Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 9 de Marzo de 2022

PonenteMaría Cristina Chen Stanziola
Fecha de Resolución 9 de Marzo de 2022
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: María Cristina Chen Stanziola

Fecha: 09 de marzo de 2022

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 1048-19

VISTOS:

El Licenciado A.A.B., en nombre y representación de M.M., presenta demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa N°018-2019 de 27 de agosto de 2019, emitida por el Sistema Estatal de Radio y Televisión, así como su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Se admite la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción el 28 de enero de 2020, remitiéndose copia de la misma a la Entidad requerida, a efectos de presentar el informe explicativo de conducta, ordenado por el artículo 33 de la Ley 33 de 1946; así como el traslado al Procurador de la Administración para su emisión de concepto.

LO QUE SE DEMANDA

Mediante el presente proceso la demandante solicita la nulidad por ilegal del acto administrativo dictado por el Sistema Estatal de Radio y Televisión, mediante la Resolución N°018-2019 de 27 de agosto de 2019, el cual deja sin efecto el nombramiento del servidor público, M.M. y en consecuencia se ordene el reintegro al cargo de Periodista, puesto que ocupaba al momento de ser afectado por el acto impugnado y al pago de los salarios dejados de percibir.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El recurrente fundamenta la demanda en base a las siguientes consideraciones:

"...

PRIMERO

Que mi mandante empezó a laborar en la entidad demandada, hace más de siete (7) años, como personal permanente.

SEGUNDO

Que mi mandante fue destituido el día veintinueve (29) de agosto de 2019, fecha en que le fue notificado la Resolución Administrativa N°018 de 27 de agosto de 2019, dictado por la señora GISELLE GONZALEZ VILLARUE, DIRECTORA GENERAL DE SERTV, mediante el cual se le DESTITUYE del cargo que desempeñaba en dicha entidad, como PERIODISTA, Posición 0186 y con un sueldo de MIL BALBOAS (B/.1000.00) mensuales.

...

CUARTO

Que el acto administrativo originario impugnado por esta vía, establece que se destituye a mi representado por ser según la interpretación de LA AUTORIDAD NOMINADORA una discrecionalidad establecida por la ley en favor de la misma, situación contraria a la realizad jurídica de nuestro estado cuando existen leyes principalísimas como por ejemplo el reglamento interno de la institución que indica que para que un trabajador denominado permanente pueda ser destituido debe existir una causal, queremos decir que si bien es cierto existe ese derecho de ejecutar a la autoridad nominadora, dichas ejecuciones devienen de acciones de recursos humanos, agregamos que mi mandante no se le hizo justicia por parte de la Autoridad Nominadora ya que la regla establece que a los trabajadores permanentes después de procesos disciplinarios que resulten en una causal de máxima gravedad para poder destituirlos, tenemos que en la parte motiva del acto impugnado, la autoridad nominadora no establece motivación alguna de que mi representada haya cometido una falta que se enmarque y derive como resultado la destitución, por el contrario como lo que indicamos violenta el debido proceso violando la ley claramente en perjuicio de mi representada.

QUINTO

De lo expuesto en el hecho precedente se deduce y queda evidentemente establecido, que la destitución comunicada a mi mandante y contenida en el acto administrativo impugnado, no es de naturaleza disciplinaria. Es decir, que la autoridad nominadora le impute y le atribuya a mi mandante la comisión de alguna falta de máxima gravedad tipificada según el acto administrativo sometido a la censura, en la Ley 9 de 1994 y en el Reglamento Interno del SERTV. No obstante, y en total violación al Derecho de Defensa de mi representado, no cumple el acto administrativo originario cuestionado, y tal como le ordena la Ley, aunque sea de manera somera, con establecer los motivos que llevaron a la entidad demandada al concluir la relación jurídica que mantenía en forma permanente, que por el tiempo estable y de manera ininterrumpida con mi mandante, por más de siete (7) años permanente, para destituirlo deben respetarse las reglas y es por eso que no se cumple pues con el principio o el elemento de la motivación de todo acto administrativo.

...

SEPTIMO

Que la autoridad nominadora no inició ningún Proceso Administrativo Disciplinario, ni inició ninguna Investigación disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, teniente a sancionar a mi representado o para destituirlo por las causas o motivos externos en el acto administrativo denunciado, ya que repetimos como debe ser esas acciones que le da la ley a LA AUTORIDAD NOMINADORA son derivadas después de resultados de un proceso disciplinario que arroje pruebas fehacientes de alguna falta cometida por mi mandante. Al no incoarse una investigación o proceso disciplinario en contra de mi representada, de manera previa a su destitución, y conforme ordena la Ley, la autoridad nominadora no pone en conocimiento de ésta las imputaciones que se le pudieron haber achacado, ni le permite que realice sus descargos, y menos que ejercite sus medios de Defensa que le otorga la Ley. A mi mandante jamás se le informa o corre en traslado de algún proceso preliminar, insistimos que mi mandante tiene continuidad por más de siete (7) años en la institución.

OCTAVO

Al no iniciar y concluir Proceso Administrativo disciplinario o de investigación disciplinaria, tendiente a demostrar las imputaciones que se le pudieran haber achacado a mi representado, era esencial que el acto administrativo cumpliera a cabalidad con el principio o elemento de motivación de todo acto administrativo, esto es, que le dejara claramente establecido las faltas incurridas y las fechas en que se cometieron las mismas y no lo que se hace que es poner que la AUTORIDAD NOMINADORA tiene esas prerrogativas y ya, cuando las mismas se ejecutarán después de haber un proceso disciplinario o investigación disciplinaria en contra de mi mandante, y sin permitirle ejercitar su legítimo derecho de defensa, viola con ello el debido proceso, y deviene el acto administrativo en abusivo e ilegal.

...

DECIMO CUARTO

Que mi mandante gozaba de estabilidad laboral, debido a que su relación jurídica con la entidad demandada era como permanente, tenía una antigüedad de siete (7) años de servicios continuos en dicha institución, tiene la consecuencia, de que no podría ser destituido, sin que mediera alguna causa justificada prevista en la Ley, previamente demostrada en un proceso disciplinario que hubiese cumplido con todas las garantías y el debido proceso, en que se le hubiese permitido su legítimo derecho de defensa. La omisión incurrida por la autoridad nominadora, deviene y constituye en totalmente ilegales, tanto el acto administrativo originario como el acto confirmatorio que se produjo.

...

DECIMO SEXTO

Que mi mandante es un trabajador que tiene registrado en seguro social su problema con enfermedad DE DIAGNOSTICO RESERVADO, precisamente se establece en ésta enfermedad particular la no obligatoriedad a la persona de no informar a su patrón o compañeros de trabajos sobre la misma, enfermedad que hacia él está establecida por especialistas y su recurso de reconsideración así lo planteo y LA AUTORIDAD NOMINADORA no prestó el mínimo interés en respetar las leyes. ..."

NORMAS LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

De los hechos expuestos, el demandante considera que se ha infringido las siguientes disposiciones legales:

El artículos 127 de la Ley 9 de 1994, se considera infringido por comisión, ya que solo era dable a la autoridad demandada destituir al demandante cuando se le comprobara que había incurrido en alguna causa que justificara la medida de destitución.

Artículo 153 de la Ley 9 de 1994, se considera infringido por omisión, ya que el acto administrativo atacado no le imputa ninguna causal para destituirlo. De incurrir en una causal de destitución o falta tiene como derecho un término el cual es de 60 días, que inicia cuando el S.J. tiene el conocimiento de que ha cometido una falta.

Articulo 161 y 162 de la Ley 9 de 1994, los cuales establecen los casos en que los servidores públicos quedaran retirados de la administración, la persecución de las faltas administrativas prescriben a los sesenta (60) días de entrar el superior jerárquico inmediato del servidor público en conocimiento de la comisión de los actos; se le formularan cargos por escrito. Señala el demandante que fue infringida dicha norma por omisión, ya que la entidad tenía la obligación de poner en conocimiento, para que el mismo pudiera defenderse en el proceso investigativo, de los supuestos cargos. Y una vez concluida la investigación, la Oficina de Recursos Humanos estaba obligada a presentarle conjuntamente con el superior jerárquico un informe a la autoridad nominadora y sus recomendaciones, lo cual no se cumplió.

Artículo 34 de la Ley 38 de 2000, se consideran infringido por omisión, al emitir el acto administrativo impugnado, estaba la obligación de que la entidad cumpliera con el debido proceso, ya que no se le realizo un proceso disciplinario en que se le garantizara al funcionario su legítima defensa.

Artículo 155 de la Ley 38 de 2000, el cual señala que las actuaciones administrativas serán motivadas, con sucinta referencia y los hechos y fundamentos de derecho los actos que afecten derechos subjetivos. Dicha norma se considera infringida por omisión, ya que no expresa las razones o motivos que se tuvo para terminar la relación jurídica que vinculaba al demandante.

Artículos 172 del Decreto Ejecutivo 222 de 1997 por el cual se reglamenta la Ley 9 de 1994 la sanción disciplinaria deberá ser el resultado final de un procedimiento administrativo donde se hayan investigados los hechos. Se considera infringida por omisión, ya que la autoridad nominadora no realizó un proceso disciplinario previo a la destitución.

Artículo 182 del Decreto Ejecutivo 222 de 1997, por el cual se reglamenta la Ley 9 de 1994,; No se aplicaran sanciones disciplinarias en los casos en que la actuación del Servidor Público se haya enmarcado en el cumplimiento de los derechos y en el ejercicio de los derechos que hayan sido reconocido en la Ley, Decreto y demás reglamentaciones. Se considera infringida la norma por omisión, ya que siempre cumplió con los deberes inherentes al cargo que desempeñaba y lo preceptuado por la Ley.

El artículo 120, del Reglamento Interno de Trabajo del Sistema Estatal de Radio y Televisión, los cuales se aplicara la destitución como medida disciplinaria al servidor por incumplimiento de deberes y por violación de derechos y prohibiciones. Se considera infringida por comisión, ya que la autoridad nominadora no debió aplicar la destitución debido a que conforme a la norma reglamentario, solo se le permite la aplicación de dicha sanción en el supuesto de incumpliendo por parte del funcionario, a sus deberes de funcionario o por haber cometido alguna causal que ameritada dicha sanción disciplinaria.

El articulo 130 (literal d) del Reglamento Interno de Trabajo del Sistema Estatal de Radio y Televisión, la destitución del cargo consiste en la desvinculación permanente del servidor público por la comisión de una de las causales establecidas en el régimen disciplinario. Se considera infringida por omisión, porque el demandante no cometió falta alguna contra el Reglamento Interno de la Institución, ni mucho menos reincidido en alguna.

El articulo 134 (numeral 6) Reglamento Interno de Trabajo del Sistema Estatal de Radio y Televisión, De la tipificación de las faltas, se considera infringida la norma por comisión, ya que no ha incurrido en la causal de destitución invocada por la demandada en el acto administrativo originario. El acto deviene en abusivo e ilegal, en la medida que aplica la destitución, sin previamente demostrarlo en un proceso disciplinario o investigación disciplinaria.

El artículo 135, 136 y 137 del Reglamento Interno de Trabajo del Sistema Estatal de Radio y Televisión. La aplicación de las sanciones disciplinarias deberá estar precedida por una investigación realizada por la Oficina Institucional de Recursos Humanos. Si rendido el informe se encuentra que los hechos están demostrados y se ha cumplido con el procedimiento establecido se procederá aplicar la sanción. Dichas normas las considera infringidas por omisión, ya que previo a la aplicación de la destitución, debió someterse al funcionario en una investigación, en dicha investigación debe elaborarse un informe de manera conjunta, con de Superior Jerárquico y la Dirección de la Oficina Institucional, y debe contener las recomendaciones de ambos funcionarios, lo cual no ocurrió.

El artículo 1 de la Ley 59 de 2005, señala que todo trabajador, nacional o extranjero que se le detecte enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igual condiciones. Dicha norma se considera infringida por omisión, ya que al momento de su destitución padecía de una enfermedad crónica como es la enfermedad que lo aqueja de DIAGNÓSTICO RESERVADO (VIH).

El artículo 2 de la Ley 59 de 2005, Las enfermedades crónicas son las que, una vez diagnosticadas su tratamiento, que va más allá de los tres (3) meses, es solo paliativo y no curativo, lo que lleva implícita la crónica, entre ellas el Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA o VIH). El demandante considera la norma infringida por comisión, ya que el acto impugnado desconoce la calidad de enfermo crónico, lo cual le permite le otorga el derecho de mantenerse en su posición, porque goza de fuero por enfermedad.

El artículo 4 de la Ley 59 de 2005, Los trabajadores afectados por las enfermedades descritas en esta ley, solo podrán ser despedidos o destituidos de sus puesto de trabajo por causa justificada y previa autorización judicial. Se considera infringida por omisión, ya que la entidad no tenía la facultad discrecional para destituirlo, ya que el demandante gozaba de un fuero por enfermedad.

Artículo 38 de la Ley 3 del 5 de enero de 2000 el cual establece, el trabajador o la trabajadora no está obligado a informar a su patrón ni a sus compañeros o compañeras de trabajo, acerca de su estado de infección con el virus de la inmuno deficiencia humana. Se considera infringida por comisión, al ignorar las leyes, donde la ley mencionada establece la no obligatoriedad de manifestar a la autoridad nominadora sobre la enfermedad.

INFORME DE CONDUCTA

Mediante Nota N°SERTV/DG/DAL/086-2020 de 6 de febrero de 2020, la Directora General, G.A.G.V., remitió a esta Sala el informe de conducta, visible en fojas 56 a 63, que señala lo siguiente:

"...

El señor M.M.M.G., con cédula de identidad personal N°4-704-1628, inició labores en el Sistema Estatal de Radio y Televisión, el día 18 de junio de 2012, mediante Resuelto de Personal N°116-2012 de 19 de abril de 2012, por el cual se realiza el nombramiento interino en el cargo de PERIODISTA, en la Dirección de Noticias, Código de Ocupación N°0061080, Posición N°0177, designación esta que fue producto de una facultad discrecional de la autoridad nominadora y no de un concurso de mérito.

El día 16 de agosto de 2013 el señor M.M.M.G. firmó acta de toma de posesión del cargo de PERIODISTA, en la Dirección de Noticias, Código Ocupacional N°0061080, con cambio de posición N°0186, mediante Resuelto de Personal N°268-2013 de 08 de julio de 2013, por el cual se realiza el nombramiento eventual como funcionario del Sistema Estatal de Radio y Televisión.

....

En el expediente Administrativo de Personal, del señor M.M.M.G., se encuentra el formulario de Hoja de Vida de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, con fecha de 18 de junio de 2012, que fue llenado por él al ingresar a la institución, en este formulario se observa en blanco los ítems 17: tipo de enfermedad, alergias que padece y 18: enfermedades de alto riesgo de dicho formulario.

Cabe señalar que en el expediente de personal del señor M.M.M.G. no reposa documentación alguna que diera luces a esta Institución del padecimiento de ningún tipo de enfermedad ni condición alguna a diferencia de otros funcionarios públicos que nos informan del padecimiento de enfermedades crónicas, degenerativas y/o involutivas siendo esto de vital importancia que sea de conocimiento de la institución al estar amparadas estas personas por una ley especial que le da una condiciona especial frente al resto de los demás funcionarios, por lo que para esta institución era necesario tener conocimiento en tiempo oportuno del padecimiento de una enfermedad y más aún de aquellas que están enmarcadas bajo el marco legal de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, con las debidas certificaciones por médico idóneo del sistema de salud en la que constara el diagnostico a través del cual se hace el dictamen oficial del padecimiento de la enfermedad, requisito éste también exigido en dicha ley.

...

En el Recurso de Reconsideración de fecha 2 de septiembre de 2019, recibido en esta institución en tiempo oportuno el día 3 de septiembre de 2019, el S.M.M.M.G. indicó en el HECHO SEXTO lo siguiente:

"Soy trabajador amparado por la Ley 59 de 2005 al sufrir de la enfermedad conocida como SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH), por lo cual solicito de reconsidere y se me regrese a mi puesto de Trabajo."

Cabe resaltar que el señor M.M.M.G., en su recurso de reconsideración, manifestó que sufre de la enfermedad antes mencionada, sin embargo, esta fue la primera vez que esta Institución conoció sobre esta condición y el señor M. no presentó pruebas que sustentasen la información manifestada en su recurso de reconsideración.

...

Tomando en consideración que el señor M.M.M.G. anuncia el sufrimiento de la enfermedad SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH) en su recurso de reconsideración, sin embargo, no aportó prueba alguna de la información manifestada, esta Institución no tenía elementos suficientes para considerar revocar su decisión de dejar sin efectos el nombramiento del señor M.M.M.G. toda vez que debía acompañar con su recurso la debida certificación médica exigida en la ley, ya que su sola mención no era suficiente para acreditar dicha información.

..."

CONCEPTO DE LA PROCURADURIA

En Vista 466 del 9 de julio de 2020, visible en foja 64 a 72, la Procuraduría de la Administración emite concepto, señalando lo siguiente:

"...

Luego del análisis de las constancias que reposan en autos, esta Procuraduría advierte que no le asiste la razón al demandante; en cuanto a la carencia de sustento que se advierte en la tesis planteada, referente a lo actuado por el Sistema Estatal de Radio y Televisión al emitir el acto objeto de reparo, que en su opinión, es contrario a Derecho, por supuestamente haber vulnerado las normas arriba mencionadas.

Lo primero que debemos indicar en el caso que nos ocupa, es que estamos ante una desvinculación y no ante una destitución como quiere hacer ver el demandante.

En ese sentido, la decisión adoptada se basó en la facultad discrecional que le está atribuida a la autoridad nominadora para nombrar y remover libremente a los funcionarios que carezcan de estabilidad en el cargo, por no haber ingresado al servicio público mediante un concurso de méritos o encontrarse bajo la protección de alguna ley especial; y no razón de una sanción disciplinaria (Cfr. Fojas 86-87 y 92 del expediente judicial).

...

Así las cosas, y al no estar amparado o formar parte de una carrera pública, el cargo que ocupaba M.M., en el Sistema Estatal de Radio y Televisión era de libre nombramiento y remoción.

En razón de lo anterior, para desvincular del cargo al ex servidor público tampoco era necesario invocar causal disciplinaria alguna; puesto que bastaba con notificarlo de la resolución recurrida y brindarle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, por medio del correspondiente recurso de reconsideración, tal como sucedió durante el curso del procedimiento administrativo, con lo que se agotó la vía gubernativa.

...

En adición a lo anterior, esta Procuraduría estima necesario reiterar que en el caso bajo análisis se cumplieron con los presupuestos de motivación consagrados en la Ley, puesto que en el considerando del acto acusado se establece de manera clara y precisa la justificación de la decisión adoptada por la institución; es decir, que la autoridad nominadora sustentó a través de elementos fácticos jurídicos que la desvinculación del ahora demandante fue producto de la facultad discrecional que la ley le otorga.

..."

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

  1. De la Parte demandante:

    En los alegatos presentados por el Licenciado A.A.B. en representación del señor M.M., alega lo siguiente:

    ...

    Debido a que la relación jurídica que mantenía mi mandante con la autoridad nominadora, era mayor de dos (2) años, mi representado gozaba por este solo hecho, de estabilidad laboral en el cargo que desplegaba, establecido por las leyes al momento de su despido ya que la ley numeral 9 de 1994 y el reglamento interno de SERTV, estaba vigente al momento de su despido y no podía ser destituido sin que mediara alguna causa justificada prevista en la Ley, además de que mi representado estaba amparado por el fuero de salud al ser paciente de enfermedad crónica tal como lo es el VIH.

    Además gracias a la longeva antigüedad de la relación de mi mandante y dado que la misma cumple en demasiada con el termino exigido en las normas, mi representado gozaba de estabilidad laboral, lo cual equivale a un fuero laboral, que le garantizaba al mismo, su permanencia o estabilidad en el cargo, del cual solo podía ser desvinculado o destituido, si se le comprobaba previamente en un proceso disciplinario en el cual se le garantizara su legítimo derecho de defensa, alguna causal de destitución prevista en la Ley. El acto administrativo impugnado desconoce entre otras normas jurídicas, el tenor del precepto jurídico que nos ocupa, el cual que como hemos mencionado, se encontraba vigente al momento de la emisión de acto administrativo señalado.

    ...

  2. La Procuraduría de la Administración.

    La Procuraduría de la Administración, a través de la Vista 317 de 26 de marzo de 2021, emite sus alegatos considerando lo siguiente:

    " ...

    Atendiendo al estado procesal en el que nos encontramos, esta Procuraduría aprovecha para reiterar, que no le asiste la razón al demandante; en cuando a la carencia del sustento que se advierte en la tesis planteada, referente a lo actuado por el Sistema Estatal de Radio y Televisión al emitir el acto objeto de reparo,

    Lo primero que debemos indicar en el caso que nos ocupa, es que estamos ante una desvinculación y no una destitución como quiere hacer ver el demandante.

    En ese sentido, la decisión adoptada se basó en la facultad discrecional que le está atribuida a la autoridad nominadora para nombrar y remover libremente a los funcionarios que carezcan de estabilidad en el cargo, por no haber ingresado al servicio público mediante un concurso de méritos o encontrarse bajo la protección de alguna ley especial; y no en razón de una sanción disciplinaria (Cfr. Fojas 86-87 y 92 del expediente judicial).

    Así las cosas, y al no estar amparado o formar parte de una carrera judicial, el cargo que ocupaba M.M., en el Sistema Estatal de Radio y Televisión era de libre nombramiento y remoción.

    ..."

    DECISION DE LA SALA

    Una vez expuestos los argumentos plasmados por las partes dentro del presente proceso contencioso administrativo, la Sala procede a resolver la presente controversia.

    Como ha quedado señalado previamente, la parte actora demanda la nulidad de la Resolución Administrativa N°018-2019 de 27 de agosto de 2019, emitida por el Sistema Estatal de Radio y Televisión, solicita el reintegro al cargo de Periodista; puesto que ocupaba al momento de ser afectado por el acto impugnado y el pago de los salarios dejados de percibir desde su destitución.

    En razón de lo expuesto, corresponde a la Sala determinar la legalidad del acto impugnado; como argumento central establece el apoderado judicial que el señor M.M., padece de una enfermedad crónica incurable, como el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), por tal motivo considera que es amparado por la Ley 59 de 2005. Además señala que tiene estabilidad laboral por tener más de dos (2) años en la institución.

    Adentrándonos al análisis de fondo de la presente demanda, corresponde a la Sala determinar la legalidad del acto impugnado, con fundamento en los cargos presentados por la parte actora, quien alega violación a la estabilidad laboral de la que gozaba, en base a la protección establecida en la Ley 59 de 2005, modificado por la Ley 25 de 2018, para los funcionarios que padecen de una enfermedad crónica, involutiva y degenerativa. Para ello, previamente debe determinarse si efectivamente gozaba del derecho a la estabilidad al momento de su destitución.

    En primera instancia, observa la Sala que el accionante alega que es un funcionario que padece de una enfermedad crónica, Síndrome de Insuficiencia Adquirida (VIH), diagnosticada durante el tiempo que laboraba en el Sistema de Radio y Televisión (SERTV). En este sentido la Ley 59 de 2005, modificado por la Ley 25 de 2018, expone en artículo 2, literal 1 del P., que:

    Artículo 2. ...

    P.. Para los efectos de esta Ley, las enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas se entenderán así:

  3. Enfermedades crónicas. Son las que, una vez diagnosticadas, su tratamiento, que va más allá de los tres meses, es solo paliativo y no curativo, lo que lleva implícita la cronicidad, entre ellas, diabetes mellitus, lesiones tumorales malignas (cáncer), hipertensión arterial y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (El subrayado, la cursiva y negrilla son de esta Sala).

    De las constancias procesales y de las pruebas admitidas en el presente caso, ha quedado en evidencia que el señor M.M. padece de una enfermedad crónica denominada Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), tal como consta en la Nota DENSYPS-D-N-2481-2021 de 19 de mayo de 2021, la cual el Director de la Caja de Seguro Social, Dr. E.L., certifica que se realizó la verificación del expediente y las atenciones brindadas al paciente, detallando lo siguiente: "El señor M.M. mantiene expediente en la Clínica de Terapia Antirretroviral del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, El sr. M.M. padece de la enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana y comenzó tratamiento antirretroviral desde el 17 de marzo de 2017, la enfermedad se considera una enfermedad crónica incurable." (Cfr. Foja 128 del expediente judicial).

    Sobre el particular, el demandante, si había presentado la certificación antes de la expedición del acto confirmatorio, precisamente con el propósito que la institución valorara la condición de salud del funcionario, sin embargo esto no ocurrió. Debió la entidad realizar el ejercicio de verificar si la prueba aportada en el recurso de reconsideración se ajustaba o no a los presupuestos establecidos en la Ley 59 de 2005, modificado por la Ley 25 de 2018, y exponer el resultado de ello en el acto confirmatorio, y de esta manera garantizar el derecho del administrado a obtener de la Administración Pública actos debidamente motivados, siendo ello elemento integrante del debido proceso legal. Es por ello que el recurso de reconsideración tiene como objeto que la misma autoridad que decidió en el acto administrativo impugnado tome cuenta de su propio error y modifique su decisión.

    Por lo antes expuesto, se evidencia, el señor M.M., al estar amparado por la ley en comento, solo podía ser destituido en base a una casual de destitución; y la administración debía cumplir con el debido procedimiento disciplinario para remover del cargo al demandante.

    Por lo tanto, se encuentra probado los cargos de violación alegado por la parte actora y contenido en los artículos 1 y 4 de la Ley 59 de 2005, modificado por la Ley 25 de 2018, ya que el señor M., tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes de su diagnóstico médico.

    Aunado a lo anterior, el artículo 5 de la Ley 59 de 2005, modificado por la Ley 25 de 2018, dispone que la certificación de la condición de salud de las personas que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, será expedida por una comisión interdisciplinaria o por el dictamen de dos médicos especialistas idóneos del ramo; sin embargo consideramos que hay aspectos frente a los cuales no puede mostrarse indiferencia, como el hecho de que el hoy recurrente acreditó por medio de Certificación, ser paciente de la Caja de Seguro Social; y puso en conocimiento a la entidad demandada la condición de salud que padecía y está ni siquiera se pronunció al respecto, vulnerando así su derecho a que se le expidiera un acto debidamente motivado.

    En este sentido, el artículo 34 de la Ley 38 de 2000, claramente establece que todas las actuaciones administrativas de todas las entidades públicas deben efectuarse con arreglo al debido proceso, lo cual exige para los efectos del acto discrecional, entre otras cosas, la motivación del acto administrativo que resulta del cumplimiento del debido tramite (artículo 200 numeral 1 párrafo 2 de la Ley 38 de 2000).

    Dicho lo anterior, el recurrente ha logrado acreditar la existencia de la enfermedad crónica que padece, por tal motivo, goza de estabilidad laboral, en consecuencia, la institución debía brindar el amparo que contempla la Ley 59 de 2005, y no podía ser dejado sin efecto su nombramiento sin una causa justificada. Por lo tanto, dicha decisión adolece de un elemento indispensable para la garantía del debido proceso, como lo es la motivación del acto.

    Esta Sala en Sentencia del 25 de septiembre de 2017, ha señalado lo siguiente:

    "...

    En ese orden de ideas, el demandante argumenta que el acto acusado viola los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, modificada por la Ley 4 de 25 de febrero de 2010, "Que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral". Estas disposiciones guardan relación con aquellos trabajadores que afectados por las enfermedades descritas por esta ley, lo cuales tienen derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones; y sólo podrán ser despedidos o destituidos de sus puestos de trabajo por causa justificada.

    En este contexto, respecto a la protección laboral que otorga la Ley 59 de 2005, resulta importante determinar si el señor M.R.A., ha logrado acreditar el padecimiento de la enfermedad Diabetes Mellitus II y de una Patología Óptica y en este sentido, se advierte que en el expediente judicial reposa una certificación de 22 de enero de 2016, suscrita por el Doctor Amado Hau, M. General de la ULAPS de Portobelo, de la Caja de Seguro Social, en la cual se hace constar que "el señor M.R., con cédula 8-219-2086, es paciente de la ULAPS de Portobelo, con los siguientes diagnósticos: Diabetes mellitus II y enfermedad de graves (sic)..." (f. 59).

    Esta Sala, observa que a foja 127 del expediente judicial, mediante nota D.M.U.P. N°-08-2017 de 27 de enero de 2017, el Director Médico del ULAPS de Portobelo, en respuesta del Oficio No. 369 de 8 de febrero de 2017, certifica, entre otras cosas, lo siguiente:

    "...

  4. Certificamos que el S.M.R.A. con cédula de identidad personal N° 8-219-2086, ha sido tratado por DIABETES MELLITUS desde el 27 de noviembre del 2007 y cuyo tratamiento es GLIBENCLAMIDA de 5mg c/día.

  5. La DIABETES MELLITUS es una enfermedad crónica, ya que es un conjunto de trastornos metabólicos, (sic) cuya características (sic), es la presencia elevada de glucosa de forma crónica, debido a un defecto en la producción de Insulina..."

    Por lo expuesto, esta M. concluye que el recurrente ha logrado acreditar la existencia de esta enfermedad y el hecho que no se haya conformado la comisión interdisciplinaria que certifique dicha condición, no exonera el deber que tiene la institución de brindar el amparo que contempla la Ley 59 de 2005. Por lo que el servidor público goza de estabilidad laboral y no podía ser dejado sin efecto su nombramiento sino por causa justificada, lo cual no se ha dado en este caso.

    ..."

    Por las razones expuestas, se hace evidente la ilegalidad del acto de destitución impugnado, al vulnerarse el contenido de las normas, ya que se le remueve del cargo sin seguirle un procedimiento disciplinario previo, en base a una causal de destitución comprobada, al ser un servidor público que padece de una enfermedad crónica denominada: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida Humana (VIH).

    Con relación a los demás cargos de violación invocados por el demandante, esta Sala por economía procesal, y en virtud de estar probada la ilegalidad de la resolución impugnada, no se pronuncia al respecto.

    Sobre la solicitud del pago de los salarios caídos, la Ley 151 de 24 de abril de 2020, que modifica la Ley 59 de 2005, reconoce dicha retribución laboral a todos aquellos trabajadores reintegrados a sus cargos en función de la referida protección laboral, lo cierto es que tal excerta legal no se encontraba vigente al momento en que se emitió el acto administrativo, la Resolución Administrativa N°018-2019 de 27 de agosto de 2019, por lo tanto, no procede el pago en el presente proceso.

    En atención a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar la nulidad del acto demandado, y acceder a la pretensión de reintegro del señor M.M., no obstante la pretensión de los salarios dejados de percibir no resulta procedente.

    PARTE RESOLUTIVA

    Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES ILEGAL, la Resolución Administrativa N°018-2019 de 27 de agosto de 2019, emitida por el Sistema Estatal de Radio y Televisión y, ORDENA al Sistema Estatal de Radio y Televisión, que reintegre al señor M.M., con cédula de identidad personal N°4-704-1628, en el cargo que desempeñaba en el momento en que se hizo efectiva su destitución o en otro cargo de igual jerarquía y salario de acuerdo a la estructura de la institución; y NIEGA el pago de los salarios dejados de percibir por parte del demandante.

    N.,

    MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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