Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Mayo de 2022

PonenteCecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución25 de Mayo de 2022
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme

Fecha: 25 de mayo de 2022

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 1081-19

VISTOS:

A través del Decreto de Personal No. 451 del 12 de agosto de 2019, el Ministerio de Seguridad Pública, procedió a destituir al señor D.P., en el cargo que ocupaba como O.I., al ser funcionario de libre nombramiento y remoción.

Por medio del Resuelto Nº 992 de 04 de octubre de 2019, el Ministerio de Seguridad Pública, resuelve el recurso de Reconsideración presentado, y a través de dicha resolución decide mantener en todas sus partes el contenido del acto administrativo originario (Decreto de Personal No. 451 del 12 de agosto de 2019), y con el cual se agota la vía gubernativa.

Frente a la decisión adoptada por la Autoridad Nominadora, el demandante acude a través de apoderado judicial el día 5 de diciembre de 2019, ante la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a fin de interponer formal Demanda Contenciosa-Administrativa de Plena Jurisdicción, a partir de la cual se solicita la declaratoria de nulidad del Decreto de Personal No. 451 de 12 de agosto de 2019, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, así como su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

  1. ANTECEDENTES Y HECHOS DE LA DEMANDA:

    En el libelo de demanda, el apoderado judicial de la parte actora, el Licdo. A.A.B.B. ha indicado que el demandante inició a laborar en la entidad hace más de cuatro (4) años, como personal permanente y que se le destituye el 19 de agosto de 2019, a través del Decreto de Personal No. 451 de 12 de agosto de 2019, del cargo que desempeñaba como OFICINISTA I, dentro del Ministerio de Seguridad Pública.

    Al momento de la destitución, el demandante tenía más de cuatro (4) años continuos e ininterrumpidos de prestar servicios en la entidad demandada.

    Que el acto originario impugnado, destituye al demandante por ser según la interpretación de La Autoridad Nominadora, una discrecionalidad establecida por la ley en favor de la misma, situación contraria a la realidad jurídica de nuestro Estado.

    La destitución contemplada en el acto administrativo impugnado no es de carácter disciplinaria. En pocas palabras, el acto administrativo atacado no centra su decisión en una falta contemplada dentro de la Ley 9/1994 y el Reglamento Interno del Ministerio de Seguridad Pública.

    El acto administrativo demandado no cumple con principios tales como el Derecho de Defensa, el principio de motivación de los actos administrativos, además de violarse disposiciones legales y reglamentarias, toda vez que no se establece de forma exhaustiva y precisa, las circunstancias por las cuales el accionante ha incumplido a cabalidad sus asignaciones.

    Se viola el derecho de defensa y se incumple con el principio de motivación de todo acto administrativo, ya que no se señalan las imputaciones que se le achacan al demandante, debido a que no se indican cuáles son las funciones inherentes al cargo, que no ha cumplido a cabalidad, ni se precisa cuando ocurrió el citado incumplimiento, saber el motivo de ejecutar una acción de destitución sin las pruebas pertinentes y cuándo supuestamente ocurrió.

    Tampoco la autoridad nominadora inició ningún proceso Administrativo Disciplinario, ni inició alguna investigación disciplinaria o de cualquier índole, para sancionar al demandante por causas o motivos establecidos en la ley y el reglamento interno, de manera previa a la destitución. Lo anterior tampoco le permitió hacer sus descargos y menos aún que ejercite los medios de defensa que le otorga la ley. Al demandante, jamás se le informó o corrió traslado de algún proceso preliminar, quien tenía continuidad por cuatro (4) años en la institución.

    Al no iniciar y concluir Proceso Administrativo disciplinario o de investigación disciplinaria, tendiente a demostrar las imputaciones que se le pudieran haber indilgado al demandante, era esencial que el acto administrativo cumpliera a cabalidad con el principio de motivación de todo acto administrativo, o sea, que se le indique las faltas incurridas y las fechas en que se cometieron las mismas. Realizar una destitución sin haber iniciado y concluido un proceso disciplinario o investigación disciplinaria en su contra, ni haberle permitido ejercer el derecho defensa, viola el debido proceso, por lo que el acto deviene en abusivo e ilegal.

    Las imputaciones realizadas al demandante en el acto administrativo impugnado, a través del cual se le destituye, son un mero argumento sin fundamento, para justificar la conclusión de la relación jurídica que unía a mi representado con la autoridad nominadora. El no haber aperturado una investigación disciplinaria y haberse sustentado la destitución del demandante en base a una discrecionalidad de la AUTORIDAD NOMINADORA, es una situación jurídicamente superada en cuanto a que existen reglamentos internos y no puede ser que se utilice la ley de manera equivocada, sin cumplirse con todas las garantías y el debido proceso, en que se le hubiese permitido su legítimo derecho de defensa. Así las cosas, la omisión incurrida por la autoridad nominadora, deviene y constituye una conducta ilegal, tanto el acto administrativo originario como el acto confirmatorio.

    El demandante es un trabajador que tiene registrados sus problemas de enfermedades crónicas en su archivo de personal que posee la entidad demandada y la Autoridad Nominadora no prestó el mínimo interés en respetar las leyes.

    Con relación al pago de los salarios caídos, los mismos son totalmente procedentes de conformidad con la Ley 23/2017 que establece los pagos a los salarios caídos a los trabajadores permanentes, no solo a los de carrera administrativa, situación que viola lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y el Protocolo Adicional a la Convención sobre los Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador, que establecen que el trabajo es un derecho humano.

  2. NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN:

    A criterio de la parte demandante, el acto administrativo demandado (Decreto de Personal Nº 451 de 12 de agosto de 2019), y su acto confirmatorio, ha vulnerado las siguientes disposiciones.

    1. - El artículo 161 de la Ley No. 9/1994, que dispone taxativamente lo siguiente:

      Artículo 161. Siempre que ocurran hechos que puedan producir la destitución directa del servidor público. Se le formularán cargo por escrito. La Oficina Institucional de Recursos Humanos realizará una investigación sumaria que no durará más de treinta (30) días hábiles, en la que se le dará al servidor público la oportunidad de defensa y se le permitirá estar acompañado por un asesor de libre elección.

      Indica el apoderado judicial de la parte actora, que se ha violado la norma de forma directa por omisión, ya que la autoridad nominadora debió de haber realizado una investigación sumaria para comprobar la razón por la cual se le destituía. Además debía de permitírsele al servidor público defenderse, presentar sus descargos, pruebas, y ser asistido por un asesor de su libre elección.

      En el presente caso no hizo ninguna investigación sumaria, siendo necesario efectuar un proceso disciplinario y poner en conocimiento al accionante del proceso en su contra, para que pudiera defenderse de los supuestos cargos que se le pudieran haber achacado de conformidad con la ley.

      Era obligación de la autoridad nominadora, abrir un proceso disciplinario y poner en conocimiento al demandante del mismo, para que pudiera defenderse dentro del proceso investigativo, de los supuestos cargos que se le indicaban. Así las cosas, en el presente caso, la autoridad nominadora no realizó ninguna investigación, ni le dio oportunidad al accionante de poderse defender de los falsos señalamientos que se le hacían.

    2. - Se ha violado lo dispuesto en el artículo 162 del Texto Único de la Ley de Carrera Administrativa que dispone lo siguiente:

      Artículo 162: Concluida la investigación, la Oficina Institucional de Recursos Humanos y el superior jerárquico presentaran un informe a la Autoridad Nominadora en el que expresarán sus recomendaciones.

      Indica el apoderado judicial de la parte actora, que la norma transcrita ha sido violada de forma directa por omisión, ya que nunca se dio la investigación previa a la injusta destitución de la parte accionante. Así las cosas, se debió de haber realizado por la Oficina Institucional de Recursos Humanos, la correspondiente investigación en donde el afectado pudiera ejercer su legítimo derecho de defensa. Finalizado el informe, debían de pasarse las correspondientes recomendaciones al superior jerárquico, pero en el presente caso no se hizo ninguna investigación y menos aún se concluyó, con lo que se viola el debido proceso, además de no haberse cumplido con lo establecido en la Ley.

      Al no existir un informe preliminar, no concurre ninguna falta, por lo cual no existe ninguna investigación o un proceso disciplinario. Así las cosas, para que la entidad pudiera desvincular al demandante, el mismo debía de haber incurrido en alguna causal de destitución previamente y comprobada a través de un proceso disciplinario, donde se le hubiera garantizado su legítimo derecho de defensa y además haberse cumplido con el debido proceso.

    3. - La resolución impugnada ha violado lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Único de la Ley 9/1994 (sobre la carrera administrativa) que establece lo siguiente:

      Artículo 126: El servidor público quedará retirado de la administración por los siguientes casos:

      1.Renuncia escrita del servidor público, debidamente aceptada.

      2.Reducción de fuerza.

      3.Destitución.

      4.Invalidez o jubilación de conformidad con la Ley.

      La norma ha sido violada directamente por comisión por la emisión del acto administrativo impugnado, ya que sólo se podía destituir a la parte actora si se hubiera comprobado la existencia de causa que justificara dicha medida, o sea, que se le comprobara previamente al demandante, que había cometido alguna violación a sus deberes como funcionario o inherentes a las funciones que desempeñaba.

      En el presente caso, al demandante no se le adelantó ningún proceso disciplinario previo a su destitución, además de que el mismo tenía varios años de estabilidad en la entidad, lo cual la obligaba a iniciar un proceso disciplinario y garantizarle todas las medidas procesales y cumplir con el debido proceso, paralelo a demostrarle previamente las faltas disciplinarias en que había incurrido.

    4. - Con el acto administrativo impugnado se ha violado lo contemplado en el artículo 153 del Texto Único de la Ley 9/1994 de la Carrera Administrativa, que dispone lo siguiente:

      Artículo 153. La persecución de las faltas administrativas prescribe a los sesenta (60) días de entrar el superior jerárquico inmediato del servidor público en conocimiento de la comisión de los actos señalados como causales de destitución directa y treinta (30) días después en el caso de otras conductas. Las sanciones deben ser ejecutadas, a más tardar tres (3) meses después del fallo final que las impone o confirma.

      La norma transcrita ha sido violada de forma directa por omisión, ya que el acto administrativo impugnado no ha indicado cuáles son las funciones que no ha cumplido y que se refieren a su cargo, ni indica las fechas en las que se cometieron las supuestas faltas, situación que no se puede cometer porque quedaría a libre criterio de la entidad nominadora.

      Así las cosas, la entidad nominadora estaba en el deber de establecer la fecha en la que supuestamente ocurrieron los hechos que presuntamente se pudieron imputar al demandante, para verificar si estaba dentro de los sesenta (60) días para poder ser perseguidos. Dicho término se computa desde que el Superior Jerárquico adquiere el conocimiento de que se ha cometido la falta de que se trate.

      Sin embargo, la autoridad nominadora no inició un procedimiento administrativo disciplinario para dilucidar lo relativo a las imputaciones que se le pudieran achacar de conformidad con la Ley.

      En consecuencia, no se tiene conocimiento si al momento en que se dio la destitución del demandante por parte de la autoridad nominadora, se había caducado el derecho para destituir a la parte accionante, claro está eso es en el supuesto que la misma cumpliera con lo que establece la ley y no como lo hizo que es simplemente por situaciones políticas.

    5. - De igual manera, considera el apoderado judicial de la parte accionante, que el acto administrativo impugnado viola el artículo 34 de la Ley 38/2000, que señala lo siguiente:

      Articulo 34. Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Los Ministros y las Ministras de Estado, los Directores y las Directoras de entidades descentralizadas, Gobernadores y Gobernadoras, A. y A.as y demás Jefes y Jefas de Despacho velarán, respecto de las dependencias que dirijan, por el cumplimiento de esta disposición.

      Las actuaciones de los servidores públicos deberán estar presididas por los principios de lealtad al Estado, honestidad y eficiencia, y estarán obligados a dedicar el máximo de sus capacidades a la labor asignada.

      El acto impugnado ha violado la presente disposición de forma directa por omisión, ya que la entidad nominadora estaba obligada a que el proceso de destitución cumpliera con el debido proceso, ya que al accionante se le estaban afectando derechos subjetivos, y más aún, si la desvinculación no se celebró sin ningún proceso disciplinario a través del cual se le garantizara a la parte actora, su legítimo derecho de defensa. Tampoco se le respetó la cantidad de años de laborar en la entidad, teniendo de esta manera una antigüedad mayor de cuatro (4) años; sin embargo, no se invocó una causal justificada para el consecuente despido.

    6. - Se ha violado lo consagrado en el artículo 155, numeral 1 de la Ley 38/2000, que dispone lo siguiente:

      Artículo 155. Serán motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho, los siguientes actos:

    7. Los que afecten derechos subjetivos

    8. Los que resuelvan recursos;

    9. Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes de idéntica naturaleza o del dictamen de organismos consultivos; y

    10. Cuando así se disponga expresamente por la ley.

      La norma transcrita ha sido violada de manera directa por omisión, ya que el acto administrativo atacado no señala las razones o motivos que tuvo la entidad, para dar por terminada la relación jurídica que vinculaba al demandante con la administración pública.

      La resolución atacada afecta claros derechos subjetivos del demandante, como lo son el empleo, recibir una remuneración, y en el presente caso se pretende aplicar una sanción como lo es la destitución, sin informar cuáles son las razones de hecho y de derecho adoptadas para tomar la decisión antes indicada.

    11. - El acto administrativo impugnado ha violado lo consagrado en el artículo 172 del Decreto Ejecutivo No. 222 del 12 de septiembre de 1997 (por medio del cual se reglamenta la Ley 9/1994), que dispone lo siguiente:

      Artículo 172: La aplicación de una sanción disciplinaria deberá ser el resultado final de un procedimiento administrativo donde se hayan investigados los hechos.

      La norma transcrita ha sido violada de forma directa por omisión, ya que la entidad nominadora jamás realizó un procedimiento disciplinario previo a la destitución. La norma no distingue qué tipos de sanciones deben estar precedidas de la apertura de un proceso disciplinario.

      Así las cosas, el proceso disciplinario debe incoarse de manera previa a cualquiera de las sanciones tipificadas en la Ley y en el Reglamento Interno de la entidad demandada. Y con mayor razón, en el presente caso debió de haberse abierto un proceso disciplinario para aplicarse una sanción de destitución.

    12. - Se ha violado lo dispuesto en el artículo 182 del Decreto Ejecutivo No. 222 del 12 de septiembre de 1997 (que reglamenta la Ley 9/1994), que dispone lo siguiente:

      Artículo 182. No se aplicarán sanciones disciplinarias en los casos en que la actuación del Servidor Público se haya enmarcado en el cumplimiento de los deberes y en el ejercicio de los derechos que hayan sido reconocidos en la Ley, en el presente Decreto y demás reglamentaciones.

      La norma citada ha sido violada de forma directa por omisión, ya que el demandante siempre realizó los deberes inherentes al cargo que desempeñaba, y cumplía con lo dispuesto en la Ley. Al no existir un proceso disciplinario en contra del demandante, la entidad pública prejuzga su actuar, y no le permite presentar medios de defensa. El demandante es un funcionario con conocimientos técnicos y es muy calificado, e inclusive la entidad nominadora le ha invertido en su capacitación y ello no parece importarle.

    13. - Se ha violado lo consagrado en el artículo 89 del Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de Seguridad Pública, que establece lo siguiente:

      "Artículo 89. DE LA DESTITUCIÓN. La destitución se aplicará como medida disciplinaria al servidor público por la reincidencia en el incumplimiento de deberes y por violación de derechos y prohibiciones, al igual que por las conductas que admiten destitución directa de acuerdo al Artículo 152 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994."

      Señala el apoderado judicial de la parte actora, que se ha violado la presente disposición por comisión, ya que no era viable la destitución porque la norma reglamentaria solo permite la aplicación de una sanción disciplinaria en el supuesto de incumplimiento por parte del funcionario en cuanto a sus deberes o por haber incurrido en alguna causal que ameritara dicha sanción. El accionante no ha cometido una falta administrativa que conlleve su destitución, y menos ha sido reincidente.

      Tampoco se adelantó un proceso disciplinario en contra del demandante, de manera previa a la aplicación de la sanción de destitución, y por ende, le lesionó su derecho de defensa.

    14. - Se ha vulnerado el literal "d" del artículo 100 del Reglamento Interno del Ministerio de Seguridad Pública, que establece lo siguiente:

      "Artículo 100. DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS: Las sanciones que se aplicarán por la comisión de una falta administrativa son las siguientes:

      (...)d. Destitución del cargo: consiste en la desvinculación permanente del servidor público que aplica la Autoridad Nominadora por la comisión de una de las causales establecidas en el régimen disciplinario o por la reincidencia en faltas administrativas.

      La norma se ha violado de forma directa por omisión, ya que el demandante no cometió una falta en contra del Reglamento Interno de la Institución, ni ha cometido reincidencia alguna en los años laborados dentro de la entidad, lo cual se evidencia en el expediente de personal que reposa en la institución.

      El concepto de destitución únicamente se aplica en el supuesto en que el funcionario público de que se trate, haya incurrido en alguna de las causales en el régimen disciplinario o por reincidencia de alguna falta administrativa. Lo anterior conlleva que la entidad demandada quedaba obligada a iniciar y concluir de manera previa, una investigación o proceso disciplinario que garantizara al demandante su derecho de defensa. Sin embargo, lo anterior no fue observado por la autoridad nominadora.

    15. - Se ha violado el numeral 6 del artículo 104 del Reglamento Interno del Ministerio de Seguridad Pública, que dispone lo siguiente:

      Artículo 104. DE LA TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS. Para determinar las conductas que constituyen faltas administrativas se aplicarán los criterios del cuadro siguiente para orientar la calificación de la gravedad de las faltas así como las sanciones que le corresponda.

      FALTA DE MAXIMA GRAVEDAD:

      NATURALEZA DE LA FALTA PRIMERA VEZ:

      Destitución

      (...)

      6.- Alterar, retardar o negar injustificadamente el trámite de asuntos, o la prestación del servicio que le corresponde, de acuerdo a las funciones de su cargo.

      La norma transcrita ha sido violada de manera directa por comisión, ya que el demandante no ha incurrido en la causal de destitución invocada por la entidad pública. El acto administrativo deviene en abusivo e ilegal, ya que se aplica la destitución, sin que se hubiese demostrado en un proceso disciplinario que el accionante haya incurrido en causal de destitución. Al no haber incoado un proceso disciplinario en contra del demandante de forma previa a su destitución, el destituido no incurre en causal de desvinculación.

      El acto administrativo no señala de manera diáfana y clara, cuales son las razones de hecho que tuvo la autoridad nominadora para terminar la relación con el demandante, utilizando la discrecionalidad que puede emplear luego de haberse instruido un proceso disciplinario.

    16. - El acto impugnado ha violado el artículo 105 del Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de Seguridad Pública, que señala:

      Artículo 105. DE LA INVESTIGACIÓN QUE PRECEDE A LA APLICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS. La aplicación de las sanciones disciplinarias deberá estar precedida por una investigación realizada por la Oficina Institucional de Recursos Humanos, destinada a esclarecer los hechos que se le atribuyen al servidor público, en la cual se permita a éste ejercer su derecho a defensa.

      PARÁGRAFO: Copias de los documentos de la investigación realizada y los documentos mediante se establezca las sanciones disciplinarias, se archivarán, en el expediente del servidor.

      La norma se ha violado de forma directa por omisión, ya que la entidad no hizo ninguna investigación disciplinaria previa a la ejecución de la destitución, ni mucho menos le permitió al demandante defenderse.

      La medida de destitución se diferencia de cualquier otra sanción ya que previa a su aplicación debe haberse sometido al funcionario a un proceso disciplinario, y solo puede aplicarse por haber incurrido el funcionario en algún tipo de falta.

    17. - Se ha violado el artículo 106 del Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de Seguridad Pública, que dispone expresamente lo siguiente:

      Artículo 106: DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. La investigación sumaria de los hechos que conlleven a la aplicación de sanciones disciplinarias por servidor público, deberá practicarse con la mayor celeridad de manera que se cumplan los plazos establecidos para la presentación del informe. En caso de faltas administrativas que conlleven la aplicación de sanción de amonestación escrita o suspensiones, el informe se remitirá al superior jerárquico que solicita la imposición de las sanciones. En caso de faltas administrativas que conlleven a la aplicación de sanción de destitución la Oficina Institucional de Recursos Humanos y el superior jerárquico presentarán el informe a la Autoridad Nominadora, expresando sus recomendaciones.

      La disposición citada ha sido violada de forma directa por omisión y comisión. La entidad nominadora, ha violado lo dispuesto en el reglamento de ella misma, al no realizar una investigación disciplinaria previa a la destitución, ni mucho menos garantizó el derecho de defensa.

      Que la destitución se fundamentó en un informe preliminar elaborado únicamente por el supuesto superior jerárquico del demandante. El informe tal como lo exige la norma, debe librarse de manera conjunta, tanto por el superior jerárquico como el Director de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, y debe contener las recomendaciones de ambos funcionarios, situación que no ocurrió.

    18. - Se ha violado lo consagrado dentro del artículo 107 del Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de Seguridad Pública, que establece lo siguiente:

      Artículo 107: DEL INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN. Rendido el informe sí se encuentra que los hechos están demostrados y se ha cumplido con el procedimiento establecido se procederá a aplicar la sanción.

      La norma transcrita ha sido violada de forma directa por omisión, ya que no se realizó una investigación que demostrara los hechos de la destitución del demandante. La disposición en estudio señala que en la investigación disciplinaria que se adelante, debe de cumplirse fielmente con el procedimiento. A lo cual era necesario que se corriera traslado al demandante de los cargos que se le imputaban y pudiera efectuar sus descargos.

      El demandante tenía derecho a que se le permitiera ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas y participar en el procedimiento de investigación. Sin embargo, al no cumplirse con el procedimiento, no se le podía aplicar la sanción de destitución. Tampoco se llevó a cabo el correspondiente informe por parte del superior jerárquico del demandante junto con el Director de la Oficina Institucional de Recursos Humanos.

    19. - La resolución impugnada ha violado lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 59/2005, que dispone lo siguiente:

      Artículo 1: Todo trabajador, nacional o extranjero a quien se le detecte enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, tienen derecho a mantener su puesto de trabajo en igual de condiciones a las que tenía antes del diagnóstico médico.

      La norma ha sido violada de forma directa por omisión, ya que el accionante tenía derecho a mantenerse en el cargo que venía desempeñando hace años, ya que al momento de su destitución padecía y continúa teniendo una enfermedad crónica como es la diabetes.

      La enfermedad diabetes es clasificada como un padecimiento crónico que produce incapacidad laboral; lo cual debió de haber sido considerado por la entidad nominadora al momento de emitirse el acto demandado. Dicha dolencia era conocida por la autoridad nominadora, de conformidad como se establece en el acto confirmatorio, sin embargo, es desconocida por supuestamente no contar con la certificación expedida por la Comisión interdisciplinaria del artículo 5 de la Ley 59/2005, lo cual no era dable exigírsele al demandante, conforme al criterio señalado por la Sala, ya que dicha comisión no ha sido creada, por lo que no es imputable al demandante dicha omisión.

    20. - El acto impugnado ha violado el artículo 2 de la Ley 59/2005, que establece lo siguiente:

      "Artículo 2: El padecimiento de enfermedades crónicas, involutivas y/o denegerativas que produzcan discapacidad laboral parcial; no podrá ser invocado como una causal de despido por las instituciones públicas ni por los empleadores particulares, si el trabajador cumple los requisitos para mantenerse laborando en un cargo que sea compatible con su jerarquía, fuerza, aptitudes, preparación, destreza y con su nueva condición.

      Parágrafo: Para los efectos de esta ley, las enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas se entenderán así: 1. Enfermedades crónicas son las que una vez diagnosticadas su tratamiento, se va más allá, de los tres (3) meses, es solo paliativo y no curativo, lo que lleva implícita la cronicidad, entre ellas, diabetes, lesiones tumorales malignas (cáncer), hipertensión arterial y síndrome de inmunodeficiencia adquirida."

      Se ha violado la norma de forma directa por comisión, ya que el acto impugnado desconoce la enfermedad crónica que tiene el accionante. Las enfermedades crónicas son aquellas que se le diagnostica tratamiento por más de tres (3) meses y los mismos son paliativos pero jamás van a curar la afección de manera definitiva.

      No existía excusa para que la entidad desconociera la disposición en estudio. Dicha norma junto con el artículo 1 de la Ley 59/2005, le otorgaba el derecho al demandante al estar en su cargo, al padecer de una enfermedad crónica como lo es la diabetes.

      La única manera de haberlo destituido, era que el demandante hubiera incurrido en una conducta, motivos o razones que dieran lugar a la destitución por justa causa. No podía la entidad nominadora, destituir al accionante invocando la supuesta facultad discrecional, ya que el mismo gozaba del fuero de enfermedad otorgado por la Ley al padecer una enfermedad crónica al momento de su destitución y a la fecha también.

    21. - Las resoluciones impugnadas han violado lo establecido en el artículo 4 de la Ley 59/2005, que establece lo siguiente:

      Artículo 4: Los trabajadores afectados por las enfermedades descritas en esta Ley, solo podrán ser despedidos o destituidos de sus puestos de trabajo por causa justificada y previa autorización judicial de los juzgados seccionales de trabajo o, tratándose de funcionarios adscritos a la Carrera Administrativa, invocando para ello alguna causa justa prevista en la Ley, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

      Aquellos servidores públicos que no se encuentren bajo la protección de la Carrera Administrativa, solicitarán su reintegro a través de la vía ordinaria. Los servidores públicos incorporados a los regímenes especiales harán su solicitud de conformidad con la legislación especial vigente.

      La norma transcrita ha sido violada de forma directa por omisión, toda vez que el demandante es un enfermo crónico, que padece diabetes, lo cual era conocido por la autoridad nominadora.

      La disposición antes señalada, de forma enfática y categórica le prohíbe aplicar la supuesta facultad discrecional a la entidad demandada, para ponerle término a la relación jurídica que la unía con el accionante. Únicamente es posible terminar la relación de trabajo, si se tenía una justa causa para concluir la misma; sin embargo, el demandante gozaba de fuero de maternidad.

  3. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO:

    Mediante escrito visible a foja 45 del expediente judicial e identificado con la Nota Nº 11195/DAL-19 del 23 de diciembre de 2019, el entonces Ministro de Seguridad Pública, procede a emitir el correspondiente informe de conducta, señalando lo que a continuación sigue.

    Que la destitución del señor D.E.P.P. tiene su fundamento legal en el artículo 2 del Texto Único de la Ley 9 de junio de 1994, por la cual se regula la Carrera Administrativa, que señala dentro del concepto de servidor público de libre nombramiento y remoción la separación del cargo por pérdida de confianza.

    Que el señor D.E.P.P., presentó recurso de reconsideración contra el Decreto de Personal Nº 451 del 12 de agosto de 2019; acto que fue confirmado por el Ministerio de Seguridad Pública, mediante Resuelto Nº 992 del 4 de octubre de 2019, el cual resolvió mantener el citado decreto de Personal, por el cual se destituye del cargo que ocupaba en el Ministerio de Seguridad Pública.

  4. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN:

    Por su parte, la Procuraduría de la Administración en el presente caso ha indicado de acuerdo con la Vista Número 207 del 10 10 de febrero de 2020, y reiterado también en sus alegatos (Vista Número 896 de 5 de julio de 2021), lo siguiente.

    De acuerdo con las evidencias que reposan en autos, la remoción del demandante se basó en la facultad discrecional que le está atribuida a la autoridad nominadora, para remover libremente a los funcionarios que acrezcan de estabilidad en el cargo, al no haber ingresado al servicio público, a través de un concurso de méritos o encontrarse bajo la protección de alguna ley especial, condición en la que se ubicaba el recurrente en el Ministerio de Seguridad Pública (Cfr. f. 23 y 32-38 del expediente judicial).

    El demandante D.E.P.P., no acreditó que estuviera amparado en el régimen de Carrera Administrativa o de alguna ley especial, por lo cual se le desvinculó del cargo que ocupaba de conformidad con el artículo 629 (numeral 18) del Código Administrativo que consagra la facultad discrecional del P. de la República, para poder remover en cualquier momento, a los servidores públicos de su elección, salvo los que la Constitución o las leyes dispongan, que no son de libre remoción.

    Así las cosas, para desvincular al ex-servidor público, no era necesario invocar causal alguna, ya que bastaba con notificarlo de la resolución recurrida y brindarle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, a través del respectivo recurso de reconsideración, con lo cual se agotó la vía gubernativa.

    De conformidad con el numeral 18 del artículo 629 del Código Administrativo, el P. de la República como máxima autoridad administrativa, está facultado para remover o destituir a los servidores públicos de su elección, cuyos cargos sean de libre remoción, por lo que no se requiere para su ejercicio que concurran determinados hechos o el agotamiento de ningún trámite, sin que ello, de ninguna manera, constituya una violación a sus derechos o a los principios del debido proceso y estricta legalidad.

    El accionante no ha acreditado el estar amparado por el sistema de Carrera Administrativa o algún régimen laboral especial o fuero que le garantizara la estabilidad laboral, por lo cual el Ministerio de Seguridad Pública ha dejado sin efecto su nombramiento en el cargo que ocupaba. En consecuencia, para desvincular del cargo al ex servidor público, no era necesario invocar causal alguna, así como tampoco, que concurran determinados hechos o el agotamiento de algún trámite disciplinario, ya que bastaba con notificarlo de la resolución recurrida y brindarle la oportunidad de ejercer su derecho a defensa, a través de los correspondientes recursos, tal como ocurrió y así poder acceder a la jurisdicción contencioso administrativa.

    En el presente caso, la remoción del demandante se encuentra sustentada en la facultad discrecional de la autoridad nominadora sobre los funcionarios que carezcan de estabilidad en el cargo, sin que ello, de alguna manera constituya una violación a sus garantías judiciales; por lo que dichos cargos deben de ser desestimados por el Tribunal.

    De las piezas procesales se observa que si bien D.E.P.P. tenía un nombramiento permanente, ello no le da la condición de funcionario de carrera al momento de su destitución, por lo que no ostentaba derecho a la estabilidad en virtud de un régimen de carrera, por lo que el cargo ocupado por el demandante, quedó a disposición de la autoridad nominadora.

    La Procuraduría de la Administración considera que en el caso bajo análisis, se cumplieron con los presupuestos de motivación consagrados en la Ley, ya que en el acto demandado se estableció de manera clara y precisa la justificación de la decisión adoptada por la entidad. La autoridad nominadora sustentó a través de elementos fácticos jurídicos que la desvinculación del demandante no fue producto de la interposición de una sanción, sino de la facultad discrecional que la ley le otorga, por lo que no se requería de un procedimiento disciplinario.

    En cuando a la vulneración de lo dispuesto en la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005 (que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral), del artículo 1 se infiere la instauración de un fuero laboral para aquellos trabajadores diagnosticados con una enfermedad crónica, involutiva y/o degenerativa que le produzca una discapacidad laboral; sin embargo, en el presente caso, no consta documento o certificación médica alguna que permita acreditar que ese padecimiento le produce una discapacidad laboral, o sea que su estado de salud limite su capacidad de trabajo; y que, a su vez, la discapacidad haya sido del conocimiento de la entidad demandada previo a la fecha de la emisión del acto acusado de ilegal.

    Es importante que la persona que estima encontrarse amparado por el fuero laboral, debe acreditar en debida forma y de manera previa, los presupuestos que la misma ley consagra, resaltando que este deber impuesto al funcionario de probar tales condiciones, tiene por objeto, determinar que, en efecto, tal padecimiento requiere de una supervisión médica frecuente o constante de la que se pueda inferir que se encuentra mermado en el desenvolvimiento de su rutina diaria y que con el tratamiento para el control del mismo, no pueda llevar una calidad de vida normal.

    Al no existir certeza de la condición médica alegada por el ex-servidor, mal puede pretender que sea una obligación de la entidad demandada, el reconocimiento del fuero laboral solicitado, por lo que consideramos que los cargos de infracción esbozados por el accionante, deben ser desestimados por la Sala Tercera.

    El materia probatoria, el recurrente se ha limitado a aducir como medio de prueba, aquellos que son requeridos por la Ley para la admisión de la acción, y otros que no añaden algún otro elemento probatorio tendiente a acreditar que los actos acusados carezcan de validez, motivo por el cual, el demandante no asumió en forma adecuada la carga procesal a la que se refiere el artículo 784 del Código Judicial que obliga a quien demanda a acreditar los hechos que dan sustento a su pretensión.

    Por las anteriores razones, la Procuraduría de la Administración solicita a los Magistrados de la Sala Tercera, que declaren que NO ES ILEGAL, el Decreto de Personal 451 de 12 de agosto de 2019, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, y, en consecuencia, se desestimen las pretensiones del accionante.

  5. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

    Una vez cumplido el trámite procesal de rigor, le corresponde a esta Sala Tercera entrar a examinar los cargos de infracción inherentes a las normas que se estiman vulneradas por la parte actora dentro de la presente Demanda Contenciosa-Administrativa, a fin de determinar si en efecto las razones adoptadas por la entidad demandada con la expedición del acto administrativo impugnado se ajustan o no a derecho.

    Previo al análisis de los cargos de ilegalidad efectuados por la parte actora, es pertinente indicar que a través de la presente demanda Contenciosa-Administrativa, se solicita lo siguiente:

    · Que es Nulo, por Ilegal, el Acto Administrativo contenido en el Decreto de Personal No. 451 de 12 de agosto de 2019, dictado por el señor P. de la República, en asocio con el Ministro de Seguridad, mediante la cual se DESTITUYE, al señor D.E.P.P., del cargo de OFICINISTA I, Posición 70474.

    · Que es nulo por ilegal, el acto administrativo confirmatorio El Resuelto No. 992 de 4 de octubre de 2019, que confirma en todas sus partes el Decreto de Personal No. 451 de 12 de agosto de 2019.

    · Que se ordene al Ministerio de Seguridad Pública, a REINTEGRAR al señor D.E.P.P., a las labores habituales que desempeñaba en dicha entidad, o al cargo o posición que desempeñaba en la misma.

    · Que se ordene al Ministerio de Seguridad Pública a PAGARLE al señor D.E.P.P., los salarios que corren desde la fecha de su ilegal destitución y hasta que se haga efectivo su reintegro.

    Expuestas las pretensiones formuladas por la parte actora dentro de la presente demanda Contenciosa-Administrativa de Plena Jurisdicción, esta Corporación de Justicia procederá a realizar el correspondiente examen de valoración de las normas infringidas, así como también se estudiarán las pretensiones que se solicitan dentro de la acción bajo estudio.

    De las constancias procesales que obran dentro del expediente se observa, que a través del Decreto de Personal No. 451 del 12 de agosto de 2019, el Ministro de Seguridad Pública en conjunto con el P. de la República, procedieron a remover al señor D.E.P.P. del cargo que ocupaba dentro de la autoridad nominadora y en la prenombrada resolución en su parte motiva, se indica que la decisión se fundamenta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 9/1994, que contempla la regulación de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y a partir de los cuales su nombramiento está sujeto a la confianza de sus superiores y la pérdida de la misma acarrea la remoción del cargo.

    Aunado a lo anterior, el Decreto de Personal No. 451 del 12 de agosto de 2019 y que es objeto de impugnación, llegó a indicar que el señor D.E.P.P., no fue incorporado a la carrera administrativa, ni a ninguna otra carrera pública, por lo cual resultaba viable su desvinculación de la administración, de allí que se procedió a dejar sin efecto el correspondiente nombramiento del demandante.

    Observa este Despacho que dicha decisión fue recurrida a través del correspondiente recurso de reconsideración, el cual fue decidido mediante el Resuelto Nº 992 del 04 de octubre de 2019, a través de la cual se procede a mantener en todas sus partes, el Decreto de Personal No. 451 del 12 de agosto de 2019, por medio del cual se dejó sin efecto el nombramiento del demandante D.E.P.P..

    Al revisar la Sala Tercera las documentaciones y constancias que obran dentro del expediente judicial y administrativo, se puede percatar que el ex-servidor público D.E.P.P., cuando entra a laborar en el Ministerio de Seguridad Pública, su contratación se hace bajo la condición o el estatus de libre nombramiento; toda vez que durante el término en que el mismo laboró para la prenombrada entidad pública, no llegó a concursar, realizar oposiciones y competir con otros servidores públicos para ocupar por méritos el cargo que venía desempeñando, por lo cual no se le puede considerar como un funcionario con carrera administrativa o cualquiera otra similar que le otorgara estabilidad y permanencia laboral.

    En este mismo sentido, al no ampararse el demandante en una posición adquirida por concurso, mérito u oposiciones, sino que ingresó a la autoridad nominadora bajo la contratación, el estatus y la condición de un servidor público de libre nombramiento y remoción, la entidad administrativa procedió a justificar su actuación en base a lo contemplado en el artículo 629, numeral 18 del Código Administrativo, establece lo siguiente:

    Artículo 629. Corresponde al P. de la República como suprema autoridad administrativa:

    (...)

    18.- Remover los empleados de su elección, salvo cuando la Constitución o las leyes dispongan que no son de libre remoción.

    (Las negrillas son de la Sala)

    Como se puede apreciar, es una función o atribución propia y particular del P. de la República, el remover o desvincular a su personal subalterno y mucho más si el mismo no está amparado por un fuero o protección por no pertenecer a la carrera administrativa o una de similar condición que le otorgara estabilidad en el cargo.

    En este mismo orden de ideas, al revisar las pruebas que figuran dentro del expediente administrativo y judicial, no se observa la existencia de un certificado que acredite que el accionante gozara de la condición de ser un funcionario público con carrera administrativa o alguna carrera similar (POLICIAL), de allí que el cargo o la posición que ocupaba debe ser considerada para esta Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, bajo la condición de ser un funcionario contratado bajo la figura jurídica de libre nombramiento y remoción en la administración pública.

    Sobre la figura de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, el Dr. J.J.J.B. nos indica que:

    La designación de estos funcionarios que no son de carrera quedará sujeta a la apreciación discrecional de méritos que así lo estime la autoridad nominadora que los vaya a contratar. Su nombramiento se lleva a cabo sin que medie convocatoria pública, y sin que rija el sistema de concursos u oposiciones, por lo que su remoción puede darse sin necesidad de que exista un procedimiento administrativo sancionador, toda vez que ingresaron a la entidad sin ningún tipo de procedimiento formal u ordinario para ello. De allí que la libre designación conlleva como reverso el libre cese discrecional del cargo. En pocas palabras, si el puesto de trabajo se obtuvo por libre designación, de igual manera el funcionario puede ser libremente removido del cargo.

    (J.B., J.J. (2019). Derecho Administrativo II. Editorial Sistemas Jurídicos, S. A. - Editorial Nomos, S.A.: Colombia, páginas 151-152).

    De hecho, el demandante llegó a ocupar la posición que tenía en el Ministerio de Seguridad Pública, probablemente porque en su debido momento la autoridad nominadora procedió a remover del cargo a otra persona que había sido nombrada en dicha posición dentro de la entidad en años anteriores, y que una vez se le desvinculó a esa persona de la Administración, se decidió entonces a nombrar al demandante D.E.P.P., quien en la práctica no llegó a concursar en la plaza que tenía para obtener su consecuente estabilidad y permanencia, ni tampoco así quedó acreditado con pruebas dentro del expediente, de allí que su nombramiento estaba sujeto a la condición de la pérdida de confianza de los superiores.

    Dentro del desarrollo de la demanda, el apoderado judicial de la parte actora ha indicado que a su representado se le destituyó o desvinculó de la administración pública, sin que hubiese cometido una falta administrativa o que se le hubiera instruido un proceso administrativo sancionador, además de habérsele violado el debido proceso y el derecho de defensa. A efectos de docencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debe de aclararle a la parte actora, que a los funcionarios nombrados bajo la figura de libre nombramiento y remoción, no necesariamente es obligatorio que la Administración del Estado para que se lleve a cabo su desvinculación de la administración pública, deba desarrollar un procedimiento administrativo sancionador, toda vez que los procesos disciplinarios generalmente aplican para aquellos servidores públicos con carrera administrativa o una similar, que hayan incurrido en una falta administrativa que puede ser leve, grave o gravísima y de forma excepcional a funcionarios de libre nombramiento y remoción, si hayan incurrido en una causal para su destitución. Por regla general, a los funcionarios nombrados bajo el régimen de libre nombramiento y remoción, no es necesario invocarles una causal para su remoción o desvinculación en el cargo, ya que ello se presenta en virtud de la pérdida de confianza.

    De igual manera, la Sala Tercera comparte el mismo criterio expuesto por la Procuraduría de la Administración en el sentido que no se ha violado el debido proceso, toda vez que el accionante se le permitió poder interponer los correspondientes recursos de impugnación dentro de la esfera administrativa, así como también aportar las correspondientes pruebas y una vez agotada dicha instancia, acceder al Contencioso-Administrativo.

    Como quiera que la parte actora no ha podido acreditar a través de los correspondientes certificados o documentos que pertenecía a la carrera administrativa o una similar, la remoción o desvinculación de la administración pública por parte del Ministerio de Seguridad Pública, no se considera un acto ilegal, toda vez que su decisión se fundamentó en el artículo 629, numeral 18 del Código Administrativo.

    Cabe destacar que el apoderado judicial de la parte actora ha indicado que su representado al presentar la condición de ser una persona con enfermedades crónicas, específicamente diabetes, el mismo estaba protegido por el fuero laboral por discapacidad que generan este tipo de enfermedades.

    Si bien es cierto, el demandante ha aportado dentro del proceso certificaciones médicas en relación a los medicamentos que toma con motivo de la enfermedad crónica por diabetes (Cfr. f. 63-65 del expediente judicial), y además se han aducido como violados los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 59/2005, esta Corporación de Justicia debe advertirle al apoderado judicial de la parte actora, que ha pasado por alto, que al momento en que fue destituido su representado (19 de agosto de 2019), ya se encontraba vigente la Ley 25 del 19 de abril de 2018 a través de la cual se procede a modificar la Ley 59/2005.

    Así las cosas, en el artículo 5 de la Ley 59/2005, se establece en relación a la acreditación de las enfermedades crónicas, lo siguiente:

    Artículo 5. La certificación de la condición física o mental de las personas que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, será expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin o por el dictamen de dos médicos especialistas idóneos del ramo. La persona mantendrá su puesto de trabajo hasta que dicha comisión dictamine su condición.

    (Las negrillas son de la Sala)

  6. lo anterior, y frente a la problemática que generaba la ausencia de la conformación de la comisión interdisciplinaria para acreditar que una persona tenía una enfermedad crónica, al modificarse la ley, se ha permitido a partir del año 2018, demostrar la existencia de una enfermedad crónica y degenerativa, a través de dos (2) certificados médicos expedidos por especialistas idóneos en el ramo.

    Sin embargo, al revisar las constancias probatorias que figuran dentro del expediente, se observa que el accionante sólo aporta recetas médicas expedidas por el Dr. A.N.M., como médico general de urgencias, sin que se cumpla con la formalidad establecida en el artículo 5 de la Ley 25/2018, en el sentido de haberse aportado dos (2) certificaciones médicas de galenos especialistas (endocrinólogos) que acreditaran la enfermedad crónica de diabetes que posee el demandante D.P.P., por lo que ante la ausencia de dichos medios o elementos probatorios previamente descritos, este Despacho es del criterio que el demandante no ha podido acreditar la existencia de la enfermedad crónica alegada.

    Por las anteriores razones descritas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia es del criterio que los actos administrativos impugnados no han violado los artículos 127, 153, 161, 162 de la Ley 9/1994, así como los artículos 34, 155 (numeral 1), de la Ley 38/2000, y los artículos 172, 182 del Decreto Ejecutivo No. 222 del 12 de septiembre de 1997. Igual situación ocurre con los artículos 89, literal de del artículo 100, el numeral 6 del artículo 104, el artículo 105, artículo 106, artículo 107, del Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de Seguridad Pública, toda vez que la decisión de remover a un servidor público que ingresó a la entidad bajo la condición de ser un empleado público de libre nombramiento y remoción, es fundamentada o justificada en una potestad discrecional de la autoridad nominadora.

    Tampoco considera este Despacho, que se han violado los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 59/2005, modificada por la Ley 25 de 2018, toda vez que la parte actora no ha logrado acreditar con pruebas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que la misma padezca de enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, de conformidad como lo exige la prenombrada normativa.

    En consecuencia, se niega la declaratoria solicitada por la parte actora en el relación a la solicitud de reintegro de manera inmediata al cargo que ocupaba, en iguales condiciones y salarios, toda vez que la decisión adoptada por la entidad pública se justificó en base a una potestad discrecional como consecuencia del criterio de considerar al accionante, como un funcionario sujeto al sistema de libre nombramiento y remoción, por lo que la pérdida de confianza de sus superiores acarrea la consecuente desvinculación de la administración pública, ya que en el presente caso no se logró acreditar que el demandante hubiese ingresado al sistema de méritos, concursos, oposiciones para considerarle como servidor público de carrera administrativa o una carrera de similar categoría reconocida por la Constitución y la Ley; ni tampoco se logró acreditar de conformidad con el criterio establecido por ley, la existencia de enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas.

    Como quiera que no se declaró la ilegalidad tanto del acto administrativo originario así como sus respectivos confirmatorios, esta Corporación de Justicia no puede acceder a ordenar el reintegro del demandante al cargo que ocupaba dentro de la entidad nominadora, así como tampoco se puede ordenar el pago de salarios caídos desde la fecha en que se produjo la consecuente destitución.

    Finalmente, esta Corporación de Justicia aprovecha la oportunidad dentro del presente fallo, para advertirle al Ministerio de Seguridad Pública, de la necesidad de cancelarle inmediatamente las prestaciones económicas que se le adeudaran al demandante, en el supuesto en que las mismas no hubiesen sido pagadas completamente o en su totalidad, antes de haberse emitido del Decreto de Personal No. 451 de 12 de agosto de 2019, por tratarse de derechos previamente adquiridos por el demandante al momento que laboró para la prenombrada entidad pública.

  7. PARTE RESOLUTIVA:

    En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto de Personal No. 451 de 12 de agosto de 2019, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública (Ministerio de Seguridad Pública), así como su acto confirmatorio y por consiguiente se niega el resto de las pretensiones solicitadas en el libelo de demanda, con excepción de aquellas sumas de dinero que no fueron previamente canceladas antes de producirse la desvinculación, las cuales deben de ser pagadas inmediatamente al accionante en el supuesto que se adeuden, por tratarse de derechos previamente adquiridos.

    N.,

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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