Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 16 de Mayo de 2012

Ponente:Luis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución:16 de Mayo de 2012
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

VISTOS:

El licenciado T.L.Á., actuando en nombre y representación de la señora A.M.G.C., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, a fin que se declare nulo, por ilegal, el Decreto No. 329 de 19 de agosto de 2009, dictada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

La pretensión del demandante, se encamina a obtener la nulidad del Decreto No. 329 de 19 de agosto de 2009, dictada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, por la cual se destituye a la señora A.M.G. CASTILLO del cargo de subteniente.

Inconforme con la decisión adoptada, la señora A.M.G.C. promovió y sustentó Recurso de Reconsideración, recurso que fue negado por el Ministro de Seguridad Pública, mediante el Resuelto No. 1031-R-603 de 20 de noviembre de 2009, confirmando de esta manera el acto emitido mediante el Decreto Personal No. 329 de 19 de agosto de 2009.

  1. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

    Arguye el apoderado judicial, que su poderdante fue destituida del cargo de Subteniente bajo el fundamento de haber violentado la norma constitucional contemplada en el artículo 311.

    Manifiesta el apoderado judicial, que el M.M.L. se encontraba de vacaciones para el día 19 de agosto de 2009, por lo que el Ejecutivo Teniente J.B., J. Encargado de la Dirección de Investigación Judicial de San Miguelito, le informó a su representada que tenía que asistirlo a una reunión, donde el tema a tratar era el aumento salarial a la unidades de la Policía Nacional.

    Sostiene que su poderdante nunca participó en manifestaciones ni incurrió en insubordinación ni en desacato ni tuvo conducta contraria a la Ley y al Reglamento.

    Que sin mediar explicación alguna, su poderdante se enteró mediante Orden General No. 156 de 19 de agosto de 2009, de su destitución bajo el fundamento de haber violentado la norma constitucional contemplada en el artículo 311, notificándose la señora G.C., de su destitución el día 25 de agosto de 2009, comunicada mediante Nota No. 2411-09 de 20 de agosto.

    Agrega que por los años de servicios y de acuerdo con los créditos universitarios de sus estudios especializados, tiene derecho a la estabilidad en el desempeño de su cargo.

    Por otro lado, sostiene el apoderado, que no puede considerarse como manifestación o declaración política ni como alteración del orden público, ni como indisciplina, en vista que las unidades se aglutinaron de forma espontánea, solo para saber el resultado de la reunión que se llevaba a cabo con el Director General de la DIJ, para saber sus aumentos salariales, ya que nunca hubo disposición por parte de esta entidad en hacerles saber ni cuando y como se les entregaría el supuesto aumento salarial, ese aglutinamiento fue de forma pacífica con conocimiento de sus superiores, sin intervención de personas ajenas ni ningún tipo de manifestación de índole proselitista.

    Agrega que, si su representada incurrió en insubordinación, que no es el caso, la sanción que le fue impuesta fue inadecuada, toda vez que el artículo 126 de la citada Ley 11 de 3 de junio de 1997, establece solamente una sanción de cuatro meses de arresto y no la destitución.

  2. LAS NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCION

    Señala la recurrente como normas violadas, los artículos 109, 117, 118, 122, 123 y 126 de la Ley No. 18 de 1997; el artículo 14, 36, 56, 97, 107, 132 y 135 del Decreto Ejecutivo 204 de 3 de septiembre de 1997; el artículo 102, 214, 272, 278 y 388 del Decreto Ejecutivo 172 de 3 de 29 de julio de 1999.

    Al motivar los cargos endilgados, el apoderado señala, que se ha violado de forma directa por omisión los artículos 109, 117, 118, 122, 123 y 126 de la Ley 18 de 1997.

    Analicemos el contenido de los artículos antes mencionados de forma individual, que a la letra dicen:

    Artículo 109. El miembro de la Policía Nacional tendrá derecho a:

    1. Gozar de estabilidad en el desempeño de sus cargos. En consecuencia, sólo podrán ser retirados de servicio por los motivos señalados en esta Ley y sus reglamentos.

    2. Gozar de treinta días de vacaciones anuales pagadas.

    3. Obtener permisos remunerados, así como licencias, con o sin sueldo. Las formas y procedimientos relativos a éstas serán determinados en el reglamento interno de la Policía Nacional.

    4. Percibir el pago de sus vacaciones y decimotercer mes, aun en los casos de destitución o renuncia.

    5. Cumplir un horario de servicio, que se determinará de acuerdo con esta ley, adaptado a las peculiares características de la función policial.

    6. Emitir libremente su voto durante las elecciones.

    7. Reunirse pacíficamente en su tiempo libre, para tratar asuntos que no tengan relación con actividades políticas.

    8. Percibir una remuneración justa, conforme a lo establecido en esta Ley, o en leyes especiales y sus reglamentos.

    9. Ejercer la propiedad del cargo y usar el título correspondiente. El uso del título del cargo policial, queda prohibido para la realización de actividades comerciales y políticas.

    10. Servir el destino y cumplir las funciones inherentes a cada cargo y nivel. (...).

      Sostiene que su representada tiene derecho a la estabilidad en el desempeño de su cargo, según la norma transcrita, de igual forma indica, que tienen derecho a reunirse pacíficamente en su tiempo libre siempre que la misma no tenga relación con actividades políticas, siendo un derecho reconocido no solo en la Constitución Política, sino también en el citado artículo, específicamente en su numeral 7.

      Artículo 117. El Órgano Ejecutivo, dictará un Reglamento de Disciplina, aplicable a los miembros de la Policía Nacional, que deberá estar inspirado en los principios que la Constitución y las Leyes atribuyen a esta institución.

      El Reglamento Disciplinario, regulará la adecuada sanción por la infracción de los principios de conducta que recoge esta Ley y aquellos otros propios de la organización policial.

      El procedimiento disciplinario deberá observar las garantías procesales contenidas en el Código Judicial para el imputado, sin que, bajo ningún concepto, éste pueda quedar en estado de indefensión.

      Manifiesta que la presunta conculcación del artículo 117 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional se debe a que su representada se le sancionó con la medida extrema de destitución sin respetarle sus garantías procesales, sostiene lo anterior, por razón que a su representada no se le formuló cargos previamente en su contra, para su debida defensa, de poner el caso ante una Junta Disciplinaria, de darle oportunidad al acusado para que pueda presentar sus pruebas y contrapruebas para su defensa, violándole de esa manera sus garantías procesales, establecidas en la norma arriba citada.

      Artículo 118. Salvo los casos definidos en el Reglamento de Disciplina como faltas leves o menores, no se impondrán sanciones sino en virtud de instrucción previa y conforme al procedimiento disciplinario correspondiente, que será preferentemente escrito y basado en principios de sumariedad y celeridad.

      Sin embargo, en situaciones de urgencia debidamente comprobadas, el procedimiento podrá ser oral, debiendo documentarse posteriormente por escrito.

      En su relato, sigue señalando el apoderado que se ha violado de manera directa el artículo 118 de la Ley 18 de 1997, toda vez que a su representada no se le respetó el procedimiento, con su destitución inmediata y directa se le conculcaron sus derechos fundamentales previstos en la referida norma, no se le hicieron cargos de forma oral ni por escrito para que pudiera asumir su defensa y demostrar que no incurrió en causal alguna de destitución, estableciendo la norma antes citada que salvo los casos definidos en el reglamento como faltas leves o menores, no deben imponerse sanciones sino en virtud de instrucciones previa conforme al procedimiento disciplinario, basado en los principios de sumariedad y celeridad.

      Artículo 122. Se crean las juntas disciplinarias locales y superiores, a las que corresponde ventilar la comisión de faltas corresponderá ventilar la comisión de faltas al reglamento disciplinario, dependiendo de la gravedad de las mismas.

      Las decisiones de la Junta Disciplinaria Superior son apelables ante el Director de la institución y en segunda instancia, ante el Ministro de Gobierno y Justicia; las de la Junta Disciplinaria Local serán apelables ante la Junta Disciplinaria Superior y en segunda instancia ante el Director General de la Policía.

      Con respecto al artículo antes citado, nos indica el apoderado judicial que se infringió de manera directa por omisión, por razón que a su representada no se le formularon previamente cargos ni se ventiló el caso ante ninguna Junta Disciplinaria, situación que hubiera podido darle oportunidad para exponer sus descargos y demostrar que no incurrió en causal de destitución.

      Artículo 123. El procedimiento disciplinario deberá observar las garantías del debido proceso.

      La investigación disciplinaria, estará a cargo de la Dirección de Responsabilidad Profesional, la cual tiene como finalidad velar por el profesionalismo y alto grado de responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional.

      Concluidas las investigaciones, la Dirección de Responsabilidad Profesional someterá el caso a la Junta Disciplinaria correspondiente, quien decidirá al respecto.

      Manifiesta que a su poderdante no se le sometió a un proceso disciplinario, desconociéndole sus garantías procesales, además, indica que no se llevó a cabo una investigación disciplinaria, sino que se asumió que la misma había participado en una reunión de carácter político partidista o en insubordinación.

      Artículo 126. El Órgano Ejecutivo, podrá imponer penas de arresto hasta de cuatro (4) meses a sus subalternos, para contener una insubordinación o un motín.

      En cuanto a dicha norma, nos indica el demandante, que en el supuesto que su representada hubiera participado en una reunión de subordinación o en un motín, la sanción no contempla la medida de destitución, siendo injusta la medida impuesta y contraria a la norma postulada, infringiendo así la norma antes citada.

      Artículo 14. Los miembros de la Policía Nacional actuarán con absoluta neutralidad política. En consecuencia, no pueden deliberar sobre asuntos de carácter político, pertenecer a partidos políticos, ni intervenir en política partidista. Tampoco podrán efectuar manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva, salvo la emisión del voto. El desacato de la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo y demás sanciones establecidas en la Ley Orgánica y los Reglamentos respectivos.

      Sostiene, que su representada no participó ni directa ni indirectamente en ninguna reunión de tipo político partidista, ni hizo declaraciones políticas ni de insubordinación, y al no encontrarse dicha situación contemplada en la norma antes transcrita, se infringe de esta manera la misma.

      Artículo 36. No se pondrá en ejecución la sanción antes de que la decisión correspondiente quede ejecutoriada, o sea, que se hayan agotado todos los recursos, a excepción de las sanciones a que se refiere el artículo 119 de este Reglamento, las cuales se ejecutarán inmediatamente.

      Manifiesta, que a su poderdante se le impidió permanecer en su cargo, y que la misma interpuso a tiempo sus recursos de reconsideración y de apelación, siendo esta la razón por la cual considera que se infringió el referido artículo, de forma directa, por omisión.

      Artículo 56. Las sanciones establecidas en este Reglamento se aplicará en forma progresiva, como sigue:

      ...c. Destitución: La destitución implica la desvinculación definitiva de la Policía Nacional y conlleva la eliminación en el correspondiente escalafón. La misma ocurre en los siguientes casos:

    11. Haber sido condenado mediante sentencia judicial ejecutoriada por la comisión de un delito doloso que amerite pena de prisión.

    12. Por decisión disciplinaria ejecutoriada, tras la violación de la Ley o sus reglamentos.

      Sostiene que su representada no fue condenada ni procesada por delito alguno, y a pesar que su situación no fue sometida al trámite disciplinario, se le destituyó injustamente y sin causa que lo amerite, señalando el apoderado, que es esta la razón por la que considera que se ha infringido el numeral 2 del mencionado artículo.

      Artículo 97. Son derechos del acusado: a- Que se le cite oportunamente para que comparezca ante la Junta correspondiente. b- Que se le informe el motivo de su comparecencia. c- Que la institución le proporcione defensa técnica. En caso de renuncia a este derecho, el acusado asumirá personalmente su defensa.

      Agrega que a su representada se le destituyo inmediatamente sin citarla para que compareciera a la Junta Disciplinaria sin explicarle el motivo de la destitución, y sin reconocerle el derecho o la oportunidad de defensa.

      Artículo 107. El anuncio o la presentación del recurso interrumpe la aplicación de la sanción.

      Expone el apoderado, que a pesar que su representada interpuso los recursos de reconsideración y de apelación, no se suspendió los efectos del acto de destitución, siendo separada tácticamente y de inmediato del puesto, sin esperar el resultado de los recursos interpuestos.

      Artículo 132. Las faltas gravísimas son aquellas de competencia del Presidente de la República o de la Junta Disciplinaria Superior, según sea el caso, y podrán ser castigadas con cualesquiera de las siguientes sanciones: a- Arresto no mayor de sesenta (60) días. b- Destitución.

      La sanción de arresto será impuesta por la Junta Disciplinaria Superior y la destitución por el Presidente de la República.

      En relación a los recursos que se interpongan en contra de estas sanciones, privará lo dispuesto en el artículo 107 de este Reglamento.

      Con respecto a esta norma, sostiene el apoderado que su representada no participó de ninguna manifestación o reunión política partidista ni en insubordinación ni en desacato, pero si en vía de discusión admitieran que sí participó, lo que procedía aplicar era una pena de arresto.

      Artículo 135. Se consideran faltas gravísimas de servicio:

      1-Abandonar su arma en el puesto de servicio.

      2- Cometer actos de insubordinación o deslealtad que originen desórdenes en el país, atentando contra la seguridad y la integridad institucional.

      3-Divulgar actividades internas que afectan la seguridad de la misma.

      4-Demostrar cobardía en el desempeño de sus funciones.

      5-Faltar al trabajo por tres (3) días consecutivos o más sin causa justificada. (deserción)

      6- Disparar contra un ciudadano o vehículo en fuga sin seguir los procedimientos establecidos.

    13. Hacer entrega de objetos presuntamente hurtados a las víctimas o familiares sin orden escrita de autoridades competentes.

      8- Hacer arreglos internos relacionados con casos delictivos.

      9- Libar licor estando de servicio o uniformado, escenificando espectáculos indecorosos.

      10-Hacer prestamos o negociaciones de cualquier naturaleza, con ánimo de lucro.

    14. Elaborar órdenes de pago sin haber recibido la totalidad de las mercaderías señaladas.

      12- Incurrir en falsedad en la adquisición, control y recepción de mercaderías, materiales y víveres o cualquier otro artículo de uso o consumo en lo que respecta al peso, cantidad, naturaleza, estado y medida.

    15. Incurrir o participar en motines.

      Nos dice que la conducta de su representada no se subsume en ninguno de los presupuestos jurídicos especificados en la norma.

      Artículo 102. Los policías que hayan sido nombrados antes de aprobada y reglamentada esta ley, adquirirán su status de carrera de manera automática.

      Sostiene que su poderdante adquirió el status de Carrera Policial de manera automática, por lo que se encuentra amparada para no ser destituida, por los procedimiento contemplado en la ley.

      Artículo 214. El derecho a percibir la remuneración por vacaciones no se perderá, cualquiera sea la causa de la terminación de la relación de trabajo entre el servidor público y el Estado.

      Indica que a la señora G., se le destituyó sin reconocerle ni pagarle sus vacaciones a que tiene derecho, violando sus derechos humanos.

      Artículo 272: Los inventivos y beneficios forman parte de la política salarial de la Institución la cual debe estar amparada en el principio de justicia y equidad.

      En relación a esta norma nos dice que, al no aplicar el Órgano Ejecutivo la misma, toda vez que el objeto de la reunión era simplemente para tratar de informarse del cuál sería el criterio justo de que los miembros de la Dirección de Investigación Judicial tenían también derecho a percibir este aumento de manera completa sin ningún tipo de reducción, como en su efecto se produjo, y que por razones de justicia y de equidad, este incentivo decretado por el señor Presidente de la República para los miembros de la Policía Nacional, nunca llego en su totalidad a los miembros de la DIJ como se indicó, incluso se privó a oficiales como a su representada de recibir como en derecho corresponde de dicho beneficio sin ningún tipo de discriminación.

      Artículo 278. El reconocimiento económico por acreditamiento de título universitario constituye un reconocimiento adicional al policía que con esfuerzo logra la carrera universitaria, por tal razón este incentivo económico preferiblemente debe ir acompañado de la reubicación del empleado en puesto que permita el desarrollo de su especialidad y que la organización se beneficie de los conocimientos adquiridos por el empleado.

      Señala que su cliente tiene título universitario, por consiguiente, sostiene que tenía derecho al incentivo económico a que se refiere la norma, pero en vez de reconocérseles los esfuerzos para su superación personal y para dar un mejor servicio a la institución lo que se hizo fue destituírsela automáticamente sin respetarle las garantías procesales.

      Artículo 388. En los casos de que trata el artículo anterior, el Ejecutivo, previa recomendación de la Junta Disciplinaria Superior, podrá ordenar la destitución del cargo de la unidad investigada, por la comisión de una falta disciplinaria.

      Sostiene que se infringió la norma antes citada, por razón que a su representada no se le sometió a un proceso disciplinario, ni se le respetaron sus derechos procesales, ni se le formularon previamente cargos, infringiendo la norma de forma directa por omisión.

  3. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

    De la demanda incoada se le corrió traslado al Ministerio de Gobierno y Justicia para que rindiera el correspondiente informe explicativo de conducta, presentado el mismo, dentro del término correspondiente.

    En el referido informe se deja constancia de lo sucedido el día 19 de agosto de 2009, hechos que fueron plasmados posteriormente mediante el informe identificado como DIJ-01-930-09 de la misma fecha. Situación que tiene su origen, según el informe de conducta, cuando un grupo de unidades de la institución abandonaron sus puestos de trabajo situándose en la entrada principal de la Dirección de Investigación Judicial e impidieron el normal desenvolvimiento de las actividades y la atención de las víctimas que acudían a interponer denuncias, coreando consignas en una actitud agresiva e irrespetuosa, no dignas de un miembro de la Policía Nacional.

    Agrega que también se hizo constar la participación en la manifestación de unidades que se encontraban en su tiempo libre o haciendo uso de vacaciones y otras pertenecientes a subdirectores de la Dirección de Investigación Judicial con sede en Chorrera, Arraiján y San Miguelito.

    Sostiene la entidad que la medida de destitución fue tomada, ya que se hizo evidente la naturaleza política de la manifestación llevada a cabo por los miembros de la Dirección de Investigación Judicial el día 19 de agosto de 2009, y ante la citada prohibición por parte del artículo 311 constitucional con relación a los miembros de los servicios de policía.

    El representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No.769 de 16 de julio de 2010, visible de foja 40 a la 49 del negocio que nos ocupa, solicitó a esta Superioridad que se declare que no es ilegal la resolución que se impugna.

    Sostiene la Procuraduría, que contrario a lo que señala en la demanda, la actora no estaba amparada por la carrera policial establecida en la Ley 18 de 1997, y en consecuencia, tampoco gozaba de estabilidad en el cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación con al Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

    Agrega que, aunque es cierto que las leyes 16 de 1991 y 69 de 27 de 2007, contemplan en sus artículos 49 y 21, respectivamente, el reconocimiento de este derecho a favor de parte del personal que laboró en las mismas, lo cierto es que la señora A.G.C. no llegó a gozar de estabilidad en el cargo, puesto que no existe en el expediente judicial ni administrativo evidencia alguna que permite establecer que su ingreso a la Policía Técnica Judicial o a la Dirección de Investigación Judicial, se produjera a través del procedimiento de selección por un concurso de méritos; requisito que le hubiera garantizado la estabilidad en el cargo.

    Manifiesta el Procurador de la Administración, que dicho derecho solo podría haberse adquirido si la interesada, A.M.G.C., hubiera sido nombrada en la Policía Nacional antes de las fechas en que entraron a regir la ley Orgánica de la Institución y en su respectiva reglamentación.

  4. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

    Evaluadas todas las piezas procesales que reposan en el presente negocio, y analizada la violación que se le endilga al acto acusado, la Sala procede a resolver la presente controversia, previa las siguientes consideraciones.

    Primeramente, mediante el acto demandado se decidió destituir una serie de funcionarios de la Policía Nacional, entre ellos la demandante A.M.G., en base a lo establecido en el artículo 311 del la Constitución Nacional, el cual dispone que: "los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva, tampoco podrán intervenir en la política partidista, salvo la emisión del voto. El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo. Además de las sanciones que establezca la ley.".

    Entre las normas que la representación judicial de la parte demandante dice violentadas por el Decreto de Personal No.329 de 19 de agosto de 2009, dictado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, tenemos el artículo 109, 117, 118, 122, 123, 126 de la Ley 18 de 1997, y los artículos 14 y 36 del Decreto Ejecutivo 204 del 3 de septiembre de 1997.

    En primera instancia el artículo 109 de la Ley 18 de 1997, señala el derecho de los miembros de la policía nacional a tener estabilidad y de reunirse pacíficamente en su tiempo libre.

    Mientras tanto los demás artículos de la ley 18 de 1997, hacen referencia al reglamento disciplinario, a las faltas y el procedimiento disciplinario, y sanciones aplicables.

    Por su parte el artículo 14 del Decreto ejecutivo 204 de 1997, habla sobre la neutralidad política con que deben actuar los miembros de la policía. Y el artículo 36 del mismo Decreto, versa sobre la ejecutoria de las sanciones impuestas.

    Analizando el tema en toda su extensión, podemos determinar que la decisión de destitución de la señora A.M.G.C., contenida en el acto demandado, tuvo como fundamento una norma constitucional, precisamente el artículo 311 de la Constitución, el cual citamos en párrafos superiores.

    Al revestir la norma constitucional una superior jerarquía a la legal, carecen de aplicación las normas legales que se dicen violentadas, puesto que la norma constitucional en referencia no necesita ser desarrollada mediante ley alguna para su aplicación, ya que de por si determina un comportamiento y una sanción, destitución, en el caso de los miembros de la policía.

    Esta superior jerarquía de la norma constitucional sobre la legal, es lo que se ha denominado la supremacía de la constitución, estableciéndose en el artículo 12 del Código Civil, que cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se preferirá aquella.

    Además, la representación legal de la parte demandante ha intentado probar sin éxito que la demandante A.M.G., no participó en la manifestación que le acarreó su destitución y que esta no tenía connotación política. No olvidemos que el acto administrativo se presume legal y corresponde a quien lo demanda demostrar lo contrario a través de la contienda enmarcada en el proceso.

    "...

    Partiremos del hecho que los actos administrativos están amparados por la llamada "presunción de legalidad", es decir, que se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la Sala por infracción del ordenamiento jurídico. Por ello, precisamente, la jurisprudencia de la Sala Tercera ha sostenido reiteradamente que la cautelación de los efectos del acto demandado sólo procede cuando el actor demuestre la existencia de una infracción ostensible, manifiesta o incontestable de los preceptos que se cita como violados.

    ...". (Sala Tercera, resolución de 18 de junio de 2003).

    "...

    Esto obedece a que a la presunción de legalidad que recae sobre los actos administrativos, que deben ser dictados conforme a las leyes que se encuentran en vigencia, garantizando así el Estado de Derecho.

    Con relación a este tema, la doctrina ha sido clara en expresar que "... los actos administrativos se presumen legales, esto es, ajustados a las reglas cuyo cumplimiento les es obligatorio. La consecuencia de esta presunción es la de que dichos actos deben ser obedecidos por las autoridades y por los gobernados" (PENAGOS, G.,El Acto Administrativo, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, Colombia, 1981, 3ra ed. pag. 80)

    En relación con el tema, el notable jurista argentino Dr.Roberto D., en su obra El Acto Administrativo, formula los siguientes comentarios ilustrativos:

    "Es la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente. La presunción de legitimidad importa, en sustancia, una presunción de regularidad del acto."

    Es la suposición de que el acto fue emitido conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico. Es una resultante de la juridicidad con que se mueve la actividad estatal. La legalidad justifica y avala la validez de los actos administrativos, por eso crea la presunción de que son legales, es decir, que se presume válidos y que respetan las normas que regulan su producción.

    Que el acto en principio sea regular significa que básicamente es válido, pues reúne todos sus requisitos; puede contener algunos vicios, no obstante sigue siendo regular. Por lo tanto, descartamos, dentro de esa presunción, a los actos que no son regulares (71). Vale decir, los actos inexistentes"

    "La nulidad de los actos administrativos a diferencia de los actos jurídicos privados, no puede declararse de oficio por los jueces, salvo los casos de inexistencia, en los que, por otra parte, el acto no se presume legítimo." (DROMI, R.,El acto Administrativo, Ediciones Ciudad Argentina Buenos Aires, 1997, 3ra ed. P.. 76-79)".

    ..." (Sala Tercera, resolución de 14 de mayo de 2004).

    En ese sentido las pruebas presentadas por la demandante no logran establecer que la demandante no participó en tal manifestación y que la misma no haya sido de connotación política.

    En este caso, las pruebas presentadas no son concluyentes para determinar que la demandante no participó en tal manifestación.

    En ese sentido, el declarante C.S.B., fojas 123 a la 126, indica que, "como en medio de la reunión se informó de que los funcionarios estaban en las afueras de la institución reunidos, la gran mayoría de los jefes que se encontraban allí salió a ver qué era lo que estaba pasando y entre ellos estaba la Lcda. A.M..". Como vemos, esta declaración no es determinante para establecer que la demandante no participó en la manifestación.

    En concomitancia con lo anterior, al ser entrevistado el Director de la Policía Nacional, señala que, "las actuaciones de las personas que fueron destituidas se encuentran documentadas y la decisión presidencial fue en virtud de las acciones que desarrollaron durante la manifestación que realizaron el 19 de agosto de 2009, en la entrada principal de la Dirección de Investigación Judicial, en desacuerdo al Decreto Ejecutivo No.250 de 22 de julio de 2009, que modificaba a partir del 1 de agosto de 2009, el sueldo base mensual devengado por los miembros de la Fuerza Pública.".

    También el Director de Investigación Judicial, al declarar fojas 110 a la 113, indica que, "todos los destituidos están filmados participando del piqueteo o manifestación.".

    No existiendo pruebas de la ilegalidad del acto demandado, que como hemos visto tiene un abrigo constitucional, se estima no probadas las infracciones legales invocadas por la representación judicial de la parte demandante.

    Además, la manifestación que se originó por miembros de la Policía Nacional, mal podría decirse que no es política, si entendemos como política, la actividad humana que tiene como objetivo gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad, ya que en la misma lo que se mostraba era un desacuerdo con una decisión del ejecutivo de modificar a partir del 1 de agosto de 2009, el sueldo mensual devengado por los miembros de la fuerza pública.

    Expresado lo anterior, debemos establecer que mediante el acto demandado, Decreto No.329 de 19 de agosto de 2009, se destituyó a un número plural de personas, siendo que la presente sentencia sólo analiza el caso particular de la señora A.M.G., por tratarse este el tema in examine, y por encontrarnos inmersos en una demanda de plena jurisdicción, en la cual lo que se busca el reestablecimiento de un derecho subjetivo y particular.

    Por lo que antecede, La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto de Personal 329 de 19 de agosto de 2009, dictado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, en consecuencia se NIEGAN las demás pretensiones, con relación a la demanda presentada a favor de A.M.G..

    N.,

    LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

    ALEJANDRO MONCADA LUNA -- VICTOR L. BENAVIDES P.

    KATIA ROSAS (Secretaria)