Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Febrero de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución22 de Febrero de 2021
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 22 de febrero de 2021

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 1086-19

VISTOS:

Conoce el resto de la Sala Tercera de los Recursos de Apelación interpuestos, tanto por la parte actora como por la Procuraduría de la Administración, contra el Auto de Pruebas No. 200 de 3 de septiembre de 2020, emitido por el Magistrado Sustanciador, mediante el cual se pronuncia sobre la admisibilidad de los medios de convicción presentados y aducidos por las partes, dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Licenciado L.C., actuando en nombre y representación de LIONETT PLICETT RODRÍGUEZ, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 353 de 2 de agosto de 2019 , emitido por conducto del Ministerio de Seguridad Pública, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

FUNDAMENTOS DE LAS APELACIONES.

Apelación de la Parte Actora.

La recurrente, está disconforme con la no admisión de la prueba pericial contable que propuso, y que deben ejecutar los peritos técnicos en la materia indicada, en base tanto al Proceso Judicial como Administrativo, así como en la información que consta en el Servicio Nacional de Migración, o en cualquier otra oficina pública, que los referidos peritos consideren necesaria recabar, para incorporar a la Demanda, datos relacionados con el monto de los salarios caídos que debe recibir LIONETT PLICETT RODRÍGUEZ, incluyendo todas las prestaciones aplicables a los referidos salarios, como consecuencia de la emisión de los actos acusados, en base a lo dispuesto en el artículo 783 del Código Judicial, porque este medio de convicción es eficaz y pertinente a la Acción de Plena Jurisdicción; tomando en consideración, que una de las pretensiones planteadas en esta es el pago de los salarios caídos.

Apelación de la Procuraduría de la Administración.

El representante del Ministerio Público, no se encuentra de acuerdo con la admisión de los testimonios de J.C.S. y N.G.A.M., porque los mismos tienen como objeto comprobar algunos trámites de la vía gubernativa; por consiguiente, sus participaciones están acreditadas en el Procedimiento llevado en la esfera administrativa. Además, la prenombrada tiene siete (7) Demandas presentadas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia contra el Servicio Nacional de Migración, por lo que se le debe considerar como una testigo sospechosa, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 909 del Código Judicial, ante la posibilidad de que exista un conflicto de intereses por la relación laboral que terminó la Entidad mencionada con la susodicha.

Igualmente, esta apelante no comparte la decisión del Tribunal Ad-quo de admitir la práctica de los Informes aducidos por la parte accionante, consistente en oficiar al Servicio Nacional de Migración para que remita la copia autenticada del Escrito de Sustentación del Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución Administrativa No. 326 de 22 de julio de 2019, emitida por la Entidad mencionada, y certifique el monto de los salarios caídos dejados de percibir por la demandante, dentro de los periodos comprendidos: entre el 29 de agosto de 2019 al 29 de agosto de 2020, y desde la primera fecha mencionada hasta el reintegro de LIONETT PLICETT RODRÍGUEZ.

Dentro de los Informes que no admitió el Magistrado Sustanciador, se encuentra oficiar al Ministerio de Seguridad Pública para que remita la Providencia, a través de la cual se concedió el Recurso de Reconsideración que presentó la accionante contra el acto acusado.

En este contexto, no está de acuerdo con dicha decisión, porque esta documentación e información debió gestionarla la parte actora, y al no hacerlo o no demostrar los intentos de obtención de la misma, pretende trasladar la carga de la prueba a la Sala Tercera de la Corte Suprema, de Justicia, con lo que quebranta el artículo 784 del Código Judicial, ya que esa carga le corresponde, recordando que dicha norma establece que incumbe a las partes probar los hechos que le son favorables.

FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN, AL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA.

La Procuraduría de la Administración comparte la decisión del Magistrado Sustanciador de declarar no viable la prueba pericial contable que adujo la parte demandante, porque se trata de un medio de convicción inconducente; y por lo tanto, inadmisible, en base a lo dispuesto en el artículo 783 del Código Judicial, ya que se debe practicar fundamentándose en los Procesos Judicial y Administrativo, para determinar el monto de los salarios caídos dejados de percibir por LIONETT PLICETT RODRÍGUEZ. Agrega que, los tipos de pruebas idóneos para acreditar lo que desea la actora en esta Acción de Plena Jurisdicción, son las documentales o de Informe, y no un peritaje.

También expone que, se debe recordar que esta prueba tiene como fin que el Juez pueda acceder a datos técnicos, científicos, artísticos o prácticos, que no se encuentren dentro de su formación profesional o experiencia común, de conformidad con lo establecido en el artículo 966 del Código Judicial, y en el peritaje aducido no se observan esas características.

  1. ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA SALA.

Atendidas las consideraciones de las partes, como apelantes, y de la Procuraduría de la Administración como opositor, ya que la actora no presentó Escrito de Oposición al Recurso de Apelación presentado por dicha Procuraduría, contra el Auto de Pruebas No.200 de 3 de septiembre de 2020, se procede a revisar la actuación de primera instancia, a partir de lo cual se debe expresar lo siguiente:

De forma previa se debe advertir que, el artículo 783 del Código Judicial establece los parámetros que el Juzgador debe seguir en el momento de la admisión de una prueba presentada en el Proceso. El tenor de la norma es el siguiente:

"Artículo 783. Las pruebas deben ceñirse a la materia del proceso y son inadmisibles las que no se refieren a los hechos discutidos, así como las legalmente ineficaces.

El juez puede rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha del proceso; también puede rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes o ineficaces."

Esto implica que en el Auto mediante el cual el Magistrado Sustanciador se pronuncia sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas y aducidas por las partes, debe hacerse una valoración preventiva, técnico-jurídica, del material probatorio, debiendo revisar si éstas se ciñen a la materia del Proceso y a los hechos discutidos, si son dilatorias, inconducentes e ineficaces. También debe revisarse la temporalidad de su presentación, si reúne los requisitos propios de cada tipo, la viabilidad de forma y del medio de la misma, si fueron aducidas y aportadas con arreglo a los requisitos formales, comunes y propios al correspondiente medio de convicción, y las objeciones presentadas en su contra, entre otros aspectos.

En cuanto a la admisión de la prueba pericial contable, cuyo objeto fue expuesto anteriormente, el Tribunal Ad-quem considera que esta es dilatoria, porque el medio idóneo para incorporar al Proceso la información que se pretendía obtener con su práctica era la solicitud de un Informe; por tanto, se comparte el criterio del Magistrado Sustanciador, en el sentido en que la referida pericia es inadmisible, de conformidad con lo establecido en el artículo 783 del Código Judicial; y, en consecuencia, se procederá a confirmar su no admisión.

Con relación a los testimonios de J.C.S. y N.G.A.M., el Tribunal de Apelaciones observa que la demandante cuando aduce estos testigos, indica que el prenombrado fungía como Director; y la susodicha, era la encargada de examinar toda la documentación de los funcionarios adscritos a la Carrera Migratoria, del Servicio Nacional de Migración; y tomando en consideración, que la accionante del hecho segundo al quinto de su libelo de Demanda, hace una relación de todo el Proceso de acreditación y desacreditación en dicha Carrera; el resto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia considera que estas declaraciones guardan relación con los hechos discutidos, los que los convierte en unos medios de convicción conducentes al Proceso, y admisibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 783 del Código Judicial.

En este contexto, por lo expuesto, y porque sólo se tratan de dos (2) declarantes, que no excede el número permitido en el artículo 948 del Código Judicial por cada hechos, se procede a confirmar las admisiones de esas pruebas testimoniales.

Con respecto a lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia señaló mediante Resolución de 6 de febrero de 2019, lo siguiente:

"...

Sobre la admisibilidad de las dos (2) pruebas testimoniales propuestas por la parte actora, que consisten específicamente en los testimonios de las señoras N.P. y B.B., observa este tribunal que esta parte hace referencia a las mismas en el hecho tercero de su libelo de la demanda, por consiguiente, se debe confirmar la admisión de estas pruebas ya que se cumple con el límite dispuesto en el artículo 948 del Código Judicial, de que las partes dentro de un proceso pueden aducir hasta cuatro (4) testimonios por cada hecho de la demanda que deba demostrarse en el proceso.

..."

Con respecto a la admisión de la prueba de informe aducida por la parte actora, consistente en oficiar al Servicio Nacional de Migración y al Ministerio de Seguridad Pública, para que remita la copia autenticada de la documentación e información ya expuesta, el resto de la Sala Tercera considera que se debe confirmar la viabilidad de los Informes, ya que el Recurso de Reconsideración guarda relación con la desacreditación de LIONETT PLICETT RODRÍGUEZ de la Carrera Migratoria, que es un tema que desarrolla la demandante en la mayoría de los hechos de su Acción de Plena Jurisdicción; el tema del monto de los salarios caídos está relacionado con la pretensión de la accionante contenida en el numeral 4 de la Sección II de la referida Acción; y la Providencia, con el acto acusado.

En este sentido, por lo expuesto considera este Tribunal de Apelaciones que dichos Informes son pruebas conducentes al Proceso; y por consiguiente, lo correspondiente es confirmar sus admisiones.

Acerca de la materia expuesta, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia señaló mediante Resolución de 10 de agosto de 2020, lo siguiente:

"...

En cuanto a la admisión de la prueba de informe que adujo la parte actora en su Escrito de Pruebas, consistente en oficiar al Ministerio de Comercio e Industrias, para que certifique sobre algunos aspectos ya descritos, este Tribunal se percata que lo solicitado guarda relación con la estancia laboral del señor J.N. en el Ministerio de Comercio e Industrias; por consiguiente, podrían ceñirse a la pretensión de la parte actora, consistente en que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declare la ilegalidad de la destitución del prenombrado.

..."

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el Auto de Pruebas No. 200 de 3 de septiembre de 2020, emitido por el Magistrado Sustanciador, dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Licenciado L.C., actuando en nombre y representación de LIONETT PLICETT RODRÍGUEZ, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 353 de 2 de agosto de 2019 , emitido por conducto del Ministerio de Seguridad Pública, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

N.;

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

CECILIO CEDALISE RIQUELME

KATIA ROSAS (Secretaria)

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