Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Febrero de 2021

PonenteCecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución15 de Febrero de 2021
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme

Fecha: 15 de febrero de 2021

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 934-19

VISTOS:

El Procurador de la Administración ha presentado recurso de apelación contra la Providencia de 8 de enero de 2020 que admite la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el licenciado P.A.P.C., actuando en nombre y representación de E.A.S.B., para que se declare nula por ilegal, la Resolución No.DIGAJ-054-2019 de 12 de abril de 2019, emitida por la Universidad de Panamá, así como su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador admitió la demanda, mediante Resolución de 8 de enero de 2020, visible a foja 54 del expediente, por considerar que cumple los requisitos establecidos en la Ley 135 de 1943.

El Procurador de la Administración, mediante la Vista No. 973 de 5 de octubre de 2020, fundamentó el recurso de apelación señalando que la demanda no cumple a cabalidad con el requisito de admisibilidad previsto en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, ya que el actor no indica cuánto es el monto que él considera le asiste respecto a dicho derecho adquirido.

Por otro lado, el licenciado P.A.P.C., actuando en nombre y representación de E.A.S.B., indica en su escrito de oposición al recurso de apelación que se confirme la providencia apelada, pues la ley no exige como requisito formal para admitir la demanda, el supuesto que pretende la Procuraduría de la Administración.

DECISIÓN DE LA SALA

Evacuados los trámites legales, el resto de los Magistrados que integran la Sala procede a resolver la alzada, previas las siguientes consideraciones.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera observan que, contrario a lo esgrimido por la Procuraduría de la Administración, la demanda de plena jurisdicción instaurada por el apoderado judicial del señor E.A.S.B. no incumple lo dispuesto en el artículo 43, numeral 2, de la Ley 35 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, cuyo texto debe ser aplicado de manera concordante con el artículo 43-A de ese cuerpo normativo. Disposiciones que expresan lo siguiente:

"Artículo 43: Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contendrá:

  1. Lo que se demanda;

    ..."

    "Artículo 43-A: Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones, o de modificación o reforma del acto demandado o el hecho u operación administrativa que causa la demanda." (La subraya es de la Sala).

    Un cuidadoso examen del apartado denominado "Lo que se demanda", permite determinar que el apoderado judicial de la demandante al hacer sus peticiones se ciñó a lo previsto en el artículo 43-A de la citada Ley 135 de 1943, pues, no solo solicita a la Sala Tercera que declare la nulidad, por ilegal, de la Resolución No.DIGAJ-054-2019 de 12 de abril de 2019, a través de la cual el Rector de la Universidad de Panamá niega al señor E.A.S. BARRIOS el reconocimiento del derecho al pago de una prima de antigüedad, sino que además requiere, como derecho subjetivo lesionado, que ordene a la entidad demandada reconocer, calcular y hacer efectivo el pago de la suma que le corresponda a su representada en ese concepto.

    Es necesario señalar que, aunque el apoderado judicial de la parte actora haya solicitado que al declararse la nulidad del acto impugnado, se ordene a la Universidad de Panamá realizar el cálculo de la prima de antigüedad tomando en cuenta los salarios percibidos por el señor E.A.S.B. antes del 28 de febrero 2017, fecha en la que finalizó su relación laboral; ello no es razón para estimar que éste se encontraba obligado a identificar en el libelo las sumas a recibir en ese concepto, pues, es evidente que no estamos frente a una reclamación de orden pecuniario, tal como lo arguye el apelante.

    Por lo tanto, como lo perseguido es la declaratoria de nulidad de la Resolución No.DIGAJ-054-2019 de 12 de abril de 2019, emitida por la Universidad de Panamá, no es necesario, para la admisión de la demanda, que la parte actora exprese con detalle el monto a reconocer en concepto de prima de antigüedad, cuya función le correspondería a esa casa de estudios superiores en el evento que al dictar su pronunciamiento final, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia decida reconocer todas las pretensiones incoadas en el libelo.

    En vista que la demanda cumple con los requisitos que establece la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, procedemos a confirmar su admisión.

    En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Providencia de 8 de enero de 2020 que ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado P.A.P.C., actuando en nombre y representación de E.A.S.B., para que se declare nula por ilegal, la Resolución No.DIGAJ-054-2019 de 12 de abril de 2019, emitida por la Universidad de Panamá, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

    N.,

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    EFRÉN C. TELLO C.

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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