Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo, 15 de Enero de 2008

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución:15 de Enero de 2008
Emisor:Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo

VISTOS:

El licenciado A.T.T., actuando en representación de INTERMACK, S.A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con la finalidad que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 304-00 D.G. de 1° de junio de 2000, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social y los actos confirmatorios.

La demanda fue admitida por la Sala Tercera mediante Auto de 19 de junio de 2002, en el que igualmente se ordenó correr traslado de la misma a las partes involucradas.

LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO.

En la demanda se formula una pretensión contencioso administrativa de plena jurisdicción consistente en una petición dirigida a la Sala Tercera para que ésta declare la nulidad por ilegal de la Resolución N° 304-00 D.G. de 1° de junio de 2000, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social que resuelve lo siguiente:

CONDENAR a la empresa INTERMACK, S.A. con número patronal 45-611-0392, a pagar a la Caja de Seguro Social, la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE BALBOAS CON SETENTA Y OCHO CENTÉSIMOS (B/.11,809.78), en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales, décimo tercer mes, multas y recargos de Ley; sumas dejadas de pagar durante el período comprendido del mes de enero de 1994 a diciembre de 1998, con salarios omitidos desde enero de 1994 hasta agosto de 1998, más los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación.

Sostiene el apoderado judicial del demandante que el acto impugnado ha infringido los literales a), b), c), d), e), h) y j) del artículo 62 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, adicionado por el artículo 7 del Decreto Ley 40 de 1966, modificado por los artículos 9 y 10 del Decreto 317 de 1969 y modificado por el artículo 46 de la Ley 30 de 1991; el artículo 11 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970; el literal b) del artículo 2 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954; los artículos 62, 64 y 797 del Código de Trabajo; los artículos 34, 145 y 150 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000; y los literales d) y e) del artículo 1° de la Ley 57 de 1° de septiembre de 1978. Las normas que se alegan infringidas son del siguiente tenor literal:

Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954

Artículo 2: Quedan sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social:

a)..

  1. Todos los trabajadores al servicio de personas naturales o jurídicas que operen en el territorio nacional.

    Artículo 62: Para los efectos del Seguro Social privarán las siguientes definiciones:

  2. Cuota, cotización o aporte: Es la parte o proporción del sueldo o sueldos de los dependientes e ingresos o utilidades de los asegurados voluntarios, que debe pagarse a la Caja para tener derecho a los beneficios;

  3. Sueldo: La remuneración total, gratificación, bonificación, comisión, participación en beneficios, vacaciones o valor en dinero y en especie que reciba el trabajador del patrono o empleador o de cualquier persona natural o jurídica como retribución de sus servicios o con ocasión de éstos.

    Se exceptúan el pago de cuotas de Seguro Social, los viáticos, dietas, y preavisos.

    También se exceptúan las gratificaciones de Navidad o aguinaldo y los gastos de representación mensual siempre que no excedan a un mes de sueldo. En caso de exceder al mes de salario se gravará solamente el diferencial que exceda al respectivo mes de salario.

    Igualmente se exceptúan del pago de cuotas de Seguro Social la participación en beneficios que otorgue el empleador a sus trabajadores siempre y cuando esta participación en beneficios a no menos del setenta por ciento (70%) de los trabajadores de la empresa y no exceda ni sustituya el total del salario anual. Para los efectos del porcentaje establecido en forma precedente, no se considerarán dentro del mismo a los ejecutivos y empleados que sean socios o accionistas del empleador o patrono, si éste fuese persona jurídica, así como a los parientes de los ejecutivos, socios o accionistas, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si el patrono o empleador fuese una persona natural, excluirá de este porcentaje a los parientes y directivos en los referidos grados de parentesco, a los dueños de la empresa y a los ejecutivos de la misma.

    Además, se exceptúan del pago de cuotas de seguro social las sumas que reciba el trabajador en concepto de indemnización con motivo de la terminación de la relación de trabajo, así como las sumas recibidas por los servidores públicos que se acojan a planes de retiro voluntario;

  4. Trabajador: Todo persona natural que preste servicios remunerados en dinero o en especie a un patrono o empleador.

  5. P. o empleador: Toda persona natural o jurídica, de derecho privado o público que use los servicios de un trabajador en virtud de un contrato expreso o tácito mediante el pago de un sueldo;

  6. Independiente: Toda persona natural que trabaje por su propia cuenta, sin depender de un patrono o empleador,

    ...

  7. Trabajadores Ocasionales: Son aquellos que sin ser trabajadores permanentes, están dedicados dentro de la empresa a funciones accesorias o no identificadas directamente con la finalidad económica de la empresa;

    ...

  8. Trabajadores Eventuales: Son aquellos que no pertenecen a la categoría de planta estable, pero que se ocupan de tareas relacionadas directamente con la finalidad típica de la empresa, negocio o explotación.

    ...

    Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970

    Artículo 11: Para efectos del presente Decreto de Gabinete, se entiende por salario la remuneración total, gratificaciones, bonificaciones, vacaciones y todo valor en dinero o en especie, que reciba el trabajador del patrono o empleador, como retribución por sus servicios o con ocasión de éstos.

    Para los mismos efectos, no se considerará salario lo que reciba el trabajador por concepto de viáticos, dietas y preavisos, así como las gratificaciones de Navidad o aguinaldos y lo asignado como gastos de representación, siempre que no excedan del salario mensual.

    Artículo 62: Se entiende por contrato individual de trabajo cualquiera que sea su denominación, el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de ésta.

    Se entiende por relación de trabajo, cualquiera sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o de dependencia económica.

    La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

    La existencia de la relación de trabajo determina la obligación de pagar el salario.

    Artículo 64: La subordinación jurídica consiste en la dirección ejercida o susceptible de ejercerse, por el empleador o sus representantes, en lo que se refiere a la ejecución del trabajo.

    Artículo 797: El interrogatorio se practicará en lo conducente con arreglo a las normas sobre prueba testimonial, incluyendo la facultad de repreguntar. El juez apreciará la declaración tanto en lo favorable como en lo desfavorable, en concordancia con las otras pruebas del proceso, y según las reglas de la sana crítica.

    Ley 38 de 31 de julio de 2000

    Artículo 150: Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorables.

    No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exige prueba específica; los hechos notorios; los que estén amparados por una presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la Nación o en los municipios.

    Se prohíbe a la Administración Pública solicitar o requerir del peticionario documentos que reposen, por cualquier causa, en sus archivos, y que el interesado invoque como fundamento de su petición.

    Artículo 145:Las pruebas se apreciarán según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos.

    Artículo 34: Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Los Ministros y las Ministras de Estado, los Directores y las Directoras de entidades descentralizadas, Gobernadores y Gobernadoras, A. y Alcaldesas y demás Jefes y Jefas de Despacho velarán, respecto de las dependencias que dirijan, por el cumplimiento de esta disposición.

    Las actuaciones de los servidores públicos deberán estar presididas por los principios de lealtad al Estado, honestidad y eficiencia, y estarán obligados a dedicar el máximo de sus capacidades a la labor asignada.

    Ley 57 de 1° de septiembre de 1978

    Artículo 1: Son actos propios del ejercicio de la profesión de Contador Público Autorizado todos aquellos servicios que den fe pública sobre la veracidad de la información relacionada con la función técnica de producir, de manera sistemática y estructural, información cuantitativa, en términos monetarios, de las transacciones económicas que realizan las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, y de los hechos económicos que las afectan y, de comunicar dicha información, con el objeto de facilitar a los diversos interesados la toma de decisiones de carácter financiero en relación con el desarrollo de sus actividades respectivas. También constituyen actos propios de la profesión de Contador Público Autorizado, los siguientes:

    ...

  9. La intervención, comprobación, verificación y fiscalización de los registros de contabilidad, así como la certificación o dictamen sobre exactitudes o veracidades;

  10. Los peritajes fiscales, judiciales, administrativos y de cualquier otra naturaleza sobre transacciones o negocios que contengan registros de índole financiera y contable;

    Estima la parte demandante que se violaron los artículos 2 y 62 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, pues estos artículos no definen qué debe entenderse por relación laboral. Indica la parte que simplemente se limitan a señalar la obligatoriedad del régimen de la Caja de Seguro Social y esto "obliga a que se acuda a las disposiciones del Código de Trabajo que sí permiten determinar cuando estamos en presencia de una relación laboral, pues es el cuerpo de leyes especializado para ello, ante la insuficiencia de las normas especiales de la CSS." Advierte que "es necesario que primero se establezca si existe una relación laboral. En caso de ella no existir, entonces los pagos recibidos por una persona no pueden quedar sujetos a la referida cuota."

    En cuanto al artículo 11 del Decreto de Gabinete N°68 de 31 de marzo de 1970, indica la parte actora que la norma ha sido infringida de manera directa por comisión, pues la norma "intenta definir lo que es salario utilizando las palabras patrono y trabajador , mismas que tampoco son suficientemente definidas, ... para los propósitos de poder determinar en casos específicos cuándo estamos en presencia de una relación laboral y cuando no."

    En relación con las normas infringidas del Código de Trabajo, considera el demandante que "a pesar de que al expediente no fueron incorporadas pruebas que indicasen que los señores a quienes se ha considerado como trabajadores lo fueran, la CSS llegó a esa conclusión. No probó la dependencia económica absoluta ni la subordinación jurídica." Advierte la parte actora, en relación a los artículos 62 y 64 del Código de Trabajo, que la Caja de Seguro Social "ha debido probar sobradamente los cargos de supuesta relación laboral, y no lo hizo. Las presunciones legales que establece el Código de Trabajo, admiten prueba en contrario, sobretodo deben ser admitidas las evidencias que emergen de las propias declaraciones de los mismos supuestos trabajadores." En lo referente al artículo 797 del Código de Trabajo, indica el licenciado T.T. que la violación se originó "porque las declaraciones de parte de los mismos supuestos trabajadores, fueron demeritadas totalmente por la CSS, quien solo se basó en algunos cheques, y recibos, desconociendo así todos los principios de la sana crítica, elementales, y de sentido común."

    Aunado a lo anterior, estima el apoderado judicial de la parte actora que se violaron los artículos 34, 145 y 150 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, toda vez que los supuestos trabajadores confesaron que ellos no eran trabajadores de Intermack y sus declaraciones deben tener un valor decisivo. Señala el demandante que "la CSS apreció los recibos u cheques sin aplicar los principios de la sana crítica, sin considerar las otras pruebas, antojadizamente, despreciando hasta las declaraciones de los mismos interesados y supuestos beneficiarios de las cuotas obrero patronales exigidas a la pequeña empresa Intermack." De igual forma, opina la actora que los actos administrativos impugnados indican que los funcionarios que las dictaron no actuaron con objetividad ni apegados a la estricta legalidad, porque decidieron subjetivamente, al demeritar sin lógica, las otras pruebas que obtuvieron, "ya que excepto algunos recibos que encontraron en la empresa, no existía evidencia alguna de que dichos recibos correspondieran a relaciones laborales."

    Finalmente, según la demandante, se ha infringido de manera directa por omisión el artículo 1 de la Ley 57 de 1 de septiembre de 1978 en sus literales e) y d) , toda vez que a pesar que se aportó una certificación emitida por contador público autorizado "que acredita el examen de los libros de la empresa INTERMACK, S.A. y que da cuenta de que las personas que la CSS consideró como Trabajadores de dicha empresa, no lo eran" , la Caja de Seguro Social objetó la referida certificación aduciendo que la misma no indica que los trabajadores no tienen un local propio y ninguno cuenta con facturas numeradas, registro único de contribuyente (RUC) y su dígito verificador ni tampoco declaración jurada de renta.

    INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA.

    Mediante nota sin fecha, el Director General de la Caja de Seguro Social rindióel respectivo informe explicativo de conducta en donde expone lo siguiente:

    ...

    La auditoría, según consta en el Acta de Intervención No. 1344, se inicia el 13 de diciembre de 1999 y culmina el 22 de diciembre de 1999. La diligencia de cierre de audito, se firma el 13 de enero del 2000, por el Apoderado Legal de la empresa.

    El 11 de febrero del 2000, mediante nota CH-AE-GA-00-02, se le comunica al patrono del resultado de la auditoría y se le indica que el objeto de la comunicación era para saber a qué alternativa se acogería, marcándose la del convenio de pago.

    Sin embargo, a pesar de haber manifestado tanto el abogado, como la secretaria de la empresa que el Representante Legal de INTERMACK, S.A., se acogería al convenio de pago, en ningún momento se concretizó el mismo, por lo que la Dirección Nacional de Auditoría Interna, solicitó la expedición de la correspondiente resolución.

    ...

    Los argumentos esgrimidos por el Apoderado Legal de la empresa, no tienen asidero legal alguno, puesto que no se ha demostrado fehacientemente que las personas objeto del alcance, no son trabajadores, todo lo contrario, realizaban sus labores dentro de la empresa, con los clientes que acudían a ésta y no han comprobado que los clientes son de ellos y no de la empresa.

    ...

    Las declaraciones juradas fueron debidamente analizadas, sin embargo, no prestan mérito suficiente, toda vez que en las mismas se argumenta que en algunas ocasiones los declarantes aportaban clientes al local, además de los servicios prestados a la empresa, desempeñaban también dichas funciones en diferentes lugares de la Provincia y con diferentes personas y negocios, no obstante, no consta que este hecho sea así, es decir, no existe prueba que ampare dicha declaración.

    ...

    Por lo anteriormente expuesto, consideramos que no se han aportado los elementos necesarios para desestimar los montos alcanzados, puesto que las labores realizadas se enmarcan en una típica relación de trabajo.

    Por lo que conceptuamos que ha habido una omisión por parte de la empresa en el pago de las correspondientes cuotas de seguro social, al no efectuarse los descuentos de Ley y reportarlos a la Institución.

    ...

    En ese sentido hemos de manifestar que para la calificación de trabajador, la Caja de Seguro Social se apoya en lo dispuesto en los diferentes articulados de su Ley Orgánica y en caso de duda o controversia acude a lo dispuesto en el Código de Trabajo.

    ...

    OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.

    Por su parte, la Procuraduría de la Administración, contestó la demanda mediante Vista Nº 511 de 23 de septiembre de 2002, en la cual considera debe declararse legal la Resolución Nº 304-00 D.G. de 1° de junio de 2000, proferida por el Director General de la Caja de Seguro Social. En lo medular, en dicho documento la Procuradora de la Administración observa que la parte demandante ha señalado que los artículos 62 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954; 62 y 797 del Código de Trabajo; 34 y 150 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 han sido violadas por las resoluciones impugnadas en concepto de infracción literal y, advierte que en ese caso "aunque se señale como causal de ilegalidad la infracción literal, al no señalarse la modalidad correspondiente, se mantiene sin identificar las causas de violación a la ley." Indica la representante del Ministerio Público que "conforme a lo señalado y como lo hace en otros supuestos dentro de esta demanda, el demandante, debe explicar la modalidad correspondiente como ocurre la violación de la norma legal. La omisión de esta identificación de la causa de ilegalidad impide decidir el fondo de la causa." Por las razones expuestas, no entrará a examinar las infracciones antes señaladas.

    En lo que respecta a la violación directa por comisión del artículo 11 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970 y del artículo 2 literal b) del Decreto Ley 14 de 1954, la Procuraduría de la Administración señala lo siguiente:

    La Violación Directa por Comisión, se consuma cuando el acto administrativo impugnado dispone alguna cosa contraria a lo que establece la ley o una norma jerárquicamente superior al acto acusado.

    Si nos atenemos a la definición es necesario que se establezca una confrontación con el acto administrativo acusado.

    El demandante se refiere a las resoluciones impugnadas, desconociendo la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado la no admisión de demandas contra varios actos administrativos a la vez, y que se trata de acto original y acto confirmatorio, basta solicitar la nulidad del acto original. (Sentencia de 9 de junio de 1997, R.S. vs Universidad de Panamá).

    ...

    El contenido de la Resolución no dispone cosa o medida contraria a lo que contempla la Ley y si se refiere a las normas citadas, inmediatamente arriba, se justifica nuestra posición.

    Lamentablemente el demandante, se ha perdido en una discusión estéril que no contribuye a demostrar si se ha contravertido lo dispuesto en alguna norma superior.

    En consecuencia, consideramos que no se han probado estos motivos de ilegalidad.

    En lo concerniente al artículo 64 del Código de Trabajo, cuya violación es directa por omisión, la Procuradora advierte lo siguiente:

    El acto administrativo acusado, es decir, la Resolución 304-00 D.G. de 1° de junio de 2000, no infringe el artículo 64 del Código de Trabajo. Pues, integra en su concepto de trabajador la subordinación jurídica. Y en modo alguno puede aceptar el argumento del demandante de que lo que existía entre los que vendían sus servicios era una relación entre empresa formal y otras informales. Pues o se está dentro de la Ley o fuera de ella. No hay términos medios. Si existe dependencia económica y subordinación jurídica se es trabajador, y por lo tanto, existe la obligación para el patrono y para el trabajador de pagar las cuotas de seguridad social. Las empresas comerciales tienden hacia el lucro y no están para hacer favores y si los hacen deben responder con su pecunio al incurrir en omisiones legales.

    Con el mismo cargo se señaló la violación de los artículo 34 y 145 de la Ley 38 de 2000, que se refieren al principio de legalidad y a la aplicación de la sana crítica en la valoración de las pruebas, normas que obviamente no serían las fundamentales para resolver la cuestión jurídica planteada (pago de las cuotas obrero patronales e inscripción de los trabajadores en el régimen de seguridad social).

    Igual consideración se debe tener con respecto a la supuesta colisión de los literales d y e del artículo 1° de la Ley 57 de 1978, cuyo texto aparece copiado a foja 32 del cuaderno judicial. Pues no decide la causa lo que haga o no deba hacer el Contador Público, si no lo que debe cumplir el empleador con respecto a su relación con los trabajadores y la Caja de Seguro Social.

    DECISIÓN DE LA SALA.

    La Sala pasa a examinar los cargos que se le atribuyen al acto administrativo impugnado, con la finalidad de resolver la presente controversia.

    Observa esta Superioridad, que el acto impugnado condena a la empresa Intermack, S.A. con número patronal 45-611-0392, al pago de una suma de dinero por razón sumas dejadas de pagar en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales, décimo tercer mes, multas y recargos de Ley, durante el período comprendido de enero de 1994 hasta agosto de 1998. Este acto impugnado indica en su parte motiva que luego de una auditoría realizada por el Departamento de Auditoría a Empresas de la Caja de Seguro Social se determinó que la sociedad anónima Intermack adeudaba a la Caja de Seguro Social una suma de dinero "como consecuencia de la omisión en el pago de cuotas y en la declaración de los salarios devengados por sus trabajadores y que no fueron reportados a la Caja de Seguro Social".

    En su Vista N° 511 de 23 de septiembre de 2002, la Procuraduría de la Administración advierte que la parte actora indicó que el acto administrativo vulneró en concepto de infracción literal los artículos 62 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954; 62 y 797 del Código de Trabajo; 34 y 150 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, sin embargo no señala la modalidad correspondiente y tal situación impide decidir el fondo de la causa. Así las cosas, este Tribunal Colegiado se cerciora de que en efecto, la parte actora se limitó a transcribir las disposiciones legales que estima infringidas, dando una explicación de por qué las estima infringidas, pero señalando únicamente que el concepto de la violación es infracción literal, sin indicar bajo qué modalidad, es decir, omitió señalar si es violación directa: por omisión o por comisión; indebida aplicación o errónea interpretación.

    Sobre este tema, es de importancia hacer mención del Auto de 26 de diciembre de 2007, en donde el resto de los Magistrados hace referencia a que la omisión del concepto de la violación en la demanda contencioso administrativa produce la inadmisión de la misma. Adecuando lo antes planteado al caso que nos atañe, concordamos con la Procuraduría de la Administración en que al no señalar la modalidad en que se estiman infringidos los artículos 62 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954; 62 y 797 del Código de Trabajo; 34 y 150 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 se le hace difícil a esta Superioridad poder examinar el fondo de las violaciones que se invocan. Por lo antes expuesto, procederemos a realizar nuestro análisis tomando en consideración las siguientes normas: artículo 11 del Decreto de Gabinete 68 de 31 de marzo de 1970, artículo 2 literal (b) del Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, artículo 64 del Código de Trabajo, artículo 145 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 y el artículo 1 literales (d) y (e) de la Ley 57 de 1 de septiembre de 1978.

    Se observa en el expediente administrativo el informe presentado al Director Nacional de Auditoría Interna que indica los resultados de la auditoría practicada a la empresa Intermack, S.A. abarcando de los años 1994 a 1998. Del análisis de auditoría realizado tomando como elementos las planillas internas, preelaboradas, comprobantes de pago, declaraciones de renta, libros de registros legales y otros documentos contables, y en donde se reflejó una serie de conceptos omitidos, a saber: servicios especiales, profesionales, vacaciones, comisión a terceros, comisiones, servicios de vigilancia y décimo tercer mes. Esta auditoría reveló como resultado lo siguiente:

    - Que en los comprobantes de pago se detectó en los años 1994 a 1998, que la empresa pagó en concepto de servicios especiales a los señores E.C., H.M. y A.R., por servicios de vigilancia, L.R., chapistero, C.O., tapicero, entre otros. Estos pagos fueron realizados con cheques emitidos quincenalmente y en ocasiones, los pagos al señor R. eran semanales. Se advierte que el señor C.O. ingresó en el año 1993 en planilla preelaborada y que otras personas de las antes mencionadas recibieron pagos de vacaciones proporcionales y décimo tercer mes.

    - Que en concepto de servicios profesionales se les pagó mediante cheques quincenales a los señores R.R., P.B. y E.B. como mecánicos, al señor C.M.O. por su condición de administrador, quien realizaba trabajos de tapicería.

    - Que se detectaron pagos en concepto de vacaciones, comisión a terceros, comisiones, servicios de vigilancia y décimo tercer mes a un grupo de trabajadores por la labor desempeñada en la empresa.

    - Debe destacarse que no se presentó documento probatorio que indicaré que estas personas eran profesionales independientes.

    Esta Sala repara en que el argumento fundamental de la parte actora al explicar la forma en que se violaron las disposiciones legales que se estiman infringidas, gira básicamente en torno a que la Caja de Seguro Social no logró probar los cargos de supuesta relación laboral dado que no probó la existencia de dependencia económica ni de subordinación jurídica. Asimismo, la parte actora hace mención del valor probatorio que deben tener las declaraciones de los afectados y la certificación emitida por un contador público autorizado.

    Como hemos visto previamente, la parte demandante opina que se han infringido el artículo 11 del Decreto de Gabinete No. 68 de 31 de marzo de 1970 y el artículo 2 literal b) del Decreto Ley No. 14 de 27 de agosto de 1954 de manera directa por comisión alegando que en éstas no queda claramente definido cuándo estamos ante una relación laboral y por ende, resulta necesario acudir a las reglas del Código de Trabajo para hacerlo. Respecto a este tema, la Sala ha manifestado anteriormente que no debe ser objeto de cuestionamiento la competencia con la que cuenta la Caja de Seguro Social para determinar la existencia o no de relaciones laborales. Nuestra jurisprudencia ha señalado que la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, es una Ley Especial, y como tal es de aplicación preferente frente a las normas laborales, con la debida aclaración de que esa situación de modo alguno implica una colisión de jurisdicción, pues, la decisión de la Caja de Seguro Social es netamente administrativa con características distintas a las que regulan las decisiones laborales, que son eminentemente judiciales. (Sentencia de 22 de enero de 2003 bajo la ponencia del M.A.H.) De igual manera transcribimos Sentencia de 18 de mayo de 2000 bajo la ponencia de la Magistrada M. F. de A., que a la letra establece:

    Cabe reiterar el criterio de esta Sala expuesto en varias ocasiones anteriores en el sentido que la Caja de Seguro Social tiene facultad para determinar la existencia de relaciones laborales, con el fin de establecer las cotizaciones obligatorias según el régimen legal de la seguridad social. Esto es así, porque la declaratoria judicial de la existencia de una relación de trabajo no es presupuesto necesario para determinar la misma en relación al pago de cuotas obrero patronales y otras cotizaciones exigidas por la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Sin esta capacidad de establecer qué relaciones son de carácter laboral, dicha institución no podría hacer efectivo el cobro de las sumas exigidas por el régimen de seguridad social.

    En cuanto a la infracción del artículo 64 del Código de Trabajo de manera directa por omisión o falta de aplicación, considera la parte demandante que la infracción es manifiesta, pues los supuestos trabajadores no recibían ordenes de la empresa, eran trabajadores independientes que tenían un arreglo con dicha empresa quien los ayudaba prestándoles el taller y su patente. A su juicio, la Caja de Seguro Social no logró probar los cargos de supuesta relación laboral dado que no comprobó la existencia de dependencia económica ni de subordinación jurídica.

    Esta Superioridad debe advertir que la carga de la prueba a fin de desvirtuar la existencia de una relación laboral no recae sobre la Institución de Seguridad Social, sino sobre la empresa investigada. Aunado a lo anterior, el expediente administrativo no revela que la parte demandante haya probado la independencia económica de estos trabajadores, pues no figuran documentos de orden tributario (facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta) que demuestren este hecho. Contrario a esto, el estudio de auditoría realizado por la Caja de Seguro Social, manifiesta que la empresa pagó a estos trabajadores sumas de dinero quincenales, vacaciones y décimo tercer mes, y como bien señala el artículo 11 del Decreto de Gabinete No. 68 de 1970, las vacaciones y todo valor en dinero o en especie que reciba el trabajador del empleador como retribución por sus servicios debe considerarse salario. En este punto, se observa la relación laboral existente entre la empresa Intermack, S.A. y estos trabajadores, al recibir ellos este tipo de emolumento que ciertamente se produce cuando existe una relación laboral.

    En relación con la infracción de los artículos 145 de la Ley 38 de 2000 y 1 de la Ley 57 de 1978, ambos de manera directa por omisión, la parte demandante alega que la Caja de Seguro Social no aplicó el principio de la sana crítica, pues despreciaron las declaraciones de los mismos interesados y supuestos beneficiarios de las cuotas obrero patronales, al igual que la certificación de una firma de contadores públicos autorizado aportada por la empresa en donde da fe pública que no existía relación laboral entre la empresa y los supuestos trabajadores.

    De un análisis del expediente administrativo, la Sala Tercera advierte que el abogado de la parte actora aportó declaraciones juradas, recibos y documentos dentro de los que se encuentra una certificación de la firma de contadores público autorizados. Es de notar que en el Informe No. DAL.IA.IE.020-01 de 2 de agosto de 2001, dirigido al Presidente de la Comisión de Apelaciones, queda claro que por razón de la documentación aportada por la parte actora, el expediente administrativo fue remitido al Departamento de Auditoría para una evaluación contable de las pruebas aportadas y una ampliación del informe de auditoría. También se aprecia lo externado por la Caja de Seguro Social en la parte motiva de la Resolución No. 31,253-2002-J.D. donde se plantea el hecho que las declaraciones juradas fueron debidamente analizadas, sin embargo, no prestan mérito suficiente, pues no existen pruebas que amparen dicha declaración. Resulta importante señalar que la certificación de los auditores independientes no indica o especifica el período contable por ellos analizados.

    La Sala considera que deben desestimarse estos dos últimos cargos de violación ya que la apreciación probatoria de la Caja de Seguro Social aparece debidamente motivada observando la correcta aplicación de un criterio lógico-jurídico. Además, en lo referente a la infracción del artículo 1 de la Ley 57 de 1978, concordamos con la Procuraduría de la Administración en cuanto a que esta norma legal no es aplicable al caso, ya que no decide la causa los actos propios de la profesión de Contador Público Autorizado.

    De conformidad con el análisis previo, esta Superioridad considera que Resolución N° 304-00 D.G. de 1° de junio de 2000, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social y los actos confirmatorios, no vulneró la normativa señalada por el recurrente como infringida. Por ende, lo procedente es no acceder a las pretensiones del demandante.

    Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el acto administrativo contenido en la Resolución N° 304-00 D.G. de 1° de junio de 2000, emitida por el Director General de la Caja de Seguro y por lo tanto, niega las pretensiones del recurrente.

    N..

    VICTOR L. BENAVIDES P.

    WINSTON SPADAFORA FRANCO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L.

    JANINA SMALL (Secretaria)