Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Marzo de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución24 de Marzo de 2021
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 24 de marzo de 2021

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 1110-19

VISTOS:

En grado de Apelación, conoce el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por la Licenciada KENIA NAIROVI ABADIA HOLLINGSWORTH, actuando en su propio nombre y representación, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N°378-D de 30 de agosto de 2019, emitido por la Alcaldía de C., y para que se hagan otras declaraciones.

· RECURSO DE APELACIÓN.

El Procurador de la Administración, mediante la Vista N°1383 de 4 de diciembre de 2020, interpone un Recurso de Apelación contra la Providencia de 14 de septiembre de 2020, mediante la cual el M.S. admitió la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción ensayada, alegando que la Acción promovida por la actora, incumple con los presupuestos procesales contenidos en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, norma que en su contenido señala lo siguiente:

"Artículo 43. Toda demanda ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa contendrá:

...

  1. Lo que se demanda.

..." (Lo resaltado es del Tribunal).

El representante del Ministerio Público sustenta su disconformidad con la precitada admisión alegando que la accionante no cumplió de forma íntegra con la estructuración del apartado relativo a "Lo que se Demanda", ya que parte de la pretensión de la actora versa sobre "el pago de los salarios caídos y demás prestaciones, que se estiman en la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CON BALBOAS (sic) (B/.168,000.00)", por lo que recaía sobre la demandante el deber de indicar con precisión en concepto de cuáles prestaciones laborales equivale dicho monto (Cfr. fojas 75-77 del expediente judicial).

Arguye el Procurador de la Administración que la suma antes indicada debió haberse solicitado en la vía gubernativa, a fin de brindarle la oportunidad a la institución de poder pronunciarse al respecto, ya que tal omisión conlleva a una desventaja procesal para la parte demandada, pues se le está menoscabando la oportunidad de someter al contradictorio la pretensión de la accionante (Cfr. fojas 77-79 del expediente judicial).

Por último, sostiene que al no haber solicitado la actora en sede administrativa el pago de tales prestaciones laborales cuyo monto asciende a ciento sesenta y ocho mil balboas (B/.168,000.00), no agotó adecuadamente la vía gubernativa, es decir, no cumple con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946; en concordancia con el artículo 200 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000; motivo por el cual solicita al resto de los Magistrados de la Sala Tercera, revoquen la Providencia de 14 de septiembre de 2020, y en consecuencia, no se admita la Acción interpuesta (Cfr. fojas 79-82 del expediente judicial).

· OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN.

Por su parte, la Licenciada KENIA NAIROVI ABADIA HOLLINGSWORTH, actuando en su propio nombre y representación, no presentó Escrito de Oposición respecto al Recurso de Apelación interpuesto por el Procurador de la Administración.

· ANÁLISIS Y DECISIÓN DEL RESTO DE LA SALA.

Una vez analizados los argumentos del apelante, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, en calidad de Tribunal de Alzada, proceden a resolver el recurso incoado, de acuerdo a las siguientes consideraciones.

Como primer punto, observa esta Superioridad que, a través de la Providencia de 14 de septiembre de 2020, el Magistrado S. admitió la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en estudio, por considerar que la misma cumplía con los requisitos de admisibilidad de toda Acción que se interponga ante esta Jurisdicción.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público estima que se ha incumplido el requisito exigido en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946.

Bajo este contexto, este Tribunal de Segunda Instancia, al evaluar detenidamente la Demanda, considera que la actora ha cumplido con las formalidades exigidas en la Ley 135 de 1943, ya que en lo que refiere al apartado de "lo que se demanda", la accionante indicó de forma clara y expresa en qué consiste su pretensión, que versa sobre el reintegro al cargo que ocupaba y al pago de los salarios dejados de percibir y demás prestaciones labores, las cuales, según estima, ascienden al monto de ciento sesenta y ocho mil balboas (B/.168,000.00).

En este escenario, esta Corporación de Justicia es del criterio que el monto invocado por la parte actora en concepto de prestaciones laborales, en efecto, requiere de un examen por parte de la Sala; no obstante, el mismo más allá de considerarse un requisito de admisibilidad, constituye un elemento cuya valoración corresponde al análisis del Proceso, por lo que este Tribunal estima que ello no es un impedimento procesal para darle curso a la Acción admitida.

En relación con lo anterior, es dable señalar que este Tribunal ya se ha pronunciado respecto a la viabilidad de la Demanda aun cuando el monto de las prestaciones laborales o derechos adquiridos peticionados por el accionante no estén cuantificados, por lo que nos permitimos citar un extracto de la Resolución de 24 de agosto de 2020, que en lo medular expone:

"...

Sostiene que la demandante incluyó entre sus pretensiones una que versa sobre unos supuestos salarios dejados de percibir, los cuales no resulta viable conceder debido a la inexistencia de una Ley especial que así los disponga, situación a que, desde su óptica, desatiende lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, conforme quedó modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que se refiere a 'Lo que se demanda'.

De este modo, de conformidad a lo anteriormente expuesto, somos de la opinión que, ciertamente, se corrobora del libelo de la Demanda, específicamente en el apartado de "lo que se demanda", que la parte actora expresa con claridad lo que se demanda y sus pretensiones, por tanto, no compartimos el argumento esbozado por la Procuraduría de la Administración.

Y es que la censura del Representante del Ministerio Público corresponde a aspectos que ciertamente requieren de un análisis por parte de la Sala, que será externado a través de un pronunciamiento en el fondo de la controversia, en virtud que, de acoger los presupuestos de inconformidad expuestos por el apelante, este Tribunal de Apelaciones estaría ponderando cuestiones de índole sustancial, materia que debe ser ventilada en un momento procesal determinado (al resolver fondo), motivo por el cual deben desestimarse.

Es importante reiterar que en esta etapa sólo debe examinarse si el Auto de Admisión, se ajusta a Derecho, es decir, si la Demanda presentada ha cumplido con los requisitos formales para ser admitida, específicamente en lo señalado por el apelante, de conformidad a lo contenido en el numeral 2 del artículo 43 y 43 A de la Ley 135 de 30 de abril de 1943, en concordancia con lo establecido en la Jurisprudencia.

En base a las consideraciones expresadas, este Tribunal de Apelación no considera viable que se revoque la decisión del S., tal y como lo solicita el recurrente, toda vez que se ha comprobado que la demanda cumple con los requisitos de forma que están expresamente exigidos por la norma, así como en la jurisprudencia; por ende, ante tales circunstancias, lo consecuente es continuar con el trámite correspondiente."

Frente a los planteamientos expuestos, esta M. debe acotar que arribado el fondo de la presente controversia, ciertamente a KENIA NAIROVI ABADIA HOLLINGSWORTH le corresponderá acreditar en el momento procesal oportuno las pretensiones invocadas en su libelo, etapa en la que el sujeto procesal pasivo podrá rebatir lo argumentado por la activadora jurisdiccional y garantizar así el derecho al contradictorio abordado por el Procurador de la Administración en su Recurso de Alzada.

La Sala estima conveniente señalar que en la doctrina mucho se ha desarrollado respecto a los presupuestos procesales inherentes a toda Acción Contencioso Administrativa que se promueva ante esta Jurisdicción, por lo que nos permitiremos citar lo desarrollado por el autor panameño A.E.M.C., quien sobre el tema expresa lo siguiente:

2.a Requisitos formales de la demanda.

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, los requisitos formales exigidos a las demandas que se presentan ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia-y que dan inicio a los procesos administrativos contenciosos-son los siguientes:

...

2. a.4. La pretensión que se ejerce

R., en la jurisdicción contencioso administrativa, el principio de congruencia, con arreglo al cual, debe existir de conformidad entre la sentencia y las pretensiones y excepciones deducidas en el proceso, en cuanto éstas delimitan el objeto del mismo.

...

Evidentemente, si el Juez contencioso administrativo al momento de desatar la controversia debe pronunciarse sobre todas las pretensiones y excepciones deducidas en el proceso y solamente sobre ellas, es claro que el fallo en cuestión no puede reconocer cuantitativamente más de lo pedido por las partes (ultra petita); ni omitir pronunciarse sobre alguna de las pretensiones o excepciones formuladas (minus petita), ni reconocer pretensiones o excepciones distintas de las invocadas por las partes (extra petita).

Así las cosas, no puede el Tribunal revocar la Admisión de la Acción ensayada basándose en aspectos que escapan de la forma y que constituyen elementos de fondo cuya valoración le corresponde a la Sala ponderar en la fase procesal correspondiente para determinar si accede o no a la pretensión de la activadora judicial.

Finalmente, debemos recordar que en lo que a la fase de admisibilidad compete, en ésta se verifican el cumplimiento de los requisitos mínimos que la propia Ley establece y cuya omisión conlleva a que no se pueda surtir el Proceso, o en el caso que nos ocupa, que el Tribunal se vea imposibilitado de examinar la legalidad del acto administrativo impugnado, siendo esto lo que va a determinar si la Acción ensayada es viable o no, de lo contrario, se le estaría negando un derecho jurisdiccional al particular que acude ante esta instancia para que su controversia sea objeto de un pronunciamiento por parte de esta Judicatura.

En conclusión, esta Superioridad considera que la recurrente ha cumplido con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946; por lo que lo consecuente es confirmar la admisión de la Resolución impugnada.

Por lo antes expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Resolución de 14 de septiembre de 2020, por medio de la cual SE ADMITE la Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción presentada por la Licenciada KENIA NAIROVI ABADIA HOLLINGSWORTH, actuando en su propio nombre y representación, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N°378-D de 30 de agosto de 2019, emitida por la Alcaldía de C., y para que se hagan otras declaraciones.

N.,

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

CECILIO CEDALISE RIQUELME

KATIA ROSAS (Secretaria)

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