Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Febrero de 2021

Que es nula, por ilegal, la Resolución Nº DIGAJ-0025-2019 de 10 de abril de 2019, dictada por el Rector de la Universidad de Panamá, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, mediante la cual, entre otras cosas, resuelve: "PRIMERO: NEGAR la solicitud de la señora G.H.C., con cédula de identidad personal número 9-107-1394, ya que no le asiste el derecho al pago de la prima de antigüedad por haberse retirado de la Universidad de Panamá a partir del 29 de diciembre de 2016. SEGUNDO: Contra esta Resolución solamente cabe el Recurso de Reconsideración que deberá ser interpuesto por el interesado (a) dentro de un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, el cual agota la vía gubernativa." (Sic) y su acto confirmatorio.

Que, a consecuencia de lo anterior, se ordene a la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, dejar sin efecto lo resuelto por la Resolución Nº DIGAJ-0025-2019 de 10 de abril de 2019, dictada por el Rector de la Universidad de Panamá, en uso de sus facultades legales y reglamentarias y, en su defecto, reconocer, calcular y hacer efectivo a G.H.C., mujer panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 9-107-1394, el pago de la suma que le corresponda en concepto de prima de antigüedad, en virtud de la terminación de la relación laboral que mantenía, con su Entidad demandada."

Así las cosas, en el apartado lo que se demanda, no se identifica cuánto es el monto que la accionante considera que le asiste respecto a dicho derecho adquirido, situación que deviene en un error en la estructuración de la demanda. En consecuencia, es deber de la parte demandante, señalar las prestaciones que se pretenden, al ser de índole pecuniaria, y delimitar expresamente la cuantía que considera le debe ser remunerada.

El incumplimiento previamente indicado, acarrearía una desventaja procesal para la entidad demandada, ya que se le estaría cercenando la oportunidad de someter al contradictorio la pretensión de la accionante al verse imposibilitada de rebatir, oportunamente la cuantía a pagar en el caso que el Tribunal acceda a lo solicitado por la recurrente, por lo que quien demanda, deba probar su derecho no solo dentro del marco regulatorio sino también cuantificando el monto del derecho que considera le asiste, de lo contrario, estaríamos sometidos al escrutinio del activador judicial.

En este mismo sentido, se ha pronunciado la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el Auto de 3 de junio de 2010.

Como quiera que el objeto de la presente acción es el reconocimiento o no al pago de la prima de antigüedad, ello lleva intrínseco el pago de una suma determinada, cuantía que debe ser debidamente identificada por la accionante por ser precisamente el objeto de lo que se demanda, situación procesal que no fue cumplido a cabalidad por la recurrente.

Por las consideraciones previamente expuestas, en virtud del artículo 50 de la Ley 135/1943, se solicita que no se le dé curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades.

En consecuencia, la Procuraduría de la Administración solicita que se REVOQUE la providencia de 8 de enero de 2020, visible a foja 54 del expediente judicial, que admite la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, y en su lugar, NO SE ADMITA la misma.

2. POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE DENTRO DE SU ESCRITO DE OPOSICIÓN A LA APELACIÓN:

   Por su parte, el Licdo. C.E.G.V., quien actúa en nombre y representación de G.H.C., ha presentado escrito de oposición al recurso de apelación propuesto por la Procuraduría de la Administración (Cfr. fs. 99-104 del expediente judicial). En su escrito, el apoderado judicial de la parte actora señala, lo siguiente.

   La pretensión de la demanda es que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, declare nula, por ilegal, la Resolución Nº DIGAJ-0025-2019 de 10 de abril de 2019, dictada por el Rector de la Universidad de Panamá, y que además se ordene a la entidad demandada el reconocer, calcular y hacer efectivo, a la demandante, el pago de la suma que le corresponda en concepto de prima de antigüedad, a raíz de la terminación...