Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Marzo de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución24 de Marzo de 2021
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 24 de marzo de 2021

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 27238-2020

VISTOS:

El resto de los Magistrados integrantes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de Tribunal de Segunda Instancia, conocen del Recurso de Apelación promovido por el Señor Procurador de la Administración, contra el Auto de dieciséis (16) de junio de dos mil veinte (2020), que admitió la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, presentada por el Licenciado L.C., actuando en nombre y representación de la señora J.I.M.A., para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 998 de 1 de noviembre de 2019, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, su acto confirmatorio y se dicten otras declaraciones.

  1. RECURSO DE APELACIÓN

    A fojas 56 a 61 se encuentra visible la Vista Número 729 de 25 de agosto de 2020, contentiva del Recurso de Apelación interpuesto por el Procurador de la Administración y en su escrito de sustentación solicita a la Sala Tercera, que se REVOQUE la Providencia de dieciséis (16) de junio de dos mil veinte (2020), que admite la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, y en su lugar, NO SE ADMITA la misma.

    Expone el Representante del Ministerio Público que su disconformidad con la precitada admisión radica en que, a su juicio, "la recurrente formula pretensiones que no cumplen con el artículo 43 (numeral 2) de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que se refiere a 'lo que se demanda'; en concordancia con el artículo 43-A de la Ley 135 de 1943, adicionado por el artículo 29 de la Ley 33 de 1946".

    Sostiene que la demandante incluyó entre sus pretensiones el reconocimiento de prestaciones laborales y salariales, sin indicar cuánto es el monto que considera le asiste respecto a dichos derechos adquiridos, lo cual no resulta viable conceder debido a que no delimitó expresamente la cuantía

    Finalmente expresa, el apelante que su disconformidad con la precitada admisión se fundamenta en que el accionante no cumplió a cabalidad con la estructuración del apartado relativo a "LO QUE SE DEMANDA", ya que al consistir en una pretensión de naturaleza pecuniaria, recaía sobre el activador judicial el deber de cuantificar la cuantía que estima le corresponde en concepto del reconocimiento de dicho derecho adquirido, pretermisión que, en su opinión, limitaría la oportunidad de someter al contradictorio la pretensión de la accionante, en lo que respecta a la suma a pagarle en caso que el Tribunal acceda a dicha solicitud. (Cfr. fojas 56-61 del Expediente Judicial)

    En base a las anteriores consideraciones, el Procurador de la Administración, solicitó a este Tribunal de Apelación, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, como fundamento para la revocatoria de la referida admisión.

  2. OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

    El apoderado Judicial de la señora J.I.M.A., mediante escrito visible a fojas 66 a 69, se opuso al Recurso de Apelación promovido por el Procurador de la Administración.

    Por su parte, la opositora indica que la Demanda incoada cumple con todos los presupuestos de admisibilidad establecidos en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, y que en lo referente a "LO QUE SE DEMANDA", queda claro que la Acción va dirigida a la declaratoria de nulidad de la Resolución acusada y que, en consecuencia, se restablezca el derecho subjetivo afectado con la emisión de dicho Acto Administrativo.

    Es por ello que solicita al resto de los Magistrados que componen la Sala Tercera, rechazar el Recurso de Apelación presentado, y que, en su lugar, se confirme la admisión decretada por el Magistrado S..

  3. ANÁLISIS Y DECISIÓN DEL RESTO DE LA SALA

    Una vez analizados los argumentos vertidos por la Procuraduría de la Administración y el Escrito de Oposición al Recurso de Apelación, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, como Tribunal de segunda instancia procede a resolver el Recurso incoado, de acuerdo a las siguientes consideraciones.

    Observa este Despacho que, a través de la Providencia de dieciséis (16) de junio de dos mil veinte (2020), el Magistrado S. admitió la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, entendiéndose que la misma cumple con las formalidades de la Ley previstas para la admisibilidad de toda Acción que se interponga ante esta jurisdicción.

    No obstante, el Procurador de la Administración estima que se ha incumplido el requisito de admisibilidad exigido en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946.

    Este Tribunal de Alzada, al leer con detenimiento el líbelo de Demanda bajo estudio, considera que la accionante ha cumplido con el requerimiento previsto en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, adicionado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, ya que para tales efectos ha designado un apartado denominado "LO QUE SE DEMANDA", consultable a fojas 3 y 4 del Expediente Judicial, a través del cual, la representación judicial de la señora J.I.M.A., peticionó a esta instancia jurisdiccional, la declaratoria de nulidad del Decreto de Personal N° 163 de 1 de octubre de 2019, además, solicitó el restablecimiento del derecho subjetivo que estima violado.

    Lo expuesto hasta aquí, nos permite afirmar que la pretensión de la actora va dirigida a la declaratoria de nulidad del Decreto de Personal No. 998 de 1 de noviembre de 2019, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública y, como consecuencia de ello, se restablezca el derecho subjetivo que estima lesionado con la expedición del dicho Acto impugnado, siendo ella la vía adecuada para promover ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo la Acción de Plena Jurisdicción.

    Con base a todos estos razonamientos y contrario a lo expuesto por el Representante del Ministerio Público, este Tribunal de Alzada considera que la recurrente ha obedecido lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley No. 135 de 1943, modificado por la Ley 33 de 1946, así como también a lo preceptuado en el artículo 43 A de la Ley No. 135 de 1943, modificado por la Ley 33 de 1946, el cual claramente señala:

    "Artículo 43a. Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda" (lo resaltado es del Tribunal)".

    Dentro de contexto anteriormente expresado, somos de la opinión que, ciertamente, se corrobora del libelo de la Demanda, específicamente en el apartado de "LO QUE SE DEMANDA", que la parte actora expresa con claridad lo que se demanda y sus pretensiones, por tanto, no compartimos el argumento esbozado por la Procuraduría de la Administración.

    Es de lugar indicar que, los planteamientos esbozados por el señor Procurador de la Administración, corresponden a aspectos que ciertamente requieren de un análisis por parte de la Sala, que será externado a través de un pronunciamiento en el fondo de la controversia, en virtud que, de acoger los presupuestos de inconformidad expuestos por el apelante, este Tribunal de Apelaciones estaría ponderando cuestiones de índole sustancial, materia que debe ser ventilada en un momento procesal determinado (al resolver fondo), motivo por el cual deben desestimarse.

    Cabe agregar, que en esta etapa sólo debe examinarse si el Auto de Admisión, se ajusta a Derecho, es decir, si la Demanda presentada ha cumplido con los requisitos formales para ser admitida, específicamente en lo señalado por el apelante, de conformidad a lo contenido en el numeral 2 del artículo 43 y 43 A de la Ley 135 de 30 de abril de 1943, en concordancia con lo establecido en la Jurisprudencia.

    En referencia, citamos un extracto de la Sentencia de veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte (2020), en la cual la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en relación a un negocio similar al que ocupa nuestra atención, dispuso lo siguiente:

    "(...)

    Sostiene que la demandante incluyó entre sus pretensiones una que versa sobre unos supuestos salarios dejados de percibir, los cuales no resulta viable conceder debido a la inexistencia de una Ley especial que así los disponga, situación a que, desde su óptica, desatiende lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, conforme quedó modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que se refiere a 'Lo que se demanda'.

    (...)

    Ahora bien, este Tribunal de Alzada, al leer con detenimiento el líbelo de demanda, determina que la actora ha cumplido con lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, adicionado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, por cuanto ha confeccionado un apartado denominado 'Lo que se demanda', y en dicho apartado, visible a fojas 2 y 3 del expediente judicial, la recurrente pide a esta instancia jurisdiccional, a través de los tres (3) numerales que lo componen, no sólo que sea declarado nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 163 de 1 de octubre de 2019, sino también solicita el restablecimiento del derecho subjetivo que estima violado.

    (...)

    De este modo, de conformidad a lo anteriormente expuesto, somos de la opinión que, ciertamente, se corrobora del libelo de la Demanda, específicamente en el apartado de 'lo que se demanda', que la parte actora expresa con claridad lo que se demanda y sus pretensiones, por tanto, no compartimos el argumento esbozado por la Procuraduría de la Administración.

    Y es que la censura del Representante del Ministerio Público corresponde a aspectos que ciertamente requieren de un análisis por parte de la Sala, que será externado a través de un pronunciamiento en el fondo de la controversia, en virtud que, de acoger los presupuestos de inconformidad expuestos por el apelante, este Tribunal de Apelaciones estaría ponderando cuestiones de índole sustancial, materia que debe ser ventilada en un momento procesal determinado (al resolver el fondo), motivo por el cual deben desestimarse.

    (...)." (Lo resaltado es nuestro)

    En base a las consideraciones expresadas, este Tribunal de Apelación no considera viable que se revoque la decisión del S., tal y como lo solicita el recurrente, toda vez que se ha comprobado que la Demanda cumple con los requisitos de forma que están expresamente exigidos por la norma, así como en la jurisprudencia; por ende, ante tales circunstancias, lo consecuente es continuar con el trámite correspondiente.

    Por razón de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de dieciséis (16) de junio de dos mil veinte (2020), por medio del cual SE ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa presentada por el Licenciado L.C., actuando en nombre y representación de la señora J.I.M.A., para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 998 de 1 de noviembre de 2019, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, su acto confirmatorio y se dicten otras declaraciones.

    N.,

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    CECILIO CEDALISE RIQUELME

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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