Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 10 de Marzo de 2022

PonenteCecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución10 de Marzo de 2022
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme

Fecha: 10 de marzo de 2022

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 1106-19

VISTOS:

La Licenciada Alejandra María Acevedo Bolívar, actuando en su propio nombre y representación, interpone ante la Sala Tercera formal demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal 349 de 2 de agosto de 2019, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Servicio Nacional de Migración entidad adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

I. LO QUE SE DEMANDA Y SU FUNDAMENTO LEGAL

En la presente acción de plena jurisdicción, la Licenciada Alejandra María Acevedo Bolívar solicita a la Sala Tercera que declare que es nulo, por ilegal, el Decreto de Personal 349 de 2 de agosto de 2019, por medio del cual el Ministro de Seguridad Pública deja sin efecto su nombramiento en el cargo de Supervisor de Migración IV, Código 8032030, Posición 1941, en el Servicio Nacional de Migración; así como el Resuelto 1011 de 9 de octubre de 2019, que resuelve confirmar en todas sus partes la medida de destitución.

Como restauración del derecho subjetivo lesionado, pretende que este Tribunal de Justicia declare que está vigente el acto administrativo de nombramiento en el cargo de supervisor de migración, constituido en el Decreto N°323 de 8 de septiembre de 2016, y ordene a la institución demandada su reintegro a las funciones que venía desempeñando hasta el momento de su destitución.

Con el objeto de sustentar su pretensión la recurrente argumenta que fue nombrada en el Servicio Nacional de Migración, mediante el Decreto 323 de 8 de septiembre de 2016, en el cargo de supervisor de migración.

Aduce igualmente que, el 6 de octubre de 2017 fue incorporada a la Carrera Migratoria a través de la Resolución 124 de 7 de octubre de 2017; sin embargo, esa incorporación fue dejada sin efecto por medio de la Resolución 327 de 22 de julio de 2019, misma que fue recurrida en reconsideración ante la autoridad de primera instancia, quien confirma en todas sus partes la decisión adoptada, mediante la Resolución 355 de 1 de agosto de 2019, la cual fue notificada personalmente el 7 de agosto de 2019.

Finalmente señala, que el Servicio Nacional de Migración procedió a destituirla el 2 de agosto de 2019, por conducto del Decreto 349, a pesar que la resolución que resolvía el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución que dejó sin efecto el acto administrativo de acreditación a la Carrera Migratoria, todavía no había sido notificado; por lo que, a la fecha de su remoción aún mantenía la condición de servidora pública de Carrera Migratoria, en consecuencia, dicha actuación es violatoria de los principios de estricta legalidad y del debido proceso legal.

II. DISPOSCIONES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE SU VIOLACIÓN.

La demandante aduce que el acto cuya nulidad demanda infringe los artículos 34 y 201 (acápites 1 y 31) de la Ley N°38 de 2000, que a la letra expresan:

"Artículo 34. Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a las normas de uniformidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Los Ministros y Ministras de Estado, los Directores y las Directoras de entidades descentralizadas, Gobernadores y Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas y demás Jefes y Jefas de Despacho velaran, respecto de las dependencias que dirija, por el cumplimiento de esta disposición.

Las actuaciones de los servidores públicos deberán estar presididas por los principios de lealtad al Estado, honestidad y eficiencia, y estarán obligados a dedicar el máximo de sus capacidades a la labor asignada."

"Artículo 201. Los siguientes términos utilizados en esta Ley y sus reglamentos, deben ser entendidos conforme a este glosario:

1.Acto administrativo. Declaración emitida o acuerdo de voluntad celebrado, conforme a derecho, por una autoridad u organismo público en ejercicio de una función administrativa del Estado, para crear, modificar, transmitir o extinguir una relación jurídica que en algún aspecto queda regida por el Derecho Administrativo. Todo acto administrativo deberá formarse respetando sus elementos esenciales: competencia, salvo que ésta sea delegable o proceda la sustitución; objeto, el cual debe ser lícito y físicamente posible; finalidad, que debe estar acorde con el ordenamiento jurídico y no encubrir otros propósitos públicos y privados distintos, de la relación jurídica de que se trate; causa, relacionada con los hechos, antecedentes y el derecho aplicable; motivación, comprensiva del conjunto de factores de hecho y de derecho que fundamentan la decisión; procedimiento, que consiste en el cumplimiento de los trámites previstos por el ordenamiento jurídico y los que surjan implícitos para su emisión; y forma, debe plasmarse por escrito, salvo las excepciones de la ley, indicándose expresamente el lugar de expedición, fecha y autoridad que lo emite.

...

31. Debido Proceso Legal. Cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en materia de procedimiento que incluye los presupuestos señalados en el artículo 32 de la Constitución Política: el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales (dar el derecho a audiencia o ser oído a las partes interesadas, el derecho a proponer y practicar pruebas, el derecho a alegar y el derecho a recurrir) y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva, disciplinaria o administrativa."

Al sustentar los cargos de infracción de esas disposiciones legales, la parte actora afirma que el Servicio Nacional de Migración inobservó la obligación de actuar con apego a los principios del debido proceso legal y de estricta legalidad; puesto que, fue destituida del cargo que desempeñaba en esa entidad cuando todavía se encontraba vigente el acto administrativo que la incorporó a la Carrera Migratoria.

A la vez, manifiesta que la entidad demandada omitió cumplir con el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico, para la remoción de una persona amparada por la Carrera Migratoria.

III. EL INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

El Ministerio de Seguridad Pública, en aras de cumplir con el mandato exigido por el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, rindió su Informe Explicativo de Conducta mediante la Nota N°0007-OAL-2020 de 06 de enero de 2019, Control 6798, en el cual expresa que la destitución de la señora Alejandra María Acevedo Bolívar se fundamentó en el artículo 300 de la Constitución Política de la República de Panamá; el artículo 629 del Código Administrativo; el artículo 2 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, modificado por la Ley 23 de 2017; y la Resolución 038 de 9 de julio de 2019 de la Dirección General de Carrera Administrativa del Ministerio de la Presidencia.

Agrega que, la señora Acevedo Bolívar presentó recurso de reconsideración en contra del Decreto de Personal 349 de 2 de agosto de 2019, acto que fue confirmado por el Ministerio de Seguridad Pública, mediante el Resuelto 1011 de 9 de octubre de 2019, que resolvió mantener la medida de destitución.

Finaliza explicando que, luego de analizar el expediente de personal de esta ex funcionaria, observó que no consta ninguna documentación o elemento probatorio que permita concluir que la impugnante haya sido incorporada al cargo de Supervisor de Migración IV, mediante un sistema de méritos, haciendo totalmente viable su desvinculación antes de realizar este proceso, porque la normativa lo permite y fue lo que ocurrió en el presente caso; toda vez que, el Presidente de la República y la autoridad nominadora del Ministerio de Seguridad Pública desplegaron su facultad discrecional de poder escoger entre las opciones que permite la norma, eligiendo la que consideraron más conveniente.

IV. DEFENSA DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.

El representante del Ministerio Público procedió a dar su contestación de la demanda, por medio de la Vista Número 175 de 4 de febrero de 2020, en la que luego de hacer un breve antecedente de los hechos que dieron origen a la presente demanda y los argumentos sobre los cuales la actora funda su pretensión, señala que contrario a lo expresado por la demandante, considera que al momento de la destitución Alejandra María Acevedo Bolívar no ostentaba la condición o estatus de servidora pública de Carrera Migratoria, pues mediante la Resolución 327 de 22 de julio de 2019, se dejó sin efecto el acto administrativo que la incorporó a ese régimen; por lo que, no se encontraba amparada por el derecho a la estabilidad.

Continúa explicando que, del Resuelto 1011 de 9 de octubre de 2019, que resuelve el recurso de reconsideración propuesto por la actora, se desprende que la institución demandada decidió dejar sin efecto el reconocimiento de Alejandra María Acevedo Bolívar a la Carrera Migratoria, porque fue nombrada en el Servicio Nacional de Migración en el mes de septiembre de 2016, o sea, tres (3) meses después de haber finalizado el proceso especial de ingreso, el cual permitía a los funcionarios solicitar su ingreso a dicha carrera.

De ahí que, es de la opinión que la desvinculación acusada fue concebida con fundamento en la facultad discrecional de la cual goza la autoridad nominadora; ya que la actora ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, por ende, para desvincularla no era necesario invocar ninguna causal disciplinaria, solo bastaba con notificarla de la resolución recurrida y brindarle la oportunidad de ejercer su derecho a defensa, lo que fue cumplido por la institución al resolver su recurso de reconsideración, que agotó la vía gubernativa. Por lo tanto, solicita a la Sala Tercera que declare que no es ilegal el Decreto de Personal 349 de 2 de agosto de 2019, expedido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Seguridad Pública y, en consecuencia, se desestimen las demás pretensiones de la demandante.

V. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Evacuados los trámites procesales que establece la ley para los procesos de plena jurisdicción, esta Corporación de Justicia pasa a resolver la Litis planteada de conformidad con la atribución otorgada por el numeral 2, del artículo 206 de la Constitución Política y el artículo 97 del Código Judicial.

Con miras a lograr una mejor aproximación del asunto sometido a escrutinio de esta Sala, consideramos pertinente hacer un breve recorrido por los elementos probatorios allegados al proceso, lo cual nos permitió determinar que Alejandra María Acevedo Bolívar fue nombrada de manera eventual en el cargo de Inspector III (Supervisor), Código 0073023, Posición 1941, en el Servicio Nacional de Migración, por medio del Decreto de Personal 323 de 8 de septiembre de 2016, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministro de Seguridad Pública; cabe destacar que, por medio del Resuelto de Personal 092 de 18 de mayo de 2018, el Director General del Servicio Nacional de Migración solo resuelve reconocer a la ex funcionaria Alejandra María Acevedo Bolívar un ajuste de sueldo, por ascenso al cargo de Supervisor de Migración IV, tal como se desprende del contenido de la foja 56 del expediente judicial; por lo que, no es válido lo señalado por la actora al argumentar que mediante este resuelto fue nombrada en dicho cargo.

Según consta a foja 18 y 19 del expediente judicial, el Director General del Servicio Nacional de Migración, en ejercicio de sus facultades legales, expide la Resolución 124 de 6 de octubre de 2017, que confiere a Alejandra María Acevedo Bolívar la condición de servidora pública de Carrera Migratoria en el cargo de Inspector III (Supervisor), Código 0073023, Posición 1941, en el Servicio Nacional de Migración.

Sin embargo, advertimos que la Directora Nacional de Migración, con posterioridad, dicta la Resolución 327 de 22 de julio de 2019, por cuyo conducto deja sin efecto el acto administrativo que acredita a Alejandra María Acevedo Bolívar al régimen de Carrera Migratoria.

En razón de lo anterior, el Órgano Ejecutivo por instrucción del Ministro de Seguridad Pública, dicta el Decreto de Personal 349 de 2 de agosto de 2019, que deja sin efecto el nombramiento de la servidora pública Alejandra María Acevedo Bolívar, fundamentado en el hecho que el cargo que ocupaba dicha funcionaria era de libre nombramiento y remoción de la máxima autoridad; pues, no había sido incorporada a la Carrera Administrativa, ni a ninguna otra condición legal que le asegurara una estabilidad en su puesto de trabajo.

En razón de lo anterior, la afectada interpuso oportunamente recurso de reconsideración, el cual fue decidido por el Ministro de Seguridad Pública mediante el Resuelto 1011 de 9 de octubre de 2019, que confirma en todas sus partes la medida de destitución, con base en el hecho que el nombramiento de Alejandra María Acevedo Bolívar en el Servicio Nacional de Migración se materializó en el mes de septiembre de 2016; o sea, tres (3) meses después de haber finalizado el proceso especial de ingreso que le permitía solicitar su ingreso a la Carrera Migratoria de manera excepcional. Esa decisión fue notificada a la actora el 11 de octubre de 2019, con lo cual agotó la vía gubernativa.

Apreciamos que la demandante, en apoyo de su pretensión, alega fundamentalmente que obtuvo el estatus de Carrera Migratoria al expedirse la Resolución 124 de 6 de octubre de 2017. Sin embargo, la nueva Directora General del Servicio Nacional de Migración, mediante la Resolución 327 de 22 de julio de 2019, al cambiar el gobierno, decidió revocarle su condición de funcionaria de Carrera Migratoria. Por lo tanto, interpuso formal recurso de reconsideración en su contra, el cual fue resuelto por medio de la Resolución 355 de 1 de agosto de 2019, que confirma la medida adoptada.

Agrega que, la Directora General del Servicio Nacional de Migración dicta el Decreto de Personal 349 de 2 de agosto de 2019, que la destituye del cargo que ocupaba en esa institución, cuando todavía no le había sido notificada la resolución que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra del acto administrativo de desacreditación, mismo que fue de su conocimiento hasta el 7 de agosto de 2019, con lo cual se le violentó los principios de estricta legalidad y del debido proceso legal; ya que al darse su desvinculación de esa institución aún se encontraba amparada en el régimen de Carrera Migratoria; de ahí que, estima que, el Decreto de Personal 349 de 2 de agosto de 2019, violenta los artículos 34 y 201 (numerales 1 y 31) de la Ley 38 de 2000.

En vista que, las normas que la actora invoca como infringidas, se encuentran íntimamente vinculadas entre sí en el concepto de infracción, esta Sala Tercera procede realizar su análisis en conjunto, por economía procesal.

Primeramente, esta Superioridad debe acotar que el artículo 300 de la Constitución Política de la República de Panamá, es claro al expresar que el nombramiento y remoción de los servidores públicos no será potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad; los cuales se regirán por el sistema de méritos y su estabilidad en el cargo estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio.

Esta Carta Magna también expresa en el artículo 301, que los nombramientos que recaigan en el personal de carrera se harán con base en el sistema de mérito.

Desde esa perspectiva, al crear el Servicio Nacional de Migración se instauró la Carrera Migratoria, mediante el Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008, en cuyos artículos 99 y 100, se dispuso lo siguiente:

"Artículo 99. Se crea la Carrera Migratoria para los servidores públicos del Servicio Nacional de Migración, con el propósito de establecer un régimen laboral especial fundado en los criterios de igualdad, mérito, honestidad, transparencia, capacidad y eficiencia.

Los requisitos y procedimientos para los nombramientos, ascensos, traslados, suspensiones y destituciones, serán establecidos por el reglamento del presente Decreto Ley."

"Artículo 100. El ingreso de los servidores públicos a la Carrera Migratoria estará condicionado a procedimientos de selección según su capacidad, competencia profesional, mérito, moral pública, igualdad de oportunidades y condiciones psicofísicas, aspectos todos que se comprobarán mediante instrumentos válidos, idóneos y pertinentes de medición, previamente establecidos en el reglamento del presente Decreto Ley."

Con el objeto de desarrollar ese decreto ley, se dicta inicialmente el Decreto Ejecutivo 40 de 16 de marzo de 2009, que lo reglamenta, mismo que fue modificado por el Decreto Ejecutivo 112 de 24 de febrero de 2014; posteriormente, estos textos reglamentarios quedaron derogados al expedirse el Decreto Ejecutivo 138 de 4 de mayo de 2015, el cual, de acuerdo con su artículo 1, será aplicado a los servidores públicos del Servicio Nacional de Migración que han sido incorporados a la Carrera Migratoria.

De la lectura del citado cuerpo reglamentario, advertimos que existen dos procedimientos de ingreso a la Carrera Migratoria; el primero, instituido en el artículo 32, que establece el ingreso a dicha carrera mediante un proceso ordinario de reclutamiento y selección, condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en ese decreto ejecutivo; el segundo de ellos, consagrado en los artículos 126 y 127, que instituyen el procedimiento excepcional de incorporación a ese régimen de carrera, al disponer lo siguiente:

"Artículo 126: El personal acreditado en Carrera Administrativa tendrá el término de un año, contado a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo, para ingresar voluntariamente a la Carrera Migratoria, de lo contrario conservará el estatus que mantenga."

"Artículo 127: Los servidores públicos del Servicio Nacional de Migración, nombrados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo, tendrán un proceso especial de ingreso a la Carrera Migratoria."

Ahora bien, al verificar los elementos de pruebas aportados al proceso in examine, con el objeto de establecer cuál fue el procedimiento adoptado por la institución demandada para incorporar a la actora al régimen de Carrera Migratoria, pudimos comprobar que Alejandra María Acevedo Bolívar no participó en un concurso de méritos que la hiciera acreedora a esa condición de servidora pública de carrera, lo que nos lleva a concluir que al expedir la Resolución 124 de 6 de octubre de 2017, el Director General del Servicio Nacional de Migración en uso de sus facultades legales incorporó a la demandante a dicha Carrera Migratoria con base en el procedimiento excepcional; por lo que, nuestro análisis estará encaminado en ese sentido.

Según se desprende del referido texto reglamentario, que desarrolla con precisión el procedimiento de ingreso excepcional de los servidores públicos del Servicio Nacional de Migración a la Carrera Migratoria, específicamente en los artículos 130 y 131, vemos que el mismo no opera de manera automática, sino que es a solicitud del funcionario, el cual debe poseer el perfil del cargo, pasar satisfactoriamente las evaluaciones de conocimiento y aptitudes, cumplir con los requisitos que exige el artículo 32; cuyas disposiciones dicen así:

"Artículo 130. El procedimiento especial de ingreso es el procedimiento excepcional diseñado para incorporar automáticamente a la Carrera Migratoria a los servidores públicos del Servicio Nacional de Migración en funciones, que demuestren poseer el perfil del cargo, aprueben la evaluación de conocimiento del Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008, así como de su reglamentación, y soliciten el ingreso a la Carrera Migratoria."

"Artículo 131. Los servidores públicos que soliciten su ingreso a la Carrera Migratoria, a través de este procedimiento excepcional, deberán cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 32."

Sin embargo, notamos que ese texto reglamentario puso una limitante en cuanto a la aplicación del proceso excepcional de ingreso a la Carrera Migratoria, en el artículo 132, al establecer que este procedimiento especial de ingreso finalizará en un (1) año, contado a partir de la entrada en vigor de ese decreto ejecutivo; normativa que expresa:

"Artículo 132. La Unidad de Recursos Humanos, a través de la Sección de Análisis Técnico, deberán evaluar los expedientes de los servidores públicos en funciones sin interrupción y sin ningún tipo de discriminación, a partir del inicio del procedimiento especial de ingreso, que finalizará en un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo."

Teniendo como base esa premisa, la Sala observa que el Director Nacional de Migración nombró a la demandante Alejandra María Acevedo Bolívar, en el cargo de Supervisor de Migración III, el día 8 de septiembre de 2016, lo que nos permite arribar a la conclusión que su ingreso a la Carrera Migratoria se produjo mucho después de haber entrado en vigor el Decreto Ejecutivo 138 de 4 de mayo de 2015, publicado en la Gaceta Oficial 27777-B de 11 de mayo de 2015; por lo que, no era viable la aplicación del procedimiento excepcional de ingreso, instituido en los artículos 130 y 131, para hacerse merecedora de la condición de servidora pública en funciones adscrita a la Carrera Migratoria, ya que los funcionarios del Servicio Nacional de Migración que aspiraran a formar parte de la Carrera Migratoria, sobre la base de la aplicación del procedimiento excepcional de ingreso, tenían hasta el 4 de mayo de 2016 para formular su petición al Director General de la institución, lo cual no ocurrió en el caso de la demandante.

Así las cosas, es evidente que la autoridad nominadora de ese entonces no se ciñó a los parámetros legales que establece el artículo 132 del estatuto reglamentario del Decreto Ley 3 de 2008, al expedir el acto administrativo que confería a Alejandra María Acevedo Bolívar la condición de servidora pública de Carrera Migratoria en el cargo de Supervisor de Migración III; en virtud que, ésta fue acreditada a dicha carrera el 6 de octubre de 2017, conforme el procedimiento excepcional de solicitud, o sea, mucho después del vencimiento del plazo de un (1) año de la entrada en vigor de ese texto reglamentario, que venció el 4 de mayo de 2016. Por lo tanto, para optar al estatus de Carrera Migratoria, la misma debió seguir el procedimiento ordinario de ingreso, basado en la selección según sus capacidades, evaluación y el cumplimiento de todos los requisitos que exige el reglamento.

En consecuencia, resulta claro que una vez que el Consejo de Ética y Disciplina de Servicio Nacional de Migración dejó sin efecto el acto administrativo de acreditación de la Licenciada Alejandra María Acevedo Bolívar, en el cargo de Supervisor de Migración IV, mediante la Resolución 327 de 22 de julio de 2019, ésta dejó de formar parte de la Carrera Migratoria, constituyéndose en una funcionaria con la categoría de servidora pública que no forma parte de ninguna carrera pública, quedando así como funcionaria de libre nombramiento y remoción.

Por ende, al no estar adscrita la actora a ninguna carrera pública la autoridad nominadora podía prescindir de sus servicios en cualquier momento, sin que mediara ningún procedimiento especial de desvinculación del cargo de ocupaba, con la única obligación de cumplir con el deber notificarla personalmente del decreto de personal de destitución y resolver oportunamente el recurso propuesto, a fin de garantizarle el debido proceso legal, tal como se produjo en el presente caso.

Vale destacar que, si bien, la parte demandante recurrió en reconsideración en contra de la Resolución 124 de 6 de octubre de 2017, de desacreditación de la Carrera Migratoria, con lo cual agotó en debida forma la vía gubernativa; no podemos soslayar que Alejandra María Acevedo Bolívar no interpuso oportunamente su acción contencioso administrativa ante la Sala Tercera, en aras de lograr la tutela de su derecho subjetivo posiblemente lesionado con esa decisión.

Por consiguiente, una vez en firme y ejecutoriada esa decisión, el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Seguridad Pública, a cuya dependencia se encuentra adscrito el Servicio Nacional de Migración, podía ejercer su potestad discrecional de la cual goza para destituir a Alejandra María Acevedo Bolívar por ocupar un cargo de libre remoción y de confianza de su superior jerárquico, en atención a lo dispuesto en el artículo 629, numeral 18, del Código Administrativo, que confiere al Presidente de la República la atribución de remover a sus agentes, salvo cuando la Constitución, o las leyes dispongan que no sean de libre remoción.

El marco de todo lo expuesto demuestra que, al expedir el Decreto de Personal 349 de 2 de agosto de 2019, la entidad demandada se ciñó a los parámetros reglamentarios contenidos en el Decreto Ejecutivo 138 de 4 de mayo de 2015; lo que permite establecer que esa actuación, lejos de conculcar los principios de estricta legalidad y del debido proceso legal en los términos que alega la recurrente en su demanda, es evidente que el Ministerio de Seguridad Pública se ajustó a Derecho, por ende, los artículos 34, 201, numerales 1 y 31, de la Ley 38 de 2000, no han sido infringidos por el acto administrativo acusado de ilegal.

VI. PARTE RESOLUTIVA:

Por las consideraciones anteriores, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES NULO, POR ILEGAL, el Decreto de Personal 349 de 2 de agosto de 2019, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Seguridad Pública; y, en consecuencia, niega el resto de las peticiones formuladas en la demanda.

Notifíquese,

CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

KATIA ROSAS (Secretaria)

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