Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Diciembre de 2021

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución29 de Diciembre de 2021
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 29 de diciembre de 2021

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 27-20

VISTOS:

El Licenciado E.L., actuando en nombre y representación de MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL SPENCE, ha presentado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019, emitida por el SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones (Cfr. fs. 2-13 del expediente judicial).

Una vez repartida la acción ensayada, el Magistrado Sustanciador procedió a hacer el escrutinio de admisibilidad, para lo cual dictó la Resolución de 28 de enero de 2020, mediante la cual se admitió la misma; se envió copia a la Directora General del Servicio Nacional de Migración para que rindiese un informe explicativo de conducta; se le corrió traslado al Procurador de la Administración para que contestara la demanda; y se abrió la causa a pruebas; decisión que fue confirmada por el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera a través del Auto de 30 de noviembre de 2020 (Cfr. fs. 15 y 62-67 del expediente judicial).

Seguidamente, se continuaron los trámites procesales correspondientes, encontrándose el presente proceso en estado de resolver el fondo; labor a la cual se aboca este Tribunal, no sin antes hacer una síntesis de los hechos y el Derecho que fundamentan las pretensiones de la parte actora, así como la posición que al respecto tiene la funcionaria acusada, y quien representa sus intereses, el Procurador de la Administración.

  1. Pretensiones formuladas; hechos u omisiones que fundamentan la demanda; normas que se estiman violadas y cómo lo han sido; alegato de conclusión.

    La parte actora solicita a este Tribunal que declare nula, por ilegal, la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019, confirmada por la Resolución N° 628 de 25 de octubre de 2019, mediante la cual la Directora General del Servicio Nacional de Migración: 1) Dejó sin efecto la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, por cuyo conducto se reconoció a M.Á.V.S. su incorporación a la Carrera Migratoria; y 2) Canceló el cargo y el reconocimiento de dicho servidor público al Régimen Especial de Ingreso a la Carrera Migratoria, de acuerdo a los artículos 18 (numeral 4) y 139 del Decreto Ejecutivo 138 de 2015 (Cfr. f. 11 del expediente judicial).

    Como consecuencia de lo anterior, pide que se mantenga vigente la citada Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, que reconoció al prenombrado su incorporación a la Carrera Migratoria en el cargo de Inspector I del Servicio Nacional de Migración, así como el reintegro en la misma posición y con igual salario, además de todas las prestaciones laborales dejadas de percibir, a raíz de la emisión del acto administrativo impugnado (Cfr. fs. 11-12 del expediente judicial).

    Entre los hechos y las omisiones en los que funda tales pretensiones, el apoderado judicial del actor señala que mediante el Decreto de Personal N° 140 de 3 de marzo de 2017, este último fue nombrado en el Servicio Nacional de Migración, en la posición N° 1760, con un salario de B/.850.00. Continúa indicando, que a través de la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, suscrita por el Director General, el Subdirector General y el Presidente del Consejo de Ética y Disciplina, del Servicio Nacional de Migración, a M.Á.V.S. se le otorgó un certificado de servidor público de Carrera Migratoria, en la posición de Inspector de Migración I; no obstante, alega que oficiosamente, por medio de la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019, la actual Dirección General del Servicio Nacional de Migración dejó sin efecto la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, con sustento en el argumento que la acreditación del funcionario a dicho régimen no contaba con la auditoría previa del Consejo de Ética y Disciplina, siendo ello un requisito de ingreso a la Carrera Migratoria; añadiendo que contra el citado administrativo interpuso recurso de reconsideración, pero la entidad pública demandada resolvió confirmarlo por conducto de la Resolución N° 628 de 25 de octubre de 2019 (Cfr. f. 5 del expediente judicial).

    En virtud de lo anterior, el abogado del demandante estima que se han violado las siguientes normas legales y reglamentarias:

    1. El artículo 140 del Decreto Ejecutivo 138 de 11 de mayo de 2015 -que reglamenta el Título X del Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008- el cual contempla las causas por las cuales se perderá la condición de servidor público de Carrera Migratoria; disposición que, a su juicio, ha sido infringida por la institución acusada, ya que entre los supuestos por los cuales un funcionario puede perder su estatus de Carrera Migratoria, no se prevé el incumplimiento del requisito de ingreso consistente en la auditoría del Consejo de Ética y Disciplina, que fue el único motivo invocado por la Dirección General del Servicio Nacional de Migración para cancelar el cargo y el reconocimiento de MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL SPENCE al Régimen Especial de Ingreso a la Carrera Migratoria (Cfr. fs. 5-7 del expediente judicial).

    2. El numeral 4 del artículo 18 del Decreto Ejecutivo 138 de 2015, que establece como función del Consejo de Ética y Disciplina, "Velar por la correcta aplicación del Procedimiento Ordinario y Procedimiento Especial de Ingreso, mediante la auditoría de expediente previo reconocimiento de estatus de Carrera Migratoria". Argumenta el letrado que de acuerdo con el acto administrativo impugnado, el ingreso de VILLARREAL SPENCE a la Carrera Migratoria se dio bajo inobservancia de lo estatuido por la norma citada; sin embargo, asevera que tal criterio pasa por alto el hecho que la incorporación del mencionado servidor público al régimen especial de Carrera Migratoria se llevó a cabo mediante Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, suscrita por el Director General, S. General y el Presidente del Consejo de Ética y Disciplina, del Servicio Nacional de Migración (Cfr. f. 3 del expediente judicial).

    3. El artículo 139 del Decreto Ejecutivo 138 de 2015, según el cual, corresponderá al Consejo de Ética y Disciplina velar por la correcta aplicación del procedimiento especial de ingreso y la emisión del certificado que confiere el estatus de Carrera Migratoria. Al respecto, expresa el apoderado judicial del actor, que al exponerse en la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019 que durante el proceso de acreditación, no se cumplió con lo estipulado en la norma reglamentaria citada, "...pasa por alto el otorgamiento de la certificación como servidor público de Carrera Migratoria concedida mediante Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, suscrita por el Director General, S. General del Servicio Nacional de Migración, y por el Presidente del Consejo de Ética y Disciplina, resulta improcedente e ilegal, que el acto demandado ante esta sala contenciosa, pretenda exigir nuevamente el cumplimiento de un requisito de ingreso." (Cfr. fs. 7-8 del expediente judicial).

    4. El artículo 155, numeral 1, de la Ley 38 de 2000, relativo a la motivación de los actos administrativos que afecten derechos subjetivos. Sobre el particular, señala el abogado del demandante que tanto el acto originario como el confirmatorio afectan los derechos subjetivos de su representado, pues, están dejando sin efecto su ingreso a la Carrera Migratoria; sin embargo, al examinar el contenido de los mismos, se observa que no están debidamente motivados, al no utilizar como fundamento el artículo 140 del Decreto Ejecutivo 138 de 2015, que es la norma reglamentaria que indica cuáles son las causas de la pérdida de condición de servidor público de Carrera Migratoria (Cfr. fs. 8-9 del expediente judicial).

    5. El artículo 62 de la Ley 38 de 2000, que regula los supuestos en que las entidades públicas podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que se reconozcan o declaren derechos a favor de terceros; precepto jurídico que a juicio del accionante, ha sido infringido por la institución acusada, ya que tanto el acto originario como el confirmatorio dejaron sin efecto la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, que reconoció a M.Á.V.S. su ingreso a la Carrera Migratoria, sin haberse fundamentado en alguno de los casos que recoge la norma legal citada (Cfr. fs. 9-10 del expediente judicial).

    6. El artículo 36 de la Ley 38 de 2000, conforme al cual, ningún acto podrá emitirse con infracción de una norma jurídica vigente, y ninguna autoridad podrá emitir un acto para el cual carezca de competencia. En opinión del letrado, la violación de esta excerta se ha producido, porque la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019, se dictó en contravención de lo establecido en el artículo 140 del Decreto Ejecutivo 138 de 2015, que establece las causas por las cuales se pierde el estatus de Carrera Migratoria, puesto que ninguna de éstas fue invocada por la entidad pública demandada para dejar sin efecto el ingreso de su poderdante a dicho régimen especial de ingreso (Cfr. fs. 10-11 del expediente judicial).

    7. El artículo 47 de la Ley 38 de 2000, que prohíbe establecer requisitos o trámites no previstos en la ley y en los reglamentos dictados para su debida ejecución; norma que, en su opinión, ha sido vulnerada, ya que el Servicio Nacional de Migración desacreditó de la Carrera Migratoria a MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL SPENCE con sustento en una causal no prevista en la ley ni en los reglamentos para perder tal estatus (Cfr. f. 11 del expediente judicial).

  2. Informe de conducta requerido a la funcionaria acusada.

    Mediante la Nota N° SNM-DG-281-2020 de 5 de febrero de 2020, la Directora General del Servicio Nacional de Migración rindió su informe explicativo de conducta, señalando, entre otras cosas, que MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL SPENCE laboró en el Servicio Nacional de Migración desde el 15 de abril de 2015 hasta el 8 de noviembre de 2019, desempeñando puestos de entera confianza, ocupando diversos cargos de alto grado de responsabilidad y cercanía con la Dirección General (Cfr. f. 17 del expediente judicial).

    Indica, seguidamente, que "Mediante nota con fecha del 09 de septiembre del 2019, el Consejo de Ética y Disciplina, como garante de la transparencia del proceso especial y ordinario de ingreso al régimen de Carrera Migratoria...hace del conocimiento de la Dirección General del Servicio Nacional de Migración, que luego de haber revisado minuciosamente el proceso de acreditación de el (sic) señor M.Á.V.S., dicha acreditación se dio en contravención de lo que dispone el artículo 18, numeral 4 y 139 del Decreto Ejecutivo No. 138 del 04 de mayo del 2015 toda vez que su acreditación no contó con la auditoría previa que debía realizar el Consejo de Ética y Disciplina, del Servicio Nacional de Migración. Por lo cual, según el criterio del Consejo de Ética y Disciplina, la acreditación del señor M.Á.V.S., fue realizada en contravención de lo que estipula la Ley 9 de 22 de junio 1994 (sic) y el Decreto Ejecutivo N° 138 del 04 de mayo del 2015." (Cfr. f. 53 del expediente judicial).

    Dado el informe presentado por el Consejo de Ética y Disciplina, manifiesta la Directora General del Servicio Nacional de Migración, que se procedió a dejar sin efecto la Resolución N° 958-A de 18 de abril de 2016, que acreditó al funcionario en la Carrera Migratoria; decisión contra la cual el mismo interpuso recurso de reconsideración, debidamente resuelto a través de la Resolución N° 628 de 25 de octubre de 2019, que confirmó el acto originario (Cfr. fs. 17-20 del expediente judicial).

  3. Contestación de la demanda por el Procurador de la Administración, en representación de los intereses del Servicio Nacional de Migración.

    En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 2000, el Procurador de la Administración remitió a esta Sala la Vista N° 007 de 15 de enero de 2021, a través de la cual contestó la demanda de plena jurisdicción que dio origen a este proceso contencioso administrativo, solicitando al Tribunal se sirva declarar que no es ilegal la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019, confirmada por la Resolución N° 628 de 25 de octubre de 2019 y, por tanto, se desestimen las demás pretensiones de la parte actora.

    Criterio que, entre otros argumentos, sustentó en el hecho que de conformidad con los artículos 36 y 200 de la Ley 38 de 2000 "...un acto administrativo en contravención con las disposiciones legales, conlleva la invalidez de aquel; lo que en efecto, ocurrió en la causa bajo análisis, tal como se desprende del informe remitido por el Consejo de Ética y Disciplina, el cual, según el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 138 de 4 de mayo de 2015, es el encargado de, entre otros, garantizar que los procesos de acreditación y ascensos se realicen de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley y el reglamento." (Cfr. f. 75 del expediente judicial).

    En ese orden de ideas, agregó que la auditoría que debe realizar el Consejo de Ética y Disciplina tiene como propósito la revisión de los expedientes de personal, a fin de determinar si los servidores públicos elegibles para ser ingresados a la Carrera Migratoria cumplen con los requerimientos estipulados; de lo cual, según expresa, se desprende que dicha auditoría es un requisito indispensable para ingresar a la Carrera Migratoria, tal como lo disponen los artículos 18 (numeral 4) y 139 del Decreto Ejecutivo 138 de 2015 (Cfr. f. 76 del expediente judicial).

    En concordancia con lo expuesto, manifestó que la norma aplicable al caso en estudio es el Decreto Ejecutivo 138 de 2015, por ser la que estaba vigente al momento en que se emitió la Resolución N° 958-A de 18 de abril de 2016, que otorga a M.Á.V.S. el cargo de servidor público de Carrera Migratoria (Cfr. f. 77 del expediente judicial).

    Concluye que "...la Resolución 958-A de 18 de abril de 2016, carecía de uno de los elementos necesarios para que al momento de ser emitida estuviese revestida de eficacia y validez jurídica, por lo que, el acto fue dictado conculcando la norma especial recogida en los artículos 18 (numeral 4) y 139 del Decreto Ejecutivo 138 de 4 de mayo de 2015, lo que trajo como consecuencia...que se dejara sin efecto el acto administrativo por razón de su ilegitimidad." (Cfr. f. 78 del expediente judicial).

    En su alegato de conclusión, el referido servidor público reitera los descargos expuestos en su contestación de la demanda, y en cuanto a la actividad probatoria desplegada por las partes en este negocio, destaca la escasa eficiencia de las pruebas aportadas y aducidas por el accionante, situación que lo conduce a determinar la inobservancia del imperativo procesal de la carga de la prueba, contemplado en el artículo 784 del Código Judicial (Cfr. fs. 90-97 del expediente judicial).

    CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

    - Competencia del Tribunal sobre las pretensiones procesales y litigio a desatar

    En atención a lo dispuesto en los artículos 206 (numeral 2) de la Constitución Política de la República de Panamá, 97 (numeral 1) del Código Judicial y 42a de la Ley 135 de 1943, sobre la atribución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer y resolver los procesos que se originen de acciones tendientes a la declaratoria de ilegalidad de actos administrativos, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia procederá a examinar y, consecuentemente, a decidir la controversia que se nos plantea, la cual consiste en determinar si la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019, confirmada por la Resolución N° 628 de 25 de octubre de 2019, mediante la cual la Directora General del Servicio Nacional de Migración dejó sin efecto la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, que reconoció a M.Á.V.S. su incorporación en Carrera Migratoria en el puesto de Inspector de Migración I, es violatoria de los artículos 18 (numeral 4), 139 y 140 del Decreto Ejecutivo 138 de 2015, y de los artículos 36, 47, 62 y 155 (numeral 1) de la Ley 38 de 2000, que son las normas legales y reglamentarias que la parte actora aduce infringidas por el acto administrativo impugnado.

    Y como corolario de lo anterior, si es procedente o no acceder a las demás pretensiones formuladas en esta demanda, a saber, que la citada Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016 recobre su vigencia; que el funcionario sea reintegrado al mismo puesto y con igual salario; y que se le paguen todas las prestaciones económicas dejadas de percibir.

    Es dable anotar que los argumentos en que se sustenta la violación de las disposiciones invocadas, y sobre los cuales debe gravitar el examen de legalidad que nos corresponde realizar -en atención a los principios dispositivo y de congruencia- se sintetizan en el siguiente punto: Que la decisión de dejar sin efecto la Resolución N° 958 de de 16 de diciembre de 2016, no se fundamentó en ninguna de las causas que, para la pérdida de la condición de servidor público de Carrera Migratoria, prevé el Decreto Ejecutivo 138 de 2015, y tampoco en alguno de los supuestos que, para la revocatoria de los actos administrativos que afecten derechos subjetivos, contempla la Ley 38 de 2000.

    Determinadas las pretensiones de fondo y los puntos materia de la controversia que se nos plantea, los suscritos expondrán algunas acotaciones acerca de la Carrera Migratoria; seguidamente harán un breve recuento de los hechos que emanan del caudal probatorio incorporado al presente proceso; y luego indicarán las razones y los fundamentos legales que motivan su decisión. Lo anterior, de conformidad con el artículo 990 del Código Judicial, sobre las reglas de conformidad con las cuales se dictarán las sentencias, norma aplicable supletoriamente en este tipo de procesos por así disponerlo el artículo 57c de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946.

    - Carrera Migratoria. Ingreso y pérdida de la condición de servidor público de Carrera Migratoria.

    Este Tribunal se remite al Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008, "Que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria y dicta otras disposiciones", específicamente al Título X, Capítulo I, artículos 99-101, sobre la Carrera Migratoria, en los cuales se expresa que su propósito es establecer un régimen laboral especial fundado en criterios de igualdad, mérito, honestidad, transparencia, capacidad y eficiencia; que los requisitos y los procedimientos para los nombramientos, ascensos, traslados, suspensiones y destituciones, serán establecidos por el reglamento de dicho Decreto Ley; y que el ingreso de los servidores públicos a esta Carrera Pública estará condicionado a procedimientos de selección basados en su capacidad, competencia, mérito, moral, igualdad de oportunidades y condiciones psicofísicas, todo lo cual será comprobado mediante instrumentos válidos, idóneos y pertinentes de medición, previamente establecidos en el reglamento de dicho Decreto Ley.

    Dicho texto reglamentario, en este caso, viene a ser el Decreto Ejecutivo 138 de 4 de mayo de 2015, en el cual se desarrollan varios aspectos de la Carrera Migratoria, como lo es el ingreso de los funcionarios a este régimen laboral, lo cual puede darse a través del Procedimiento Ordinario o del Procedimiento Especial de Ingreso.

    En relación con el Procedimiento Ordinario, vale destacar que el mismo es aplicable a los servidores públicos del Servicio Nacional de Migración nombrados con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 138 de 2015, y se encuentra regulado en este último, en el Título III, Capítulo III, artículos 40-56, de los cuales se destaca lo siguiente: que los requisitos y los procedimientos para el desarrollo del proceso de reclutamiento y selección serán establecidos en el Manual que elabore la Unidad de Recursos Humanos; que el ingreso del servidor público a la Carrera Migratoria deberá cumplir con los protocolos dispuestos para tal fin, los cuales deberán contener, como mínimo, entrevistas y evaluación de conocimientos básicos en materia de migración; que dicho proceso será evaluado por la Unidad de Recursos Humanos y el Consejo Interno; y que el proceso de reclutamiento y selección se compondrá de las siguientes etapas: convocatoria, métodos de selección, selección de aspirantes, formación, nombramiento, período probatorio y certificación de estatus de Carrera Migratoria.

    Por su parte, el Procedimiento Especial de Ingreso, también denominado, Ingreso Excepcional a la Carrera Migratoria, se encuentra regulado en el Título VII, Capítulo I, artículos 126-139, del citado texto reglamentario, y tendrán acceso al mismo todos los funcionarios nombrados antes de la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 138 de 2015, excepto los servidores públicos que ocupen cargos de secretaria ejecutiva, asistente ejecutivo y asesores, los cuales serán de libre nombramiento y remoción. No obstante, podrán solicitar su ingreso a la Carrera Migratoria, a través del Procedimiento Especial de Ingreso, los servidores públicos con funciones ligadas a trámites administrativos y migratorios.

    Es válido resaltar, que este Procedimiento Especial de Ingreso a la Carrera Migratoria fue concebido para incorporar automáticamente a dicho régimen laboral, a los servidores públicos del Servicio Nacional de Migración en funciones, que demostraran poseer el perfil del cargo, que aprobaran la evaluación de conocimiento que establece el Decreto Ley 3 de 2008 y el Decreto Ejecutivo 138 de 2015, y que solicitaran su ingreso a la Carrera Migratoria, debiendo cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 32 del citado texto reglamentario, a saber, ser de nacionalidad panameña, ser mayor de edad, encontrarse en condiciones psicofísicas compatibles con el desempeño de las funciones correspondientes a la posición con la que ingresa, no haber sido condenado por delito doloso contra la Administración Pública o defraudación fiscal, y poseer grado de educación media u otros grados superiores.

    También hay que subrayar, en cuanto al Procedimiento Especial de Ingreso, que de conformidad con el Decreto Ejecutivo 138 de 2015, es la Unidad de Recursos Humanos, a través de la Sección de Análisis Técnico, la que deberá evaluar los expedientes de los servidores públicos en funciones que aspiren ingresar a la Carrera Migratoria, y es el Consejo de Ética y Disciplina al que le corresponde velar por la correcta aplicación de dicho procedimiento, así como la emisión del certificado que confiere el estatus de Carrera Migratoria. Para una mejor comprensión, procedemos a citar el texto de estas normas reglamentarias:

    "Artículo 132. La Unidad de Recursos Humanos, a través de la Sección de Análisis Técnico, deberá evaluar los expedientes de los servidores públicos en funciones, sin interrupción y sin ningún tipo de discriminación, a partir del inicio del procedimiento especial de ingreso, que finalizará en un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo.

    Artículo 134. Los servidores públicos que aspiren a ingresar a la Carrera Migratoria, a través del procedimiento especial de ingreso, deberán actualizar sus expedientes a fin de facilitar la evaluación de sus antecedentes, para su incorporación.

    Artículo 139. Corresponderá al Consejo de Ética y Disciplina velar por la correcta aplicación del procedimiento especial de ingreso y la emisión del certificado que confiere en estatus de Carrera Migratoria.

    "Artículo 18. Son funciones del Consejo de Ética y Disciplina las siguientes:

    ...

    1. Velar por la correcta aplicación del Procedimiento Ordinario y Procedimiento Especial de Ingreso, mediante la auditoría de expedientes previo conocimiento de estatus de Carrera Migratoria.

      ...".

      Lo anterior es en relación con el ingreso a la Carrera Migratoria.

      Ahora, en torno a la pérdida del estatus de Carrera Migratoria, el Decreto Ejecutivo 138 de 2015, en el Título VIII, Capítulo I, artículo 140, establece que la condición de servidor público de Carrera Migratoria se perderá por las siguientes causas: renuncia voluntaria manifestada por escrito; resultado positivo de prueba de consumo de drogas ilícitas; invalidez permanente; y condena por delito doloso, impuesta mediante sentencia ejecutoriada.

      - Ingreso y pérdida de estatus de Carrera Migratoria de MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL SPENCE

      Determinado lo anterior, nos abocamos a la revisión de las pruebas admitidas en el presente proceso, y en la copia autenticada de dos antecedentes remitidos por el Servicio Nacional de Migración, se constata lo siguiente:

    2. Mediante el Decreto de Personal N° 71 de 20 de marzo de 2015, se nombró a MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL SPENCE en el Servicio Nacional de Migración, en el puesto de Inspector de Migración I, posición N° 1760, salario mensual de B/.600.00, tomando posesión del cargo el 15 de abril de 2015 (Cfr. fs. 173 y 174-176 del antecedente).

    3. A través de la Resolución Administrativa N° 958 de 16 de diciembre de 2016, suscrita por el Subdirector General del Servicio Nacional de Migración y la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, se incorporó a la Carrera Migratoria, a través del Procedimiento Especial de Ingreso, a VILLARREAL SPENCE, en el puesto de Inspector de Migración I (Cfr. fs. 79-82 del antecedente).

    4. Por medio de la Nota N° SNM-CED-115-19 de 9 de septiembre de 2019, suscrita por la Presidenta y la Secretaria del Consejo de Ética y Disciplina del Servicio Nacional de Migración, se informó a la Directora General de la institución, el resultado de la investigación realizada a todas las acreditaciones y homologaciones llevadas a cabo desde el 11 de mayo de 2015 hasta el 30 de junio de 2019, entre éstas, la de M.Á.V.S., indicando medularmente lo que a continuación se cita:

      "Es por ello, que es necesario poner en su conocimiento como máxima autoridad dentro del Servicio Nacional de Migración, que dentro del proceso especial de ingreso, que se realizó para el año 2016, existieron procesos donde se acreditaron servidores públicos, dentro de un estatus de Carrera Migratoria, violando las disposiciones legales existentes, tanto en la norma especial como en la norma supletoria.

      Tal es el caso del señor M.V.S., Que (sic) mediante Resolución No. 958-A del 16 de diciembre de 2016, por medio de la cual se le reconocía a el (sic) Servidor Público, su incorporación en Carrera Migratoria, incorporado al Régimen Especial de Ingreso a la Carrera Migratoria.

      El 16 de diciembre de 2016, se le confiere el cargo de Inspector de Migración I, homologado en Carrera Migratoria, el mismo fue registrado en contravención a lo establecido en los artículos 18, numeral 4, y 139 del Decreto Ejecutivo No. 138 del 04 de mayo del 2015, toda vez que su acreditación no contó con la auditoría previa que debía realizar el Consejo de Ética y Disciplina, del Servicio Nacional de Migración.

      Le corresponde al Consejo de Ética y Disciplina verificar que se han cumplido los procedimientos establecidos, procedimiento que no se cumplió, toda vez que en el expediente de Carrera Migratoria no reposa, certificación de auditoría de expediente realizado por este Consejo, impidiéndole a este cumplir con sus funciones, específicamente la expresada en el artículo 18, numeral 4, quebrantando de esta manera el procedimiento establecido.

      Es necesario traer a colación el artículo 52 de la Ley 38 del 31 de julio del 2000, establece (sic) que se incurre en nulidad absoluta en los actos administrativos dictados en los siguientes casos:

      ...

      4- Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales, que impliquen violación del debido proceso legal.

      ...

      Lo que se enmarca, la omisión cometida al no contar con la auditoría previa el Consejo de Ética y Disciplina del Servicio Nacional de Migración, lo que era parte de los trámites fundamentales, dentro de la acreditación y homologación al régimen de Carrera Migratoria.

      Que la Ley 38 de 31 de julio del 2000, en su artículo 62 establece la revocatoria de los Actos Administrativos, las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos:

    5. Si fuese emitida sin competencia para ello;

      ...

      La Resolución No. 958-A del 16 de diciembre del 2016, mediante la cual se le reconoce a la servidor público (sic) su incorporación en Carrera Migratoria, fue firmada por el Subdirector de Migración y la Jefa de Recursos Humanos, quienes no tenían la competencia para certificar un estatus de Carrera Migratoria, es una facultada (sic) del Director General y el Consejo de Ética y Disciplina que establece el artículo 75 del Decreto Ejecutivo 138 del 4 de mayo de 2015." (Cfr. 15-16 del antecedente).

    6. En virtud de lo anterior, la Directora General del Servicio Nacional de Migración emitió la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019 (acusada de ilegal), mediante la cual se dejó sin efecto la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, que reconoció a M.Á.V.S. su incorporación a la Carrera Migratoria, en el puesto de I. de Migración I, a través del Procedimiento Especial de Ingreso, por incumplimiento de lo establecido en los artículos 18 (numeral 4) y 139 del Decreto Ejecutivo 138 de 2015 (Cfr. fs. 13-14 del antecedente).

    7. Contra la citada Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019, el afectado interpuso recurso de reconsideración, siendo el mismo resuelto a través de la Resolución N° 628 de 25 de octubre de 2019, en la que la Directora del Servicio Nacional de Migración mantiene en todas sus partes el acto administrativo recurrido, quedando así agotada la vía gubernativa (Cfr. fs. 6-8 del antecedente).

      Recapitulando lo expuesto hasta aquí, tenemos entones que el ahora demandante, M.Á.V.S., ingresó a la Carrera Migratoria mediante el Procedimiento Especial de Ingreso; no obstante, fue desacreditado de dicho régimen laboral, porque la Comisión de Ética y Disciplina del Servicio Nacional de Migración determinó que su incorporación a la Carrera Migratoria se hizo en contravención a lo estipulado en los artículos 18 (numeral 4) y 139 del Decreto Ejecutivo 138 de 2015, ya que en el expediente del funcionario no consta la auditoría previa del Consejo de Ética y Disciplina.

      - Examen de legalidad

      Tomando en consideración que de conformidad con el numeral 1 del artículo 201 de la Ley 38 de 2000, que define el término de acto administrativo, la motivación consiste en la comprensión del conjunto de factores de hecho y de derecho que fundamentan la decisión, lo primero que ha de precisarse es el fundamento fáctico y jurídico de la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019, objeto de reparo, mediante la cual, reiteramos, la Directora General del Servicio Nacional de Migración, dejó sin efecto la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, que reconoció a M.Á.V.S. su incorporación a la Carrera Migratoria, en el puesto de I. de Migración I, a través del Procedimiento Especial de Ingreso. Es por ello que procedemos a transcribir la parte medular del considerando de la misma:

      "...

      Que el artículo 19, del Decreto Ejecutivo No. 138 del 04 de mayo del 2015, establece que los miembros del Consejo de Ética y Disciplina serán elegidos por el Consejo Interno de Migración, entre los funcionarios del Servicio Nacional de Migración y ratificados por el Director General, para ejercer funciones por el periodo de un (01) año.

      Que mediante Resolución No. 312 del 11 de julio del 2019, la Directora General del Servicio Nacional de Migración, ratifico la designación de los miembros del Consejo de Ética y Disciplina, por un periodo de un (1) año.

      Que la Unidad de Recursos Humanos conjuntamente con la Academia Migratoria aplicaron los criterios evaluativos del Procedimiento Especial de Ingreso a los Servidores Públicos en funciones del Servicio Nacional de Migración para determinar su ingreso excepcional al régimen de Carrera Migratoria, esté debidamente validado por el Consejo de Ética y Disciplina; realizado a través de la auditoría de expediente y refrendado por el Presidente del mismo.

      Que el capítulo V, artículo 18, numeral 4 del Decreto Ejecutivo N° 138 del 04 de mayo del 2015, señala que es función del Consejo de Ética y Disciplina, velar por la correcta aplicación del Procedimiento Ordinario y Procedimiento Especial de Ingreso, mediante la auditoría de expedientes previo al reconocimiento de estados de Carrera Migratoria.

      Que el artículo 139 del Decreto Ejecutivo N° 138 del 04 de mayo del 2015, estableció que corresponde al Consejo de Ética y Disciplina velar por la correcta aplicación del procedimiento especial de ingreso y la emisión del certificado que confiere el estatus de Carrera Migratoria.

      Que durante el proceso de acreditación y homologación al Régimen de Carrera Migratoria, no se cumplió con el procedimiento establecido en los artículos 18, numeral 4 y artículo 139 del Decreto Ejecutivo N° 138 del 04 de mayo del 2015. Toda vez que el expediente no cuenta con la auditoría previa del Consejo de Ética y Disciplina.

      En mérito de lo anterior expuesto,

      ..." (Cfr. fs. 23-24 del expediente judicial) (Lo resaltado es nuestro).

      Cabe señalar, que al resolver el recurso de reconsideración contra el citado acto administrativo, la funcionaria acusada reiteró el fundamento fáctico y jurídico del acto originario. Citemos:

      "...

      Que si bien es cierto, el recurrente fue acreditado en el Régimen de Carrera Migratoria, la acreditación se hizo en contravención del artículo 132, del Decreto Ejecutivo N° 138 del 04 de mayo del 2015...Período que finalizó el pasado 11 de mayo del 2016 y su acreditación se dio como consta en su expediente mediante la resolución N° 958 del 16 de diciembre de 2016, es decir seis (7) (sic) meses después de haber culminado el proceso especial de ingreso, por lo tanto su acreditación al régimen de carrera migratoria, es violatoria a la normativa existente.

      Que en referencia a las alegaciones en referencia al contenido del artículo 140 del Decreto Ejecutivo N° 138 del 04 de mayo del 2015, NO SE ADMITIERON POR IMPROCEDENTES, ya que el DEJAR SIN EFECTO que se resolvió en la resolución de primera instancia, se ha dado por la ausencia de un requisito primordial como lo es la auditoría previa del Consejo de Ética y Disciplina, que era aplicable al ingreso especial como al ingreso ordinario, requisito fundamental para una acreditación u homologación, que de modo directo acreditan que el proceso de acreditación, por llevarse de manera irregular, está viciado y en consecuencia deviene en nulidad.

      Que en referencia a las alegaciones de nulidad absoluta, expresadas por el recurrente en cuanto que no se le llamó a comparecer al proceso para presentar sus descargos y pruebas y que la Resolución impugnada viola directamente la Ley 38 de 31 de julio de 2000, sobre procedimiento administrativo, NO SE ADMITEN POR IMPROCEDENTES...

      Que no obstante el recurso impetrado, resulta con evidencia que la situación, por la que en primera instancia, se decidió dejar sin efecto la resolución de incorporación y en consecuencia cancelar el cargo y el reconocimiento del servidor público MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL del Régimen Especial de Carrera Migratoria, no ha variado en modo alguno, manteniéndose aquellos elementos que de modo directo acreditan que el proceso de acreditación, por llevarse de manera irregular, está viciado y en consecuencia deviene en nulidad.

      Es necesario traer a colación el artículo 52 de la Ley 38 del 31 de julio del 2000...

      ...

    8. Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales, que impliquen violación del debido proceso legal.

      ...

      Lo que se enmarca, la omisión cometida al no contar con la auditoría previa el Consejo de Ética y Disciplina del Servicio Nacional de Migración, lo que era parte de los trámites fundamentales, dentro de la acreditación y homologación al régimen de Carrera Migratoria.

      Por lo antes expuesto, este Consejo de Ética y Disciplina, no encuentra elemento ni argumentos que puedan desvirtuar el contenido de la Resolución N° 479 del 19 de septiembre de 2019, Impugnada, en consecuencia; consideramos que lo consecuente es:

      Que luego de examinado el Recurso de Reconsideración en comento, consideramos que no existen méritos, para variar los criterios vertidos en la Resolución impugnada, por lo que procederemos a mantenerlo en todas sus partes.

      ..." (Cfr. fs. 29-31 del expediente judicial) (Lo destacado es nuestro).

      Conforme se advierte, tanto en el acto originario como en el confirmatorio se plasmó el criterio que la decisión de dejar sin efecto la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, que reconoció a M.Á.V.S. su incorporación a la Carrera Migratoria, en el puesto de Inspector de Migración I, obedeció al hecho que en su expediente no consta la auditoría del Consejo de Ética y Disciplina, por lo que se incumplió con lo establecido en los artículos 18 (numeral 4) y 139 del Decreto Ejecutivo 138 de 2015.

      No cabe duda que el efecto jurídico que produce el acto administrativo impugnado es que el funcionario en mención pierda su estatus de Carrera Migratoria. No obstante, tal como lo señala la parte actora, la motivación del mismo, esto es, el incumplimiento del procedimiento especial de ingreso consistente en la auditoría al expediente del funcionario por parte del Consejo de Ética y Disciplina, no se enmarca en ninguna de las causas de pérdida del estatus de Carrera Migratoria que específicamente regula el Decreto Ejecutivo 138 de 2015.

      En efecto, recordemos que de conformidad con el artículo 140 del citado texto reglamentario, la condición de servidor público de Carrera Migratoria se perderá por las siguientes causas: la renuncia voluntaria manifestada por escrito, el resultado positivo de prueba de consumo de drogas ilícitas, la invalidez permanente, y la condena por delito doloso, impuesta mediante sentencia ejecutoriada, ninguna de las cuales concurrió en la situación bajo examen. A pesar de ello, M.Á.V.S. perdió la condición de servidor público de Carrera Migratoria, cuando la Directora General del Servicio Nacional de Migración decidió dejar sin efecto el acto administrativo que lo incorporaba a dicho régimen laboral.

      Del resto del articulado del Decreto Ejecutivo 138 de 2015, así como del Decreto Ley 3 de 2008, tampoco se observa disposición alguna que establezca o de la cual se pueda inferir, que por incumplimiento de requisitos o del procedimiento para el ingreso a la Carrera Migratoria, el Servicio Nacional de Migración esté facultado para revocar, oficiosamente, el acto administrativo que reconoció dicho estatus al servidor público.

      Ciertamente, de conformidad con el numeral 4 del artículo 52 de la Ley 38 de 2000, se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos que son dictados con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que impliquen violación al debido proceso; sin embargo, este mismo cuerpo normativo prevé la figura de la revocatoria de los actos administrativos, a la cual se le concibe como "...una de las formas de extinción de los actos administrativos dispuesta por los órganos que actúan en ejercicio de la función administrativa. Se funda en razones de oportunidad (causa política) o de ilegitimidad (causa jurídica)" (D., R.. El procedimiento administrativo. Buenos Aires. Ediciones Ciudad Argentina. 1996. P.. 244).

      De forma más específica, se le considera como "...un mecanismo unilateral de la administración otorgado por el legislador, con el fin de revisar sus propias actuaciones y, dentro del contexto de la actuación oficiosa, sacar del tránsito jurídico decisiones por ella misma adoptadas..." (S., J.. Tratado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo, Procedimiento, Eficacia y Validez. Colombia. Universidad Externado de Colombia. Cuarta Edición, 2003. P.. 301).

      En relación con su viabilidad y fundamento, se ha indicado que "...es la pérdida de vigencia de un acto administrativo en razón de la declaratoria hecha por el funcionario que lo profirió o su inmediato superior, con base en precisas causales fijadas en la ley. Su fundamento es -ha dicho el Consejo de Estado- el de no '...permitir que continúe vigente y produzca efectos un acto contrario al orden jurídico o al interés público o social, es decir, el imperio del principio de legalidad y el de la oportunidad y conveniencia de la Administración, entendida como servicio público y obrando en función de ese servicio...'..." (S., J.. Tratado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo, Procedimiento, Eficacia y Validez. Colombia. Universidad Externado de Colombia. Cuarta Edición, 2003. P.. 301) (Lo resaltado es nuestro).

      Dichas causales en las cuales se enmarca la revocatoria de los actos administrativos, se encuentran establecidas en el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, el cual es del tenor siguiente:

      "Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que se reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos:

    9. Si fuese emitida sin competencia para ello;

    10. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerla;

    11. Si el afectado consiente en la revocatoria;

    12. Cuando así lo disponga una norma especial.

      En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley.

      La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo no lo haya hecho."

      En cuanto al procedimiento para la revocatoria de los actos administrativos, estimamos pertinente anotar que, de acuerdo con el texto original del citado artículo 62 de la Ley 38 de 2000, antes de proceder con tal medida, la entidad pública debía solicitar la opinión del P.M., si aquélla fuera de carácter municipal; del Fiscal de Circuito, si fuera de carácter provincial; y del Procurador de la Administración, si fuere de carácter nacional. No obstante, luego de la modificación introducida por el artículo 3 de la Ley 62 de 2009, el procedimiento de la revocatoria que originalmente estaba descrito en el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, sufrió un cambio significativo, debido a que ya que no se requiere la opinión previa de las autoridades municipales, provinciales o nacionales. Por consiguiente, la entidad pública, de oficio o a petición de parte, podrá revocar una resolución en firme en la que se reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, siempre y cuando ésta se fundamente en alguna de las cuatro causales descritas en el artículo 62 de la Ley 38 de 2000.

      No obstante lo anterior, de una minuciosa lectura del contenido de la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019 (acto originario) y de la Resolución N° 628 de 25 de octubre de 2019, tampoco se observa que la decisión de dejar sin efecto la incorporación de VILLARREAL SPENCE a la Carrera Migratoria, se haya basado en alguno de los supuestos que, para la revocatoria de los actos administrativos, establece el artículo 62 Ley 38 de 2000.

      Dicho de otro modo, lo que se denota en este caso es que el Servicio Nacional de Migración, de manera oficiosa, procedió a dejar sin efecto, esto es, revocar o anular, la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, que incorporó a M.Á.V.S. a la Carrera Migratoria, sin haberse fundamentado en alguno de los supuestos que contempla el artículo 62 de la Ley 38 de 2000.

      Nótese que ni en la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019 ni en la Resolución N° 628 de 25 de octubre de 2019, se expresa que la decisión en ella adoptada, haya obedecido a la falta de competencia de la autoridad que emitió la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016; que el funcionario haya emitido declaraciones o haya aportado pruebas falsas para ser incorporado a la Carrera Migratoria; que el servidor público haya consentido la revocatoria de dicho acto administrativo; o que una norma legal o reglamentaria haya dispuesto dejar sin efecto la acreditación de la funcionaria al mencionado régimen laboral (Cfr. fs. 23-24 y 30-31 del expediente judicial).

      El fundamento fáctico y jurídico utilizado por la entidad pública demandada para, oficiosamente, dejar sin efecto la resolución en firme que reconoció un derecho a la servidora pública, es que no se cumplió con lo dispuesto en los artículos 18 (numeral 4) y 139 del Decreto Ejecutivo 138 de 2015, en el sentido que no consta en su expediente la auditoría del Consejo de Ética y Disciplina; situación que no se enmarca en la lista taxativa del artículo 62 de la Ley 38 de 2000.

      Al no mediar ninguno de los supuestos específicamente establecidos por la referida norma legal, el Servicio Nacional de Migración carecía de potestad para que, de manera oficiosa, pudiera dejar sin efecto la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, que incorporó a VILLARREAL SPENCE a la Carrera Migratoria, debiendo, por tanto, utilizar los mecanismos procesales idóneos que nuestro ordenamiento jurídico prevé, para que la autoridad jurisdiccional examinara la legalidad de dicho acto administrativo que reconoció derechos a favor del ahora demandante y, en caso de comprobarse las violaciones endilgadas, entonces proceder con su extinción o desaparición del derecho positivo.

      Acotamos que la mencionada Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, estaba revestida del principio de presunción de legalidad a que hace referencia el artículo 46 de la Ley 38 de 2000, al establecer que: "Las órdenes y demás actos administrativos en firme, del Gobierno Central o de las entidades descentralizadas de carácter individual, tienen fuerza obligatoria inmediata, y serán aplicados mientras sus efectos no sean suspendidos, no se declaren contrarios a la Constitución Política, a la ley o a los reglamentos generales por los tribunales competentes..." (Lo resaltado es nuestro).

      Lo anterior, porque los actos administrativos son emitidos con la finalidad de gozar de permanencia, estabilidad, validez y eficacia, no para ser revocados o anulados; lo que, en principio, permite inferir que los actos administrativos son dictados conforme a Derecho y producen plenos efectos jurídicos desde la fecha de su emisión, mientras no se destruya o desvirtúe tal presunción, por cualquier medio previsto en el ordenamiento jurídico.

      Puntualmente se ha indicado: "...existe el principio llamado de la presunción de legalidad, según el cual las leyes y los actos administrativos se consideran ajustados a derecho mientras no se demuestre lo contrario. En la práctica este principio se traduce en que los actos mencionados deben ser obedecidos, tanto por las autoridades como por los particulares, desde el momento en que comienza su vigencia y mientras no sean declarados inconstitucionales o ilegales por la autoridad competente, o no pierdan su vigencia por otra causa" (R., L.. Derecho Administrativo. Editorial Temis, S. A., Bogotá-Colombia 2008. P.. 312) (La negrilla es nuestra).

      Sin embargo, en la situación bajo examen el acto administrativo de incorporación de la Carrera Migratoria de M.Á.V.S., a saber, la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, no ha sido declarado inconstitucional ni ilegal, y tampoco se invocó alguno de los supuestos previstos por el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, para que el Servicio Nacional de Migración, oficiosamente, pudiera dejar sin efecto, revocar o anular, la misma; situación que nos lleva a concluir que al emitir la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019, mediante la cual se dejó sin efecto el acto administrativo de incorporación a la Carrera Migratoria de MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL SPENCE contraviene la norma legal citada y, consecuentemente, el artículo 36 de la Ley 38 de 2000, que prohíbe la expedición de actos administrativos con infracción de una norma jurídica vigente, conforme ha ocurrido en este caso.

      Finalmente, el Tribunal no puede dejar de mencionar la dificultad que le he representado el manejo de los dos antecedentes que fueron remitidos por el Servicio Nacional de Migración; por un lado, el mismo no se encuentra completamente foliado; y por el otro, salta a vista que los documentos han sido incorporados al expediente sin atender a un orden cronológico, pues, hay de indistintas fechas insertos tanto al principio, al medio, como al final del expediente; situaciones por las cuales se exhorta a la institución a que le dé cumplimiento a lo establecido por el artículo 69 de la Ley 38 de 2000, el cual es del tenor siguiente:

      "Artículo 69. Toda actuación administrativa deberá constar por escrito y deberá agregarse al expediente respectivo, con excepción de aquélla de carácter verbal autorizada por la ley. Lo propio se aplica a las gestiones escritas de las partes y a su intervención en el proceso.

      Todo expediente administrativo deberá foliarse con numeración corrida, consignada con tinta u otro medio seguro, por orden cronológico de llegada de los documentos, y deberá registrarse en un libro, computador, tarjetario o mediante cualquier medio de registro seguro, que permita comprobar su existencia y localización, al igual que su fecha de inicio y de archivo.

      El cumplimiento de lo establecido en este artículo será responsabilidad solidaria del Jefe o de la Jefa del Despacho y del S. o de la Secretaria, o de quien hagas sus veces." (Lo resaltado es nuestro).

      Al respecto, la Sala considera oportuno señalar que los procedimientos administrativos encauzan la actividad pública a través de reglas y principios que buscan, en esencia, otorgar garantías a los asociados e imprimir eficacia a las actuaciones públicas. De ahí que, en aras de preservar la integridad de una prueba documental tan fundamental como lo es expediente que contiene el procedimiento administrativo que se surte en determinada entidad pública, instamos al Servicio Nacional de Migración para que adopte las medidas que sean necesarias, a fin de que sus actos y, en consecuencia, sus expedientes, sean lo más claro y ordenado posible, no sólo como una garantía que tiene el administrado, sino también de la propia entidad pública, pues, ello le permitirá demostrar que sus actuaciones han estado ceñidas a Derecho, incluso, a verificar con mayor certeza cuál es el escenario que tiene al emitir sus propias decisiones.

      En el marco de los hechos y el Derecho cuya relación hemos expuesto, esta Colegiatura procederá a declarar la nulidad, por ilegalidad, del acto administrativo impugnado, es decir, la Resolución N° 479 de 19 de septiembre de 2019, confirmada por la Resolución N° 628 de 25 de octubre de 2019, emitidas por el Servicio Nacional de Migración, lo que consecuentemente implicará que la Resolución N° 958 de 16 de diciembre de 2016, dictada por la misma entidad pública, que reconoció a M.Á.V.S. su incorporación a la Carrera Migratoria en el puesto de Inspector de Migración I, a través del Procedimiento Especial de Ingreso, recobre su vigencia.

      Y no accederá a las otras pretensiones procesales, consistentes en el reintegro y pago de salarios caídos y demás prestaciones económicas, ya que a través de la resolución acusada de ilegal, no se desvinculó al prenombrado de la Administración Pública o, mejor dicho, no se dejó sin efecto su nombramiento en el Servicio Nacional de Migración, de lo cual sí pudiera derivarse su reintegro y el pago de sumas de dinero dejadas de percibir.

      PARTE RESOLUTIVA

      Por las consideraciones previamente expuestas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución N°479 de 19 de septiembre de 2019, emitida por el Servicio Nacional de Migración; ORDENA al Servicio Nacional de Migración se le restablezca a M.Á.V.S. su reconocimiento como servidor público de Carrera Migratoria en la posición en la que fue acreditado; y NIEGA el resto de las pretensiones formuladas por la parte actora.

      Notifíquese Y CÚMPLASE,

      LUIS RAMÓN FÁBREGA S.

      CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES -- CECILIO CEDALISE RIQUELME

      KATIA ROSAS (Secretaria)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR