Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 19 de Mayo de 2022

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme

Fecha: 19 de mayo de 2022

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 565-19

VISTOS:

A través del Decreto de Personal No. 642 del 29 de octubre de 2018, el Ministerio de Seguridad Pública, procedió a destituir al señor M.M.P., en el cargo que ocupaba como CABO SEGUNDO, por NO ENMENDAR LA CONDUCTA A PESAR DE REITERADAS SANCIONES.

Por medio del Resuelto Nº 381 de 6 de mayo de 2019, el Ministerio de Seguridad Pública, resuelve el recurso de Reconsideración presentado, y a través de dicha resolución decide mantener en todas sus partes el contenido del acto administrativo originario (Decreto de Personal No. 642 del 29 de octubre de 2018), y con el cual se agota la vía gubernativa.

Frente a la decisión adoptada por la Autoridad Nominadora, el demandante acude a través de apoderado judicial el día 1 de agosto de 2019, ante la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a fin de interponer formal Demanda Contenciosa-Administrativa de Plena Jurisdicción, a partir de la cual se solicita la declaratoria de nulidad del Decreto de Personal No. 642 de 29 de octubre de 2019, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, así como su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

1. ANTECEDENTES Y HECHOS DE LA DEMANDA:

   En el libelo de demanda, el apoderado judicial de la parte actora, el Licdo. J.A.M. ha indicado que el demandante se desempeñaba en el cargo de Policía Nacional, con el rango de Cabo Segundo, con 9 años y 6 meses de servicios continuos, con funciones en la Dirección de Telemática en el Centro de Mensajes.

   Por medio del Decreto de Personal 642 de 29 de octubre de 2018, se destituye al demandante y se confirma la decisión mediante Resuelto 381 de 6 de mayo de 2019 del Ministerio de Seguridad Pública, aduciendo la falta del artículo 134, numeral 3, del Reglamento de Disciplina del Decreto Ejecutivo 204 de 03 de septiembre de 1997, de la Policía Nacional que señala lo siguiente: "NO ENMENDAR LA CONDUCTA A PESAR DE REITERADAS SANCIONES." Al demandante no se le investigó de manera debida, y el mismo había manifestado que mantenía las incapacidades por sus ausencias a los servicios laborales, pero nunca le fueron recibidas por sus superiores.

   Que el demandante no fue a laborar porque recibiría una atención médica el día 29 de mayo de 2018, y el día 30 de mayo de 2018 se presenta al trabajo, y es recibido por el teniente 14294 M.R. de la Policía de Parque Lefvre en la sala de guardia, donde no se le recibe las incapacidades, por lo cual pide que se le traslade a otra estación de policía y fue trasladado el día 26 de junio de 2018 al departamento de telemática.

   Que el acto demandado es ilegal, ya que no se surtieron los trámites de una investigación correspondiente por parte de la Dirección de Responsabilidad Profesional. En la presentación de cargos, al demandante se le declaró culpable y confeso, manifestando el arrepentimiento y el relato de los hechos.

   El accionante manifestó que padece de una enfermedad, la cual es diagnosticada como Abombamiento en L2-S1 (Protrusión discal) por el médico F.L. de la Policlínica Presidente Remón de la Caja de Seguro Social, en calle 17, ciudad de Panamá. Esta enfermedad o padecimiento consiste en el desgaste o deformación del disco, que ocasiona que la envuelva fibrosa vaya perdiendo resistencia y elasticidad, provocando dolor en la espalda o columna vertebral.

   Ello fue generando un malestar a sus jefes inmediatos por reiteradas inasistencias laborales justificadas siendo objeto de sanciones disciplinarias.

   Que en realidad no existe una investigación en contra del demandante, por lo cual existe una violación directa por omisión del precepto antes aludido.

2. NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN:

   A criterio de la parte demandante, el acto administrativo demandado (Decreto de Personal N°642 del 29 de octubre de 2018), y su acto confirmatorio, ha vulnerado las siguientes disposiciones.

   El artículo 61 de la Ley No. 18/1997 del 3 de junio, que dispone taxativamente lo siguiente:

   Artículo 61. Las funciones de la Dirección de Responsabilidad Profesional son:

   (...)b.- Realizar investigaciones de manera objetiva e imparcial sobre las denuncias, quejas o acusaciones que se presenten.

   Artículo 109.- El miembro de la policía nacional tendrá derecho a:

   1.- Gozar de estabilidad en el desempeño de su cargo. En consecuencia, solo podrá ser retirado de servicio por los motivos señalados en esta ley y sus reglamentos.

   Al demandante le fue vulnerado de manera directa por omisión, el artículo 109 de la Ley 18/1997, ya que el demandante tenía nueve (9) años de servicios continuos prestando diferentes tipos de servicios en la Policía Nacional y tiene derecho a estabilidad laboral.

   2. - Se ha violado lo dispuesto en los artículos 33 y 52 del Decreto Ejecutivo 204 de 3 de septiembre de 1997, que dispone lo siguiente:

   Artículo 33.- Las Sanciones disciplinarias procuran corregir la conducta de los miembros juramentados de la policía nacional que violen este reglamento.

   "Artículo 52. Las causas o circunstancias atenuantes, no eximen de responsabilidad, pero rebajan sustancialmente la sanción. Se considera tales, las siguientes:a.- La ignorancia plenamente comprobada cuando no atente contra el amor a la patria, las buenas costumbres, la moral, la humanidad y probidad.b.- La antigüedad en el servicio del agente imputado.c.- La confesión espontánea del agente por la comisión de un hecho.d.- El arrepentimiento cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias."

   Indica el apoderado judicial de la parte actora, que al demandante se le debió de aplicar una pena de arresto no mayor de sesenta (60) días y no la destitución.

   Además, el demandante se declaró culpable y confeso, manifestando el arrepentimiento y el relato de los hechos, por lo que la resolución de destitución se encuentra desprovista de las razones y motivaciones que den como resultado la sanción a imponer (sanción totalmente excesiva). Esta deficiencia es el resultado de la ausencia de una investigación responsable, por lo que no se ajusta a la Ley.

   De igual manera, el Ministerio de Seguridad Pública emite el Resuelto 381 de 6 de mayo de 2018, donde confirma el Decreto de Personal Nº 540 de 11 de septiembre de 2018, por el cual destituyó a M.M.P..

   Por otra parte, al demandante se le destituye por el Decreto de Personal 642 de 29 de octubre de 2018, no como señala el resuelto del Ministerio de Seguridad, donde encontramos errores en cuanto al resuelto.

   En consecuencia, se solicita que se reintegre al demandante, a la institución por haber contradicciones en el Decreto de Personal y el Resuelto del Ministerio de Seguridad.

3. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO:

   Mediante escrito visible a fojas 76 a78 del expediente judicial e identificado con la Nota Nº 1114-OAL-19 del 27 de noviembre de 2019, el entonces Ministro de Seguridad Pública, procede a emitir el correspondiente informe de conducta, señalando lo que a continuación sigue.

   Que la Policía Nacional llevó a cabo un proceso disciplinario seguido al Cabo Segundo de la Policía Nacional 25605 MARIO J.M.P., el cual inicia a través de un informe de novedad y cuadro de Acusación Individual confeccionado por el Teniente M.R. de servicio en el puesto policial de P.L., donde se ponía en conocimiento de los superiores que MARTÍNEZ PEREA mantiene una inestabilidad en el desempeño de sus funciones, ya que se ausentó a laborar los días 28, 29 y 30 de mayo de 2018, sin reportar ninguna incapacidad médica, ni los motivos de su ausencia.

   De igual manera, el T.M.R. informa que MARIO J.M.P., mantiene veintinueve (29) cuadros de Acusación y que el día 23 de mayo de 2018, fue llamado a la Junta Disciplinaria Local a contestar de los cuales fue Sancionado con cuatrocientos sesenta y cinco (465) días de arresto, lo cual se publicó en la Orden General del Día (OGD) de la Policía Nacional del día viernes 1º de junio de 2018, por lo que se impone un cuadro de acusación individual, por violentar una falta gravísima de Responsabilidad, establecida en el artículo 134 numeral 3 que señala lo siguiente: "NO ENMENDAR LA CONDUCTA A PESAR DE REITERADAS SANCIONES."

   El día 8 de agosto de 2018, la Junta Disciplinaria Superior celebró la audiencia correspondiente, donde estaba presente el Cabo Segundo 25606 MARIO J.M.P., a quien se le brindó defensa técnica para cumplir con la garantía constitucional del derecho de defensa, y además pudo realizar sus descargos en la audiencia, donde se declara culpable de los cargos endilgados, por lo que se dio cumplimiento al debido proceso legal establecido en la Constitución Política, y del análisis de los hechos y la falta disciplinaria cometida por la unidad bajo examen. Finalmente se recomienda la destitución del cargo que ocupaba el Cabo Segundo 25606, por violentar el artículo 134 numeral 3 del Decreto Ejecutivo Nº 204 de 3 de septiembre de 1997, que establece lo siguiente "NO ENMENDAR LA CONDUCTA A PESAR DE REITERADAS SANCIONES."

   Así las cosas, se emite el Decreto de Personal Nº 642 de 29 de octubre de 2018, a través del cual se Destituye de su cargo al Cabo Segundo 25606 MARIO J.M.P. de la Policía Nacional, por violar el artículo 134, numeral 3 del Decreto Ejecutivo Nº 24 de 3 de septiembre de 1997, que establece lo siguiente: "NO ENMENDAR LA CONDUCTA A PESAR DE REITERADAS SANCIONES."

   El Cabo Segundo 25606 MARIO J.M.P., interpone en tiempo oportuno a través de apoderado judicial, recurso de Reconsideración el cual es resuelto a través de la Resolución Nº 381 de 06 de mayo de 2019, dictada por el Ministerio de Seguridad Pública, que confirma el Decreto de Personal Nº 642 de 19 de octubre de 2018, por considerar que no se presentaron elementos de convicción para desvirtuar la decisión primaria.

   La Policía Nacional, por medio de su ente de investigación interna y su Tribunal Colegiado de Disciplina y el Ministerio de Seguridad, respetaron en todo el proceso disciplinario las Garantías Constitucionales, de Control Convencional y el Debido Proceso legal al Cabo Segundo 25606 MARIO J.M.P., aplicando acertadamente la sanción disciplinaria correspondiente por la falta cometida, conforme al principio de estricta legalidad que impera para los actos administrativos.

4. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN:

   Por su parte, la Procuraduría de la Administración en el presente caso ha indicado de acuerdo con la Vista Número 499 de 14 de julio de 2020, y reiterado también en sus alegatos (Vista Número 1779 de 15 de diciembre de 2021), lo siguiente.

   Que el C.S.M.M.P. no fue a laborar los días 28, 29 y 30 de mayo de 2018, alegando que iría a recibir atención médica, sin embargo, nunca hizo entrega de las constancias médicas y las correspondientes incapacidades.

   El demandante desde el 29 de julio de 2011 hasta el 28 de junio de 2018 mantiene aproximadamente cuarenta y tres (43) cuadros de acusación individual dentro de las cuales se encuentran el tomarse atribuciones que no le corresponde, no cumplir con una orden superior, faltar en un servicio sin causa justificada, no cumplir un servicio voluntario sin causa justificada, faltar al trabajo tres días o más sin causa justificada (Deserción), faltar al cumplimiento de una ordenanza, Falsificar o alterar firmas o documentos, mentir a un oficial, no cumplir una orden de un superior y Faltar a un servicio sin causa justificada entre otras.

   En relación a la resolución recurrida, el accionante reconoció haber cometido un sinnúmero de faltas administrativas, aseverando que ello se confirma en el libelo de demanda, cuando aquel se declara culpable y confeso. Así las cosas, el demandante no ha cuestionado su culpabilidad en cuanto a la comisión de faltas antes indicadas, y más bien se declaró culpable de las mismas.

   La causal invocada por el Ministerio de Seguridad al momento de realizarla destitución, guarda relación con la conducta que venía desplegando el actor, quien llegó a acumular veintinueve (29) expedientes disciplinarios, siendo sancionado por ello con cuatrocientos sesenta y cinco (465) días de arresto, sin que mostrara con el transcurrir del tiempo, mejoría en su desempeño laboral.

   Que la estabilidad laboral en el puesto de trabajo, no equivale a la inamovilidad, ni a la imposibilidad de la entidad nominadora de dar por terminada la relación de trabajo.

   Así las cosas, la desvinculación del demandante se debió a que el mismo, en ningún momento enmendó su conducta ante reiteradas sanciones, por lo que de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº. 204 de 3 de septiembre de 1997, se considera como una falta gravísima de responsabilidad, que podría ser castigada con la destitución.

   De igual manera, el Decreto de Personal Nº 642 de 29 de octubre de 2018, no ha desatendido ninguna garantía de motivación del acto administrativo de conformidad con el artículo 201 (numeral 1) de la Ley 38/2000, por lo que no se ha infringido el debido proceso administrativo, contemplado en el numeral 31 de tal norma, ni ninguno otro previsto en el artículo 34 de la Ley 38/2000.

   En consecuencia, se cumplieron con los presupuestos de motivación establecidos en la Ley, ya que se establece de manera clara y precisa la justificación de la decisión adoptada por la institución, es decir, que la autoridad nominadora sustentó a través de elementos fácticos jurídicos que la desvinculación del demandante fue producto de la facultad discrecional que la ley le otorga.

   Por las anteriores razones, la Procuraduría de la Administración solicita a los Magistrados de la Sala Tercera, que declaren que NO ES ILEGAL, el Decreto de Personal 642 de 29 de octubre de 2018, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, ni su acto confirmatorio y, en consecuencia, se desestimen las pretensiones del accionante.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

   Una vez cumplido el trámite procesal de rigor, le corresponde a esta Sala Tercera entrar a examinar los cargos de infracción inherentes a las normas que se estiman vulneradas por la parte actora dentro de la presente Demanda Contenciosa-Administrativa, a fin de determinar si en efecto las razones adoptadas por la entidad demandada con la expedición del acto administrativo impugnado se ajustan o no a derecho.

   Previo al análisis de los cargos de ilegalidad efectuados por la parte actora, es pertinente indicar que, a través de la presente demanda Contenciosa-Administrativa, se solicita lo siguiente:

   · Que es Nulo, por Ilegal, el Acto Administrativo de destitución de la Policía Nacional de Panamá Ministerio de Seguridad Pública Dentro del Decreto de personal 642 de 29 de octubre de 2018 y confirmado mediante el Resuelto 381 de 6 de mayo de 2019.

   · Que a consecuencia de lo anterior, se ordene a la Policía Nacional de Panamá Ministerio de Seguridad Pública la restitución de mi representada al cargo que ejercía al momento de emitir el acto administrativo acusado de ilegal.

   · Que se haga efectivo el pago de los salarios dejados de percibir desde el 12 de junio de 2019 hasta la fecha de su restitución.

   Expuestas las pretensiones formuladas por la parte actora dentro de la presente demanda Contenciosa-Administrativa de Plena Jurisdicción, esta Corporación de Justicia procederá a realizar el correspondiente examen de valoración de las normas infringidas, así como también se estudiarán las pretensiones que se solicitan dentro de la acción bajo estudio.

   De las constancias procesales que obran dentro del expediente se observa, que a través del Decreto de Personal No. 642 de 29 de octubre de 2018, el Ministro de Seguridad Pública en conjunto con el Presidente de la República, procedieron a remover al señor M.M.P. del cargo que ocupaba como CABO SEGUNDO dentro del Ministerio de Seguridad Pública (Policía Nacional), y que la decisión se fundamenta en el artículo 134, Numeral 3 del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional que consiste en "NO ENMENDAR LA CONDUCTA A PESAR DE REITERADAS SANCIONES."

   Contra la decisión adoptada a través del acto administrativo originario se presentó formal recurso de reconsideración, el cual fue resuelto a través del RESUELTO Nº 381 de 6 de mayo de 2019, por medio del cual el Ministro de Seguridad Pública procede a confirmar el contenido del Decreto de Personal Nº 540 de 11 de septiembre de 2018, a través del cual se destituyó del cargo que ocupaba el C.S.M.M.P., de la Policía Nacional.

   Visto lo anterior, observa este Despacho que el presente proceso inicia con el informe y cuadro de acusación individual presentado por el Teniente 14294 MARCOS REINA en el puesto policial de P.L., toda vez que el demandante M.M.P. mantenía una conducta de inestabilidad en el desempeño de sus funciones, ya que además de no haberse presentado a laborar durante los días 28, 29 y 30 de mayo de 2018, ni tampoco proceder a notificar las ausencias, el mismo tampoco hizo entrega de las correspondientes incapacidades.

   Aunado a lo anterior, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede corroborar que el demandante M.M.P., mantiene veintinueve (29) expedientes disciplinarios donde se le sancionó con cuatrocientos sesenta y cinco (465) días de arresto, y que en virtud de dichos antecedentes, más la imposibilidad de justificar la ausencia de presentarse a trabajar los días 28 al 30 de mayo de 2018, se procedió a celebrar una audiencia por parte de la Junta Disciplinaria Superior de la Policía Nacional, el día 8 de agosto de 2018, en donde el propio Presidente de la Junta Disciplinaria Superior (COMISIONADO BOLÍVAR LASSO) efectúa la siguiente interrogante:

   "Cabo 2do 25606 M.M.: ¿Cómo se considera usted ante esta acusación? R.C.e.C. 2do 25606 M.M.: "Culpable."

   (Cfr. f. 41 del expediente judicial)

   De igual manera, en la audiencia celebrada en la Junta Disciplinaria Superior de la Policía Nacional el día 8 de agosto de 2018, el demandante al momento de efectuar sus descargos, indicó lo siguiente:

   "DESCARGOS DE LA UNIDAD:

   En sus descargos del Cabo 2do 25606 M.M. manifestó: Culpable. Hubo varias faltas que cometí Comando y otras en las que falté al trabajo y llevé mis incapacidades pero no me las aceptaron. Tuve varios problemas en Parque Lefevbre y le pedí al Comando Franco que me consiguiera un traslado y me lo consiguió ahora estoy en el 104 y me va muy bien."

   (Las negrillas son de la Sala)

   Luego de finalizada la Junta Disciplinaria Superior, se determinó que el comportamiento desplegado por el Cabo 2do 25606 MARIO MARTÍNEZ, quebrantaba a todas luces el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional, y que luego de verificada la hoja de vida del accionante y a su vez confrontarla con lo manifestado por el teniente REYNA en su informe de novedad, como quiera que el Cabo 2do., no dio muestras de enmendar su conducta y de ser más productivo en su labor policial, se procedió a recomendar al Señor Presidente de la República, la destitución del cargo del Cabo 2do 25606 MARIO MARTÍNEZ, por conducto del Ministerio de Seguridad Pública, Vía el Director General de la Policía Nacional, al considerarse que quedó acreditado la comisión de la falta establecida en el Artículo 134, Numeral 3 del Decreto Ejecutivo 204, del 3 de septiembre de 1997, que establece como falta de destitución, el "NO ENMENDAR LA CONDUCTA A PESAR DE REITERADAS SANCIONES."

   Al revisar esta Corporación de Justicia las pruebas aportadas dentro del proceso, en especial las órdenes generales de los días jueves 31 de mayo de 2018, miércoles 8 de febrero de 2017, martes 24 de abril de 2018 (Cfr. fs. 24-31 del expediente judicial), se evidencia que en efecto el demandante reunió un total de cuarenta y tres (43) cuadros de acusación individual, dentro de las cuales se encuentran el tomarse atribuciones que no le corresponde, no cumplir con una orden superior, faltar en un servicio sin causa justificada, no cumplir un servicio voluntario sin causa justificada, faltar al trabajo tres días o más sin causa justificada (Deserción), faltar al cumplimiento de una ordenanza, Falsificar o alterar firmas o documentos, mentir a un oficial, no cumplir una orden de un superior y Faltar a un servicio sin causa justificada entre otras (Cfr. 33-35 del expediente judicial), con lo cual se acumula un total de veintinueve (29) de expedientes disciplinarios en contra de MARIO J.M.P., habiendo sido sancionado con cuatrocientos sesenta y cinco (465) días de arresto.

   En consecuencia, para esta Corporación de Justicia se confirma que en efecto el demandante incurrió en la causal disciplinaria del Artículo 134, Numeral 3 del Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional que consiste en "NO ENMENDAR LA CONDUCTA A PESAR DE REITERADAS SANCIONES", por lo que al ausentarse a laborar los días 28 al 30 de mayo de 2018, se evidencia que el mismo persistía en mantener la misma conducta de no presentarse a laborar, a pesar de haber sido ya en muchas otras ocasiones sancionado por los mismos hechos.

   El apoderado judicial de la parte actora ha indicado que su representado padece de una enfermedad identificada como Abombamiento en L2-S1 (Protrusión discal), diagnosticada por el M.F.L. de la Policlínica Presidente Remón de la Caja de Seguro Social; sin embargo, es interesante destacar que dicha prueba aportada al proceso a través de la Resolución PPR-SSO-RM-022-2019 del 26 de abril de 2019, tiene una fecha posterior a la emisión del acto administrativo demandado, y además es emitida por un Médico General Laboral y no por un especialista en el área médica (Cfr. f. 12 del expediente judicial), por lo cual no se cumplen con los criterios establecidos en la Ley 59/2005, modificada por la Ley 25/2018 para considerar propiamente el diagnóstico médico, como una enfermedad crónica.

   En consecuencia, para esta Corporación de Justicia el acto administrativo impugnado no ha violado los artículos 61, 109 de la Ley 18/1997, así como también los artículos 33, 52 del Decreto Ejecutivo 204 de 3 de septiembre de 1997, aunado al hecho que el propio accionante reconoció la falta reiterativa e indebida de sus conductas al no haber actuado de manera responsable dentro de la Policía Nacional.

   En consecuencia, se niega la declaratoria solicitada por la parte actora en la relación a la solicitud de reintegro de manera inmediata al cargo que ocupaba, en iguales condiciones y salarios, toda vez que la decisión adoptada por la entidad pública se justificó en base a la violación reiterada del demandante de "NO ENMENDAR LA CONDUCTA REITERATIVA DE INCUMPLIMIENTO A LABORAR, A PESAR DE REITERADAS SANCIONES", establecida en el Artículo No. 134 del Numeral 3 del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional.

   Como quiera que no se declaró la ilegalidad tanto del acto administrativo originario, así como sus respectivos confirmatorios, esta Corporación de Justicia no puede acceder a ordenar el reintegro del demandante al cargo que ocupaba dentro de la entidad nominadora, así como tampoco se puede ordenar el pago de salarios caídos desde la fecha en que se produjo la consecuente destitución.

   Finalmente, esta Corporación de Justicia aprovecha la oportunidad dentro del presente fallo, para advertirle al Ministerio de Seguridad Pública, de la necesidad de cancelarle inmediatamente las prestaciones económicas que se le adeudaran al demandante, en el supuesto en que las mismas no hubiesen sido pagadas completamente o en su totalidad, antes de haberse emitido del Decreto de Personal No. 642 del 29 de octubre de 2018, por tratarse de derechos previamente adquiridos por el demandante al momento que laboró para la prenombrada entidad pública.

6. PARTE RESOLUTIVA:

   En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto de Personal No. 642 de 29 octubre de 2018, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública (Ministerio de Seguridad Pública), así como su acto confirmatorio y por consiguiente, se niega el resto de las pretensiones solicitadas en el libelo de demanda, con excepción de aquellas sumas de dinero que no fueron previamente canceladas antes de producirse la desvinculación, las cuales deben de ser pagadas inmediatamente al accionante en el supuesto que se adeuden, por tratarse de derechos previamente adquiridos.

   N.,

   CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

   MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

   KATIA ROSAS (Secretaria)