido por el Ministerio de Obras Públicas, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

    N.,

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    KATIA ROSAS (Secretaria)