Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Febrero de 2021
| Ponente | Cecilio A. Cedalise Riquelme |
| Fecha de Resolución | 26 de Febrero de 2021 |
| Emisor | Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral |
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá
S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo
Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha: 26 de febrero de 2021
Materia: Acción contenciosa administrativa
Plena Jurisdicción
Expediente: 1005-19
VISTOS:
El resto de los Magistrados de la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo, conocen la apelación interpuesta por el Procurador de la Administración contra la Providencia de 08 de enero de 2020, mediante la cual el M.S. admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, presentada por el Licenciado P.P., actuando en nombre y representación de RUBÉN DE LA GUARDIA, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° DIGAJ-0077-2019 de 12 de abril de 2019, emitida por la Universidad de Panamá, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.
El apelante al sustentar su alzada, mediante la Vista Número 977 de 5 de octubre de 2020, visible a fojas 85-93 del expediente judicial, manifiesta que la demanda no cumple con lo previsto en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 43-A de ese mismo cuerpo normativo, ya que la pretensión de la acción objeto de este estudio versa sobre el reconocimiento de una prima de antigüedad, sin embargo en el apartado "LO QUE SE DEMANDA" el actor no indicó cuánto es el monto que él considera le asiste respecto a dicho derecho adquirido, pretermisión que no solo deviene en un error en la estructuración de la demanda, sino que le cercena a la entidad demandada la oportunidad de someterla al contradictorio al verse imposibilidad de rebatir la cuantía a pagar en caso que el Tribunal acceda a lo solicitado por la actora; de ahí la importancia que tiene quien ejerza la vía de probar su derecho cuantificando el monto reclamado.
De igual manera, señala la representante del Ministerio Público que la demanda tampoco cumple con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 200 de la Ley 38 de 2000, ya que a su criterio, el recurrente no agotó la vía gubernativa adecuadamente, puesto que el mismo únicamente peticionó en sede administrativa el pago de la prima de antigüedad, pero no solicitó el pago de otras prestaciones laborales como vacaciones completas o proporcionales y cualquier otra adeudada por la entidad demandada.
Por otro lado, el Licenciado P.P., actuando en nombre y representación de R. De La Guardia, se opuso al recurso promovido por la Procuraduría de la Administración señalando, que tal argumentación no tiene ningún sustento jurídico, puesto que la citada demanda se contiene con claridad que la pretensión es que la Universidad de Panamá le reconozca, ordene y pague las prestaciones laborales que adeuda, como consecuencia de la terminación...
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