Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 19 de Mayo de 2022

PonenteCecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución19 de Mayo de 2022
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme

Fecha: 19 de mayo de 2022

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 931-19

VISTOS:

A través del Resuelto de Personal No. 1075 del 22 de julio de 2019, el Ministerio de la Presidencia procedió a dejar sin efecto el nombramiento de la señora L.M.P., en el cargo que ocupaba como Asistente Administrativo I, al ser considerada una servidora de libre nombramiento y remoción.

Por medio de la Resolución No. 86 del 26 de agosto de 2019, el Viceministro de la Presidencia procedió a resolver el recurso de reconsideración presentado, y a través de dicho acto procede a mantener en todas sus partes el contenido del acto administrativo originario (Decreto de Personal No. 1074 de 22 de julio de 2019).

Frente a la decisión adoptada por la Autoridad Nominadora, la demandante acude a través de apoderada judicial el día 28 de octubre de 2019, ante la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a fin de interponer formal Demanda Contenciosa-Administrativa de Plena Jurisdicción, a partir de la cual se solicita la declaratoria de nulidad del Resuelto de Personal No. 1075 de 22 de julio de 2019, emitido por el Ministerio de la Presidencia, así como su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

  1. ANTECEDENTES Y HECHOS DE LA DEMANDA:

    En el libelo de demanda, la apoderada judicial de la parte actora, la Licda. A.J.S.M. ha indicado que su representa laboró en la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional adscrita al Ministerio de la Presidencia, desde el 2 de marzo de 2015, donde se desempeñó con lealtad, honestidad, responsabilidad, imparcialidad y moralidad en el cargo, sin haber sido sancionada por falta alguna al Reglamento Disciplinario.

    Que al momento de notificársele de la Resolución No. 86 de 26 de agosto de 2019, a través de la cual se resuelve el Recurso de Reconsideración, solo se encontraba presente el A.J.F.V., quien no explicó nada en cuanto al procedimiento o motivo por el cual se le desvinculaba de la función pública. Sólo se exigió la firma del documento frente a una señora de nombre YIRANETT DE DELGADO, quien tampoco le explicó el motivo de la finalización de labores. En consecuencia, no existía en ese momento, personal de Recursos Humanos, ni de Asesoría Legal que le explicaran los motivos o trámites al momento de la notificación, razón por la cual la demandante se vio obligada a firmar, a pesar de saber que no se cumplían con los procedimientos para la destitución.

    Que la Resolución No. 86 de 26 de agosto de 2019 establece que el artículo 300 de la Constitución Política dispone que la estabilidad de los servidores públicos en los cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio, lo que no se cumplió en realidad, ya que a la demandante no se le pudo acreditar ninguna falta administrativa o delito, ni mucho menos que había sido sancionada. Además, la recurrente cumplía con las responsabilidades y asignaciones encomendadas.

    La accionante no desempeñaba cargo de libre nombramiento y remoción, ya que cuando se le nombra en el Ministerio de la Presidencia, Consejo de Seguridad Nacional, la misma había sido designada de manera transitoria el 2 de marzo de 2015y posteriormente de manera permanente, de conformidad con el acta de Toma de Posesión del 4 de enero de 2016 y el Decreto de Personal No. 10 de 11 de enero de 2016, por lo que ejercía el cargo de manera permanente, y no fue designada por libre remoción, además de no tenía mando, ni jurisdicción, ya que realizaba funciones como cualquier otro servidor público, no de Director, S. o funcionario con mando ni jefatura.

    La institución no se dignó a verificar el expediente de personal de la demandante, ni mucho menos su expediente clínico, ya que sólo se da respuesta frente al Recurso de Reconsideración, limitándose a mantener la decisión, sin existir elementos contrario por los cuales se procediera a la destitución.

    Que de la Resolución No. 86 de 26 de agosto de 2019 a través de la cual se resuelve el recurso de reconsideración, sin realizar un mayor análisis considera como válida la forma irregular de la notificación que se llevó a cabo respecto del Resuelto de Personal No. 1075 de 22 de julio de 2019, fundamentado sobre la base que cumplió con los mecanismos legales gubernativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1021 del Código Judicial, situación que se encuentra fuera de contexto legal ya que utiliza una norma aplicable al procedimiento judicial, cuando se está frente a un proceso administrativo.

    Que la recurrente tenía estabilidad laboral, por estar protegida por una Ley Especial, tal como se señaló en el recurso de reconsideración, y ello fue ignorado, toda vez que la demandante confronta una condición de discapacidad, diagnosticada por médico especialista con enfermedad crónica de Hipertensión desde el año 2017, lo que consta en el expediente de recursos humanos, debido a los permisos y las incapacidades, y en la Clínica de la Institución donde era atendida, toda vez que dicha enfermedad la adquirió cuando estaba en el Servicio de la Secretaría Ejecutiva, ejerciendo sus funciones, y que la mantiene en una condición de discapacidad médica, de conformidad con la Ley 59/2005, modificada por la Ley 25/2018, que regula las personas con enfermedades, por lo cual, había adquirido la condición de funcionaria protegida en su condición laboral por su situación de salud, que exige a la entidad respetar y garantizar su condición laboral, diagnostico que emitido por médico idóneo, había sido puesto en conocimiento de la institución.

  2. NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN:

    A criterio de la parte demandante, el acto administrativo demandado (Resolución No. 86 de 26 de agosto de 2019), y su acto confirmatorio (Resolución No. 86 de 26 de agosto de 2019), han vulnerado las siguientes disposiciones.

    1. - El artículo 1 de la Ley No. 59/2005, modificada por la Ley 25/2018 del 19 de abril,que dispone taxativamente lo siguiente:

      Artículo 1. Todo trabajador, nacional o extranjero, a quien se le detecte enfermedades crónicas involutivas, y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que mantenía antes del diagnóstico médico.

      La norma fue violada de manera directa por omisión, ya que la entidad nominadora se le puso en conocimiento y expresamente se les comunicó de la condición de la enfermedad crónica que padecía L.M.P..

    2. - El artículo 3 de la Ley No. 59/2005, modificada por la Ley 25/2018 del 19 de abril, que establece lo siguiente:

      Artículo 3. Se prohíbe a entidades públicas y a empresas privadas discriminar de cualquier forma a los trabajadores que padezcan de enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzca discapacidad laboral.

      Igualmente se prohíbe tomar medidas de presión o de persecución, por estas causas con la finalidad que el trabajador afectado abandone el empleo. El despido comunicado al trabajador, en atención a medidas anteriores, será considerado por las autoridades correspondientes de pleno derecho como injustificado.

      Sin embargo, el Viceministro decide de manera ilegal, destituir a la demandante, violando además la norma administrativa de notificación, empleando mecanismos de coacción y manipulación, además de poseer una enfermedad que adquirió cuando estaba realizando sus funciones dentro de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional. Lo anterior también había sido puesto en conocimiento a través del Recurso de Reconsideración, manteniendo la decisión de destituir a la recurrente.

    3. - De igual manera, considera el apoderado judicial de la parte accionante, que el acto administrativo impugnado viola el artículo 5 de la Ley 59/2005, modificada por la Ley 25/2018 del 19 de abril, que señala lo siguiente:

      Articulo 5. La certificación de la condición física o mental de las personas que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, será expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin o por el dictamen de dos médicos especialistas idóneos del ramo. La persona mantendrá su puesto de trabajo hasta que dicha comisión dictamine su condición.

      El acto impugnado ha violado de manera directa por omisión la disposición transcrita, ya que a pesar de que se había puesto en conocimiento de la enfermedad crónica a la institución dentro del recurso de reconsideración, diagnóstico que se encuentra dentro de sus archivos, merecía que se le respetara su condición médica.

      El Ministerio de la Presidencia omite cumplir con el procedimiento de solicitar evaluación interdisciplinaria que acredite la condición médica certificada por el médico tratante de la demandante. Sin embargo, en el recurso de reconsideración, la demandante presenta dos (2) copias autenticadas de las certificaciones de dos (2) médicos especialistas, una por parte de la Caja de Seguro Social por el Dr. JOSÉ CONCEPCIÓN, médico cardiólogo y otro por la Dra. R., especialista en Medicina Interna y C., situación que no fue contemplada en la Resolución No. 86 de 26 de agosto de 2019.

      Además de la enfermedad crónica que posee la accionante, en los chequeos regulares (ecocardiograma) se le diagnosticó hipertrofia ventricular en el corazón, de conformidad con el examen médico practicado por el especialista Dr. ÁLVARO CORNO, cardiólogo y ecocardiografía del Laboratorio Cardiovascular, S. A., y el mismo es incluido en la respuesta de la Referencia del Dr. JOSÉ CONCEPCIÓN, médico cardiólogo de la Caja de Seguro Social, situación que no fue escuchada por el Ministerio de la Presidencia, a pesar que fue presentada copia autenticada de la referencia en mención, donde se comunicaba la hipertrofia ventricular junto a la hipertensión de mi cliente.

    4. - Establece en el libelo de demanda el apoderado judicial de la parte actora, que se han violado los artículos 1, 7 y 8 de la Ley 42/1999 del 27 de agosto, que establece lo siguiente:

      "Artículo 1. Se declara de interés social el desarrollo integral de la población con discapacidad, en igualdad de condiciones de calidad de vida, oportunidades, derechos y deberes, que el resto de la sociedad, con miras a su realización personal y total integración social. También se declaran de interés social, la asistencia y tutela necesarias para las personas que presten una disminución profunda de sus facultadas.

      Artículo 7. Es obligación fundamental del Estado, adoptar las medidas a fin de establecer una mejor integración social, así como el desarrollo individual de las personas con discapacidad.

      Artículo 8. Toda institución del Estado será responsable, de acuerdo con su competencia, de garantizar el pleno goce de los derechos a las personas con discapacidad, para lo cual establecerá los mecanismos de coordinación con los familiares de las personas con discapacidad, los empleadores, los técnicos, las agrupaciones gremiales, las asociaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad y con el resto de la sociedad civil."

      La ley obliga a todas las instituciones y privadas a considerar los derechos de la persona con discapacidad en cuanto a la equiparación de oportunidades, lo cual incluye a personas con enfermedades crónicas al momento de tomar medidas como la que se le aplicó a la demandante, por lo que se le debió de garantizar la igualdad de oportunidades.

    5. - Se ha violado lo consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política, que dispone lo siguiente:

      Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona."

      La norma transcrita obliga a que el Ministerio de la Presidencia vele y garantice por la tutela de los derechos de los individuos, en este caso las personas con discapacidad. Así las cosas, se vulnera el derecho fundamental de la demandante en cuanto a la igualdad laboral, además de verse afectada su dignidad humana al coartarle su fuente de empleo que le permite sostenerse.

    6. - La resolución impugnada ha violado lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 25/2007, que establece lo siguiente:

      Artículo 27.

      Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua; e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas; i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;

      k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

      2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.

      La norma ha sido violada de forma directa por omisión, ya que el Estado Panameño está obligado a respetar y garantizar los principios de la convención, por lo que desconocer la condición de enfermedad crónica y la hipertrofia ventricular que sufre la accionante, viola sus derechos humanos de manera directa.

  3. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO:

    Mediante escrito visible de fojas 44 a 45 del expediente judicial e identificado con la Nota No. 929-2019-AL, el Ministro de la Presidencia, procede a emitir el correspondiente informe de conducta, señalando lo que a continuación sigue.

    Que de conformidad con la información que consta en el expediente en la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de la Presidencia, el día 2 de marzo de 2015, la señora L.M.P. tomó posesión del cargo de Asistente Administrativo I, posición No. 70161, con un sueldo de B/.1,100.00, para el que fue designada mediante el Resuelto de Personal No. 795 de 9 de febrero de 2015.

    El nombramiento se da en virtud de la confianza que la autoridad nominadora deposita en ella, para el ejercicio de las funciones inherente a su cargo, y allí se mantuvo por espacio de cuatro (4) años.

    La señora L.M. PAZ desde el momento de su nombramiento, se asignó al Consejo de Seguridad Nacional, manteniéndose en dicho Consejo hasta el momento de su desvinculación.

    A través del Decreto de Personal No. 128 de 22 de marzo de 2016, a la señora L.M.P., se le hizo un ajuste salarial de B/.500.00, ganando B/.1,500.00, y asignándosele la posición No. 10825.

    Que no consta en el expediente de personal, que la demandante hubiese sido incorporada a la Carrera Administrativa, ni a ninguna otra carrera de la función pública regulada por una ley formal o de carrera o concedida por una ley especial que establezca los requisitos para alcanzar tal condición, generalmente basada en un sistema de méritos.

    Por medio del Resuelto de Personal No. 1075 de 22 de julio de 2019, se dejó sin efecto el nombramiento de la servidora pública L.M. PAZ del cargo que ocupaba dentro del Ministerio de la Presidencia, asignada al Consejo de Seguridad Nacional, según lo establece el artículo 2 del Texto Único de la Ley 9/1994, que regula la Carrera Administrativa, dentro del concepto de servidor público de libre nombramiento y remoción, acto que se notificó el 26 de julio de 2019.

    Indica el Ministro de la Presidencia en su informe de conducta, que dentro del expediente de la señora L.M.P., no consta ningún sustento que le otorgue amparo en leyes especiales por enfermedad, por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 25/2018, que modifica el artículo 5 de la Ley 59/2005, el cual establece la necesidad de acreditar, mediante certificación de condición física, expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin o por el dictamen de dos médicos especialistas idóneos en el ramo, la enfermedad crónica, involutiva y/o degenerativa que la recurrente alega padecer.

    El acto objeto de la presente Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, fue recurrido a través de reconsideración mediante memorial presentado en tiempo oportuno, el cual fue examinado por el Ministerio de la Presidencia, donde se determinó que al no existir elementos que desvirtuaran la medida adoptada, procedía mantener la decisión, lo cual se materializó a través de la Resolución No. 86 de 26 de agosto de 2019, debidamente notificado el 02 de septiembre de 2019, dándose por agotada la vía gubernativa.

  4. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN:

    Por su parte, la Procuraduría de la Administración en el presente caso ha indicado de acuerdo con la Vista Número 585, del 24 de julio de 2020, y reiterado también en sus alegatos (Vista Número 1828 del 22 de diciembre de 2021), lo siguiente.

    La remoción de la demandante se basó en la facultad discrecional que le está atribuida a la entidad nominadora para nombrar y remover libremente a los funcionarios que carezcan de estabilidad en el cargo por no haber ingresado al servicio público mediante un concurso de méritos o encontrarse bajo la protección de alguna ley especial, condición en la que se encontraba la ex servidora en el Ministerio de la Presidencia.

    La accionante no ha acreditado que estuviera amparada bajo el sistema de Carrera Administrativa o algún régimen especial o fuero que le garantizaran la estabilidad laboral, por lo que el Ministerio de la Presidencia dejó sin efecto sin efecto su nombramiento en el cargo que ocupaba, en base a lo dispuesto en el artículo 300 de la Constitución Política de la República de Panamá, al igual que lo dispuesto en el artículo 2 del Texto Único de la Ley 9/1994, modificado por la Ley 43/2009.

    En consecuencia, para que se desvinculara del cargo a la ex servidora pública, no era necesario invocar causal alguna así como tampoco que concurran determinados hechos o el agotamiento de ningún trámite disciplinario, ya que solo bastaba a la afectada de notificarla de la resolución recurrida y brindarle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, a través del recurso de reconsideración, tal como sucedió dentro del proceso administrativo, con lo cual se agota la vía gubernativa, para así acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que mal puede argumentar la recurrente la transgresión de las normas invocadas en su escrito de demanda, ya que la remoción de la demandante se sustenta en la facultad discrecional de la autoridad nominadora sobre los funcionarios que carezcan de estabilidad en el cargo.

    La apoderada judicial de la parte actora señala que la entidad nominadora al emitir el acto impugnado, ha violado lo consagrado en la Ley 59/2005, que reconoce la protección laboral por enfermedades crónicas, sin embargo, la parte actora no aportó ningún documento médico que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley 59/2005, así como tampoco se encuentra determinado que ese padecimiento que dice sufrir le produzca una discapacidad laboral; es decir que dicho estado de salud limite su capacidad de trabajo.

    Es importante que quien estima que está amparado por un fuero laboral, acredite en forma debida y de manera previa, los presupuestos que la ley le otorga, a fin de probar que el padecimiento que sufre, requiere de una supervisión médica frecuente o constante de la que se puede inferir que el actor se encuentre mermado en el desenvolvimiento de su rutina diaria y que con el tratamiento para el control del mismo, no puede llevar una calidad de vida normal.

    Con respecto al fuero laboral que alega la actora que estaba amparada por ser una persona discapacitada por padecer de hipertensión e hipertrofia ventricular en el corazón de conformidad con lo señalado por la Ley 42/1999, los documentos aportados por la demandante, a través de los cuales busca comprobar su discapacidad, no son documentos idóneos que establece la ley para acreditar dicha condición en una persona, toda vez que los mismos no constituyen la certificación que emite la Secretaría Nacional de Discapacidad detallando el tipo de discapacidad y demás parámetros exigidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 74 de 14 de abril de 2015, que modifica el reglamento del procedimiento de conformación y funcionamiento de las Juntas Evaluadoras de la Discapacidad, los baremos nacionales y el procedimiento para la evaluación, valoración y certificación dela discapacidad aprobado por medio del Decreto Ejecutivo 36 de 11 de abril de 2014, modificado por el Decreto Ejecutivo 74 de abril de 2015.

    En cuanto al reclamo que efectúa la accionante respecto del pago de los salarios caídos, la Procuraduría de la Administración considera que los mismos no resultan viables, ya que para que dicho derecho pudiera ser reconocido a favor de la demandante L.M.P., era necesario que éstos estuviesen reconocidos expresamente dentro de una ley, lo que vendría a constituir un requisito indispensable para acceder a lo pedido.

    En relación a la actividad probatoria, la Procuraduría de la Administración es del criterio que las pruebas admitidas a favor de la accionante no logran demostrar que la autoridad nominadora al momento de emitir el acto acusado, hubiese infringido las normas que sustentan el proceso presentado por la Accionante, por lo que la parte actora no cumplió con la carga procesal que establece el artículo 784 del Código Judicial, que obliga a quien acciona a confirmar los hechos que dan sustento a su pretensión, de allí que es deber de quien demanda, el incorporar al proceso las constancias que desvirtúen la presunción de legalidad que cobija a los actos administrativos, y acreditar el supuesto de hecho de las normas que les son favorables.

    Son a las partes accionantes, las que les corresponde probar las circunstancias que le son favorables, de ahí que, quien alega uno o varios supuestos de hecho, deberá probarlos por los medios de prueba idóneos establecidos en el Código Judicial, para que el Tribunal de lo Contencioso pueda declarar la procedencia de la pretensión que se solicita.

    Por las anteriores razones, la Procuraduría de la Administración solicita a los Magistrados de la Sala Tercera, que declaren que NO ES ILEGAL, el Decreto de Personal 1075 de 22 de julio de 2019, emitido por el Ministerio de la Presidencia, ni su acto confirmatorio, y, en consecuencia, se desestimen las pretensiones de la accionante.

  5. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

    Una vez cumplido el trámite procesal de rigor, le corresponde a esta Sala Tercera entrar a examinar los cargos de infracción inherentes a las normas que se estiman vulneradas por la parte actora dentro de la presente Demanda Contenciosa-Administrativa, a fin de determinar si en efecto las razones adoptadas por la entidad demandada con la expedición del acto administrativo impugnado se ajustan o no a derecho.

    Previo al análisis de los cargos de ilegalidad efectuados por la parte actora, es pertinente indicar que a través de la presente demanda Contenciosa-Administrativa, se solicita lo siguiente:

    · Que se declare NULA por ILEGAL el Resuelto de Personal No. 1075 de 22 de julio de 2019 dictado por el Ministerio de la Presidencia de la República de Panamá y el Vice Ministro de la Presidencia.

    · Que como consecuencia de la declaratoria anterior se declare que es NULA por ILEGAL la Resolución Nº 86 de 26 de agosto de 2019 dictada por el Ministerio de la Presidencia.

    · Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se ordene el reintegro como Asistente Administrativa I, y las funciones que realizaba en el Ministerio de la Presidencia, específicamente en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional, con el mismo salario y condiciones que tenía antes de su destitución.

    · Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se orden el pago de los salarios caídos que se generen desde la fecha de la destitución el 26 de julio del 2019, hasta que se realice el reintegro, incluyendo todos los derechos y prerrogativas que correspondan por Ley.

    Expuestas las pretensiones formuladas por la parte actora dentro de la presente demanda Contenciosa-Administrativa de Plena Jurisdicción, esta Corporación de Justicia procederá a realizar el correspondiente examen de valoración de las normas infringidas, así como también procede a examinar las pretensiones que se solicitan dentro de la acción bajo estudio.

    De las constancias procesales que obran dentro del expediente se observa que a través del Resuelto de Personal No. 795 de 9 de febrero de 2015, dictado por el Ministerio de la Presidencia, se nombró a L.M.P., en el cargo de Asistente Administrativo I. A través del Decreto de Personal No. 10 del 11 de enero de 2016, se nombra a la demandante en la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional de Ministerio de la Presidencia. Finalmente mediante el Decreto de Personal No. 128 del 22 de marzo de 2016, se realizan ajustes salariales en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad del Ministerio de la Presidencia a favor de L.M.P..

    A través del Resuelto de Personal No. 1075 de 22 de julio de 2019, y que es objeto de impugnación por la vía Contenciosa-Administrativa se procede a dejar sin efecto el nombramiento de la accionante L.M.P., fundamenta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 9/1994, que contempla la regulación de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y a partir de los cuales su nombramiento está sujeto a la confianza de sus superiores y la pérdida de la misma acarrea la remoción del cargo.

    Observa este Despacho que dicha decisión fue recurrida a través del correspondiente recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 86 de 26 de agosto de 2019, a través de la cual se procede a mantener en todas sus partes, el Decreto de Personal No. 1075 de 22 de julio de 2019, por medio de la cual se dejó sin efecto el nombramiento de la demandante LUCY PAZ.

    Al revisar la Sala Tercera las documentaciones y constancias que obran dentro del expediente judicial y administrativo, se puede percatar que la ex-servidora pública L.M.P., cuando entra a laborar dentro del Ministerio de la Presidencia, su contratación se hace bajo la figura de libre nombramiento; toda vez que durante el término en que la misma laboró para la prenombrada entidad pública, no llegó a concursar, realizar oposiciones y competir con otros servidores públicos para ocupar por méritos el cargo que venía desempeñando, por lo cual no se le puede considerar como una funcionaria con carrera administrativa o cualquiera otra similar.

    En este mismo sentido, al no ampararse la demandante en una posición adquirida por concurso, mérito u oposiciones, sino que ingresó a la entidad bajo la contratación y condición de una servidora pública de libre nombramiento y remoción, la entidad administrativa procedió a invocar el artículo 2 del Texto Único de la Ley 9/1994, que regula la Carrera Administrativa.

    En este mismo orden de ideas, al revisar las pruebas que figuran dentro del expediente administrativo y judicial, no se observa la existencia de un certificado que acredite que la accionante gozara de la condición de ser una funcionaria pública de carrera administrativa, de allí que el cargo o la posición que ocupaba debe ser considerada para esta Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, bajo la condición de ser una funcionaria contratada bajo la figura jurídica de libre nombramiento y remoción en la administración pública.

    Sobre la figura de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, el Dr. J.J.J.B. nos indica que:

    La designación de estos funcionarios que no son de carrera quedará sujeta a la apreciación discrecional de méritos que así lo estime la autoridad nominadora que los vaya a contratar. Su nombramiento se lleva a cabo sin que medie convocatoria pública, y sin que rija el sistema de concursos u oposiciones, por lo que su remoción puede darse sin necesidad de que exista un procedimiento administrativo sancionador, toda vez que ingresaron a la entidad sin ningún tipo de procedimiento formal u ordinario para ello. De allí que la libre designación conlleva como reverso el libre cese discrecional del cargo. En pocas palabras, si el puesto de trabajo se obtuvo por libre designación, de igual manera el funcionario puede ser libremente removido del cargo.

    (J.B., J.J. (2019). Derecho Administrativo II. Editorial Sistemas Jurídicos, S.A. - Editorial Nomos, S.A.: Colombia, páginas 151-152).

    De hecho, la demandante llegó a ocupar la posición que tenía en el Ministerio de la Presidencia, precisamente porque en su debido momento la autoridad nominadora procedió a remover del cargo a otra persona que había sido nombrada en dicho cargo dentro de la entidad, y que una vez se le desvinculó de la Administración, se procedió entonces a nombrar a la demandante L.P., quien en la práctica no llegó a concursar en la plaza que tenía para obtener su consecuente estabilidad, ni tampoco así quedó acreditado con pruebas dentro del expediente administrativo, de allí que su nombramiento estaba sujeto a la condición de la pérdida de confianza de los superiores.

    Dentro del desarrollo de la demanda, el apoderado judicial de la parte actora ha indicado que a su representada se le destituyó o desvinculó de la administración pública, sin que hubiese cometido una falta administrativa o que se le hubiera instruido un proceso administrativo sancionador. A efectos de docencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debe de aclararle a la parte actora, que a los funcionarios nombrados bajo la figura de libre nombramiento y remoción, no necesariamente le es obligatorio para que se lleve a cabo su desvinculación de la administración pública, la necesidad de efectuarle un procedimiento administrativo sancionador, toda vez que esta condición aplica fundamentalmente para aquellos servidores públicos con carrera administrativa o una similar, que hayan incurrido en una falta administrativa que puede ser leve, grave o gravísima y de forma excepcional a funcionarios de libre nombramiento y remoción, si hayan incurrido en una causal para su destitución. Por regla general, a los funcionarios nombrados bajo el régimen de libre nombramiento y remoción, no es necesario invocarles una causal para su remoción en el cargo.

    Como quiera que la parte actora no ha podido acreditar a través de los correspondientes certificados o documentos que pertenecía a la carrera administrativa o una similar, la remoción o desvinculación de la administración pública por parte del Ministerio de la Presidencia, no se considera en un acto ilegal, toda vez que su decisión se fundamentó en el artículo 2 de la Ley 9/1994, y que al existir una pérdida de confianza en relación a sus superiores, se procedió a dar por terminada la relación laboral dentro de la función pública.

    En otro orden de ideas, la apoderada judicial de la parte actora en el libelo de demanda ha indicado que su representada sufre de enfermedades crónicas al padecer de hipertensión arterial y además tener problemas de hipertrofia ventricular en el corazón, motivo por el cual se encuentra protegida por el fuero instaurado a través de la Ley 59/2005, modificada por la Ley 25/2018, y que el acto de desvinculación ha violado los artículos 1, 3 y 5 de la prenombrada normativa.

    En este sentido, es importante señalar que el artículo 5 de la Ley 59/2005, modificada por la Ley 25/2018 del 19 de abril establece lo siguiente:

    Articulo 5. La certificación de la condición física o mental de las personas que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, será expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin o por el dictamen de dos médicos especialistas idóneos del ramo. La persona mantendrá su puesto de trabajo hasta que dicha comisión dictamine su condición.

    (Las negrillas son de la Sala)

    Como se puede observar, la disposición previamente transcrita establece la necesidad de quien padezca de una o varias enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, al igual que insuficiencia renal crónica que le puedan generar una discapacidad laboral, necesariamente deberá aportar la respectiva certificación médica, la cual puede ser dictaminada por una Comisión Interdisciplinaria o en su defecto por dos (2) médicos especialistas idóneos del ramo en el que sufre la enfermedad.

    Si bien es cierto, hasta el momento no se ha creado la Comisión Interdisciplinaria encargada de evaluar las enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, es evidente que los interesados deberán de aportar en su defecto, dos (2) certificaciones de dos (2) médicos especialistas idóneos en el ramo para acreditar o demostrar la existencia de la afectación.

    Al revisar la documentación aportada dentro del proceso, se observa que si bien es cierto figura una certificación expedida por la D.P.A.R.M., en su condición de médica interna y cardióloga en donde certifica la condición de hipertensión que mantiene la Sra. LUCY PAZ (Cfr. f. 34 del expediente judicial), la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debe advertir que la accionante no cumple de forma íntegra con el criterio para acreditar la enfermedad crónica de la cual padece, a través de una segunda certificación, de conformidad como lo exige el artículo 5 de la Ley 59/2005, modificada por la Ley 25/2018 del 19 de abril.

    En este sentido es importante advertir, que la prueba del LABORATORIO CARDIOVASCULAR, S.A. que se encuentra suscrita por el Dr. ÁLVARO CORNO, en su condición de Cardiólogo - Ecocardiografista (Cfr. 37 del expediente judicial), únicamente tiene la condición de un informe eco cardiográfico, en donde no detalla el padecimiento de una enfermedad crónica, si el mismo se confronta o contrapone por ejemplo con el certificado expedido por la Dra. P.A.R.. En consecuencia, para esta Corporación de Justicia, la parte actora no ha acreditado a cabalidad la existencia de una enfermedad crónica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 59/2005, modificada por la Ley 25/2018 del 19 de abril.

    En otro orden de ideas, la apoderada judicial de la parte actora ha indicado que tanto el acto administrativo originario impugnado y su confirmatorio han violado los artículos 1, 7 y 8 de la Ley 42/1999 del 27 de agosto (modificada a su vez por la Ley 15/2016 del 31 de mayo) relativa a la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad; y que por consiguiente su destitución deviene en ilegal.

    Al revisar las constancias probatorias que obran tanto en el expediente judicial como en el administrativo, no se observa documentación alguna que en realidad acredite la existencia de una discapacidad a favor de la accionante L.M. PAZ que pueda invocarse como fuero laboral frente a su desvinculación de la función pública.

    Tal como lo ha indicado la Procuraduría de la Administración, la parte actora no ha cumplido con los respectivos documentos idóneos que dispone la ley a fin de acreditar la discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 74 del 14 de abril de 2015, que modifica el reglamento del procedimiento de conformación y funcionamiento de las Juntas Evaluadoras de la Discapacidad, los baremos nacionales y el procedimiento para la evaluación, valoración y certificación dela discapacidad aprobado por medio del Decreto Ejecutivo 36 de 11 de abril de 2014, modificado por el Decreto Ejecutivo 74 de abril de 2015.

    El artículo 2 del Decreto Ejecutivo 74 del 14 de abril de 2015, establece lo siguiente:

    Artículo 2. El artículo 3 del Reglamento de las Juntas Evaluadoras de la Discapacidad, quedará así:

    Artículo 3. La certificación de la discapacidad es el acto administrativo mediante el cual la SENADIS acredita que una persona tiene discapacidad, ya sea física, auditiva, visual, mental, intelectual o visceral; de conformidad con los parámetros y pautas establecidas en los baremos nacionales, los criterios y procedimientos legalmente establecidos.

    (Las negrillas son de la Sala)

    De conformidad con la disposición previamente transcrita, el mecanismo a través del cual se puede acreditar la existencia de una discapacidad física, mental, visual o auditiva es a través de la certificación del SENADIS (SECRETARÍA NACIONAL DE DISCAPACIDAD). Tal como se ha indicado con anterioridad, al revisar la documentación aportada por la parte actora dentro del proceso, no se observa o evidencia una certificación expedida por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) que en efecto acredite la existencia de una discapacidad a favor de la demandante L.M.P., motivo por el cual el acto administrativo impugnado no ha violado los artículos 1, 7 y 8 de la Ley 42/1999, modificada a través de la Ley 15/2016.

    En cuanto a la violación del artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, debe advertirle la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que el análisis de la violación de las disposiciones constitucionales es una materia exclusivamente reservada al Pleno de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Carta Magna, por lo que al no ser competencia de la Sala Tercera, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo se inhibe de conocer.

    Así las cosas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia es del criterio que la parte actora al no estar protegida por un fuero laboral (discapacidad/enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas) debidamente acreditado ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y Laboral, la accionante tiene la condición de considerársele bajo el estatus de servidora pública de libre nombramiento y remoción, de allí que su desvinculación de la función pública o del Ministerio de la Presidencia es legal.

    Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia es del criterio que el Resuelto de Personal Nº 1075 de 22 de julio de 2019, dictado por el Ministerio de la Presidencia, al igual que su acto confirmatorio, no ha violado los artículos 1, 3 y 5 de la Ley 59/2005 (modificada por la Ley 25/2018), así como tampoco los artículos 1, 7 y 8 de la Ley 42/1999 (modificada por la Ley 15/2016) y el artículo 27 de la Ley 25/2007.

    En consecuencia, se niega la declaratoria solicitada por la parte actora en el sentido que se le reintegre de manera inmediata al cargo que ocupaba, en iguales condiciones y salarios, toda vez que la decisión adoptada por la entidad pública se justificó como consecuencia del criterio de considerar a la accionante, como una funcionaria sujeta al sistema de libre nombramiento y remoción, por lo que la pérdida de confianza de sus superiores acarrea la consecuente desvinculación de la administración pública, ya que en el presente caso no se logró acreditar que la demandante hubiese ingresado al sistema de méritos, concursos, oposiciones para considerarle como servidora pública de carrera administrativa o una carrera laboral de similar categoría reconocida por la Constitución y la Ley.

    Esta Corporación de Justicia, aprovecha la oportunidad dentro del presente fallo, para advertirle al Ministerio de la Presidencia, la necesidad de cancelarle las prestaciones económicas que se le adeudaran a la demandante, en el supuesto en que las mismas no hubiesen sido pagadas completamente o en su totalidad, al momento de la emisión del Resuelto de Personal Nº 1075 de 22 de julio de 2019 y su acto confirmatorio, por tratarse de derechos previamente adquiridos por la demandante al momento de haber laborado para la prenombrada entidad pública.

  6. PARTE RESOLUTIVA:

    En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Resuelto de Personal Nº 1075 de 22 de julio de 2019, emitido por el Ministerio de la Presidencia, así como su acto confirmatorio y por consiguiente se niega el resto de las pretensiones solicitadas en el libelo de demanda, con excepción de aquellas sumas de dinero que no fueron previamente canceladas antes de producirse la desvinculación de la función pública, las cuales deben de ser pagadas a la accionante en el supuesto que se adeuden, por tratarse de derechos previamente adquiridos.

    N.,

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA --- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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