Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Noviembre de 2009

Ponente:Winston Spadafora Franco
Fecha de Resolución:18 de Noviembre de 2009
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La firma forense DE VICENTE & GONZALEZ, actuando en nombre y representación de la sociedad ARAZI CORPORATION, S.A., presentó demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, a fin de que se declare nula, por ilegal, la Resolución 855-2003 D.G. de 28 de agosto de 2003, proferida por el Director General de la Caja de Seguro Social.

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

    La pretensión del demandante se encamina a obtener la nulidad de la Resolución 855-2003 D.G. de 28 de agosto de 2003, proferida por el Director General de la Caja de Seguro Social, mediante la cual se resuelve lo siguiente:

    "CONDENAR a la empresa ARAZI Corporation, con número patronal 87-718-0357, a pagar a la Caja de Seguro Social, la suma de TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA BALBOAS CON TREINTA Y CUATRO CENTÉSIMOS (B/.30,340.34), en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales, décimo tercer mes, multas y recargos de Ley, sumas dejadas de pagar durante el periodo comprendido de enero de 1997 a agosto del 2001, con salarios omitidos en el mismo lapso, más los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación.

    Se advierte al interesado que en contra de esta resolución podrá interponer dentro de los cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución, recurso de reconsideración ante la Dirección General y de apelación ante la Junta Directiva.

    El recurso de reconsideración una vez interpuesto o propuesto en tiempo oportuno se concederá en efecto suspensivo.".

  2. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

    El recurrente arguye que el acto sancionador ha infringido el artículo 35-B de la Ley 14 de 1954, norma que señala lo siguiente:

    "Artículo 35-B: Los patronos o empleadores estarán obligados a descontar a sus trabajadores las cuotas a que se refiere el inciso a) del artículo 24. Igualmente, estarán obligados a pagar a la Caja dentro de los quince (15) días siguientes al mes a que correspondan, tanto las cuotas descontadas a sus trabajadores, como las que ellos deben aportar. Corresponde a la Caja determinar si aplica el sistema de planilla o cualquier otro, en la recaudación de las cuotas de los asegurados y patronos o empleadores. La Caja estará obligada a informar a los asegurados que lo soliciten, el número y monto de las cuotas que nombre de ellos haya recibido.".

    Explica el demandante que la infracción viene dada porque, si bien es cierto el artículo 35-B del Decreto Ley 14 de 1954, establece que los patronos o empleadores estarán obligados a descontar a sus trabajadores las cuotas a que se refiere el inciso "a" del artículo 24, sin embargo, ello no significa que si se expide un cheque a nombre de una persona natural por concepto que no tiene nada que ver con un trabajador o relación laboral alguna, entonces el patrono o empleador quede obligado a descontar una cantidad de dinero por la expedición de dicho cheque.

    La otra norma que señala el demandante como infringida es el artículo 62 del Código de Trabajo, el cual señala:

    "Artículo 62: Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otras, bajo la subordinación o dependencia de ésta.

    Se entiende por relación de trabajo, cualquiera sea el acto que le de origen, la prestación de un contrato personal en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica.

    La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

    La exigencia de la relación de trabajo determina la obligación de pagar salario.".

    Señala la demandante que la relación laboral para que se configure requiere de la existencia de subordinación jurídica y dependencia económica y en ningún momento la Caja de Seguro Social, contempló la inexistencia o falta de subordinación jurídica y dependencia económica entre los señores R.R. y L.A., con la empresa ARAZI Corporation, para determinar que estos eran trabajadores de ésta.

  3. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

    De la demanda instaurada se corrió traslado al Director General de la Caja de Seguro Social, el cual indica que, "la demanda que pide la nulidad de lo actuado, no acredita pruebas documentales pertinentes; sólo aporta como tales copia autenticada de declaración jurada rendida por el señor R.R. y una copia autenticada de la certificación de la Caja de Seguro Social de la cuenta individual del señor R., cuyo mérito probatorio no desvirtúa para nada, el cúmulo documental que sustenta la omisión legal del empleador ARAZI Corporation, en el cumplimiento de sus obligaciones, para con la Caja de Seguro Social.".

  4. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

    La Procuraduría de la Administración, a través de su vista No.672 de fecha 22 de agosto de 2008, emitió concepto en relación al presente negocio, esgrimiendo el criterio de que no es ilegal la Resolución 855-2003 de 28 de agosto de 2003, ni sus actos confirmatorios.

    En ese sentido, indica el Procurador de la Administración que la Sociedad Arazi Corporation de forma constante expidió cheques a favor de R.R. y L.A., en intervalos aproximados de 15 días, desde el año 1997 hasta el 2001, los cuales fueron emitidos por cifras fijas mensuales y, salvo algunas excepciones, por montos variables.

    En concordancia, dichas personas naturales mantenían una relación laboral con A.D., S.A.; sin embargo, estos trabajadores también recibían otros emolumentos de forma habitual y periódica mediante cheques emitidos por la sociedad Arazi Corporation, S.A., que de acuerdo con lo señalado por los representantes de la empresa investigada, eran documentos que se emitían contra la cuenta por pagar accionistas I y II, a fin de que, una vez fueran hechos efectivos, su producto fuese entregado a los accionistas. Tal aseveración no se encuentra probada en el expediente.

    EXCEPCIÓN DE ILEGITIMIDAD ABSOLUTA DE LA PERSONERÍA DE LA DEMANDANTE

    Con su escrito de alegato el Procurador de la Administración ha presentado excepción de ilegitimidad absoluta de la personería de la demandante la cual es basada en que en la reunión celebrada el 18 de febrero de 2008, foja 28, los antiguos directores de Arazi Corporation, S.A., acordaron interponer una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en contra de la Caja de Seguro Social, por la emisión de la Resolución 855-2003.

    A juicio de la procuraduría, lo actuado por la sociedad demandante, disuelta el 20 de octubre de 2004, foja 32, debe ser analizado a la luz de lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley 32 de 1927, sobre sociedades anónimas.

    "Artículo 85. Toda sociedad anónima cuya existencia termina por vencimiento del período fijado en el pacto social o por disolución, continuará no obstante por el término de tres años desde esa fecha para los fines específicos de iniciar los procedimientos especiales que considere convenientes, defender sus intereses como demandada...".

    "Artículo 86. Cuando la existencia de una sociedad anónima termine por vencimiento del período de sus duración, o por disolución, los directores actuarán como fiduciarios de la sociedad con facultades para arreglar sus asuntos, cobrar sus créditos, vender y traspasar sus bienes entre sus accionistas, una vez pagada las deudas de la sociedad; y además tendrán facultad para iniciar procedimientos judiciales en nombre de la sociedad con respecto a sus créditos y bienes, y para representarla en los procedimientos que se inicien contra ella.".

    Estima la Procuraduría que como quiera que el apoderado judicial de Arazi Corporation, S.A., presentó el 20 de febrero de 2008 ante esa Sala la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que ocupa nuestra atención, resulta evidente que en ese entonces, la sociedad disuelta ya no gozaba de la vigencia adicional que la ley le otorgaba para interponer acciones judiciales.

  5. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

    Surtidos los trámites que la Ley establece, y encontrándose el negocio en estado de decidir, procede esta M. a resolver la controversia planteada.

    Para tal fin procederá en primera instancia esta S. al estudio de la excepción de ilegitimidad absoluta de la personería de la demandante incoada por la Procuraduría de la Administración.

    En ese orden de ideas, las excepciones en las demandas contencioso administrativas se encuentran contempladas en el Capítulo VII de la Ley 135 de 1943.

    El artículo 88 de la referida ley señala que las excepciones se deciden en la sentencia definitiva, por lo cual a eso procede esta Corporación Judicial.

    Luego de analizada la actuación en concordancia con lo alegado por el excepcionante, encuentra este Tribunal que efectivamente tal como lo alega el Procurador de la Administración, la sociedad disuelta al momento de presentar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ya no gozaba de la vigencia adicional que la ley le otorgaba para interponer acciones judiciales.

    Al respecto es importante destacar el contenido del artículo 85 de la Ley 32 de 1927, el cual señala que, "Toda sociedad anónima cuya existencia termina por vencimiento del período fijado en el pacto social o por disolución, continuará no obstante por el término de tres años desde esa fecha para los fines específicos de iniciar los procedimientos especiales que considere convenientes, defender sus intereses como demandada, arreglar sus asuntos, traspasar y enajenar sus bienes, dividir sus capital social; pero en ningún caso podrá continuar los negocios para los cuales fue constituida.". (el resaltado es nuestro).

    En atención a la citada norma, observa este Tribunal que la interposición de la demanda contencioso administrativa que nos ocupa se da cuando ya se había vencido el término de tres años para los fines específicos de iniciar los procedimientos especiales que considere convenientes.

    Lo anterior resulta del hecho cierto comprobado mediante la certificación del Registro Público, visible a fojas 32 del dossier, en el cual se establece como fecha de disolución de la sociedad Arazi Corporation, S.A., el 20 de octubre de 2004, por lo cual se constaba hasta el día 20 de octubre de 2007, (3 años), para iniciar los procedimientos especiales que considerara convenientes, (demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción).

    No siendo hasta el día 20 de febrero de 2008, ya vencido el término al cual hicimos referencia en el párrafo anterior, que la empresa Arazi Corporation, S.A., presenta la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que nos ocupa.

    La presentación de la demanda en referencia, se da como consecuencia de la reunión de los antiguos directores de la sociedad Arazi Corporation, la cual se da el 18 de febrero de 2008, foja 28, también posterior al término de tres años indicado por el artículo 85 de la Ley 32.

    Además, el artículo 86 de la Ley 32 de 1927, establece que cuando la existencia de una sociedad anónima termine por disolución, los directores actuarán como fiduciarios de la sociedad con facultades para arreglar asuntos, cobrar sus créditos, vender y traspasar sus bienes de toda clase, dividir sus bienes entre sus accionistas, una vez pagadas las deudas de la sociedad; y además tendrán facultad para iniciar procedimientos judicial en nombre de la sociedad con respecto a sus créditos y bienes, y para representarla en los procedimientos que se inicien contra ella, por lo cual no parece posible que la sociedad anónima disuelta pudiese interponer la demanda de plena jurisdicción que hoy nos ocupa, siendo procedente declarar probada la excepción presentada, ordenando el consecuente archivo del expediente.

    Por lo que antecede, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE ILEGITIMIDAD ABSOLUTA DE PERSONERÍA DE LA DEMANDANTE, propuesta por el Procurador de la Administración dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por la firma forense DE V. &G., actuando en nombre y representación de la sociedad ARAZI CORPORATION, S.A., a fin de que se declare nula, por ilegal, la Resolución 855-2003 D.G. de 28 de agosto de 2003, proferida por el Director General de la Caja de Seguro Social, y en consecuencia ORDENA EL ARCHIVO del expediente.

    N..

    WINSTON SPADAFORA FRANCO

    ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- VICTOR L. BENAVIDES P.

    JANINA SMALL (Secretaria)