Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Abril de 2022

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución21 de Abril de 2022
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 21 de abril de 2022

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 483792020

VISTOS:

El Licenciado L.A.A., actuando en nombre y representación de ELIBETH HEADLEY, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 270 de 14 de octubre de 2019, emitido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, por medio del cual se dejó sin efecto su nombramiento en el cargo que ocupaba como Asistente Técnico en esa entidad, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

A través de la Providencia de 28 de octubre de 2020, visible a foja 29 del Expediente, se admitió la Acción promovida, ordenándose el traslado a la entidad demandada para que rindiera el Informe Explicativo de Conducta, de acuerdo con lo contemplado por el artículo 33 de la Ley 33 de 1946; y al Procurador de la Administración, por el término de cinco (5) días.

  1. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO.

    En la controversia que ocupa nuestra atención, la Demandante ELIBETH HEADLEY, comparece ante este Tribunal de Justicia a fin de obtener la declaratoria de nulidad, por ilegal, del Decreto de Personal No. 270 de 14 de octubre de 2019, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través del cual se resolvió lo siguiente:

    "DECRETA:

    ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin efecto el nombramiento de la servidora pública ELIBETH HEADLEY, con cédula y seguro social No.8-390-69, en el cargo de Asistente Técnico, posición 503, Salario de B/.1,000.00, con cargo a la partida presupuestaria 0.14.0.4.001.01.02.001, contenido en el Decreto 249 del 11 de agosto de 2014.

    ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer al servidor público las prestaciones económicas que por ley le corresponden.

    ARTÍCULO TERCERO: Se advierte al interesado que contra el presente Decreto sólo procede el Recurso de Reconsideración, del cual podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación."

    Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, la Accionante solicita a la Sala Tercera que ordene su reintegro inmediato al cargo que ocupaba.

    Como parte de los argumentos que sustentan los hechos y omisiones de la Demanda, el apoderado judicial de la Accionante indica que su mandante era servidora pública permanente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), ocupando el cargo de Asistente Técnico desde el 5 de septiembre de 2014 hasta el 23 de octubre de 2019, fecha en la que le notificaron el Decreto de Personal No. 270 de 14 de octubre de 2019.

    En este contexto, arguye el abogado de la parte actora que si bien el acto administrativo impugnado indica que la Demandante, ELIBETH HEADLEY, ostentaba el cargo de Asistente Técnico, lo cierto es que en la institución realizaba otras funciones de gran relevancia con buen desempeño, sin que constara ninguna queja o sanción dentro de su expediente de personal.

  2. DISPOSICIONES LEGALES QUE SE ADUCEN COMO INFRINGIDAS POR LA PARTE ACTORA.

    La Recurrente sostiene que, con la emisión del acto administrativo impugnado, se infringen las siguientes disposiciones legales:

    · El artículo 32 de la Constitución Política de Panamá, que consagra el Principio del Debido Proceso, al indicar expresamente que nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria;

    · Los artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 99 del Reglamento Interno del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, publicado en Gaceta Oficial 25901 de 18 de octubre de 2007, que, en su orden, establecen que la desvinculación del servidor público se hará cuando la evaluación de desempeño durante el periodo de prueba resulte insatisfactoria; respecto a la renuncia del funcionario; de la destitución como medida disciplinaria por el incumplimiento de deberes; de la jubilación o pensión por invalidez; del programa de reducción de fuerza; sobre el fallecimiento del servidor público; y de la clasificación de la gravedad de las faltas;

    · El artículo 6 de la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, que reforma el artículo 156 de la Ley 9 de 1994, que establece y regula la Carrera Administrativa y dicta otras disposiciones, que indica que siempre que ocurran hechos que puedan producir la destitución del funcionario se le formularán cargos por escrito y se realizará una investigación administrativa que no durará más de treinta (30) días hábiles;

    · Los artículos 34 y 52 (numeral 4) de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que disponen que las actuaciones administrativas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, celeridad, con apego al principio de de estricta legalidad; y que se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados con omisión de trámites fundamentales que impliquen violación del debido proceso; y

    · Los artículos 1 y 4 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, Que Establecía un Régimen de Estabilidad Laboral para los Servidores Públicos, derogada por la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, los cuales establecían que los funcionarios al servicio del Estado nombrados en forma permanente o eventual, ya sea transitorio, contingente o por servicios especiales, con dos (2) años continuos o más, sin que se encontraran acreditados en alguna de las Carreras que establece el artículo 305 de la Constitución Política, gozaban de estabilidad laboral; y que de ser destituidos de sus cargos sin que mediara causa justificada para ello, tendrían derecho a solicitar el reintegro a su cargo o, en su defecto el pago de una indemnización.

  3. INFORME DE CONDUCTA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA.

    El Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, mediante la Nota DS-AL-1210-2020 de 6 de noviembre de 2020, remitió el Informe Explicativo de Conducta, en el que expresó que mediante Decreto de Personal No. 249 de 11 de agosto de 2014, se realizó el nombramiento eventual de la señora ELIBETH HEADLEY, en el cargo de Asistente Técnico con un salario de mil balboas (B/. 1,000.00), y que, posteriormente, a través de la Resolución Administrativa No. 32 de 23 de junio de 2015, se efectuó el traslado de la prenombrada de la Oficina de Auditoría Interna a la Dirección Regional de Panamá Oeste.

    En ese orden de ideas, explica el regente de dicho Ministerio que de su historial laboral no se advierte que su ingreso haya obedecido a un concurso de mérito; por consiguiente, su desvinculación se dio con base en la facultad discrecional que ostenta el Presidente de la República para remover del puesto aquellos servidores públicos que son de libre nombramiento y remoción, recalcando que las funciones atribuidas a la Actora eran de confianza, puesto que implicaba el manejo de información sensitiva en los expedientes que eran objeto de auditoría interna (Cfr. fojas 31-35 del expediente).

  4. CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.

    En defensa de los intereses de la entidad demandada, el Procurador de la Administración, mediante la Vista N°1189 de 7 de septiembre de 2021, visible a fojas 57-67 del expediente judicial, solicita se declare que no es ilegal el Decreto de Personal No. 270 de 14 de octubre de 2019, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial; y, en consecuencia, se desestimen las pretensiones de la Accionante.

    En ese sentido, el Representante del Ministerio Público sustenta su posición indicando que tal como se observa del contenido del acto administrativo demandado, la remoción de la señora ELIBETH HEADLEY se basó en la potestad discrecional que le está atribuida a la autoridad nominadora para nombrar y desvincular a aquellos funcionarios que carezcan de estabilidad laboral por no haber ingresado al servicio público mediante un concurso de méritos o por encontrarse amparado por una Ley especial, condición en la que se encontraba la prenombrada.

    Bajo este orden de ideas, expone el Procurador que como quiera que ELIBETH HEADLEY no ostentaba un estatus de servidora pública de Carrera Administrativa, la misma ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo que para desvincularla no era necesario recurrir a ningún procedimiento disciplinario, pues bastaba con notificarle el decreto de personal acusado de ilegal y brindarle la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, permitiéndole, como en efecto se hizo, la presentación del respectivo medio de impugnación, con lo que se agotó la vía gubernativa.

    Por último, advierte que cuando la parte actora finalizó la relación laboral con la entidad demandante ocupaba el puesto de Asistente Técnico dentro del departamento de Auditoría Interna, cargo que atendiendo su naturaleza y funciones era de confianza; en consecuencia, de libre nombramiento y remoción.

  5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

    El apoderado judicial de ELIBETH HEADLEY presentó escrito de alegato de conclusión, reiterando la posición de la Demanda y solicitando se declare la ilegalidad del decreto de personal impugnado.

    Por su parte, el Procurador de la Administración, mediante la Vista N°1539 de 9 de noviembre de 2021, reitera, sin mayor variación en sus argumentos, que el acto administrativo en estudio se dictó conforme a Derecho.

  6. DECISIÓN DE LA SALA.

    Surtidos los trámites que la Ley establece y, luego de conocer los argumentos de las partes, procede la Sala a realizar un examen de rigor.

    · Competencia del Tribunal.

    De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 206 (numeral 2) de la Constitución Política de Panamá, en concordancia con el artículo 97 (numeral 1) del Código Judicial, se establece como competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el conocimiento de los Decretos, Órdenes, Resoluciones o cualesquiera Actos, sean generales o individuales, que se acusen de ilegales, sustento jurídico que le permite a esta Corporación conocer de la Demanda bajo estudio.

    · Acto Administrativo Objeto de Reparo.

    El Acto Administrativo que se impugna, lo constituye el Decreto de Personal No. 270 de 14 de octubre de 2019, emitido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, por medio del cual se dejó sin efecto el nombramiento de ELIBETH HEADLEY en el cargo que ocupaba como Asistente Técnico, en esa entidad.

    · Sujeto Procesal Activo.

    En el negocio jurídico en estudio, el Licenciado L.A.A., comparece al Tribunal actuando en nombre y representación de ELIBETH HEADLEY, cuyas generales se encuentran descritas en el poder conferido.

    · Sujeto Procesal Pasivo.

    Lo constituye el Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, representado por el Procurador de la Administración, quien en ejercicio del rol consagrado en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, actúa en defensa de los intereses de la entidad demandada.

    Encontrándonos en la etapa procesal correspondiente, esta Corporación de Justicia observa la parte actora argumenta que el acto administrativo impugnado quebranta de manera directa por omisión, los artículos 1 y 4 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, derogada por la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, toda vez que se desconoció el régimen de estabilidad laboral reconocido a su favor en función de los más de dos (2) años que tenía al servicio de la entidad demandada.

    De igual forma, alega que la actuación desplegada por dicha institución conculca de manera directa por omisión el artículo 32 de la Constitución Política de Panamá.

    Sobre este punto, esta M. debe aclarar que tal y como se ha dejado por sentado en senda jurisprudencia, por mandato de nuestra Carta Magna, le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la revisión de los actos que son confrontados contra normas de rango constitucional, por lo que a esta Corporación de Justicia le está atribuido el control de la legalidad de los actos administrativos que expidan, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas.

    Es por lo anterior, que esta Colegiatura se abstendrá de analizar el cargo de infracción alegado en relación al artículo 32 de la Constitución Política.

    Por otra parte, respecto a los artículos 1 y 4 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, los cuales, según expone la actora, fueron vulnerados de manera directa por omisión al pasar por alto la protección a la estabilidad laboral de los servidores públicos y su derecho al reintegro al cargo que ocupaba y al pago de la indemnización reconocido en la referida excerpta, debemos aclarar que la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, fue derogada por la Ley 23 de 12 de mayo de 2017; es decir, antes de la emisión del Decreto de Personal No. 270 de 14 de octubre de 2019, objeto de reparo, por lo que dichas normas no son aplicables al caso que nos ocupa, toda vez que carecen de validez jurídica.

    Ahora bien, respecto al resto de los cargos de violación expuestos por la Accionante, se percata esta Superioridad que los mismos giran en torno a las posibles conductas que admiten la destitución directa; a la clasificación de la gravedad de las faltas establecidas en el régimen disciplinario y a los supuestos por los cuales se puede remover a un servidor público; hechos éstos que a juicio de la parte actora fueron pretermitidos por la entidad demandada al momento de decretar su desvinculación.

    Así las cosas, lo que procede ahora, es determinar primeramente el estatus laboral de la activadora judicial, a fin de confirmar si efectivamente gozaba de estabilidad laboral al momento de emitirse el acto censurado de ilegal.

    · Expediente Administrativo

    De la revisión del Expediente Administrativo remitido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se observa que quien recurre, ELIBETH HEADLEY, fue nombrada, eventual, mediante el Decreto de Personal No. 249 de 11 de agosto de 2014, en el cargo de Asistente Técnico, del cual tomó posesión el 5 de septiembre de 2014 (Cfr. fojas 9 y 11 del expediente administrativo).

    Posteriormente, por necesidad comprobada del servicio, a través de la Resolución Administrativa No. 32 de 23 de junio de 2015, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, por conducto de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, efectuó el traslado de ELIBETH HEADLEY, de la oficina de Auditoría Interna a la Dirección Regional de Panamá Oeste (Cfr. foja 17 del expediente administrativo).

    Consta igualmente, la Certificación de 5 de febrero de 2019, suscrita por la Oficina Institucional de Recursos Humanos, en la que se indica que "la señora E.J.H., ejerce las funciones de AUDITORA en planilla PERMANENTE" (Cfr. foja 79 del expediente administrativo).

    Conforme a las constancias procesales, esta Sala no constata que ELIBETH HEADLEY haya ingresado a dicha entidad ministerial por algún Procedimiento de Selección de Personal basado en un Concurso de Méritos, para adquirir la posición que ocupaba como Asistente Técnico, razón por la cual, no adquirió el derecho a la estabilidad en el cargo.

    En este orden de ideas, se puede definir la estabilidad laboral de un servidor público, como la inamovilidad del cargo de la que goza un funcionario, en la que se le garantice que no puede ser removido de su puesto de trabajo discrecionalmente, salvo que medie una causa justificada o previa instauración de un Procedimiento Disciplinario.

    En el engranaje de la Administración Pública, la estabilidad laboral puede ser adquirida por el servidor público, ya sea porque su ingreso se dio en estricto cumplimiento de los requisitos y procedimiento exigidos en la Ley, de conformidad con lo estipulado para el sistema de Carrera Administrativa, o cualquiera de las demás carreras públicas consagradas en la Constitución.

    O bien, puede también un servidor público adquirir la estabilidad laboral, excepcionalmente, en los casos en que el propio ordenamiento jurídico así lo reconoce; es decir, en los que la Ley otorga una protección laboral producto de una condición inherente al servidor público, que haya sido acreditada, como lo son, por ejemplo, los fueros por enfermedad, por discapacidad, sindical, gravidez, próximo a jubilación, entre otros.

    Bajo este orden de ideas, tomando en cuenta el mecanismo de ingreso de ELIBETH HEADLEY al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, al momento de emitirse el Decreto de Personal No. 270 de 14 de octubre de 2019, a través del cual se dejó sin efecto su nombramiento, la misma no gozaba del derecho a la estabilidad laboral obtenido ya sea por medio de una Ley formal de carrera o por una Ley especial.

    En consecuencia, la Administración se encontraba en la potestad de ejercer la facultad de resolución "ad nutum"; es decir, de revocar el acto de nombramiento, con fundamento en la voluntad de la Administración y su discrecionalidad, según la conveniencia y la oportunidad.

    Sobre este punto, debemos aclarar que si bien existe constancia en el expediente administrativo, que la señora ELIBETH HEADLEY dejó de ser servidora pública eventual y se le otorgó su condición de funcionaria permanente, lo cierto es que esta transición de status laboral no implica la adquisición de la estabilidad en el cargo, ya que como se ha señalado en líneas anteriores, solo aquellos colaboradores incorporados a la carrera administrativa tendrán derecho a la inamovilidad de su puesto, y en el caso que nos ocupa no se ha demostrado que la prenombrada hubiese participado en concurso de mérito alguno.

    Respecto al puesto público permanente, el artículo 2 (acápite 37) del Decreto Ejecutivo 696 de 28 de diciembre de 2018, "Que adopta el Texto Único de la Ley 9 de 1994, que establece y regula la Carrera Administrativa, modificada por la Ley 23 de 2017", conceptualiza el mismo de la siguiente manera:

    37. Puesto público permanente. Posición en la estructura de personal del Estado, existente para cubrir una necesidad constante de servicio público.

    Del marco conceptual expuesto, se deduce que la permanencia del funcionario en una determinada posición o cargo, más allá de interpretarse como el reconocimiento automático a la estabilidad laboral, implica más bien que dicho servidor público está ocupando una posición de la estructura institucional, sin que su nombramiento tenga fecha de finalización, hasta tanto adquiera la condición de servidor de Carrera, o, en su defecto, sea desvinculado del puesto.

    En función de lo anterior, el Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial al momento de ejercer su facultad discrecional, debe explicar sus razones de oportunidad y conveniencia, tal como ocurre en el presente caso, en el que se pone de manifiesto en la parte motiva del Decreto de Personal No. 270 de 14 de octubre de 2019, lo siguiente:

    "Que de acuerdo con el expediente de personal de la servidora pública, ELIBETH HEADLEY, con cédula de identidad personal No. 8-390-69, que reposa en esta entidad gubernamental, éste no ha sido incorporado a la Carrera Administrativa, ni posee ninguna otra condición legal que le asegure estabilidad en el cargo.

    Que la servidora pública ELIBETH HEADLEY, carece de inamovilidad o estabilidad reconocida por ley al haber sido designada en base a la facultad ejercida por la autoridad nominadora."

    Así las cosas, este Tribunal observa que, en efecto, la institución, expresó a la demandante, ELIBETH HEADLEY, las razones que conllevaron a que se dejara sin efecto su nombramiento, al indicársele que era una funcionaria de libre nombramiento y remoción, según lo dispuesto en el Texto Único de la Ley 9 de 1994 "Que regula la Carrera Administrativa", decisión que se llevó a cabo con sustento en la potestad discrecional que tiene la Autoridad Nominadora para llevar a cabo estas acciones de personal en la Administración Pública.

    En cuanto a la existencia de las potestades discrecionales, bien ha señalado la doctrina que ello no implica un quebrantamiento del Estado de Derecho, pues es la libertad de acción, en cierto grado, que emana de lo consagrado en las normas constitucionales y legales, como una necesidad inherente al ejercicio de la función administrativa con los límites que el propio ordenamiento jurídico prevé, tal como se expone a continuación:

    La Administración tiene la libertad de elegir entre todos los medios posibles para el logro del fin debido, aquél que entienda más oportuno o conveniente, sin incurrir en irrazonabilidad, lo que la colocaría en el terreno de la arbitrariedad. Como ha dicho el Tribunal de lo Contencioso Administrativo citando a C., '...en el terreno práctico la irrazonabilidad o arbitrariedad constituye una cuestión de grado, directamente vinculada al caso concreto, pero lo cierto es que es en ese juzgamiento, donde habrá de revisar casi siempre cuestiones de hecho, radica la verdadera función de fiscalización que realizan los jueces sobre la actividad administrativa'.

    La discrecionalidad es, pues, un fenómeno - en mayor o menor medida, según la materia de que se trate - necesario para el adecuado ejercicio de la función administrativa. Y es un fenómeno de naturaleza jurídica: su fuente son las normas jurídicas (básicamente constitucionales y legales); y de allí - y de los principios generales - emergen también sus límites.

    En igual línea de pensamiento, en la doctrina local se ha detallado lo siguiente respecto a la facultad discrecional de la Administración Pública para realizar este tipo de acciones de personal:

    La designación de estos funcionarios que no son de carrera quedará sujeta a la apreciación discrecional de méritos que así lo estime la autoridad nominadora que los vaya a contratar. Su nombramiento se lleva a cabo sin que medie convocatoria pública, y sin que rija el sistema de concursos u oposiciones, por lo que su remoción puede darse sin necesidad de que exista un procedimiento administrativo sancionador, toda vez que ingresaron a la entidad sin ningún tipo de procedimiento formal u ordinario para ello. De ahí que la libre designación conlleva como reverso el libre cese discrecional del cargo. En pocas palabras, si el puesto de trabajo se obtuvo por libre designación, de igual manera el funcionario puede ser libremente removido del cargo.

    En este caso, este Tribunal observa que entre las funciones que ejerce el Presidente de la República con el Ministro del ramo, se encuentra la estipulada en el artículo 184 (numeral 6) de la Constitución Política que los faculta para nombrar, con arreglo a lo dispuesto en el Título XI, a las personas que deban desempeñar cualesquiera cargos o empleos nacionales cuya provisión no corresponda a otro funcionario o corporación.

    En ese sentido, le compete a la autoridad nominadora no solo el nombramiento, sino también su remoción, según lo dispone el artículo 629 (numeral 18) del Código Administrativo, que establece:

    Artículo 629: Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa:

    ...

    18. Remover los empleados a su elección, salvo cuando la Constitución o las leyes dispongan que no son de libre remoción.

    En atención a lo dispuesto en la citada norma, el Presidente de la República, en conjunto con el Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se encontraban en la plena facultad para expedir el Decreto de Personal No. 270 de 14 de octubre de 2019, por medio del cual se dejó sin efecto el nombramiento de ELIBETH HEADLEY del cargo de Asistente Técnico que ocupaba en dicho Ministerio.

    En este punto es necesario acotar que, esta Superioridad ha sostenido en reiterada jurisprudencia, que todo servidor público que inicie labores en las diversas dependencias del Estado, sin haber aprobado un Concurso de Méritos que le permita ingresar formalmente a la Carrera Administrativa, con excepción de los fueros o protecciones laborales que la Ley reconoce, son de libre nombramiento y remoción; razón por la cual, en el caso bajo examen, el Señor Presidente de la República con el refrendo del Ministro del ramo, ejerció la facultad conferida por la Constitución Política y la Ley correspondiente, sin que para ello fuese necesaria la instauración de un procedimiento disciplinario.

    Sobre el tema de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, esta Sala ha sido reiterativa en sus pronunciamientos al señalar que cuando estamos frente a un servidor público de esta categoría, la autoridad nominadora no requiere fundamentar la destitución en una causa justificativa, tal como se detalla a continuación:

    En cuanto al tema de la estabilidad, la jurisprudencia reiterada de la Sala, expone que el derecho a la estabilidad del servidor público está comprendido como un principio básico inherente al funcionario investido por una carrera de la función pública, regulada por una ley formal de carrera o por una ley especial que consagre los requisitos de ingreso y ascenso dentro del sistema, basado en mérito y competencia del recurso humano. Si no es así, la disposición del cargo queda bajo la potestad discrecional de la Administración, y no está sujeto a un procedimiento administrativo sancionador. (Resolución de 15 de mayo de 2019).

    El sustento de lo anotado se encuentra en los artículos 300, 302 y 305 de la Constitución Nacional, que disponen que el derecho a la estabilidad debe ser regulado mediante una ley formal, que establezca una carrera pública o que establezca una situación especial de adquisición del derecho, y está condicionado a los méritos al servidor público, a la competencia, lealtad, moralidad y cumplimiento de deberes.

    En atención a lo expresado, este Tribunal no observa en el expediente administrativo ni judicial que la demandante, haya pasado por algún procedimiento de selección de personal por medio de concurso de méritos, para adquirir la posición que ocupaba y por ende, no ha logrado demostrar que gozaba del derecho a la estabilidad, lo que implicaba que su cargo quedaba a disposición de la autoridad nominadora en ejercicio de su facultad discrecional.

    ...

    En este aspecto, cabe acotar que si el servidor público no se encuentra amparado por el derecho a la estabilidad en el cargo, la Administración puede ejercer la facultad de resolución 'ad nutum', es decir, la facultad de revocar el acto de nombramiento fundamentada en la voluntad de la Administración y su discrecionalidad, según la conveniencia y la oportunidad.

    Por las razones expuestas, no se encuentran probados los cargos de violación alegados por la parte actora; por lo que no es procedente declarar la nulidad del acto ni acceder a las consecuentes declaraciones solicitadas.

    En virtud de las consideraciones previas, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Decreto de Personal No. 270 de 14 de octubre de 2019, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, por medio del cual se deja sin efecto el nombramiento de ELIBETH HEADLEY, ni su acto confirmatorio, y, en consecuencia, se niegan las demás pretensiones invocadas por la Demandante.

    N.,

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA

    KATIA ROSAS (Secretaria)

    Artecona Gulla, D.. Discrecionalidad y desviación de poder. Necesidad y conveniencia de la consagración legal de potestades discrecionales a favor de la administración. Revista de la Facultad de Derecho n.30, 2011, página 47.

    J.B., J.J.. Derecho Administrativo, Tomo I, Principios Generales de Derecho Administrativo. Cultural Portobelo, Biblioteca de Autores Panameños, 2011, páginas 151-152.

    Sentencia de 30 de junio de 2020 de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

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