Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Febrero de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución23 de Febrero de 2021
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 23 de febrero de 2021

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 124892021

VISTOS:

El Licenciado P.B.P., actuando en nombre y representación de A.E.G., ha presentado una Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 7482-2019 de 3 de diciembre de 2019, emitida por la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

Luego de un detenido examen de la Demanda, a fin de determinar, si la misma se ajusta a los requerimientos esenciales para su admisión, se advierte que ésta adolece de ciertos defectos que impiden darle curso.

De las constancias procesales contenidas en Autos, se observa que por medio de la Resolución 7482-2019 de 3 de diciembre de 2019, la Caja de Seguro Social resolvió revocar en parte el Resuelto No. 010455-2019 de 25 de marzo de 2019, de Nombramiento Permanente del accionante, A.E.G., por no cumplir con las expectativas en el desempeño de sus funciones "Evaluación Deficiente" (Cfr. foja 14 del expediente judicial).

Contra la decisión descrita en el párrafo que precede, el demandante presentó un Recurso de Reconsideración, el cual fue decidido mediante la Resolución 436-2020 de 15 de mayo de 2020, que mantuvo en todas sus partes lo dispuesto en el acto administrativo principal. De igual forma, se advierte que en la parte resolutiva de la precitada resolución, se indicó lo siguiente:

...

Se advierte al interesado que en contra de esta resolución cabe recurso de apelación, el cual debe ser propuesto o interpuesto ante la autoridad de primera instancia en el acto de notificación o por escrito aparte, dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.

La apelación se concederá en efecto devolutivo, salvo que exista una norma especial que le asigne un efecto diferente. Se advierte a la afectada que si pretende utilizar nuevas pruebas en segunda instancia debe indicarlo así en el acto de interposición o proposición del recurso de apelación.

Al efectuar una revisión de las piezas procesales, observa este Despacho que el 9 de diciembre de 2020, la Caja de Seguro social fijó el Edicto N°0037-2020, mediante el cual se notifica la Resolución 436-2020 de 15 de mayo de 2020, mismo que fue desfijado el 11 de diciembre de 2020, a las 9:30 a.m, surtiéndose de esta manera la notificación a la parte actora (Cfr. foja 18 del expediente judicial).

No obstante lo anterior, advierte el suscrito Magistrado Sustanciador que el accionante, A.E.G., no consta ni se indica que el actor haya presentado Recurso de Apelación ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, por lo que el activador judicial no ha cumplido con lo contemplado en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946; en concordancia con el artículo 200 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, cuyos contenidos puntualizan lo siguiente:

Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos... o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación.

"Artículo 200. Se considerará agotada la vía gubernativa cuando:

· Transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o autoridad, siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa;

· Interpuesto el recurso de reconsideración o apelación, señalados en el artículo 166, se entiende negado, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión sobre él;

· No se admita al interesado el escrito en que formule una petición o interponga el recurso de reconsideración o el de apelación, señalados en el artículo 66, hecho que deberá ser comprobado plenamente;

· Interpuesto el recurso de reconsideración o el de apelación, según proceda, o ambos, éstos hayan sido resueltos."

Del marco regulatorio de la materia se advierte claramente que para promover una Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, como la que nos ocupa, constituye un presupuesto procesal el agotamiento de la vía gubernativa, requisito que no ha sido cumplido por el accionante toda vez que no interpuso ante la esfera administrativa todos los Recursos que por Ley le correspondían; razón por la cual resulta claro que en la situación bajo examen no se ha configurado ninguno de los supuestos señalados en el artículo 200 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, ya citado.

De acuerdo con lo descrito en el artículo 201 (numeral 112) de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, se entiende por vía gubernativa o administrativa el "Mecanismo de control de legalidad de las decisiones administrativas, ejercido por la propia Administración Pública, y que está conformado por los recursos que los afectados pueden proponer contra ellas, para lograr que la Administración las revise y, en consecuencia, las confirme, modifique, revoque, aclare o anule."

Bajo esta premisa, esta S. ha advertido en múltiples ocasiones que la importancia del agotamiento de la vía gubernativa radica en otorgarle a la Administración Pública la oportunidad de revisar sus propios actos y poder subsanarlos, enmendarlos o modificarlos, de ser el caso, y ejercer así un control de legalidad integral de los actos administrativos que se profieran por conducto de las instancias administrativas correspondientes.

En este contexto, nos permitimos traer a colación lo expuesto por este Tribunal respecto al agotamiento de la vía gubernativa como requisito de admisibilidad para ejercitar una Acción de esta naturaleza ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Veamos.

"...

Digo lo anterior, porque si se trataba de un acto administrativo que afectaba los derechos subjetivos de la parte actora, entonces el mismo era susceptible de ser impugnado mediante los recursos instituidos en la ley, en este caso, el recurso de reconsideración ante el funcionario de primera o de única instancia, para que aclarara, modificara, revocara o anulara su decisión, tal como se infiere de lo dispuesto por los artículos 163 y 166 de la Ley 38 de 2000, pues, recordemos que la finalidad del agotamiento de la vía gubernativa, es que la propia Administración pueda enmendar sus actuaciones en el evento en que se haya incurrido en algún error. No obstante, reitero que dicho medio de impugnación no fue utilizado por el hoy recurrente contra la Nota DMV-356-2019 de 16 de septiembre de 2019, acusada de ilegal, determinándose con ello que no se agotó la vía gubernativa antes de recurrir ante este Tribunal, mediante la demanda de plena jurisdicción que ahora se analiza.

...

.. ¿Cuál es la finalidad del agotamiento de la vía gubernativa?

La jurisprudencia de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha sido consistente en afirmar que la finalidad del agotamiento de la vía gubernativa o administrativa es la de darle a la Administración la oportunidad de corregir o enmendar sus propios errores.

...

Al referirse al fundamento principal del agotamiento de la vía gubernativa o administrativa el profesor E.J.L. señala que:

'...Tal privilegio le permite a la Administración Pública dirimir, sin intervención de un tercer imparcial o independiente, los conflictos de interés que surjan con los administrados. Bajo esta línea de argumentación, antes que de particular acuda a la vía jurisdiccional debe dilucidar la controversia ante la Administración Pública para que se determine, en función de las alegaciones esgrimidas, si modifica, reforma, sustituye, anula o revoca la actividad formal impugnada o bien si cumple con la omisión -formal o material- o hace cesar y supera la actuación material ilegítima que ha desplegado, todo con el propósito de evitar un proceso con las complicaciones y costos que supone.'

...(Moreno Correa, A.E.N.G. Sobre la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Primera Edición 2013. L.E.C.. Panamá. P.. 187-195).

...

Igualmente, quien demanda tampoco debe interpretar que la exigencia, por parte del Tribunal, de la observancia de dichos requerimientos se convierte en una lesión al precepto jurídico de la tutela judicial efectiva, pues, esta última, de ninguna manera, implica la exoneración a la parte actora del cumplimiento de los requisitos mínimos de admisibilidad que establece la Ley 135 de 1943, ni la misma debe invocarse como justificación para darle curso a una demanda que no reúne los elementos necesarios para ser admitida. Así lo indicó este Tribunal en Auto fechado 15 de abril de 2016, confirmado mediante el Auto de 16 de enero de 2017, en cuya parte medular dice así:

...

Visto todo lo anterior, como quiera que la acción contencioso administrativa en estudio adolece del requisito de admisibilidad contenido en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, relativo al agotamiento de la vía gubernativa, se procederá a no admitir la misma, en atención a lo dispuesto por el artículo 50 del mismo cuerpo normativo.

..."

Por todo lo expuesto y con fundamento en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, quien suscribe estima que no debe dársele curso a la aludida Demanda.

"Artículo 50. No se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la caducidad de la acción."

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Licenciado P.B.P., actuando en nombre y representación de A.E.G., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 7482-2019 de 3 de diciembre de 2019, emitida por la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

N.,

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

KATIA ROSAS (Secretaria)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR