Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Marzo de 2009

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución13 de Marzo de 2009
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La firma forense Rosas y R., actuando en representación de T.M.M.R.D.S., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Núm. 269-DDRH de 8 de julio de 2005, emitido por el Contralor General de la República, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Admitida la demanda, mediante la resolución de 16 de marzo de 2006 (f.115), se corre en traslado al Procurador de la Administración y a la entidad requerida, a efectos de cumplir con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, que ordena la rendición del informe explicativo de conducta.

A través del acto administrativo que se impugna, es decir, el Decreto Núm. 269-DDRH de 8 de julio de 2005, se resuelve lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el nombramiento de la señora T.M.M.R. de S. portadora de la cédula de identidad personal N.. 6-24-942 y seguro social N.. 105-3170, en la Posición Núm. 2778, como Asistente Ejecutivo II, cargo según funciones de Asistente Ejecutiva II (Grado 25) de la Dirección Superior de la Contraloría General de la República.

...

En el líbelo de demanda, la firma recurrente solicita a los Honorables Magistrados integrantes de la Sala Tercera, se hagan las siguientes declaraciones:

"A. Que es NULO, por ilegal, el Decreto N° 269-DDRH de 8 de julio de 2005, emitido por el señor Contralor General de la República mediante el cual se dejó sin efecto el nombramiento de la Licenciada T.M.M.R.D.S. "como Asistente Ejecutivo II cargo según funciones Asistente Ejecutivo II (Grado 25) de la Dirección Superior de la Contraloría General de la República".

  1. Que es NULA, por ilegal, el Decreto N° 407 de 15 de septiembre de 2005, igualmente emitido por el señor C. General de la República, que denegó recurso de reconsideración interpuesto contra el decreto de destitución y confirmó en todas sus partes el mismo.

  2. Que la Licenciada T.M.M.R.D.S. tiene derecho a ser reintegrada al cargo que ocupaba en la Dirección Superior de la Contraloría General de la República y a que se le paguen los sueldos dejados de percibir, las cuotas de décimo tercer mes y demás prestaciones económicas correspondientes al período de separación ilegal, desde el momento en que fue separada de su cargo hasta la fecha en que sea efectivamente reintegrada al cargo que venía desempeñando.

  3. Que la nombrada tiene derecho a que el período de separación ilegal de su cargo sea considerado como de servicio efectivamente prestados para los fines de antigüedad, jubilación, promoción en la escala jerárquica y demás efectos legales correspondientes.

  4. Que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA está obligada a reconocerle a la LICENCIADA MONTEZA DE S. los derechos que ella reclama y que se han consignado en las pretensiones anteriores de este libelo de demanda."

La parte actora, sustenta sus pretensiones en los siguientes hechos y fundamentos:

"PRIMERO: La Licenciada TIRZA MARÍA MONTEZA RODRÍGUEZ DE STAGG ingresó a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en enero de 1990, prestando servicios ad-honorem. Posteriormente mediante Decreto N° 117 de 5 de julio de 1990, fue nombrada con un sueldo mensual de MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.1,500.00) y desempeñó el cargo de Auditora Especial y Jefe de Control Fiscal en la Universidad de Panamá, la cual es una función propia y permanente de la Contraloría General de la República.

SEGUNDO

El Contralor General de la República, con fundamento en el Decreto N° 69 de 31 de marzo de 1998, en el que se aprobó la clasificación de cargos del personal directivo de esa institución, y los artículos 8 y 9 de la Ley 32 de 1984, Orgánica de la CONTRALORÍA GENERAL, emitió el Decreto N° 282-DDRH el 16 de enero de 1990, para adicionar el régimen sobre el proceso de reorganización, descentralización y re-distribución de funciones de cargos del personal de asistencia inmediata al Despacho Superior y Despachos Directivos. En este último decreto se adicionaron los Grados 24 y 25 a la escala jerárquica de los cargos de la Contraloría General de la República, y se clasificó el cargo de Asistente Ejecutiva II en el Grado 25, con todos los derechos y deberes instituidos por la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Reglamento Interno de ésta.

TERCERO

Conviene destacar que el artículo tercero del Decreto N° 69 de 31 de marzo de 1998, adicionó el artículo 136-B al Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, con la siguiente norma:

...

Por tanto, la LICENCIADA MONTEZA DE STAGG ingresó a esa carrera pública especial, puesto que el cargo público que ejercía fue clasificado en la estructura de personal de la institución y ella fue nombrada en forma permanente en el mismo. Al ingresar a dicha carrera pública especial y ejercer el cargo por un período superior a cinco (5) años adquirió el derecho a estabilidad en el mismo, conforme lo establecen las normas legales respectivas.

CUARTO

La LICENCIADA DE STAGG ingresó a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con base a sus méritos personales y profesionales, que incluyen su rectitud en su desempeño, su formación académica y su extensa trayectoria como servidora pública durante treinta y dos (32) años, durante los cuales desempeñó los cargos de Contadora en el Departamento de Contabilidad en la CAJA DE SEGURO SOCIAL, Analista Económica en la extinta Dirección General de Planificación de la Presidencia de la República, Secretaria General de Comisión de Reforma Agraria, Secretaria Administrativa de la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia de la Universidad de Panamá, Directora Administrativa de la Lotería Nacional de Beneficencia, Secretaria General de esa entidad autónoma del Estado y Profesora en la Cátedra de Teoría Administrativa.

QUINTO

La LICENCIADA MONTEZA adquirió estabilidad en el cargo público que vino ejerciendo en la Contraloría General de la República de acuerdo al artículo 9 de la Ley 32 de 1984, puesto que desempeñó el mismo durante más de cinco (5) años a satisfacción de sus superiores jerárquicos y demás funcionarios ante o con quienes desempeñó sus atribuciones oficiales. Nunca hubo queja en su contra y nunca fue sancionada disciplinariamente por razón de falta cometida en el desempeño de sus atribuciones.

SEXTO

Mediante Decreto N° 269-DDRH de 8 de julio de 2005, el señor C. General dejó sin efecto el nombramiento de nuestra mandante sin habérsele formulado cargo alguno, invocando únicamente como fundamento de la medida, que el ingreso de ella a la CONTRALORÍA GENERAL "no fue por concurso de mérito" y que el cargo que ejercía "es de libre nombramiento y remoción", debido a la naturaleza de las funciones que ejercía, "las cuales están fundadas en la confianza de la autoridad que la nombró". El cargo que ejerció durante su permanencia en la Contraloría General no puede considerarse de confianza, debido a que no ejercía funciones directivas y su desempeño fue continuo, adquiriendo la estabilidad como servidora de esa entidad, tal como lo hemos expuesto en el hecho Tercero de esta demanda. Además, su desempeño estaba sujeto a la evaluación ordenada por el Reglamento Interno de la institución.

SÉPTIMO

Contrario a lo que se asevera en el decreto de destitución, nuestra mandante desempeñó las típicas funciones asignadas al personal de la Contraloría General de la República y con personal subalterno a su cargo, al extremo de que generalmente no tenía oficina en el Edificio Sede de la Institución, sino en las entidades estatales oficiales en las que desempeñó sus funciones fiscalizadoras, a excepción de los últimos días previos a su destitución.

...

OCTAVO

Un elemento que contribuye a demostrar que la LICENCIADA MONTEZA DE S. pertenecía a la Carrera Pública Especial de funcionarios de la Contraloría General de la República y que sus funciones eran las típicas de esa entidad del Estado en el área de la Fiscalización y control de los actos de manejo de fondos y bienes públicos, es que su desempeño era objeto de evaluación con la periodicidad que se aplica al resto del personal de esa institución del Estado.

NOVENO

Contra el acto de destitución, nuestra representada interpuso oportunamente recurso de reconsideración, que fue decidido mediante Decreto N° 407-LEG de 15 de septiembre de 2005, que denegó el recurso y que confirmó en todas sus partes el decreto impugnado.

Este último decreto, con el que se agotó la vía gubernativa, le fue notificado a la LICENCIADA MONTEZA DE STAGG el 27 de septiembre de 2005, por lo que es viable acudir a la vía contencioso administrativa."

Como disposiciones infringidas por el acto impugnado, la parte actora reseña las siguientes:

Ley N° 32 de 8 de noviembre de 1984.

"Artículo 8. La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo y que todo ascenso responde a un justo reconocimiento de los méritos del servidor promovido. De igual manera, toda destitución o descenso de categoría deberá estar precedida por una investigación destinada a esclarecer los cargos que se le atribuyen al servidor, en la cual se le permita a éste ejercer su derecho de defensa.

Se llevará un historial de servicio de cada uno de los servidores de la Institución en el que debe constar la evaluación anual de su desempeño".

Manifiestan los recurrentes, que la norma transcrita fue conculcada, en concepto directo por omisión, porque a la demandante no se le formularon cargos como causas de destitución, y tampoco se llevó investigación alguna para adoptar la medida de destitución.

Artículo 9. La estabilidad de los servidores de la Contraloría estará condicionada a la idoneidad, lealtad, antigüedad y moralidad del servicio público. Hasta tanto se dicte la Ley de carrera administrativa todo el que haya laborado en la Contraloría, a satisfacción, durante un mínimo de cinco (5) años, gozará de estabilidad y no podrá ser cesado más que por causas establecidas en la Ley o en el Reglamento Interno, debidamente comprobadas. Para los efectos de esta disposición se computarán los servicios prestados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley.

Aducen los recurrentes, que la norma citada fue vulnerada en concepto directo por omisión, porque no fue aplicada al caso en referencia, puesto que la destitución de la demandante no tomó en consideración el derecho a la estabilidad en cargo público que ejercía, tal como lo establece la norma.

Artículo 136 B, del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, adicionado mediante el Artículo Segundo del Decreto Núm. 29-DDRH de 3 de febrero de 1999. Todos los servidores públicos de la Contraloría General, que estén nombrados en forma permanente y que han sido clasificados en un cargo determinado, forma parte de la carrera especial de la Contraloría General de la República.

En concepto de violación directa por omisión, establecen los representes judiciales de la demandante la anterior disposición, al no aplicarse en la emisión del acto de destitución, al declararse en el mismo que ésta era de libre nombramiento y remoción.

Artículo 86, del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, aprobado mediante Decreto N° 194 de 16 de septiembre de 1997. DE LAS CAUSALES DE' DESTITUCIÓN. Son causales dedestitución, las siguientes:a. La reincidencia en faltas que hayan dado lugar a la suspensión temporal sin goce de sueldo (Véase Artículos 38, 42, 55 y 85 de este Reglamento Interno).b. La incapacidad del servidor público para el ejercicio del cargo que desempeña, evidenciado por puntuaciones no satisfactorias obtenidas en dos evaluaciones consecutivas.c. La infracción reiterada de los deberes y prohibiciones establecidos en los, Artículos 78 y 80 de este Reglamento Interno.ch. La deslealtad al. anteponer el servidor público sus intereses a los de la Institución.d. La condena del servidor público por falta cometida en el ejercicio de Sus funciones o por delito común.e. La conducta desordenada e incorrecta del servidor público que ocasione perjuicio el funcionamiento o al prestigio de la Institución.f. El abandono del cargo o sea la ausencia del servidor público de su puesto de trabajo durante tres (3) días consecutivos o más (V.A. 93 de este Reglamento Interno)g. La divulgación sin previa autorización, de asuntos relacionados con la naturaleza del trabajo que desempeña, así como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a fa Institución (Veáse Articulo 125 de este Reglamento Interno).h. La extracción de las dependencias de la Contraloría General de documentos, materiales y/o equipo de trabajo sin previa autorización escrita del Director o Subdirector respectivo y sin la notificación correspondiente al Director de Administración y Finanzas.i. La expedición de certificaciones y constancias ajenas a la verdad de los hechos.j. La ejecución de actos de violencia o maltrato contra directivos, subalternos o compañeros de trabajo.

k. El acoso a través de manifestaciones de contenido sexual: contacto físico, gestos, lenguaje verbal o escrito entre dos (2) servidores públicos del mismo u otro sexo, sin que medie solicitud expresa o tácita, interfiriendo así con el bienestar laboral.l. La solicitud de regalos, concesiones, dádivas o gratificaciones de cualquier clase por la realización de un servicio específico propio de sus funciones o de los servicios que otorga la Institución.ll. La utilización sin autorización de los vehículos o equipo de trabajo de la Contraloría General o del organismo que se fiscaliza.m. La inasistencia al Programa de Salud Mental de la Caja de Seguro Social, quien recomendará el Programa de Rehabilitación al cual debe ingresar el servidor público.n. La reincidencia una vez en el consumo de drogas, detectado éste mediante exámenes de laboratorio; y el incumplimiento con el programa, de rehabilitación recomendado por la autoridad médica competente.

La parte arguye la infracción de esta disposición, en concepto de indebida aplicación, puesto que la norma es prístina al señalar que sólo se autoriza la destitución de un funcionario de la Contraloría General de la República cuando hayan incurrido en alguna de las causales que en ella se instituyen, caso contrario de la recurrente quien no incurrió en las mismas.

"Artículo 87, del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República DE LA INVESTIGACIÓN QUE PRECEDE A LA DESTITUCIÓN. La destitución deberá estar precedida por una investigación destinada a esclarecer los cargos que se le atribuyen al servidor público, en la cual se permita a éste ejercer su derecho a defensa. La investigación debe ser realizada por funcionarios de la Dirección respectiva o cuando el caso lo amerite, por un comité compuesto de servidores que designe el Contralor General."

Ante dicha disposición, la parte actora considera que se ha infringido directamente por omisión, ya que ésta exige que toda destitución de un funcionario público de la Contraloría General de la República, esté precedida de una investigación tendiente a esclarecer los cargos que se le imputan y el correspondiente derecho de defensa. Caso contrario al de la demandante.

Conforme al debido trámite procesal, se corrió traslado de la demanda incoada a la Contraloría General de la República, a fin de que rindiera el informe explicativo de conducta, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

En este orden de ideas y por medio de la Nota Núm. 1244-LEG. PJ de 21 de marzo de 2006 (fs.117 a 120), el Contralor General de la República rinde el informe solicitado, haciendo un recuento fáctico jurídico de la actuación surtida por la entidad que representa, en contraposición con la demanda planteada por la demandante.

El criterio vertido por el Procurador de la Administración, se encuentra legible en la Vista Número 433 de 16 de junio de 2006 (fs.121 a 128), en donde solicita a los Magistrados de esta Sala declarar que no es ilegal el Decreto impugnado y que, en consecuencia, se denieguen las demás declaraciones reclamadas por el demandante.

Lo anteriormente apuntado, obedece al hecho primordial que la demandante era una servidora pública de libre nombramiento y remoción, al no haber acreditado su ingreso a la entidad mediante un concurso de méritos, por lo que la misma no ostentaba estabilidad en su cargo, permitiéndole a la entidad demandada declarar cesante su nombramiento, sin tener que abocarse a un proceso disciplinario ni invocar un causal que justificara la medida adoptada.

Los testigos O.I.N. (fs.169-170); R.D.C.G. (fs.174-175); y H.J.P.A., tienden a comprobar que la demandante, T.M.M.R.D.S., desempeñaba funciones regulares y propiamente asignadas por la Entidad requerida, las cuales consisten básicamente en la fiscalización y control de los actos de manejo de los fondos y efectos públicos.

Visible de fojas 184 a 186, consta escrito de alegato impulsado por la firma forense R. y R., en el que se ratifica de la demanda y las pretensiones incoadas; además, manifiestan que en el presente caso no se presentaron causales que justificasen la medida adoptada en contra de su representada.

Adicional a ello, esbozan las razones que comprueban en forma fehaciente, que su representada cuenta con estabilidad en su cargo.

Evacuados los trámites de procedimiento previstos para este tipo de causas, procede esta Corporación Judicial a resolver el presente proceso, previo a observar las alegaciones, el caudal probatorio y las normas que se consideran infringidas por el acto impugnado, que deja sin efecto el nombramiento de la señora T.M.M.R.D.S., dentro de la Contraloría General de la República.

La firma forense R. y R., apoderados judiciales de la demandante, estiman que el acto recurrido ha vulnerado los artículos 8 y 9 de la Ley 32 de 1984 (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República); que establecen que toda destitución deberá estar precedida de una investigación, así como también, estipulan el derecho a la estabilidad en el cargo por haber laborado un mínimo de cinco (5) años en el Entidad. También, aducen la vulneración del artículo 136 B, 86 y 87 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, los cuales disponen quiénes forman parte de la carrera especial de esta Entidad, categoriza las causales de destitución y la investigación previa a la destitución.

Como aprecia esta M., todas estas normas se encuentran íntimamente relacionadas, por lo cual, su estudio y análisis se hará en forma conjunta.

Al analizar los cargos y descargos planteados, esta Corporación de Justicia advierte que para desatar la discusión propuesta es menester precisar el goce de la estabilidad de T.M.M.R.D.S., en el cargo que ocupaba en la Contraloría General de la República, pues esto define la necesidad de un procedimiento administrativo sancionatorio para ordenar la destitución, siendo estas la normas las que se utilizan como fundamento legal para la emisión del acto.

De las constancias probatorias insertas al expediente, se advierte que la demandante ingresó a la Contraloría General de la República el día 1 de julio de 1990, fecha en que tomo posesión del cargo al que fue designada mediante Decreto Número 117 de 5 de julio de 1990 (f.40 del expediente de antecedentes) y su destitución se dio mediante el acto impugnado, notificado el 1 de agosto de 2005, es decir, aproximadamente quince (15) años después de su ingreso.

La importancia del nombramiento e ingreso a la Entidad demandada, radica en el hecho que para esta fecha regía el artículo 18 del Reglamento Interno de la Institución, el cual fue aprobado mediante Resuelto Núm. 29 de 2 de febrero de 1970, y que disponía que "la selección de las personas para ingresar como empleados a la Contraloría General, se hará por el método de concurso de antecedentes, de créditos por estudios hechos y exámenes teórico-prácticos según la naturaleza del cargo de que se trate. El Director someterá al Contralor General una terna compuesta por los mejores calificados."

En virtud de lo expuesto, se deja claramente establecido que la parte actora no ostentaba la condición de servidora pública de carrera en la Contraloría General de la República, puesto que incumplió con los requisitos exigidos de ingreso a la Entidad, contemplados en el artículo 18 del Resuelto en referencia, por lo que queda sujeta a la Autoridad nominadora, tal como lo prevé esta norma y el artículo 794 del Código Administrativo.

"Artículo 794. La determinación del período de duración de un empleado no coarta en nada la facultad del empleado que hizo el nombramiento para removerlo, salvo expresa prohibición de la Constitución o de la Ley."

Por consiguiente, la señora M.R.D.S. no adquirió el derecho a la estabilidad de que trata el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Los requisitos para adquirir la estabilidad están claramente definidos en el artículo 9 en comento, y en el reglamento de la institución, por lo que deben ser llenados a satisfacción todos estos requisitos. El requisito de antigüedad o tiempo de servicio necesario para adquirir la estabilidad es tan importante y necesario como los de idoneidad, que están claramente acreditados en el expediente; no obstante, el mismo no es plenamente aplicable al momento del nombramiento de la recurrente.

Ante el desamparo de la señora M.R.D.S. por el derecho a la estabilidad, queda en la condición de funcionaria pública de libre nombramiento y remoción, dependiente directamente de la voluntad discrecional de la Autoridad nominadora.

Al fundamentarse la destitución en la discrecionalidad de la Autoridad nominadora, que en este caso lo es el Contralor General de la República, queentre las atribuciones del mismo se encuentran las de nombrar y remover al personal de la Institución, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes (artículo 55, literal b de la Ley 32 de 1984), no es necesario que la destitución se haga a través de un proceso disciplinario o investigación de cargos levantados. Sobre esta consideración no se entienden vulnerados el artículo 8 de la Ley Orgánica, que establece la investigación como requisito para la destitución ni los artículos 136-B y 87 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República.

El decreto de destitución es un acto de carácter particular, y va dirigido directamente a definir el estatus laboral de la demandante, y en el cual entiende afectados sus derechos subjetivos, y se dicta fundamentándose en el hecho de que la funcionaria no se amparaba en el beneficio de la estabilidad concedido a los funcionarios de dicha Institución. Dicho fundamento, que es el que se cuestiona, no entra en contradicción con la decisión adoptada, ya que recordemos que la remoción del personal que se ordena está condicionada a la necesidad del servicio, el perfil académico y el ejercicio efectivo de las funciones, con lo cual, luego de evaluarse estas situaciones, puede bien adoptarse la medida de destitución al no contar con estabilidad.

Por consiguiente, al dictarse el acto administrativo demandado en cumplimiento de las facultades asignadas por el artículo 55, literal b, al Contralor General de la República, de "nombrar, sancionar, remover y cesar al personal de la institución, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes;", no puede tacharse de ilegal, ya que no contraviene norma jurídica alguna.

En fallo de 28 de septiembre de 2007, bajo la ponencia del Magistrado W.S.F., esta S. determinó lo siguiente:

"...

Como ha podido verse, en el presente caso se discute si la señora J.R.B. tenía o no estabilidad y por ende, cuál era el procedimiento que la Contraloría General de la República debía emplear para destituirla del cargo de Secretaria Ejecutiva II.

Para resolver las interrogantes planteadas es necesario recurrir a las normas legales que regulan el tema, concretamente, los artículos 8 y 9 de la Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría General de la República. El primero de estos preceptos regula la forma de ingreso a la institución, es decir, la selección del personal, al disponer que ésta "se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales". De igual modo, autoriza que a través del Reglamento Interno se instituya "un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo y que todo ascenso responda a un justo reconocimiento de los méritos del servidor promovido."

En concordancia con la citada norma, el artículo 9 consagra el derecho a la estabilidad de los servidores públicos de dicha entidad, señalando que éste se adquiere una vez el servidor público "haya laborado en la Contraloría, a satisfacción, durante un mínimo de cinco (5) años". Adquirido este derecho, el servidor "no podrá ser cesado más que por causas establecidas en la Ley o en el Reglamento Interno, debidamente comprobadas."

En igual orden, el artículo 22 del Reglamento Interno regula lo concerniente al reclutamiento y selección de personal, indicando que en éstos se considerará los méritos personales y profesionales a través del análisis de antecedentes, exámenes de libre oposición y de entrevistas, a fin de detectar aptitudes, rasgos y conocimientos, conforme a la naturaleza de las tareas y a los requerimientos mínimos establecidos por el Sistema de Clasificación de Cargos. La misma norma dispone que la Dirección de Recursos Humanos proporcionará una terna compuesta por los aspirantes mejor calificados al Comité de Selección para efectos de la entrevista final.

No está de más indicar, que el artículo 21 del mismo Reglamento enumera los requerimientos de ingreso a esa entidad, entre los cuales está la presentación o constancia de la educación recibida, al igual que reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo, de acuerdo con el procedimiento de selección establecido.

En torno a lo anotado, lo primero que cabe afirmar es que el artículo 9 ibídem no puede interpretarse de manera aislada, sino en concordancia con el resto del ordenamiento jurídico, en particular, con el también mencionado artículo 8. Ello significa, que el derecho a la estabilidad no depende en este caso del mero transcurso del tiempo, sino también del cumplimiento de las condiciones o requisitos de ingreso al puesto público, pues, de lo contrario terminarían adquiriendo el mismo derecho quienes ingresaron en virtud de un nombramiento libre como los que sí cumplieron el procedimiento de ingreso, lo que implicaría un absoluto contrasentido con el texto y espíritu de las normas citadas. La idea, pues, es que el derecho a la estabilidad sólo se adquiere en tanto se cumplan las reglas de ingreso establecidas en la Ley y en el Reglamento Interno, autorizado por ésta.

Es así que el análisis de la situación de la señora ROBLES BORRERO, a la luz de los preceptos comentados, no parece sugerir que ésta estuvo sometida al cumplimiento de todos y cada una de las condiciones de ingreso al cargo de Secretaría Ejecutiva II (Grado 10) que ocupaba. A este respecto, se aprecia que en las pruebas que reposan en su expediente personal (V. gr. su currículum vitae y la solicitud de empleo), no consta que ésta poseía estudios universitarios con especialización en Secretariado Ejecutivo. Lo que sí aparece acreditado a foja 94 del mismo expediente, es que ésta únicamente cursaba el cuarto año de la Licenciatura de Administración de Empresas, con Énfasis en Mercadeo y Comercio Internacional.

En el mismo sentido, salvo el informe de la prueba sicológica visible a foja 93 del expediente administrativo, no consta en éste ninguna otra prueba que demuestre el cumplimiento de las condiciones de selección que se detallan en los artículos 21 y 22 del Reglamento Interno, reiteramos, con autorización expresa del artículo 8 de la ley 32 de 1984.

No está de más agregar, que durante la etapa probatorio del presente proceso la actora no aportó ninguna prueba para acreditar que su ingreso a la Contraloría se dio previa observancia de aquellas condiciones. Contrario a ello, consta a fojas 71 y 72 del expediente principal la declaración del señor M.A.G., quien para la fecha del nombramiento de la actora (2000) ocupaba el cargo de Jefe del Departamento de Servicios Técnicos de Recursos Humanos en la Contraloría General de la República, cumpliendo funciones de selección y reclutamiento de personal, clasificación de cargos, evaluación del desempeño y política de sueldos. En su declaración, el señor G. afirmó que para el período 2000-2004 constituyó una práctica el desarrollo de nombramientos sin que se efectuaran todas las pruebas requeridas por el Reglamento Interno.

Dentro de ese contexto jurídico-fáctico, la Sala arriba a la conclusión de que aún cuando la actora acumuló cinco (5) años de servicios evaluados satisfactoriamente, mal pudo adquirir estabilidad en su cargo, pues, ésta estaba condicionada por la propia Ley al cumplimiento de unos requisitos mínimos y a un procedimiento de ingreso que, según las probanzas de autos, no fueron satisfechos.

Como corolario, la Sala también estima que ante la ausencia del derecho a la estabilidad que amparase a la demandante, el funcionario nominador no estaba obligado a iniciar un procedimiento administrativo para demostrar que ésta había incurrido en una causal de destitución, bastando en todo caso adoptar esa decisión en virtud de la facultad de libre nombramiento y remoción que le confiere el artículo 55 de la Ley 32 de 1984.

En consecuencia, la Sala conceptúa que no se han producido las infracciones de los preceptos que se citaron como violados, razón por la cual procede negar las pretensiones de la demanda.

Por tanto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Decreto No. 78-DDRH de 17 de marzo de 2005, expedido por el Contralor General de la República y por tanto, NIEGA las restantes pretensiones.

..."

Ante los razonamientos expuestos, la Sala se ve precisada a rechazar los cargos de ilegalidad atribuidos al acto administrativo impugnado en la presente demanda, negando con ello las pretensiones formuladas por la parte actora.

Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto Núm. 269-DDRH del 8 de julio de 2005, emitido por el Contralor General de la República, así como tampoco lo es su acto confirmatorio; y en consecuencia, NO ACCEDE a las demás declaraciones contenidas en la demanda presentada.

N..

VICTOR L. BENAVIDES P.

WINSTON SPADAFORA FRANCO -- HIPÓLITO GILL SUAZO

JANINA SMALL (Secretaria)

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