Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Febrero de 2021

PonenteCecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución15 de Febrero de 2021
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme

Fecha: 15 de febrero de 2021

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 1004-19

VISTOS:

El resto de los Magistrados de la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo, conocen la apelación interpuesta por el Procurador de la Administración contra la Providencia de 10 de febrero de 2020, mediante la cual el M.S. admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, presentada por el Licenciado P.A.P.C., actuando en nombre y representación de M.M.R., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° DIGAJ-0076-2019 de 12 de abril de 2019, emitida por la Universidad de Panamá, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

A continuación se procede, con el examen de la apelación presentada.

  1. ARGUMENTOS DEL APELANTE

    El Procurador de la Administración a través de la Vista No. 1003 de 8 de octubre de 2020, solicita que se revoque la Providencia de 10 de febrero de 2020, por considerar que la recurrente formula pretensiones que no cumplen con el artículo 43 (numeral 2) de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que se refiere a "lo que se demanda"; en concordancia con el artículo 43-A de la Ley 135 de 1943, por lo que, según su opinión, no debe admitirse.

    Conforme a lo expuesto en su escrito de apelación, el representante del Ministerio Público "advierte que la pretensión en la acción objeto de estudio, versa sobre el reconocimiento de un monto económico; no obstante, al efectuar una lectura del apartado de "LO QUE SE DEMANDA", la actora no indica cuánto es el monto total que considera le asiste, respecto al reconocimiento de las vacaciones completas o proporcionales, y prestaciones económicas supuestamente adeudadas por la entidad demandada."

    Agrega al respecto que, esa pretermisión deviene en un error en la estructuración de la demanda, puesto que tal, como se deprende de la disposición normativa citada en párrafos precedentes, es deber del titular litigioso señalar las prestaciones que se pretenden, en este caso, al ser de índole pecuniaria, delimitar expresamente la cuantía total que considera le debe ser remunerada.

    Finalmente, sostiene que dichas prestaciones laborales resultan improcedentes, toda vez, que no fueron planteadas ni reclamadas en la vía gubernativa; por lo que a su entender, no es viable la pretensión de la actora sobre aspectos que no fueron controvertidos durante el procedimiento administrativo y que le privaron la oportunidad del contradictorio a la entidad demandada, de allí que no puedan considerar que se produjo el agotamiento de la vía gubernativa respecto a este tipo de pretensión.

  2. OPOSICIÓN A LA APELACIÓN

    El Licenciado P.A.P.C., actuando en nombre y representación de M.M.R., dentro del término oportuno, presenta escrito de oposición, en el cual sostiene que su demanda se contiene con claridad que la pretensión es que la Universidad de Panamá le reconozca, ordene y pague las prestaciones que adeuda como consecuencia de la terminación laboral pública entre la recurrente y la entidad demandada y ello se precisa en lo que se demanda, y a su entender es lógico pensar que en materia laboral pública o privada, el concepto de prestaciones laborales comprende cualquier asignación económica, incluyendo indemnizaciones, que como producto de la culminación de trabajo, el patrono adeude al trabajador, entre las que pueden mencionarse: salarios, décimo tercer mes, vacaciones, indemnizaciones, bonificaciones por antigüedad, gastos de representación o sobresueldos por jefaturas, prima de antigüedad ni mucho menos conculca ningún derecho de defensa de la Universidad de Panamá, pues en sus archivos es donde consta dichos derechos y prestaciones.

    Finalmente, señala que la extrema formalidad que pretende dar al presente proceso el apelante, contraviene los principios procesales contemporáneos, como lo son: la simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismos consagrados en los artículos 215 de la Constitución Nacional y artículo 474 del Código Judicial, es por ello, que solicita se mantenga en todas sus partes la Providencia de 10 de febrero de 2020.

  3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

    Luego de la lectura de los argumentos expuestos por las partes dentro del proceso y, su correspondiente confrontación con las constancias procesales que obran en autos, el resto de los Magistrados que integran la S. Tercera proceden a resolver el presente recurso, en base a las siguientes consideraciones.

    La controversia planteada en el recurso que nos ocupa, gira en torno a la admisión de la presente demanda, por razón que la parte actora al solicitar el restablecimiento de derecho subjetivo lesionado no indica cuánto es el monto total que considera le asiste en concepto de prestaciones laborales; razón por la que dicha admisión contravienen los presupuestos jurídicos contenidos en la citada Ley 135 de 1943.

    Observan el resto de los Magistrados de esta S., que el señor Procurador de la Administración, señala que: "...la pretensión en la acción objeto de estudio, versa sobre el reconocimiento de un monto económico; no obstante, al efectuar una lectura del apartado de "LO QUE SE DEMANDA", la actora no indica cuánto es el monto total que considera le asiste, respecto al reconocimiento de las vacaciones completas o proporcionales, y prestaciones económicas supuestamente adeudadas por la entidad demandada."

    Con base en esas consideraciones, este Tribunal de alzada advierten que, contrario a lo esgrimido por la Procuraduría de la Administración, la demanda de plena jurisdicción instaurada por Licenciado P.A.P.C., actuando en nombre y representación de M.M.R., no incumple lo dispuesto en el artículo 43, numeral 2, de la Ley 35 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, cuyo texto debe ser aplicado de manera concordante con el artículo 43-A de ese cuerpo normativo. Disposiciones que expresan lo siguiente:

    "Artículo 43: Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contendrá:

    1. Lo que se demanda;

      ..."

      "Artículo 43-A: Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones, o de modificación o reforma del acto demandado o el hecho u operación administrativa que causa la demanda." (La subraya es de la S.).

      Un cuidadoso examen del apartado denominado "Lo que se demanda", permite determinar que la parte actora al hacer sus peticiones se ciñó a lo previsto en el artículo 43-A de la citada Ley 135 de 1943, pues, no solo solicita a la S. Tercera que declare la nulidad, por ilegal, de la Resolución No. DIGAJ-0076-2019 de 12 de abril de 2019, emitida por la Universidad de Panamá y su acto confirmatorio, sino que además requiere, como derecho subjetivo lesionado, que se ordene a la entidad demandada el reconocimiento, autorización y pago de la prima de antigüedad equivalente a 44 semanas de salario, desde la fecha de su ingreso en el año académico de 1972 como profesora de la institución hasta su retiro de la misma, el año académico 2016, así como también el pago de las otras prestaciones laborales ganadas tales como vacaciones completas o proporcionales y cualesquiera otra prestación laboral adeudada. (f. 3 del expediente judicial).

      Dentro de este contexto, es preciso indicar que la Procuraduría de la Administración, en su escrito de apelación realiza valoraciones jurídicas que no corresponden a esta etapa procesal, puesto que las mismas implican adentrarnos a conocer el fondo de la presente demanda, cuando en este momento, lo que procede, es determinar si la misma cumple o no con los requisitos formales indispensables para su admisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943 y su correspondiente reforma, mediante la Ley 33 de 1946; por lo que estimamos que, no es necesario, para la admisión de la demanda, que la parte actora exprese con detalle el monto a reconocer en concepto de prestaciones laborales, cuya calculo le correspondería a la entidad demandada en el evento que al dictar su pronunciamiento final, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia decida reconocer todas las pretensiones incoadas en el libelo.

      Así, entonces, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, considera que se ha cumplido con lo establecido en los artículos 43 (numeral 2) y 43-A, de la Ley 135 de 1943, adicionado por la Ley 33 de 1946.

      En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la S. Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Providencia de 10 de febrero de 2020, la cual ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Licenciado P.A.P.C., actuando en nombre y representación de M.M.R., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° DIGAJ-0076-2019 de 12 de abril de 2019, emitida por la Universidad de Panamá, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

      N..

      CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

      EFRÉN C. TELLO C.

      KATIA ROSAS (Secretaria)

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