Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 20 de Mayo de 2009

PonenteWinston Spadafora Franco
Fecha de Resolución20 de Mayo de 2009
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: La Firma Forense George & George, actuando en representación de U.G., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con la finalidad de que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 4897-2005 de 12 de abril de 2005, emitida por el D. General de la Caja de Seguro Social. I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO Por medio de la resolución atacada, se resuelve destituir al señor U.G., con posición No. 8-11-01-0-00001, en el cargo de D. de Contabilidad, en la Dirección Nacional de Contabilidad, por el incumplimiento de los deberes y violación de las prohibiciones, de forma reiterada, que señalan los Artículos 20 y 21 del Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social.(fs. 26 a 35 del expediente). Este acto originario fue mantenido en todas sus partes a través de la Resolución No. 39, 752-2007- J.D. de 26 de julio de 2007, proferida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. (ver fojas 23-25 de este expediente). II. DISPOSICIONES SUPUESTAMENTE INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN Como supuestas disposiciones infringidas por la resolución impugnada, la parte actora hace mención de los artículos 107 y 112 del Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social, vigente a la fecha; el artículo 28-A- del Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, vigente a la fecha de la emisión del acto impugnado; artículos 52 (numeral 4) y 173 de la Ley 38 de 2000. Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social: "Artículo 107. De la comisión o posible comisión de falta, debe haber un informe escrito del jefe inmediato. Dicho informe deberá ser de conocimiento del funcionario, al cual se le debe garantizar el acceso al mismo y a las pruebas que se agreguen a la investigación, a la práctica de las que se solicite y sean conducentes, así como a ser oído en declaración de descargo......" Considera la firma Forense George & George, que la norma citada ha sido infringida, en vista de que el informe especial, que sirvió como sustento del acto que ordenó la suspensión de 30 días hábiles, no fue previamente del conocimiento de su representado, evitando así recurrir el mismo, negándosele también el acceso a las pruebas que se agregaron a la investigación y a practicar las pruebas que fueron aducidas. "Artículo 112. Los servidores públicos sometidos a investigación judicial o administrativa pueden ser objeto de separación de sus cargos, en virtud de mandamiento de autoridad judicial competente, o de la máxima autoridad administrativa de la Caja de Seguro Social en casos de procesos disciplinarios. En los casos de carácter disciplinario, la Dirección General podrá separar provisionalmente al servidor público por un término no mayor de treinta (30) días hábiles, posteriores a la comisión del acto, periodo en el cual debe concluirse la investigación por parte de los funcionarios competentes. (subraya la actora) Cuando la investigación realizada demuestre que no existe causal de destitución, el servidor público se reincorporará a su cargo y recibirá la remuneración dejada de percibir durante la separación". Según la norma arriba transcrita, sostiene la parte actora que, teniendo en cuenta que la entidad nominadora, en este caso la Dirección General, disponía de un término no mayor de 30 días hábiles posteriores a la comisión del acto sometido a la investigación, término improrrogable, dentro del cual debió concluir dicha etapa, sin embargo, según expresa el demandante éste mandato de reglamento no se cumplió, ni se le permitió al afectado ni a su apoderada judicial tener acceso al expediente. Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social: "Artículo 28-A. Los funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social con cinco (5) años de servicios continuos e ininterrumpidos que trabajen en tiempo completo al servicio de la institución, gozarán de estabilidad en sus cargos y no podrán ser removidos o suspendidos sin que medie una causa justificada. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social establecerá los requisitos generales para ser funcionario de la Institución y dictará las normas reglamentarias para los nombramientos de investigación, medidas disciplinarias y sanciones que se impondrán en caso de violaciones cometidas por los funcionarios, de acuerdo al reglamento interno de personal y al manual de clasificación de puestos vigente ......................................................................". (Subraya la actora). Respecto a esta disposición, señala quien demanda ha sido vulnerada, en virtud de que el señor G., con treinta y cuatro (34) años de servicios continuos con la institución, estaba amparado por el régimen de estabilidad, y al violarse flagrantemente el Reglamento Interno de Personal en lo que se refiere al debido proceso, ni probado procesalmente la causa justificada de su destitución. Ley 38 de 2000: "Artículo 52. Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados, en los siguientes casos: 1. ........... 2. ........ 3. ....... 4. Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que impliquen violación del debido proceso legal; ...............". Considera el demandante, que esta norma ha sido transgredida ya que en lo relativo a la separación del cargo por el término de 30 días y así como en la destitución del mismo, la entidad demandada a actuado de forma arbritaria, prescindiendo y omitiendo en términos absolutos los trámites fundamentales que deben cumplirse antes de tomar la medida extrema de destitución de un administrativo, amparado por el régimen de estabilidad, desarrollado en el Reglamento Interno de Personal, sobre la aplicación de normas disciplinaria a funcionarios de la institución de seguridad social. "Artículo 173. El recurso de apelación deberá concederse en el efecto suspensivo, salvo que exista una norma especial que le asigne un efecto diferente". A juicio del demandante, la norma invocada ha sido violada por el acto demandado, ya que esta establece que el recurso de apelación deberá concederse en efecto suspensivo, salvo que exista una norma especial que le asigne un efecto distinto. No obstante, la entidad de segunda instancia, no concedió el recurso en el efecto suspensivo, sino que mantuvo paralizado por veintiséis meses el proceso administrativo, sin suspender los efectos de la resolución de destitución y trasladar al funcionario afectado por la decisión de manera provisional a una posición de igual jerarquía, hasta tanto se resolviera el recurso. Finalmente se alegan infracciones de los artículos 32 y 300 de la Constitución Política de la República, a lo que la S. ha de destacar que no entrará a valorar los cargos de infracción de los artículos de la Constitución Política, debido a que sólo le compete a este Tribunal el examen de la legalidad de los actos administrativos y no el de normas de rango constitucional, competencia exclusiva del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. III. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA Y OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN En este sentido, de acuerdo a lo contemplado con el artículo 33 de la Ley 1946, el señor D. General de la Caja de Seguro Social rinde el informe explicativo de conducta, a través del escrito de 7 de febrero de 2008, haciendo un recuento cronológico muy detallado de su actuación frente a las pretensiones de la demandante, mediante escrito visible de fojas 54 a 60 del presente expediente. En el mismo se destaca que a través del Informe Especial de Auditoria No. DNAI-IE-023-2005, de la Dirección Nacional de Auditoria Interna de la Caja de Seguro Social, se determinó el pago incorrecto de 3 (tres) cheques a la empresa Maridian Investment, Inc. H., por la suma de Setenta y Siete Mil Doscientos Veinticuatro Balboas con 04/100 (B/.77, 224.04), debido a que esta empresa cedió un total de siete (7), órdenes de compra por un monto de Ciento Tres Mil Setecientos Noventa y Un balboas con 29/100 (B/.103.791.29) a favor de la empresa Panafactoring, S.A., y la Dirección Nacional de Contabilidad, no realizó el endoso corresponde a favor de ésta última, en calidad de cesonaria. Posteriormente, como resultado de la investigación realizada por la Dirección Nacional de Personal plasmada en el Informe ICYS-431-2005-SdeA, la Dirección General de la Caja de Seguro Social procedió a través de la Resolución No. 4897-2005 de 12 de abril de 2005, a destituir al funcionario U.G., por considerar que incurrió en las causales de destitución directas previstas en el artículos 116, numerales 2 y 18 del Reglamento Interno de Personal, relacionadas con el incumplimiento de los deberes y violación de las prohibiciones, que imponen a los servidores de la Caja de Seguro Social, según los artículos 20 y 21 de la misma excerta legal. Finalmente, se agregó el funcionario demandado que el acto de remoción del cargo dispuesto en contra del recurrente y trámite consecuente, se enmarcó en el ordenamiento jurídico en sus aspectos tantos adjetivos como sustantivo, respetando en todo momento del debido proceso, otorgándole la oportunidad de presentar sus descargos y pruebas a efecto de demostrar su no implicación en los hechos que se le imputan. Por otro lado, mediante Vista No. 355 de 2 de mayo de 2008, tal y como se deja ver de fojas 61 a 65, el Procurador de la Administración, solicitó a los Magistrados de esta S. que no se accediera a las pretensiones de la parte actora por no asistirle la razón en su pretensión, pues considera que la institución demandada tenía plena facultad para destituir al señor U.G.,en virtud de que las investigaciones realizadas en donde se le vincula de manera directa con la comisión de faltas administrativas graves; además , según los autos que constan en el proceso, no se ha demostrado que el procedimiento adolezca de vicios que anulen el mismo. Se aprecia por parte, que el demandante, presentó ante esta S. su escrito de alegatos de conclusión visibles de fojas 112 a 116 de este expediente, en el que básicamente reitera los hechos expuestos a lo largo del presente proceso. V. CONSIDERACIONES FINALES Y DECISIÓN DE LA SALA Tal como se ha visto, corresponde en esta oportunidad a la S. determinar si es o no legal el acto de destitución del señor U.G., quien como se ha mencionado ocupaba el cargo de D. de Contabilidad, en la Dirección Nacional de Contabilidad, de la Caja de Seguro Social. Esta decisión se observa, fue tomada por la administración, como producto del Informe de Auditoria Interna de la Caja de Seguro Social No DNAI-IE-023-2005, visible de fojas 41 a 106, en el que se determinaron los siguientes hallazgos · La Carencia registro y control de las cesiones de crédito, en donde la Dirección Nacional de Contabilidad, a través de la Sección de Cuentas por Pagar no efectúa ningún registro de las mismas y que a pesar de existir estas cesiones, al momento de confeccionar el cheque no se consideran las mismas, o sea que las cuentas comprobantes de pago presentadas no son endosadas a nombre del cesionario. · La entrega de cheques incorrectamente a la empresa Maridian Investmente Inc.-Hospemedic. Y es que a pesar de existir una cesión de crédito (endoso) de la empresa Maridian Investment Inc- Hospemedic (cedente) a la empresa Panafactoring, S.A., (cesionario), se le hizo entrega de los cheques 63178 por B/.34,207.49, el 63179 por B/.15,954.75 y el 63180 por B/.27,061.80 a la cedente, los cuales ascendían a la suma de B/.77, 224.04, sin que presentaran la copia amarilla del comprobante de pago, requisito único existente como control en la entrega de los referidos cheques. · La falta de gestión administrativa para la recuperación de los cheques entregados incorrectamente, debido a que el licenciado U.G., D. de Contabilidad, autorizó la entrega de (3) tres cheques, por la suma de B/.77,224.04 a la empresa Maridian Investment Inc.-Hospemedic, cuando le correspondían a la empresa Panafactoring S.A., ya que existía una cesión de crédito debidamente perfeccionada desde el 14 de abril de 2004; sin embargo, no presentó evidencia formal de diligencias o gestiones administrativas tendientes a comunicar y resolver el posible acto ilícito del que tuvo conocimiento. En este sentido, debido a las investigaciones arrojadas el informe en cuestión se le atribuyó responsabilidad administrativa entre otros funcionarios, al licenciado U.G., D. de Contabilidad, y por no cumplir lo establecido en el Procedimiento para el Trámite y Control de la Cesiones de Crédito en trámite y/o aprobadas, ni haber establecido o adoptado los controles en la entrega de los cheques en estos casos. De igual modo advierte esta S. en Nota D.Cont. N.056-05 de 12 de febrero de 2005, suscrita por el demandante U.G., quien le atribuye la responsabilidad a otros funcionarios, tal como se deja ver a foja 105 de este expediente, en donde a la interrogante sobre la entrega incorrecta de los tres cheques a la empresa Maridian Investment Inc.-Hospemedic, los cuales habían sido originalmente cedidas, señaló: "que la verificación de la cuenta, cedida o en trámite de cesión, corresponde al funcionario responsable de la entrega de los cheques ". De igual modo, señaló a la pregunta de no haber establecido los controles necesarios que señala el procedimiento, lo siguiente: "En el entendimiento que los controles resultan de la aplicación del procedimiento establecido, no sería entonces mi responsabilidad directa, aunado a que éstos deben ser observados por el personal que ejecuta las tareas". Hemos de considerar, de las irregularidades observadas a lo largo de la toda la investigación, que aún de la responsabilidad más directa que pudieran tener otros funcionarios (como el funcionario de ventanilla o al departamento de Sección de Cuentas por Pagar) sobre lo acontecido, tal como lo asevera el informe del perito proporcionado por la Caja de Seguro Social, observable de fojas 25 a 30 del expediente contencioso, esta S. no puede soslayar el hecho de que el licenciado U.G., dentro de las funciones como D. de Contabilidad, en la Dirección Nacional de Contabilidad de la Caja de Seguro Social, tenía el deber de fiscalizar, inspeccionar y llevar con diligencia las funciones que su cargo exigían, y en este sentido, coincidimos con la administración demandada en señalar que el demandante desatendió normas varias del Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social, en sus artículos 20 (numerales 1, 6, 11, 15, 26 y 29), al dejar de cumplir con las disposiciones de trabajo adoptadas; ejecutar el trabajo con la dedicación y diligencia que exige su cargo; atender los asuntos de su competencia dentro de los términos estipulados en la programación de trabajo; informar a su superior inmediato sobre cualquier deficiencia o irregularidad que notare en el trabajo, o sobre cualquier asunto que considere de importancia para mejora de la unidad administrativa en la cual sirve. De este modo, atendiendo a lo anteriormente expuesto, contrario a lo señalado por la parte actora, somos de la opinión que el ente demandado tenía clara facultad para destituir al señor U.G., destitución que se llevó a cabo previo una exhaustiva investigación y las diligencias pertinentes a fin llegar a una aclaración de los hechos suscitados, por tanto no se configura el cargo invocado sobre el artículo 28-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, vigente a la fecha de la expedición del acto acusado, pues en la misma norma, si bien se le concede estabilidad a funcionarios que gozan con más de cinco años de forma continua en la Institución, como es el caso del demandante, la misma norma señala que esta estabilidad podrá perderse por una causa justificada, por lo que podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos, justificación esta que ha sido comprobada en el caso que nos ocupa. Por otra parte, del mismo modo consideramos que no se han comprobado la transgresión de los artículos 107, 112 del Reglamento Interno de Personal de la caja de Seguro Social y el artículo 52 y 173 de la Ley 38 de 2000, disposiciones relacionadas con el procedimiento e investigación administrativa y los vicios de nulidad de los actos administrativos, pues se advierte de las constancias procesales que reposan en el expediente principal y administrativo, que el procedimiento llevado a cabo por la Administración se surtió cumpliendo con el debido proceso, pues tal como se indica en el informe explicativo de conducta, se le permitió al señor G., mediante la recepción de entrevista y la incorporación de los elementos de juicio que tuvo a bien presentar, por lo que en efecto se respectó el derecho de igualdad de partes con la admisibilidad de todos los elementos y pruebas y la oportunidad procesal de realizar sus descargos, y aportar todo elemento que pudiera beneficiar su defensa, tal es así que, fueron admitidos por la Institución sendos peritajes presentados las partes afectadas y por la institución igualmente, para efecto de realizar una Auditoria forense del contenido del Informe No. DANI-IE-023-2005, a solicitud del apoderado judicial del señor G.. El análisis que antecede permite concluir, que la acción de remoción se enmarca dentro de las facultades legales de la Institución demandada, razón por la cual se procede a negar las pretensiones del demandante. Por tanto, la S. Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución No. 4897-2005 de 12 de abril de 2005, emitida por el D. General de la Caja de Seguro Social. N., WINSTON SPADAFORA FRANCO ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- VICTOR L. BENAVIDES P. JANINA SMALL (Secretaria)

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