Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Marzo de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución24 de Marzo de 2021
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 24 de marzo de 2021

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 228-2020

VISTOS:

El resto de los Magistrados integrantes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de Tribunal de Segunda Instancia, conocen del Recurso de Apelación promovido por el Señor Procurador de la Administración, contra el Auto de doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020), que admitió la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, presentada por la Licenciada N.D.P.G., actuando en nombre y representación de la señora Z.X.F.O., para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 379 de 14 de octubre de 2019, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, su acto confirmatorio y se dicten otras declaraciones.

  1. RECURSO DE APELACIÓN

    Al correrle traslado de la Acción promovida, el Procurador de la Administración, en tiempo oportuno, anunció y sustentó Recurso de Apelación contra el Auto de doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020), que admitió la Acción de Plena Jurisdicción, actuación que dejó consignada en la Vista N° 712 de 20 de agosto de 2020.

    Al respecto, el representante del Ministerio Público fundamentó su oposición a dicha admisión aduciendo que la Demanda en estudio no cumple a satisfacción con el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, de acuerdo con el cual toda Acción Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, debe contener "la expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación", de modo que, la Sala Tercera pueda determinar, entre otras cosas, si el Acto Administrativo cuya nulidad se solicita es contrario o no al ordenamiento legal, por lo cual, la parte actora, además, de enunciar cuáles son las normas y de reproducir sus textos, debe sustentar de modo lógico jurídico, e individualizada los preceptos legales que se estiman infringidos y el concepto en que lo han sido.

    En base a las anteriores consideraciones, el Procurador de la Administración, solicitó al resto de la Sala Tercera, que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, revoque la Providencia de doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020), que admitió la Acción en referencia, y en su lugar, no se admita la misma.

    Cabe advertir que, en relación al Recurso de Apelación bajo estudio, la actora no presentó escrito de oposición alguno.

  2. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN

    Una vez analizados los argumentos vertidos por la Procuraduría de la Administración, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, como Tribunal de Segunda Instancia procede a resolver el Recurso de Apelación incoado, a partir de lo cual debe expresar lo siguiente:

    Observa este Tribunal que, a través de la Providencia de doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020), el M.S. admitió la Demanda que ocupa nuestra atención, entendiendo que la misma cumplía con los requisitos de admisibilidad de toda Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción que se interponga ante esta jurisdicción.

    Sin embargo, el Procurador de la Administración estima que se incumple con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946.

    Ahora bien, en lo referente a la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de violación, como requisito de admisibilidad contenido en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, se observa en la Demanda, que la parte actora desarrolló algunas normas de manera separada e individualizada y con claridad exponiendo cómo se origina el vicio de ilegalidad, por lo que el resto de la Sala considera que con dicha explicación, es posible analizar la pretensión, los hechos y las vulneraciones invocadas con la expedición del Acto Administrativo impugnado, en la etapa correspondiente del Proceso.

    Por razón de ello, este Tribunal de Alzada, considera que el apoderado judicial de la señora Z.X.F.O., ha cumplido con lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley No. 135 de 1943, modificado por la Ley 33 de 1946, el cual claramente señala lo siguiente:

    Artículo 43: Toda demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contendrá:

    1. La designación de las partes y de sus representantes;

    2. Lo que se demanda;

    3. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción;

    4. La expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de violación.

    En referencia, citamos un extracto de la Sentencia de veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019), en la cual la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en relación a un negocio similar al que ocupa nuestra atención, dispuso lo siguiente:

    (...)

    De la revisión integra de la demanda, el resto de la Sala Tercera desea profundizar, en el contenido del artículo 43 numeral 4 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, y explicarle al tercero interesado, que si bien es cierto, la parte demandante al desarrollar los normas legales infringidas, omite en parte de su escrito desarrollar de manera correcta alguno de los postulados que la contienen, en el desarrollo del resto de las normas infringidas si cumplió con lo siguiente: menciona la norma; trascribió de manera integra lo que indica la norma; expresó el concepto en que su entender se da dicha infracción y lo desarrolla, (ver de foja 17 a la 31 del expediente judicial), por lo que el resto de la Sala Tercera, no puede inadmitir la demanda, por el solo hecho de que no se cumple con el desarrollo de algunas de las normas que el actor considera infringidas, de manera correcta, lo que le traerá la consecuencia jurídica de que esta norma no será evaluada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia al momento de resolver el fondo del proceso.

    En conclusión, ha quedado demostrado que, no le asiste la razón al apelante, ya que la demanda que se analiza, cumple con las formalidades de forma y fondo, exigidas por la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, por lo que solo nos resta confirmar lo decidido por el sustanciador, en el Auto fechado 08 de enero de 2019, a lo que nos avocamos.

    (...).

    En base a las consideraciones expresadas, este Tribunal de Apelación considera que lo procedente es que se confirme la Providencia, objeto del Recurso de Alzada, toda vez que se ha comprobado que la Demanda cumple con los requisitos de forma que están expresamente exigidos por la Ley Contencioso-Administrativa.

    En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Resolución de doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020), que ADMITE la Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por la Licenciada N.D.P.G., actuando en nombre y representación de la señora Z.X.F.O., para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 379 de 14 de octubre de 2019, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, su acto confirmatorio y se dicten otras declaraciones.

    N.,

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    CECILIO CEDALISE RIQUELME

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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