Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Agosto de 2009

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución:18 de Agosto de 2009
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS:

El licenciado C.M.O., actuando en representación de E.B.A., ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, con el propósito que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 21100 de 16 de noviembre de 2005, emitida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante Auto de 21 de septiembre de 2007, se admite la demanda presentada y se ordena correrle traslado de la misma por el término de cinco (5) días al Presidente de la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, y a la Procuraduría de la Administración.

  1. Acto Administrativo Impugnado

    Mediante el acto administrativo impugnado contenido en la Resolución Nº 21100 de 16 de noviembre de 2005, proferida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, se resolvió lo siguiente:

    "MODIFICAR la Resolución No. 9049 del 18 de mayo del 2005, por medio de la cual la Caja de Seguro Social reconoció al (a la) asegurado (a) No. 62-2291, E.B.A. una pensión de VEJEZ, en el sentido de que el monto mensual será de MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.1,000.00) calculada sobre un salario promedio mensual de B/.2,216.75. Acreditado el derecho del (de la) peticionario (a), el ejercicio del pago de la Pensión de Vejez se hará efectivo, una vez se demuestre que el (la) asegurado (a) se ha retirado de la ocupación que desempeña, al tenor del Artículo 50 de la Ley Orgánica, mediante la presentación de la terminación de la relación laboral o 18 de abril del 2005 (fecha en que cumple la edad de vejez) si esta es posterior.

    Advertir al asegurado o beneficiario que es incompatible la percepción de más de una prestación en dinero por un mismo beneficiario, concedida de conformidad con la legislación especial que sobre esta materia rige la Caja de Seguro Social. En caso de concurrencia se pagará la más beneficiosa. El asegurado que se encuentre en esta situación está obligado a avisar inmediatamente a la Caja. Si no lo hiciere, deberá reembolsar a la Institución las sumas recibidas indebidamente."

  2. Argumentos de la Parte Actora

    La parte demandante sustenta su pretensión, argumentando que mediante Resolución No. 9049 de 18 de mayo de 2005, se le otorgó pensión por vejez por la suma de B/.1,500.00; sin embargo, al momento que la representante legal del señor B. compareció a notificarse la señora G. de T., quien fuera funcionaria de la Caja de Seguro Social en ese entonces, señaló que debía realizarse una revisión del expediente, por lo cual no la notificaría, levantándose el Acta de 25 de mayo de 2005.

    Posterior a ello, y debido a que la Comisión de Prestaciones Económicas, recomendó declarar indebidamente aportadas las cuotas del señor B., en el período de febrero a julio de 2004, se realizaron una serie de consultas dando como resultado que se efectuaran nuevos cálculos, sin tomar en cuenta los años cotizados, como se indica en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

    En consecuencia, el apoderado de la parte actora arguye que en virtud que el señor B., laboró para una empresa panameña y cotizó como lo establece la ley de seguridad social debe declararse la nulidad por ilegal del acto administrativo contenido en la Resolución No. 21100 de 16 de noviembre de 2005, proferida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, mediante la cual se le concedió una pensión de vejez por la suma mensual de B/.1,000.00, cuando tenía derecho a la pensión máxima de B/.1,500.00 mensuales.

  3. Normas Legales Infringidas y el Concepto de la Violación

    El demandante estima violado directamente, por omisión, el artículo 62 del Código de Trabajo, que a la letra señala:

    Artículo 62: Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación. El convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación jurídica o dependencia de ésta.

    Se entiende por relación de trabajo, cualquiera sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o de dependencia económica.

    La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

    La existencia de la relación de trabajo determina la obligación de pagar el salario.

    El demandante invoca violada la norma transcrita, toda vez que a su juicio, la autoridad demandada no observó correctamente los postulados de la norma en comento, lo que la condujo a pasar por alto la existencia de una relación laboral, en la forma definida por la norma. Expresa que la aceptación de las consideraciones esgrimidas por la Caja de Seguro Social no garantizaría una seguridad jurídica frente al pago de cuotas con motivo de la relación laboral existente.

    De igual manera considera infringido por violación directa por omisión el artículo 66 del Código de Trabajo que señala:

    Artículo 66. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre quien presta personalmente un servicio o ejecuta una obra, y la persona que recibe aquél o éstas.

    Expresa el demandante la violación de dicha norma, en virtud que la Caja de Seguro Social no ha podido desvirtuar la relación laboral que mantuvo el señor B., con la empresa R.D.R. y Asociados.

    De igual manera, se considera infringido, por la parte actora, los artículos 82 y 87 del Código de Trabajo por violación directa por omisión:

    "Artículo 82. Son trabajadores todas las personas naturales que se obliguen mediante un contrato de trabajo, verbal o escrito, individual o de grupo, expreso o presunto, a prestar un servicio o ejecutar una obra bajo la subordinación jurídica o dependencia de una persona."

    Artículo 87. Empleador es la persona natural o jurídica que recibe del trabajador la prestación de servicios o ejecución de la obra."

    A juicio del actor al ser declaradas indebidas las cuotas del señor B., por la Caja de Seguro Social, se ignora la existencia de elementos que determinen la calidad de trabajador y empleador.

    Por otra parte se estima vulnerado el artículo 56-L del Decreto Ley No. 14 de 1954, Orgánica de la Caja de Seguro Social, de forma directa por omisión:

    Artículo 56-L. Se establece como máximo de las pensiones de invalidez y vejez, será la suma de Mil Balboas (B/.1,000.00) mensuales.

    El máximo de las pensiones de sobrevivientes será la cantidad que resulte al ser computado sobre el máximo fijado para las pensiones consignadas en este artículo.

    Cuando el asegurado tenga por lo menos veinticinco (25) años de cotización y un salario promedio mensual no menor de Mil Quinientos Balboas (B/.1,500.00), en un período de quince (15) años, la pensión máxima será de Mil Quinientos Balboas (B/.1,500.00) mensuales.

    Los máximos establecidos podrán ser aumentados en la misma cuantía en que sean aumentados los mínimos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la presente Ley.

    El actor sostiene que en la citada norma solo se señala como requisito para tener derecho a la pensión máxima de B/.1,500.00 mensuales quienes hayan cotizado 25 años y que tengan un promedio de B/.1,500.00 mensuales, destacando que la norma aducida no establece la existencia de 300 cuotas aportadas, razón por la cual considera que se dejó de aplicar el citado artículo.

  4. Informe de Conducta

    Mediante Nota DNPE-N-156-07, la Presidenta de la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, remite informe explicativo de conducta, manifestando que en atención al Informe rendido por el Departamento de Auditoría a Empresas No. AE-IC-05-385 de 15 de septiembre de 2005, la relación laboral entre el señor E.B.A. y el patrono R.D.R. y A. no estaba sustentada, debido a la inexistencia de pruebas que comprobasen tal relación laboral. Esta situación motivó la modificación del monto de la pensión de vejez concedida, otorgándose la suma de B/.1,000.00 calculada sobre un salario promedio mensual de B/.2,216.75, mediante la Resolución No. 21100 de 16 de noviembre de 2005.

    Sustentó la entidad, que según el Informe de Auditoría el patrono R.D.R. y Asociados, con número patronal 87-832-0465, no presentó a requerimiento de la Institución las planillas internas, transferencias bancarias, recibos de pagos y cheques de salarios que demostraran que el señor B., en efecto, recibió una retribución en virtud de una relación laboral, por lo que en base al artículo 60 del Decreto Ley No. 14 de 27 de agosto de 1954, se sancionó al empleador por hacer declaraciones falsas en las planillas y se declaró indebidamente aportadas las cuotas.

    De igual manera no se pudo comprobar la dependencia económica, ni la subordinación jurídica al no sustentarse, mediante documentos, las funciones ejercidas por el señor B.. Por otro lado, se sustentó en el artículo 50 de la Ley Orgánica relativa a los requisitos para acceder a una pensión de vejez, en el artículo 3 del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, Asignaciones Familiares e Indemnizaciones que otorga la Caja de Seguro Social, de conformidad con el Artículo 54 del Decreto Ley No. 14 de 27 de agosto de 1954, que para establecer el salario base mensual objeto del cálculo de la pensión se utilizará el monto total de los salarios devengados en los siete (7) mejores años de cotizaciones divididos entre 84 meses.

    El artículo 15 del citado reglamento de acuerdo con el artículo 56-L del Decreto Ley No. 14 de 1954, establece que el asegurado debe tener por lo menos 25 años de cotizaciones y un salario promedio mensual no menor a B/.1,500.00, durante un período de 15 años, siendo que para cumplir con dicha cantidad mínima de años de cotizaciones se requiere la suma de 300 cuotas aportadas al seguro social. Al declararse indebidas las aportaciones en el período de febrero a julio de 2004, se redujo el total a 297 cuotas de la cuenta individual del señor B., por lo que no cumple los requisitos para que se le otorgue la pensión máxima de B/.1,500.00 mensuales.

    V.C. de la Procuraduría de la Administración

    Por su parte, la Procuraduría de la Administración, mediante la Vista Fiscal Nº 985 de 21 de diciembre de 2007, visible a foja 34 y siguientes del expediente, manifiesta que los argumentos de la parte actora carecen de fundamento jurídico en virtud de la investigación realizada por el Departamento de Auditoría de la Caja de Seguro Social, sobre el patrono del señor B., en el cual se determinó que las partes no se encontraban en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica.

    De igual manera señaló que el empleador R.D.R. y Asociados, admitió que no se giró ningún cheque a nombre del señor B., sino que se emitió un cheque a favor de un tercero, que se constituyó en enlace con el señor B.A..

    En consecuencia, se verificó una reducción de cuotas lo que impidió que el cálculo realizado fuese sobre 300 cuotas, sino sobre 297 cuotas aportadas, lo que dio como resultado que el monto mensual de la pensión a él fijada fuese de B/.1,000.00.

    Por lo anterior la entidad es del criterio que no se vulneró la normativa establecida en el Código de Trabajo invocada por el actor; además que la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social cumplió las disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica y el reglamento que rige la materia siendo los cargos endilgados infundados.

  5. Diligencia de Reconocimiento de Documento, Firma y Testimonio

    El día 9 de marzo de 2009, en diligencia de Reconocimiento de Documento, Firma y Testimonio, visible a foja 77, el señor A.C.R.D.R. reconoció el documento visible a foja 43 a 46 del expediente y su firma, a la vez que manifestó que el señor B. era trabajador de su empresa.

  6. Alegato Final

    El demandante alega que se han presentado las pruebas que acreditan la existencia de la relación laboral entre R.D.R. y Asociados y el señor E.B.A., entre las que señala el contrato de trabajo, la declaración del señor A.C.R., Gerente de la Sociedad, el testimonio del señor C.F. contador público autorizado que expuso, en cuanto a la presentación de los reportes de las operaciones de la empresa, que el demandante formó parte de la planilla del empleador R.D.R. y Asociados.

    Agregó que al señor B., se le pagó su trabajo con un cheque expedido a nombre de un tercero, pero que, en virtud de la nota de 25 de julio de 2004, visible a foja 47 del expediente, en la cual el señor B. acepta recibir conforme el monto dinenario, queda demostrada la existencia de dicha relación laboral.

    De igual manera acotó que la Jefa del Departamento de Auditoría, licenciada M. de P., manifestó en su nota de 22 de junio de 1995, que se mantiene el monto de la pensión concedida, aunque se declaren cuotas indebidas.

  7. Decisión del Tribunal

    Establecidas las argumentaciones de las partes se procede a resolver el presente negocio de la siguiente manera.

    La pretensión que se demanda es que se declare la nulidad, por ilegal, de la Resolución No. 21100 de 16 de noviembre de 2005, emitida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, que concedió como pensión de vejez la suma de B/.1,000.00, mensuales al señor E.B.A..

    La decisión ha sido sustentada en el hecho que no se probó la relación laboral que mantenía el señor E.B.A. con el empleador R.D.R. y Asociados, dando como resultado el cálculo de la pensión sobre 297 cuotas aportadas y no sobre 300 cuotas lo que disminuyó el monto original de pensión de vejez otorgado al señor E.B.A., que era de B/.1,500.00.

    El demandante alega que la Comisión de Prestaciones Económicas omitió el contenido de los artículos 62, 66, 82 y 87 del Código de Trabajo que se refieren a la noción de trabajo, trabajador y relación laboral; así como también considera infringido el artículo 56-L de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que se refiere al monto de la pensión de vejez e invalidez calculado en base al salario y los años de cotizaciones.

    Reposa a foja 77 a 80 del expediente la Nota No. AE-CI-05-385 de 15 de septiembre de 2005, que detalla los resultados de la investigación que el Departamento de Auditoría a Empresas, de la Caja de Seguro Social, realizara al patrono del señor B.A., en la que se observa lo siguiente:

    "El período de la investigación cubrió de febrero a julio del 2004. Período completo en que el asegurado cotizó con este patrono.

    El Licenciado A.R., Gerente de la sociedad, comentó que, los salarios que el asegurado percibía, fueron pagados mensualmente en efectivo y que los mismos estaban reportados en la planilla preelaborada, para sustentar lo comentado el patrono aportó los Comprobantes de Diarios. (Ver fojas 68 a la 72).

    Cabe resaltar que posteriormente, se le solicitó al Licenciado A.R., Gerente de la sociedad, documentos fuentes tales como: planilla internas, transferencias bancarias, recibos de pagos y cheques de salarios que comprobaran que realmente el asegurado E.B.A., hubiera percibido como retribución a su relación obrero-empleador; sin embargo, el Licenciado Rodríguez, manifestó que él no contaba con los mismos, debido a que solamente se le confeccionó un cheque por valor de B/.2,600.00 al señor C.R. quien fuese el enlace con el asegurado E.B.A. en el extranjero (Estados Unidos)."

    De lo anterior se observa que la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, concluyó que no se sustentó la relación laboral en virtud de ausencia de documentos que además de detallar las funciones del subordinado, no acreditaban que el señor B. hubiera percibido una retribución por los trabajos realizados. Aunado a ello, se estableció que el gerente general manifestó, que se confeccionó un cheque a favor de un tercero, que era el enlace con el señor B., por lo que la entidad no acreditó la relación laboral argumentada por el demandante.

    Se observa que de acuerdo a las constancias procesales, según las cuales no se pudo comprobar la existencia de subordinación y dependencia económica, sobre la base que la documentación aportada por el empleador fue inconsistente para fundamentar la alegada relación laboral, no se puede acreditar que el señor B.A. fuera, en efecto, trabajador de la empresa R.D.R. y Asociados, por lo que la Sala concluye que a este punto la Comisión de Prestaciones Económicas se ajustó a derecho.

    Si bien el actor sustenta la omisión de las normas contenidas en el Código de Trabajo, manifestando que no se ha reconocido la relación laboral y alega cuotas aportadas por su representado en el mes de febrero a julio de 2004 y que no fueron reconocidas, esta S. advierte que no puede declararse la ilegalidad de la resolución impugnada, con fundamento en el Decreto Ley 14 de 1954, que faculta a la Caja de Seguro Social para determinar la existencia de una relación laboral y la aplicación de las reglas concernientes a la cotización de cuotas del asegurado. A este respecto la Sala se ha pronunciado previamente al señalar lo siguiente:

    "Frente a lo esgrimido por la empresa demandante, mediante procurador judicial, considera este Tribunal Colegiado que si bien es cierto el artículo in examine prevé que la jurisdicción de trabajo es la que tiene competencia para conocer de las controversias obrero- patronales, no es menos cierto que la Caja de Seguro Social, en razón de la potestad otorgada por el artículo 67 del Decreto Ley Nº 14 de 27 de agosto de 1954, reformada por la Ley Nº 30 de 26 de diciembre de 1991, puede determinar la existencia de una relación de trabajo, para poder aplicar las normas referentes a la cotización obligatoria, que preceptúa el artículo 2 de la propia Ley Orgánica. No tiene sentido que la Caja de Seguro Social tenga la facultad de exigir el cumplimiento, de las disposiciones que están relacionadas con el pago de las cuotas obrero patronal, pero sujeta a la decisión de los tribunales de trabajo, para que estos determinen la existencia o no de la relación de trabajo. La Ley Orgánica de esta entidad autónoma es especial, y su aplicación es preferente frente a las normas laborales. En esta situación no se verifica una colisión de jurisdicción, ya que la decisión de la Caja de Seguro Social es netamente administrativa cuyas características son distintas a las que regulan las decisiones laborales, pues estas son eminentemente judiciales. DROMI confirma esta afirmación, cuando indica que "los actos que dicta la Administración no están sujetos al régimen jurídico de los actos jurisdiccionales, sino al de los actos administrativos. Es impropio pretender que la Administración ejerza funciones judiciales. En nuestro sistema las facultades jurisdiccionales sólo corresponden al Poder Judicial." (DROMI, R.. El Poder Judicial. Cuarta Edición. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, Argentina 1996. P.. 105)." (Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por la Firma Icaza, González-Ruíz & Alemán, en representación de Pan American Life Insurance Company, para que se declare nula por ilegal, la Resolución Nº 7095-94 D. G. de 17 de noviembre de 1994 dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones. Ponente: E.M.M.. Resolución de 17 de septiembre de 1997).

    Tal como lo ordena el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, esta institución tiene la facultad de inspeccionar los lugares de trabajo, y examinar los libros de contabilidad, listas de pagos y demás documentos que fueran necesarios para la comprobación de sueldo; por ello, esta Sala es de la opinión que esta facultad permite la investigación de las cotizaciones que deben hacerse efectivas a esa Institución en virtud de una real existencia de una retribución en base a servicios prestados por el trabajador de acuerdo a la definición de término de sueldo contenida en la Ley Orgánica.

    Por otra parte, el artículo 56-L de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, es claro al establecer el monto máximo de las pensiones de invalidez y vejez, B/.1,000.00, y dispone que cuando se tenga 25 años de cotización y un salario mensual promedio no menor a B/. 1,500.00 en un período de 15 años, la pensión máxima será la cantidad de B/.1,500.00 mensuales.

    Si bien el actor manifiesta que la norma infringida se refiere al requerimiento de una cotización durante 25 años, sin que la norma haga referencia al cumplimiento de las 300 cuotas, el cálculo de equivalencia de los señalados 25 años corresponde a las 300 cuotas aportadas. Adicional a ello, el artículo 56-L dispone el cumplimiento de la cantidad de años cotizados, y el monto del salario que se ha debido devengar durante un período de tiempo específico.

    Una revisión de las constancias procesales permite apreciar que a foja 53 del expediente, el señor B.A., mantenía 303 cuotas aportadas al momento de la solicitud de su pensión de vejez, la cual le fue otorgada mediante la Resolución No. 9049 de 18 de mayo de 2005, proferida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social.

    No obstante lo anterior, visible a fojas 77 a 80 el Informe contenido en la Nota AE-CI-05-385 de fecha 15 de septiembre de 2005, del Departamento de Auditoría a Empresas, de la Caja de Seguro Social, supra citada, así como el caudal documentado en el expediente, dan cuenta que la investigación realizada no confirmó la existencia de una relación laboral entre el patrono R.D.R. y Asociados y el señor E.B.A., por lo que no pueden ser acreditadas las cuotas correspondientes a los meses de febrero a julio de 2004, pese a que conforme a las constancias del expediente ejecutivo, visible a foja 63, reposa hoja de trámite con fecha 22 de junio de 2005, que señala, que "aunque se le declaren cuotas indebidas en el período de febrero a julio de 2004, el monto de la pensión se mantiene".

    Ahora bien, sobre la base del artículo 67 del Decreto Ley No. 14 de 1954, así como el artículo 73 de la citada norma legal, y de acuerdo a las constancias que reposan en el expediente y el Informe de Conducta, se modificó la Resolución No. 9049 de 18 de mayo de 2005 y se expidió la Resolución No. 21100 de 16 de noviembre de 2005, que concedió una pensión de vejez de B/.1,000.00 al señor E.B.A., fundamentado en la facultad de la Caja de Seguro Social para revisar el monto de las prestaciones en dinero concedidas a los asegurados, cuando existieren errores de cálculo en la concesión de las mismas, conforme el artículo 73 del Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, vigente al momento de la generación de los hechos.

    Y es que tal y como se señala en el Informe de Conducta, visible a foja 26 y siguientes, la Comisión de Prestaciones Económicas "...en virtud del informe anterior, resolvió modificar el monto de la pensión de vejez concedida, en el sentido que el monto correcto era por la suma de Mil Balboas con 00/100 (B/. 1,000.00) calculada sobre un salario promedio mensual de Dos Mil Doscientos Dieciséis Balboas con 75/100 (B/:2,216.75)...", conforme a la situación generada en virtud de la reducción de cuotas, dado que la cantidad de 297 meses no corresponde a la cantidad que debieron ser aportadas en el período de 25 años, como se sigue de la lectura de dicho Informe "...haciendo un cálculo aritmético simple, para cumplir con esta cantidad mínima de años de cotizaciones se requiere la suma de 300 meses de aportaciones o cuotas de seguro social. Al declararse indebidamente aportadas al demandante, las cuotas del período de febrero a julio de 2004, éste paso de tener 303 cuotas a 297 cuotas en su cuenta individual, por lo que no cumple con el requisito de cotizaciones exigidas por la Ley para el otorgamiento de la pensión máxima de Mil Quinientos Balboas (B/. 1,500.00)."

    Así las cosas no puede aplicarse el artículo 56-L de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, desarrollado por el artículo 15 del Reglamento de Cálculo, toda vez que al no sustentarse la relación laboral y por ello no contabilizarse las cuotas de los meses de febrero a julio de 2004, se redujo el total de ellas, por lo que no es procedente la aplicabilidad de este artículo, siendo entonces a este punto la actuación de la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, conforme a derecho.

    Por ello, se evidencia que el actor no cumplía lo dispuesto en el artículo 56-L de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, desarrollado por el artículo 15 del Reglamento para el cálculo de las pensiones de invalidez, vejez y muerte, asignaciones familiares e indemnizaciones, de la Caja de Seguro Social, por lo cual el artículo 3 del Reglamento de Cálculo de las pensiones de invalidez, vejez y muerte, asignaciones familiares e indemnizaciones que desarrolla lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, era la norma aplicable al caso concreto.

    De allí que, en virtud de la potestad que tiene la Caja de Seguro Social para revisar las prestaciones concedidas, aunado al hecho que en la norma se establece la facultad de determinar la existencia de una relación laboral, lo que incide directamente en la aportación de las cuotas del asegurado, esta S. considera que la actuación de la Comisión de Prestaciones Económicas se ajusta a derecho. En relación con el pago de las cuotas y su correspondiente reconocimiento, como consecuencia de la relación de trabajo la Sala ha manifestado lo siguiente:

    Al examinar la documentación alusiva a las cuotas aportadas por año e informes de sueldos declarados, se observa que ciertamente figuran como patronos de la señora I.P. de Carrera, NERO Y CIA S. A., MACAR S. A., CAPAT S. A., mas igualmente se observa que al expediente se aportan copias y algunos formatos de liquidación de pagos que no constituyen a juicio de la Sala, plena prueba que acreditan las prestación de servicios de la señora para esas empresas. En relación a ello, vale señalar que en la inspección efectuada por la Caja de Seguro Social, que reposa en el Informe DPA-I-E. 008-94, fechado el 17 de mayo de 1994, rendido por el A.C.A.T.M. y el Lcdo. J.A.L., Jefe Provincial de Auditoría de la Caja de Seguro Social, visible a fojas 69, 70 y 71 del expediente administrativo, se determinó que la señora P. de C. no había trabajado para dichas empresas. Según el informe en cuestión, no se acredita la relación laboral existente entre la señora P. de Carrera con esas empresas, pues, ni su cargo, funciones y horario bajo la cual se desempeñó la asegurada, se sustentan fehacientemente en documento alguno que asó lo justifique.

    De especial relevancia resulta destacar el hecho que a foja 54 del expediente administrativo, reposa la nota fechada el 1 de septiembre de 1993 expedida por el señor M.C., Gerente de las empresas mencionadas, donde informa el horario de trabajo que debía cumplir la señora I.P. de Carrera de la siguiente manera:

    "De 7:00 a. m. a 11 a. m. en Macar, S.A.

    De 12:00 m. a 2:00 p. m. en Capat, S.A..

    De 2:00 p. m. a 4:00 p. m. en Nero y Cía. S.A.".

    Lo anterior la S. lo desestima, ya que en la investigación efectuada por la Caja de Seguro Social, se demostró que la empresas están en un lugar distante, Macar, S.A. y Capat, S.A., están ubicadas en Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, mientras que Nero y Compañía, S.A. se ubica en D., Chiriquí, lo que en efecto, ha imposible que la señora Isenith de Carrera, por los medios usuales, pueda cumplir con el horario de trabajo, y, la parte actora no demuestra lo contrario.

    Todo lo anterior a juicio de la Sala, demuestra que la señora I.P. de C. no ha desempeñado en esas empresas labores habituales por las cuales haya percibido una remuneración como sustento único, de manera que no reúne los requisitos necesarios para que se ubique dentro de la categoría de trabajadora, y por ello la Caja de Seguro Social decidió desestimar las cuotas aportadas a favor de la señora P. de Carrera y denegar la pensión de vejez por incumplimiento del acápite b) del artículo 50 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Debe tenerse presente que la disposición en referencia es clara al prever como propósito de la pensión de vejez, "reemplazar dentro de ciertos límites los sueldos o salarios que deja de percibir el asegurado al retirarse de la ocupación que desempeña".

    Por todo lo antes anotado, la Sala es del criterio que la Resolución Nº 1073 de 26 de junio de 1995, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, no vulnera lo previsto en el artículo 2 literal b) y el artículo 50 literal b) de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, razón por la que se desestiman sus pretensiones.

    En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución Nº 1073 de 26 de junio de 1995, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, como tampoco lo son sus actos confirmatorios." (Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por la Firma Trujillo, V. y M., en representación de I.P. de Carrera, para que se declare nula por ilegal la Resolución Nº 1073 de 26 de junio de 1995, dictada por la Comisión de Prestaciones (Pensión de Vejez) de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones. Ponente: A.H.. Resolución de 31 de julio de 1998).El resaltado es nuestro.

    De igual manera la Sala en relación con la facultad revisora en previos pronunciamientos ha manifestado lo siguiente:

    "...

    En relación al cargo de violación del artículo 73 de la misma ley, que dispone que las prestaciones en dinero concedidas por la Caja podrán ser revisadas por causa de errores de cálculo, falta en las declaraciones, alteración en los datos pertinentes, falsificación de documentos o por cualquier error u omisión en el otorgamiento de tales prestaciones, la Sala considera que no se ha producido la violación invocada, pues es precisamente esta disposición la que le confiere a la institución la potestad de revisar y corregir errores en el cálculo de prestaciones de orden económico. En el mismo fallo antes parcialmente transcrito la Sala dijo lo siguiente:

    "Tal aseveración obedece a que es precisamente, con base a esta norma que le otorga la Caja de Seguro Social, la facultad revisora de las prestaciones concedidas en dinero por causa de errores de cálculo, o por cualquier error u omisión en el otorgamiento de tales prestaciones; que dicha entidad adoptó la decisión de reajustarle la pensión de vejez anticipada al señora SING RÍOS. Decisión que obedeció a que la suma de B/. 720.84 mensuales se le había calculado sobre un salario promedio mensual de B/. 2,074.03, cuando en realidad debió ser calculada sobre un salario promedio mensual de B/. 2,000.00, según consta en los informes expedidos por el Departamento de Cuentas Individuales de la Caja de Seguro Social, legibles a fs. 12-13 del expediente contencioso." (Sentencia de 20 de junio de 2000: F.D. de Correa vs. Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social).

    Realizado un examen de las piezas procesales que reposan en el expediente y analizada la violación alegada de los artículos 62, 66, 82 y 87 del Código de Trabajo, así como el artículo 56-L de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, por supuesta violación directa por omisión y los argumentos expuestos, la Sala no le concede la razón a la parte actora.

    Por las razones expuestas, la Sala concluye que en el presente caso no se configura la violación alegada por el demandante.

    En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 21100 de 16 de noviembre de 2005, como tampoco lo son sus actos confirmatorios dictados por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, y por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, respectivamente, y se niegan las declaraciones pedidas.

    N..

    VICTOR L. BENAVIDES P.

    JACINTO CÁRDENAS M. -- HIPÓLITO GILL SUAZO

    HAZEL RAMÍREZ (Secretaria Encargada)