Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Febrero de 2021

PonenteCecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución26 de Febrero de 2021
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme

Fecha: 26 de febrero de 2021

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 1005-19

VISTOS:

El resto de los Magistrados de la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo, conocen la apelación interpuesta por el Procurador de la Administración contra la Providencia de 08 de enero de 2020, mediante la cual el M.S. admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, presentada por el Licenciado P.P., actuando en nombre y representación de RUBÉN DE LA GUARDIA, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° DIGAJ-0077-2019 de 12 de abril de 2019, emitida por la Universidad de Panamá, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

El apelante al sustentar su alzada, mediante la Vista Número 977 de 5 de octubre de 2020, visible a fojas 85-93 del expediente judicial, manifiesta que la demanda no cumple con lo previsto en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 43-A de ese mismo cuerpo normativo, ya que la pretensión de la acción objeto de este estudio versa sobre el reconocimiento de una prima de antigüedad, sin embargo en el apartado "LO QUE SE DEMANDA" el actor no indicó cuánto es el monto que él considera le asiste respecto a dicho derecho adquirido, pretermisión que no solo deviene en un error en la estructuración de la demanda, sino que le cercena a la entidad demandada la oportunidad de someterla al contradictorio al verse imposibilidad de rebatir la cuantía a pagar en caso que el Tribunal acceda a lo solicitado por la actora; de ahí la importancia que tiene quien ejerza la vía de probar su derecho cuantificando el monto reclamado.

De igual manera, señala la representante del Ministerio Público que la demanda tampoco cumple con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 200 de la Ley 38 de 2000, ya que a su criterio, el recurrente no agotó la vía gubernativa adecuadamente, puesto que el mismo únicamente peticionó en sede administrativa el pago de la prima de antigüedad, pero no solicitó el pago de otras prestaciones laborales como vacaciones completas o proporcionales y cualquier otra adeudada por la entidad demandada.

Por otro lado, el Licenciado P.P., actuando en nombre y representación de R. De La Guardia, se opuso al recurso promovido por la Procuraduría de la Administración señalando, que tal argumentación no tiene ningún sustento jurídico, puesto que la citada demanda se contiene con claridad que la pretensión es que la Universidad de Panamá le reconozca, ordene y pague las prestaciones laborales que adeuda, como consecuencia de la terminación laboral pública y que ellos se precisa en "LO QUE SE DEMANDA", y en ese sentido, es lógico pensar que la materia laboral pública o privada, el concepto de prestaciones laborales comprende cualquier asignación económica, incluyendo indemnizaciones, que como producto de la culminación de trabajo, el patrono adeude al trabajador. Por lo que, no es cierto que la vía gubernativa ante la Universidad de Panamá, no se reclamó el pago de otras prestaciones laborales, conforme se hace constar en el memorial mediante el cual se solicita ante el Rector de la entidad demandada, no solo el derecho a la prima de antigüedad sino también de todas las prestaciones laborales que se le adeuda como profesor retirado.

Añade el opositor que, la demanda cumple a cabalidad con el contenido del numeral 2 del artículo 43 y 43-A de la Ley 135 de 1943 y el artículo 665, numerales 5 y 8 del Código Judicial, puesto que en su libelo precisa claramente el elemento de la cuantía, cuando se solicita "CUANTÍA: La estimamos en B/.21,512.92 o la mejor estimación oficial correcta realizada por la Universidad de Panamá", toda vez que a su juicio, la entidad demandada es la que tiene que tomarse en cuenta para el cómputo exacto de las prestaciones adeudadas y además tiene las formulas aritméticas para promediar la estimación económica para cada prestación económica, por lo que admitir la tesis jurídica expuesta por la Procuradora de la Administración, suplente, contraviene los principios procesales contemporáneos, como lo son: la simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismos, consagrados en los artículos 215 de la Constitución Nacional y artículo 474 del Código Judicial; por ende, solicita al resto de los magistrados que integran la S. Tercera, que se sirva confirma la resolución impugnada emitida por el M.S., y en consecuencia ordene la Admisión de la demanda en el citado proceso contencioso de plena jurisdicción. (fs. 98-102 del expediente judicial).

EXAMEN DEL TRIBUNAL DE APELACIONES

Esta S., constituida en Tribunal de Apelaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 1147 del Código Judicial, procede a decidir el recurso ensayado, advirtiendo de entrada que, esta Corporación de Justicia ha sido enfática en sus pronunciamientos al señalar que, toda demanda contenciosa administrativa que se instaure ante la S. Tercera tiene que cumplir con todas las formalidades exigidas en la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, para su admisión.

Con base en esas consideraciones, el resto de los Magistrados que integran la S. Tercera observan que, contrario a lo esgrimido por la Procuraduría de la Administración, la demanda de plena jurisdicción instaurada por el apoderado judicial del profesor R. De La Guardia, cumple lo dispuesto en el artículo 43, numeral 2, y el artículo 43-A de la Ley 35 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, cuyo texto debe ser aplicado de manera concordante con el artículo 43-A de ese cuerpo normativo. Disposiciones que expresan lo siguiente:

"Artículo 43: Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contendrá:

  1. Lo que se demanda;

    ..."

    "Artículo 43-A: Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones, o de modificación o reforma del acto demandado o el hecho u operación administrativa que causa la demanda." (La subraya es de la S.).

    Un cuidadoso examen del apartado denominado "Lo que se demanda", permite determinar que el apoderado judicial del demandante al hacer sus peticiones se ciñó a lo previsto en el artículo 43-A de la citada Ley 135 de 1943, pues, no solo solicita a la S. Tercera que declare la nulidad, por ilegal, de la Resolución No. DIGAJ-0077-2019 de 12 de abril de 2019, a través de la cual el Rector de la Universidad de Panamá niega al ex profesor R. De La Guardia, el reconocimiento del derecho al pago de una prima de antigüedad, sino que además requiere, como derecho subjetivo lesionado, que ordene a la entidad demandada reconocer, autorizar y pagar la prima de antigüedad equivalente a 52 semanas de salario, desde la fecha de su ingreso en el año académico de 1970 hasta su retiro el 2 de marzo de 2017, así como también el pago de las otras prestaciones laborales ganadas en dicha entidad, tales como vacaciones completas o proporcionales y cualesquiera otra prestación laboral adeudada por la entidad demandada. (f. 3 del expediente judicial).

    Cabe destacar que, aunque el apoderado judicial de la parte actora haya solicitado que al declararse la nulidad del acto impugnado, se ordene a la Universidad de Panamá realizar el cálculo de la prima de antigüedad equivalente a 52 semanas tomando en cuenta los salarios percibidos por el profesor R. De La Guardia antes del 3 de marzo de 2017, fecha en la que finalizó su relación laboral; ello no es razón para estimar que ésta se encontraba obligada a identificar en el libelo las sumas a recibir en ese concepto.

    Dentro de este contexto, es preciso indicar que la Procuraduría de la Administración, en su escrito de apelación realiza valoraciones jurídicas que no corresponden a esta etapa procesal, puesto que las mismas implican adentrarnos a conocer el fondo de la presente demanda, cuando en este momento, lo que procede, es determinar si la misma cumple o no con los requisitos formales indispensables para su admisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943 y su correspondiente reforma, mediante la Ley 33 de 1946; por lo que estimamos que, no es necesario, para la admisión de la demanda, que la parte actora exprese con detalle el monto a reconocer en concepto de prestaciones laborales, cuya calculo le correspondería a la entidad demandada en el evento que al dictar su pronunciamiento final, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia decida reconocer todas las pretensiones incoadas en el libelo.

    Referente, al cuestionamiento del apelante en cuanto a la falta de agotamiento de la vía gubernativa, en el sentido que, únicamente peticionó en sede administrativa el pago de la prima de antigüedad, pero no solicitó el pago de otras prestaciones laborales como vacaciones completas o proporcionales y cualesquier otra adeudada por la entidad demandada, no obstante, considera esta S. en funciones de Tribunal de Apelación que luego de revisado el presente expediente judicial, contrario a lo expresado por la Procuradora de la Administración, suplente, se observa que la parte actora si se agotó la vía gubernativa, puesto que el recurso de reconsideración, fue resuelto mediante la Resolución No.DIGAJ-0220-2019 de 2 de agosto de 2019, emitida por la Universidad de Panamá, donde se mantiene la decisión contenida en el acto administrativo principal, tal como se aprecia a fojas 14 a 18 del expediente judicial; razón por la que consideramos que sí se logra un cumplimiento mínimo de este requisito, lo que permite entrar al análisis de fondo de la cuestión debatida.

    En consecuencia, como lo perseguido es la declaratoria de nulidad de la N° DIGAJ-0077-2019 de 12 de abril de 2019, expedida por la Universidad de Panamá, no es necesario, para la admisión de la demanda, que la parte actora exprese con detalle el monto a reconocer en concepto de prima de antigüedad y demás prestaciones laborales, cuya función le correspondía a esa casa de estudios superiores en el evento que al dictar su pronunciamiento final, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia decida reconocer todas las pretensiones incoadas en el libelo.

    En vista que la demanda cumple con los requisitos que establece la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, procedemos a confirmas su admisión.

    PARTE RESOLUTIVA

    Por las consideraciones expresadas, el resto de los Magistrados que integran la S. Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Providencia de 08 de enero de 2020, la cual ADMITE LA DEMANDA de Plena Jurisdicción instaurada por el Licenciado P.A.P.C., actuando en nombre y representación de R. De La Guardia, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° DIGAJ-0077-2019 de 12 de abril de 2019, expedida por la Universidad de Panamá, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

    N.,

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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