Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 7 de Febrero de 2020

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución 7 de Febrero de 2020
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 07 de febrero de 2020

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 676-19

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de los Magistrados de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción presentada por la firma forense CAMARENA, MORALES & VEGA, en nombre y representación de COMPAÑÍA ELENCIA, S.A., y FUNDACIÓN CONFRATELLI, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° ANATI 4-0685 de 21 de mayo de 2013, emitida por la AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, y para que se hagan otras declaraciones.

  1. AUTO APELADO.

    Es el Auto de 4 de septiembre de 2019, mediante el cual el M.S. no admitió la referida demanda, por lo que a continuación se cita:

    "Al proceder el M.S. a revisar el acto administrativo impugnado que es la Resolución N° ANATI 4-0685 de 21 de mayo de 2013, expedida supuestamente por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, se puede percatar que la parte actora no aportó junto con el libelo de demanda, la copia autenticada del acto administrativo presuntamente impugnado o acusado, que es la Resolución N° ANATI 4-0685 de 21 de mayo de 2013.

    En consecuencia, la parte actora ha incumplido con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 135/1943, que establece lo siguiente:

    ...

    La importancia de la presentación de la copia autenticada del acto administrativo impugnado permite determinar que en efecto la resolución tiene existencia al haber sido emitida por una entidad pública del Estado, y por otra parte le permite comprobar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que su contenido no ha sido alterado o variado.

    Tampoco puede determinar el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y Laboral, que el apoderado judicial de la parte actora haya presentado en tiempo, los correspondientes recursos de impugnación (reconsideración-apelación) dentro de la vía administrativa o gubernativa a fin de que la administración pública hubiera podido revisar sus propios actos administrativos y revocarlos en el supuesto que ello así diera lugar. Lo anterior es de vital importancia, toda vez que le permitirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinar también si la parte accionante ha agotado o no la vía gubernativa en una acción de plena jurisdicción.

    Aunado a lo anterior, el M.S. debe indicarle a la parte actora, que es importante aportar la copia autenticada de los actos administrativos impugnados y confirmatorios, toda vez que le permite determinar al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, si finalmente luego de haberse dado la correspondiente notificación del acto administrativo impugnado, la acción de Plena Jurisdicción se encuentra o no prescrita de conformidad con lo establecido en el artículo 42-B de la Ley 135/1943.

    ..." (fs. 61-63 del expediente).

  2. RECURSO DE APELACIÓN

    La parte actora, en tiempo oportuno, anunció y sustentó un Recurso de Apelación contra el Auto de 4 de septiembre de 2019, basado en los siguientes argumentos:

    "DUOCÉDIMO: Respecto al señalamiento realizado en el sentido que no aportamos copia debidamente autenticada de la Resolución Anati 4-0685 de 21 de mayo de 2013, destacamos que SÍ CUMPLIMOS DICHO REQUISITO.

    Junto con nuestra demanda contenciosa presentamos como elementos de prueba, entre otros, copia debidamente autenticada del expediente administrativo de la solicitud de adjudicación formulada el señor L.K.H.Q., dentro de la cual numerada a páginas 27 y 28 de ese expediente, está la COPIA DEBIDAMENTE AUTENTICADA de la resolución cuestionada en esta sede, es decir, de la Resolución N° Anati 4-0685 de 21 de mayo de 2013.

DECIMOTERCERO

Respecto al señalamiento realizado en el sentido que no se ha podido determinar si agotamos la vía gubernativa, destacamos que SÍ CUMPLIMOS CON ACREDITAR ESA FORMALIDAD.

Nuestras representadas jamás fueron citadas al proceso de adjudicación promovido por el señor H.Q., por lo que no pudieron participar de esa actuación administrativa, de tal manera que no contaron con la oportunidad jurídica de cuestionar mediante recursos ordinarios (reconsideración o apelación), la Resolución N° Anati 4-0685 de 21 de mayo de 2013.

Nuestras representadas tuvieron conocimiento de la Resolución N° Anati 4-0685 de 21 de mayo de 2013, varios años después de su emisión e inmediatamente advirtieron su existencia y su evidente ilegalidad, acudieron ante la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, para presentar el único remedio ordinario que en ese momento contaban para cuestionar la Resolución N° Anati 4-0685 de 21 de mayo de 2013: Una solicitud de nulidad y/o revocatoria de acto administrativo, conforme la ley 38 de 31 de julio de 2000.

Es de anotar que esa vía de impugnación fue resuelta mediante Resolución ANATI-DAG-199 de 27 de junio de 2019; resolución que fue expresa y enfática en señalar que con la misma QUEDABA AGOTADA LA VÍA GUBERNATIVA, por lo cual no fue posible presentar ni que se nos recibiera ningún otro mecanismo recursivo.

Resaltamos que junto con nuestra demanda contenciosa también presentamos COPIA DEBIDAMENTE AUTENTICADA de la mencionada Resolución ANATI-DAG-199 de 27 de junio de 2019.

DECIMOCUARTO

Respecto al señalamiento realizado en el sentido que no se ha producido determinar si la acción se encuentra o no prescrita, destacamos que SÍ APORTAMOS CONSTANCIA PARA CERTIFICAR QUE PRESENTAMOS LA DEMANDA OPORTUNAMENTE.

Junto con nuestra demanda contenciosa presentamos COPIA DEBIDAMENTE AUTENTICADA del escrito de notificación de la Resolución ANATI-DAG-199 de 27 de junio de 2019, lo cual ocurrió para el 28 de junio de 2019.

Es decir, la Resolución ANATI-DAG-199 de 27 de junio de 2019, que fue la que declaró AGOTADA LA VÍA GUBERNATIVA, fue conocida o notificada el 28 de junio de 2019; y la demanda fue presentada el 26 de agosto de 2019, es decir, antes del vencimiento del término de dos (2) meses fijado en la Ley para promover la demanda.

..." (fs. 69-73 del expediente).

Por lo antes expuesto, la firma forense CAMARENA, MORALES & VEGA, apoderada judicial de COMPAÑÍA ELENCIA, S.A., y FUNDACIÓN CONFRATELLI, solicita al resto de los Magistrados que conforman la S. Tercera que revoquen el Auto de 4 de septiembre de 2019 y, en su lugar, admitan dicha demanda (f. 73 del expediente).

  1. OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

    De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 1137 del Código Judicial, en concordancia con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 2000, el Procurador de la Administración se opuso a la alzada promovida, actuación ésta que dejó consignada en la Vista N° 1171 de 25 de octubre de 2019, en la cual solicitó al resto de los Magistrados que integran la S. Tercera que confirmen el Auto de 4 de septiembre de 2019, mediante el cual no se admitió la demanda de plena jurisdicción en estudio, por lo siguiente:

    "El demandante no aportó copia debidamente autenticada del acto demandado con las constancias de su notificación.

    La oposición de la Procuraduría de la Administración a la admisión, se fundamenta en el hecho que la actora ha incumplido con el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, modificada por la ley 33 de 1946, en concordancia con el artículo 833 del Código Judicial.

    Lo anterior es así puesto que el recurrente dirige su acción en contra del acto administrativo contenido en la Resolución ANATI 4-0685 de 21 de mayo de 2013; sin embargo, se observa que el documento aportado a pesar de haber sido autenticado por el custodio del original, el mismo carece de constancia de notificación...

    Igualmente, se advierte que la acción objeto de análisis también incumple el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, pues las recurrentes tampoco gestionaron, por medio de una petición, al M.S. para que, antes de admitir la demanda, ésta solicitara copias de los actos objeto de reparo con sus respectivos sellos de notificación...

    ...

    En este escenario, vale la pena señalar que al no constar los actos acusados con los sellos de notificación, le imposibilita a este Despacho y, por consiguiente, al Tribunal saber con exactitud si la acción en examen, se encuentra dentro del término de los dos (2) meses que contempla el artículo 42b de la Ley 135 de 1943, tiempo con el que cuenta el actor para recurrir ante la S. Tercera.

    ..." (fs. 75-81 del expediente).

  2. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA

    Una vez determinado el fundamento del Recurso de Apelación interpuesto contra el Auto de 4 de septiembre de 2019, que no admitió la Demanda de Plena Jurisdicción en estudio, y de la oposición que al respecto ha presentado el Procurador de la Administración, el resto de los Magistrados que integran la S. Tercera procede a confrontar las posiciones vertidas por ambas partes con las constancias procesales, con las respectivas disposiciones legales aplicables y con la jurisprudencia que al respecto ha emitido este Tribunal; ejercicio que nos permite efectuar las siguientes consideraciones:

    Inicialmente este Tribunal de Segunda Instancia acota que todo aquel que acude a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya sea a través de una demanda de plena jurisdicción, de nulidad, de indemnización o de cualquier otro tipo, no debe desconocer que la admisión de estas acciones está sujeta al cumplimiento de los requisitos que establece la Ley 135 de 1943, Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en cuyo artículo 50 claramente se dispone que: "No se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades...".

    Tampoco debe interpretar que la exigencia, por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la observancia de dichos requerimientos se convierte en una lesión al precepto jurídico de la tutela judicial efectiva; es decir, la tutela judicial efectiva de ninguna manera implica la exoneración a la parte actora del cumplimiento de los requisitos mínimos de admisibilidad que establece la Ley 135 de 1943, ni la misma debe invocarse como justificación para darle curso a una demanda que no reúne los elementos necesarios para ser admitida.

    Así lo indicó este S. en Auto fechado 15 de abril de 2016, confirmado mediante el Auto de 16 de enero de 2017, en cuya parte medular dice así:

    "7. La exigencia de los requisitos mínimos fijados por ley, para poder acceder a Tribunal de lo Contencioso-Administrativo a través de las demandas contenciosas-administrativas, no puede considerarse como una lesión al precepto de la Tutela Judicial Efectiva.

    En éste sentido, se hace oportuno transcribir una síntesis de la sentencia del veinticinco (25) de noviembre dos mil nueve (2009), que en relación a los requisitos mínimos fijados por ley dispuso lo siguiente:

    (...) 'Antes de finalizar, vale dejar constancia que una cosa es la Tutela Judicial Efectiva y otra cosa es el deber que tiene todo el que ocurra ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en auxilio de sus Derechos subjetivos o en defensa de los intereses de la colectividad, esto es, de cumplir con los requisitos básicos mínimos que por Ley se han establecido, por ello no se debe interpretar que la tutela judicial efectiva, sea un acceso desmedido a la justicia, puesto que, no ha sido esto lo que ha sostenido esta Corporación de Justicia a través de su jurisprudencia...'

    Del fallo anteriormente transcrito, esta Corporación de Justicia ha mantenido el criterio que no es posible invocar el ejercicio de la Tutela Judicial Efectiva, como pretexto para admitir una demanda que no cumple con los elementos o las exigencias procesales mínimas que por ley se le exige a toda demanda para acudir a la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa en auxilio de los intereses subjetivos particulares afectados o vulnerados; o de la colectividad. La Tutela Judicial Efectiva no puede ser empleada como una patente de corso o instrumento para poder acceder a la justicia de forma desmedida.

    En consecuencia, el M.S., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE...".

    Precisamente, por haber incumplido varios requisitos que establece la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, el M.S. decidió no admitir la Demanda de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma forense CAMARENA, MORALES & VEGA, apoderada judicial de COMPAÑÍA ELENCIA, S.A., y FUNDACIÓN CONFRATELLI, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° ANATI 4-0685 de 21 de mayo de 2013, emitida por la AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, y para que se hagan otras declaraciones.Concretamente, dicha inadmisión obedeció a las siguientes razones:

    - Primero, por no haberse aportado con la demanda, la copia autenticada del acto administrativo impugnado, desatendiendo así lo establecido por el artículo 44 de la Ley 135 de 1943.

    - Segundo, por no haberse acreditado el agotamiento de la vía gubernativa, mediante el ejercicio de los recursos correspondientes.

    - Tercero, por no poder determinarse si la Demanda de Plena Jurisdicción se encuentra o no prescrita, en atención a lo dispuesto por el artículo 42b de la Ley 135 de 1943.

    Al revisar las constancias procesales, particularmente, la copia autenticada del antecedente aportado por la parte actora con su demanda, este Tribunal de Segunda Instancia se percata, como bien lo señala la apelante, de la existencia de la copia autenticada de la Resolución N° ANATI 4-0685 de 21 de mayo de 2013, emitida por la AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, que constituye el acto administrativo impugnado (fs. 27-28 del antecedente).

    Sin embargo, también advierte este Tribunal de Segunda Instancia que en dicha copia autenticada del antecedente no existe constancia de la interposición de recurso alguno contra la citada Resolución N° ANATI 4-0685 de 21 de mayo de 2013, consecuencia de lo cual se haya producido el agotamiento de la vía gubernativa; siendo ello un presupuesto procesal indispensable para poder recurrir ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a través de una demanda de plena jurisdicción, como la que ocupa nuestra atención, pues, así se desprende del artículo 42 de la Ley 135 de 1943.

    Tal omisión ha sido expresamente reconocida por la apelante en su recurso al indicar que:

    "Nuestras representadas jamás fueron citadas al proceso de adjudicación promovido por el señor H.Q., por lo que no pudieron participar de esa actuación administrativa, de tal manera que no contaron con la oportunidad jurídica de cuestionar mediante recursos ordinarios (reconsideración o apelación), la Resolución N° Anati 4-0685 de 21 de mayo de 2013.

    Nuestras representadas tuvieron conocimiento de la Resolución N° Anati 4-0685 de 21 de mayo de 2013, varios años después de su emisión e inmediatamente advirtieron su existencia y su evidente ilegalidad, acudieron ante la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, para presentar el único remedio ordinario que en ese momento contaban para cuestionar la Resolución N° Anati 4-0685 de 21 de mayo de 2013: Una solicitud de nulidad y/o revocatoria de acto administrativo, conforme la ley 38 de 31 de julio de 2000.

    Es de anotar que esa vía de impugnación fue resuelta mediante Resolución ANATI-DAG-199 de 27 de junio de 2019; resolución que fue expresa y enfática en señalar que con la misma QUEDABA AGOTADA LA VÍA GUBERNATIVA, por lo cual no fue posible presentar ni que se nos recibiera ningún otro mecanismo recursivo.

    Resaltamos que junto con nuestra demanda contenciosa también presentamos COPIA DEBIDAMENTE AUTENTICADA de la mencionada Resolución ANATI-DAG-199 de 27 de junio de 2019." (f. 72 del antecedente).

    Al respecto, es importante aclarar a la recurrente que no es cualquier medio de impugnación con el cual se agota la vía gubernativa. De conformidad con lo establecido en los artículos 200 y 201 (numeral 112) de la Ley 38 de 2000, la cual rige el procedimiento administrativo general, el agotamiento de la vía gubernativa se produce cuando se han ejercitado los Recursos de Reconsideración y Apelación, según corresponda, lo cual no ocurrió en este caso. Por lo tanto, la interposición de la solicitud de revocatoria de la Resolución N° ANATI 4-0685 de 21 de mayo de 2013, y su consecuente decisión mediante Resolución ANATI-DAG-199 de 27 de junio de 2019, no puede entenderse como medio de agotamiento de la vía gubernativa, como equivocadamente lo pretende la parte actora.

    En efecto, la vía gubernativa o administrativa es definida por el numeral 112 del artículo 201 de la Ley 38 de 2000, como el "Mecanismo de control de legalidad de las decisiones administrativas, ejercido por la propia Administración Pública, y que está conformado por los recursos que los afectados pueden proponer contra ellas, para lograr que la Administración las revise y, en consecuencia, las confirme, modifique, revoque, aclare o anule"; mecanismo de control que, como hemos visto, no ejercitó la parte actora, al no interponer recurso alguno contra la decisión que, conforme expresa, le afectaba.

    De manera más específica, el artículo 200 de la Ley 38 de 2000, que enumera los supuestos bajo los cuales se entiende agotada la vía gubernativa, únicamente hace referencia a la interposición de los recursos de reconsideración y apelación. Veamos:

    "Artículo 200. Se considerará agotada la vía gubernativa cuando:

    1. Transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o autoridad, siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa;

    2. Interpuesto el recurso de reconsideración o apelación, señalados en el artículo 166, se entiende negado, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión sobre él;

    3. No se admita al interesado el escrito en que formule una petición o interponga el recurso de reconsideración o el de apelación, señalados en el artículo 66, hecho que deberá ser comprobado plenamente;

    4. Interpuesto el recurso de reconsideración o el de apelación, según proceda, o ambos, éstos hayan sido resueltos".

    Como corolario de lo anterior, es evidente, como bien lo anotó el M.S., que la parte actora no ha cumplido con lo normado por el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, lo cual conduce a la inadmisión de la demanda. Dicha norma dice así:

    "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que sehaya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos... o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación".

    Sobre el concepto y la finalidad del agotamiento de la vía gubernativa, consideramos oportuno traer a colación lo expresado por el autor panameño A.M.C., quien, a su vez, cita a reconocidos juristas como L.R. y E.J.:

    "... ¿Qué es la vía gubernativa?

    De acuerdo con el administrativista colombiano L.R., la vía gubernativa constituye un mecanismo de control de la legalidad ejercido por la propia administración para que ella misma se auto controle. El mismo autor se refiere a la vía gubernativa como un procedimiento que se sigue ante la administración con el fin de controvertir sus propias decisiones.

    ...

    ... ¿Qué es el agotamiento de la vía gubernativa y cuándo se produce?

    ...

    Ciertamente los autores concuerdan en el hecho de que el agotamiento de la vía gubernativa es una condición necesaria para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa...

    ...

    De este modo, podemos definir el agotamiento de la vía gubernativa como un presupuesto procesal, consistente en la prerrogativa de la Administración Pública, en virtud de la cual, antes de dar inicio al proceso administrativo de plena jurisdicción, la persona legitimada para pretender en dicho proceso el restablecimiento del derecho subjetivo supuestamente vulnerado, debe intentar dirimir dicha controversia ante la Administración, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

    ... ¿Cuál es la finalidad del agotamiento de la vía gubernativa?

    La jurisprudencia de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha sido consistente en afirmar que la finalidad del agotamiento de la vía gubernativa o administrativa es la de darle a la Administración la oportunidad de corregir o enmendar sus propios errores.

    ...

    Al referirse al fundamento principal del agotamiento de la vía gubernativa o administrativa el profesor E.J.L. señala que:

    '...Tal privilegio le permite a la Administración Pública dirimir, sin intervención de un tercer imparcial o independiente, los conflictos de interés que surjan con los administrados. Bajo esta línea de argumentación, antes que de particular acuda a la vía jurisdiccional debe dilucidar la controversia ante la Administración Pública para que se determine, en función de las alegaciones esgrimidas, si modifica, reforma, sustituye, anula o revoca la actividad formal impugnada o bien si cumple con la omisión -formal o material- o hace cesar y supera la actuación material ilegítima que ha desplegado, todo con el propósito de evitar un proceso con las complicaciones y costos que supone.'

    ...(Moreno Correa, A.E.N.G. Sobre la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Primera Edición 2013. L.E.C.. Panamá. P.. 187-195).

    En ese mismo sentido se ha pronunciado la S. Tercera, a través de su jurisprudencia, cuando aborda el tema de la importancia del previo agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto procesal necesario para acceder a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. A manera de ejemplo, transcribo la parte medular del Auto fechado 29 de septiembre de 2011:

    "III. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN:

    Atendiendo las consideraciones del apelante, el resto de los Magistrados que integran esta S., consideran necesario hacer las siguientes observaciones:

    Mediante nota GG-N-1638-10, del Banco Hipotecario Nacional, se le niega a la Señora S. de la Guardia Herrera de M. la solicitud de un aumento salarial retroactivo por ascenso de categoría, en los años 2002 y 2003, dicha nota es notificada a la misma, el día 6 de enero de 2011.

    Dentro del expediente correspondiente no existe evidencia de que la demandante haya presentado recurso de reconsideración o apelación a la citada nota, tal omisión, impide al Sustanciador considerar que se cumplió a cabalidad con el requisito de admisibilidad de la demanda de plena jurisdicción, contemplado en el artículo 42 de la ley 135 de 1943, de agotar la vía gubernativa, toda vez que al no hacer uso de los recursos a que era susceptible la actuación de la Autoridad Administrativa, de forma idónea o adecuada, no se cumple con los presupuestos de agotamiento de la vía, contemplados en el artículo 200 de la Ley 38 de 2000.

    Recordemos que la Ley 38 de 2000 en su artículo 200, contempla los supuestos en que se configura el agotamiento de la vía gubernativa, siendo los siguientes:

    ...

    Ante lo expuesto, podemos evidenciar que a pesar de que la demandante estimó sus derechos afectados, y cuestionó la legalidad de la decisión comunicada por la Autoridad, no impugnó dicha decisión.

    En este sentido, el artículo 42 de la ley 135 de 1943, establece como requisito indispensable para accionar dentro de la vía jurisdiccional en las demandas de plena jurisdicción, el agotamiento de la vía gubernativa. La norma es del tenor siguiente:

    ...

    Con base en el criterio esbozado, se concluye que, no es posible darle curso legal a la presente demanda, toda vez que la misma resulta defectuosa, y de acuerdo al tenor de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, que indica que, "No se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades. [...]", no se cumplió con el agotamiento de la vía gubernativa, adecuadamente.

    Esto implica que al no hacer uso de los recursos a que era susceptible la actuación de la Autoridad Administrativa, hubo un agotamiento defectuoso de los recursos, y no se cumplió con el requisito indispensable del agotamiento de la vía gubernativa.

    Antes de finalizar, vale dejar constancia que, una cosa es la Tutela Judicial Efectiva y otra cosa es el deber que tiene todo el que ocurra ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en auxilio de sus Derechos subjetivos o en defensa de los intereses de la colectividad, esto es, de cumplir con los requisitos básicos mínimos que por Ley se han establecido, por ello no se debe interpretar que la tutela judicial efectiva, sea un acceso desmedido a la justicia, puesto que, no ha sido esto lo que ha sostenido esta Corporación de Justicia a través de su jurisprudencia.

    En consecuencia, el resto de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, MODIFICAN, lo dispuesto en la Providencia de 14 de abril de 2011, proferida por el M.S., en el sentido de NO ADMITIR la Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por R.G.C., quien actúa en representación de S. de la Guardia Herrera deM., para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° GG-N-1638-10 del 27 de diciembre de 2010, emitida por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional."

    Al no haberse agotado la vía gubernativa en los términos establecidos por la Ley 38 de 2000, lo que, reiteramos, es un requisito básico de admisibilidad de las Demandas de Plena Jurisdicción, según lo establece el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, es por lo que este Tribunal, en grado de apelación, procederá a confirmar la decisión de no admitir la acción en estudio.

    PARTE RESOLUTIVA

    Por las consideraciones previamente expuestas, el resto de los Magistrados que conforman la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el Auto de 4 de septiembre de 2019, emitido por el M.S., mediante el cual no se admitió la Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción presentada por la Firma Forense CAMARENA, MORALES & VEGA, en nombre y representación de COMPAÑÍA ELENCIA, S.A., y FUNDACIÓN CONFRATELLI, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° ANATI 4-0685 de 21 de mayo de 2013, emitida por la AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, y para que se hagan otras declaraciones.

    N.,

    LUIS RAMÓN FÁBREGA S.

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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