Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Septiembre de 2008

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución 2 de Septiembre de 2008
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La firma forense ALFARO, FERRER & RAMÍREZ, actuando en representación de BELLSOUTH PANAMÁ, S. A. (antes BSC DE PANAMÁ, S.A.)., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, a fin de que la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA declare que es nula, por ilegal, la Resolución Nº1095-01-D.G. de 28 de diciembre de 2001, expedido por el Director General de la Caja de Seguro Social, que condena a BSC DE PANAMÁ, S.A. (BELLSOUTH), con número patronal 87-730-0046, a pagar a la Caja de Seguro Social, la suma de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BALBOAS CON CINCUENTA CENTÉSIMOS (B/.42,844.50), en concepto de cuotas a la Caja de Seguro Social, sumas dejadas de pagar durante el período comprendido del mes de febrero de 1996 a diciembre de 2000, más los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación."

Habida cuenta de la demanda, mediante Resolución de 5 de abril de 2004, la SALA admitió la demanda impetrada por la prenombrada firma forense e igualmente, se ordenó correr traslado de la misma al Director General de la Caja de Seguro Social y a la Procuradora de la Administración para los fines legales pertinentes. Para atender el caso en estudio, antes de entrar a valorar el dossier y emitir concepto en cuanto al petitum del demandante, esta alta Corporación de Justicia considera que es necesario examinar, con el propósito de determinar, si efectivamente la misma cumple con los presupuestos contenidos en la Ley N°135 de 30 de abril de 1943, reformada por las leyes 33 de 11 de septiembre de 1946 y 39 de 17 de noviembre de 1954 y, los artículos 625 y 665 del Código Judicial, los cuales se encuentran correlacionados con el artículo 470 de la misma excerta legal señalada.

Esta SALA al consultar las disposiciones legales indicadas, encuentra que cumplen con los requerimientos exigidos por las distintas normas valoradas frente a la manifestación de las pretensiones de la sociedad denominada BELLSOUTH DE PANAMÁ, S. A.

I-ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

El acto impugnado está contenido en el Resolución N°1095-01 D.G. de 28 de diciembre de 2001, dictada por la Dirección General de la Caja de Seguro Social. Entre las consideraciones anotadas para su expedición, el Director General resolvió:

"CONDENAR a la empresa BSC DE PANAMÁ, S. A. (BELLSOUTH), con número patronal 87-730-0046, a pagar a la Caja de Seguro Social, la suma de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BALBOAS CON CINCUENTA Y UN CENTÉSIMOS (B/.42,844.51), en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales, décimo tercer mes, multas y recargos de Ley, sumas dejadas de pagar durante el período comprendido de febrero de 1996 a diciembre de 2000, más los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación."

Al presentar el recurso de reconsideración el demandante, la autoridad recurrida resolvió mediante Resolución N°1210-02 D.G. de 22 de octubre de 2002 modificar la Resolución N°1095-01 D.G. de 28 de diciembre de 2001, en el sentido de "CONDENAR a la empresa BSC DE PANAMÁ, S.A. (BELLSOUTH), a pagar la suma de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO BALBOAS CON OCHENTA Y CINCO CENTÉSIMOS (B/.39,924.85), por los conceptos y períodos antes mencionados, más los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación." Por otra parte, mediante la Resolución N°34,685-2003-J.D. de 21 de octubre de 2003, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social resolvió el recurso de apelación señalando que en mérito de lo externado, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución No. 1095-01-D.G. modificada por la Resolución No.1210-02-D.G. de 22 de octubre de 2002, en el sentido de CONDENAR a la empresa BSC DE PANAMÁ, S. A. (BELLSOUTH), con número patronal 87-730-0046, a pagar a la Caja de Seguro Social la suma de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO BALBOAS CONB OCHENTA Y CINCO CENTÉSIMOS (B/.39,924.85), en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales, décimo tercer mes, multas y recargos de ley, sumas dejadas de pagar durante el período comprendido de febrero de 1996 a diciembre del 2000, más los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación.

En contra de esta resolución cabe el recurso de revisión bajo los supuestos previstos en los artículos 188 y siguientes de la Ley 38 de 31 de julio del 2000.

II-HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA PRETENSIÓN

El demandante fundamenta su pretensión con base a los siguientes hechos:

"...

NOVENO

El acto administrativo impugnado, es decir la Resolución No. 1095-01 D.G. de 28 de diciembre de 2001, demandado ante esta vía, y los actos administrativos posteriores que lo modificaron parcialmente y que condenó a nuestra representada al pago de B/.39,924.85 resulta injusto, ya que los auditores de la Caja de Seguro Social no tomaron en consideración como parte del salario declarado el décimo tercer mes para añadirlo al salario y de allí compararlo con los gastos de representación para establecer de esa manera, si efectivamente los gastos de representación excedían el salario en los meses de abril, agosto y diciembre de 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, tal y como la jurisprudencia de esta S. lo ha establecido.

DECIMO

En adición a lo anterior, el acto administrativo impugnado, en virtud del "Anexo 2" del Informe AER-I-91-107 que reposa en el expediente que contiene el alcance efectuado por la Caja de Seguro Social, injustamente consideró que durante el período comprendido de 1996 a diciembre de 2000 en las liquidaciones de E. De Gracia, J.C.G., L.L., V.L., C.S., G.S., I.R., se dieron omisiones en el pago de cuotas de seguro social, en vista de que no consideraron la prestaciones laborales pagadas bajo el concepto de gasto de representación, en contraposición con aquellas pagadas bajo salario, para así verificar si existía o no exceso en el pago del gasto de representación, sobre el salario."

III-NORMAS LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La parte actora considera que se han infringido disposiciones legales, razón por la cual se pide la declaratoria de ilegalidad del acto proferido por la Dirección General de la Caja de Seguro Social; en consecuencia, el demandante señala la violación del artículo primero del Decreto de gabinete 221 de 18 de noviembre de 1971 por interpretación errónea debido a que el décimo tercer mes es legalmente considerado una bonificación especial y no así como salario, sin perjuicio de que la Ley 20 de 12 de agosto de 1992 lo sujeta al pago de cuotas de seguro social. De igual manera, indica la violación del artículo 2 ibidem, por la cual se restituye el pago de la segunda partida del décimo tercer mes a los empleados del sector público y privado. Esta violación, según el letrado del foro es directa por omisión la citada norma al pretender condenar al pago de B/.42,844.51 que, posteriormente se modificó en B/.39,924.85. En tercer lugar, el apoderado judicial de la parte actora revela que hubo violación de los literales b) y c) del artículo 62 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, por la cual se modifica la Ley N° 134 de 27 de abril de 1943, Orgánica de la Caja de Seguro Social, modificado a su vez por el artículo 46 de la Ley N° 30 de 26 de diciembre de 1991, debido a que la precitada institución de seguridad social del país incurrió en violación directa por omisión de los literales ut supra.

IV-INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA

Por conducto del Oficio N°479 de 5 de abril de 2004 (f.83) se solicitó al Director General de la Caja de Seguro Social el informe explicativo de conducta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 33 de 1946, con el propósito de que se ilustre a esta SALA sobre el suprecitado negocio. A tal efecto, mediante nota calendada 13 de abril de 2004 (visible a 84 a 89), el prenombrado funcionario señala de acuerdo con las consideraciones que expone en el informe que, la demanda Contencioso Administrativa de Plena

Jurisdicción interpuesta "...contra la Resolución No.1095-01 D.G. de 28 de diciembre de 2001, carece de fundamento legal por cuanto las actuaciones administrativas de la Institución, están enmarcadas dentro de los preceptos contenidos en la Ley y los reglamentos que la desarrollan, que le atribuyen la salvaguarda de sus intereses, que son los mismos de obrero y patronos sometidos al régimen de seguridad social."

V-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Por su parte, la Procuraduría de la Administración en defensa de los intereses de la Administración Pública, en atención a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5, Libro Primero de la Ley N°38 de 31 de julio de 2000, que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, después de examinar el expediente, mediante Vista N° 275 de 9 de junio de 2004, emite concepto manifestando que efectivamente hubo falta de cumplimiento de la sociedad BELLSOUTH PANAMÁ, S. A. de deducir las cuotas de seguro social del excedente de los gastos de representación al mes de salario de los empleados de la empresa de acuerdo a lo indicado en el Informe de Auditoría AE-I-01-107; en consecuencia, solicita a esta Corporación de Justicia no acceder a la pretensión de la sociedad demandante.

VI-EXAMEN Y DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites legales de rigor, propios de estos procesos y expuestas las principales piezas del presente negocio jurídico, la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA procede al análisis y resolución de la controversia planteada.

La materia propia de esta controversia, surge en virtud de la acción administrativa impetrada por el Director General de la Caja de Seguro Social al dictar, dentro de las atribuciones conferidas por Ley, la Resolución N°1095-01 D.G. de 28 de diciembre de 2001, cuyo acto resolutorio es del tenor siguiente:

CONDENAR a la empresa BSC DE PANAMÁ, S. A. (BELLSOUTH), con número patronal 87-730-0046, a pagar a la Caja de Seguro Social, la suma de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BALBOAS CON CINCUENTA Y UN CENTÉSIMOS (B/.42,844.51), en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales, décimo tercer mes, multas y recargos de Ley, sumas dejadas de pagar durante el período comprendido de febrero de 1996 a diciembre de 2000, más los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación.

Posteriormente dentro del proceso, esta M. tuvo que pronunciarse debido a que el apoderado forense ALFARO, FERRER & RAMÍREZ de la sociedad BELLSOUTH PANAMÁ, S.A. apeló a la no admisibilidad de algunas de las pruebas documentales presentadas por la parte actora en el negocio in examine. A tal efecto, la SALA confirmó el auto de 20 de enero de 2006, dictado dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el apelante. La no admisibilidad de los documentos presentados no pueden ser evaluados para otorgarles mérito probatorio en esta negocio jurídico que se ventila; ya que, la CORTE ha dejado claramente establecido, lo siguiente:

En primer término, hemos analizado la objeción del Sustanciador de no admitir como prueba, el documento visible a foja 15-16 del expediente, consistente en la copia de un Boletín publicado por una Firma de Contadores Públicos Autorizados. Luego de este análisis, observamos que se trata de un documento que no se aporta en original, sino mediante una reproducción fotostática, y sin que se haya acreditado su autenticidad.

Por ello, debemos coincidir con el A-quo, en que se trata de un documento no admisible, pues la forma en que se ha presentado no es idónea para acreditar su existencia, a tenor de lo previsto en el artículo 833 del Código Judicial.

En lo que concierne a la inconducencia del documento visible a foja 17-27 del dossier, consistente en la sentencia de 4 de marzo de 1999, expedida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al resolver la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción instaurada por PETROLEOS DELTA contra la Caja de Seguro Social, convenimos una vez más que con el Sustanciador en que dicha prueba es inconducente, pues no se refiere a los hechos discutidos en el proceso de marras.

A ello debe sumarse, que por tratarse de una sentencia judicial proferida por una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra publicada en el Registro Judicial, y por tanto, se presume que el Tribunal tiene conocimiento de la misma, tal como se desprende del artículo 786 del Código Judicial.

Finalmente, en lo que se refiere al documento visible a fojas 28-56 del legajo, el resto de la Sala se muestra de acuerdo con el criterio del juzgador de primera instancia, toda vez que el Informe Pericial y Anexos que reposa en las fojas antes descritas, es un documento privado no auténtico, que no ha sido reconocido ante juez o notario, ni judicialmente se ha tenido por reconocido. Tampoco se trata de un documento al cual la ley le otorgue presunción de autenticidad. Esa falta de autenticidad, impide su admisión como prueba idónea en el proceso.

Como puede observarse a través del examen del expediente, el punto central de la controversia, radica en la condena a la demandante que nace como consecuencia de la omisión en el pago de cuotas y en la declaración de los salarios devengados por los empleados de la empresa, cuyas cifras no fueron reportadas a la Caja de Seguro Social (visible a fojas 7 a 11); tal cual aparece en el Informe de Auditoria N° AE-I-01-107 (visible a fojas 15 a 16) que señala omisiones en salarios no incluidos en planilla preelaborada, vacaciones proporcionales no declarada a la Institución de Seguridad Social, excedente del gasto de representación superiores a los salarios mensuales declarados en la planilla preelaborada cuyo excedente están sujetos a cuotas obrero-patronales, servicios profesionales en el cual se establecía la relación laboral y posteriormente fueron incluidas en la planilla preelaborada y, por concepto de décimo tercer mes proporcional no facturados por la Institución y otros no incluidos en la planilla correspondiente.

Habida cuenta de lo anterior, infiere el apoderado judicial que el negocio jurídico en comento es violatorio de normas claramente decretadas, argumentación que, sostiene al señalar que el acto administrativo impugnado infringe el artículo primero del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971 en el concepto de violación por interpretación errónea, por ser, según el reclamante, el décimo tercer mes considerado legalmente como una bonificación y no como salario, sin perjuicio de que el artículo 2 de la Ley N° 20 de 12 de agosto de 1992 que, al restituir la segunda partida del décimo tercer mes establece como excepción el pago de cuotas obrero-patronales del seguro social; por tanto, solamente se debió tomar en consideración para el pago de cuotas, la parte que dimana del salario y no la dimanante del gasto de representación, salvo que en conjunto hubiera excedido el salario mensual más el décimo tercer mes. Como consecuencia de lo anterior, el letrado del foro como apoderado del recurrente, señala que el Director de la Caja de Seguro Social violó de forma directa por omisión el artículo 2 ibidem al condenar a la sociedad por los conceptos expresados en el libelo de la demanda.

Por otra parte, el letrado del foro expresa que, la sociedad en mención, acepta que en algunos casos ciertas sumas pagadas en concepto de salario, vacaciones y décimo tercer mes y hasta sumas pagadas como servicios profesionales, debieron reportarse como salarios en su oportunidad, cosa que no se hizo, al igual que, ciertos pagos en conceptos de gastos de representación que dentro de determinados meses sí excedieron las sumas pagadas bajo concepto de salario; es decir, la parte actora reconoce que hubo omisión en el pago de cuotas a la Caja de Seguro Social, producto de la auditoria financiera que se llevó a cabo.

En concordancia con lo anterior, se observa en el expediente administrativo el Informe Número AE-I-01.107 de 30 de octubre de 2001 preparado por el Departamento de Auditoria a Empresas de la Dirección Nacional de Auditoria Interna de la Caja de Seguro Social, visibles a fojas 1 a 16, en donde se presenta el resultado de la auditoria practicada a la sociedad BSC DE PANAMA, S.A. con número patronal 87-730-0046 que abarcó el período del mes de febrero de 1996 al mes de diciembre del año 2000. Según el precitado documento de auditoria, el examen de la situación contable incluyó la comparación de las planillas internas contra las preelaboradas, revisión de los comprobantes del pago selectivamente, declaraciones juradas del impuesto sobre la renta, registros mecanizados y otros documentos contables. En el mismo, se reflejó una serie de conceptos omitidos en el pago de cuotas obrero patronales, a saber: salario, vacaciones proporcionales, excedente del gasto de representación, servicios profesionales y décimo tercer mes proporcional.

Del análisis de la situación, se determinó omisiones canceladas a través del sistema clave, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera:

1-Se detectaron salarios a favor de las trabajadoras I.L.G. y C.A.P., los cuales no fueron incluidos en la planillas preelaboradas del año 1996.

2-Por vacaciones proporcionales por terminación de la relación laboral del señor J.P. que no fue declarada y que debió cotizar las cuotas correspondientes según planillas internas de junio de 1996.

3-De las planillas correspondientes a los períodos fiscales 1996 a 2000, los gastos de representación pagados fueron superiores a los salarios mensuales declarados, por tanto, dichos excedentes están sujetos a las retenciones de las cuotas obrero patronales. Dentro de esta situación se encuentran los señores G.I., J.J.B., G.C.I., R.J., L.L., L. de M., M.G., M.H., D.M., P.E..

4-Del examen de los comprobantes de pagos correspondientes a los períodos 1997 y 1998 se hicieron pagos a favor de M.F. y A.M.B. por concepto de servicios profesionales en donde se establecía la relación laboral y posteriormente fueron incluidas en la planilla preelaborada.

5-Se determinaron pagos por concepto del décimo tercer mes para el mes de junio de 1997 a favor de G.E. y M.H. que, fueron reportados pero no facturados por la Institución. En junio de 1996 se canceló el décimo tercer mes proporcional a J.P. sin que se incluyera en la planilla correspondiente. Estos fueron incluidos en el Informe de Auditoría para el pago de la cuota de seguro social.

Por su parte, los apoderados judiciales de la sociedad BSC DE PANAMÁ, S. A. (BELLSOUTH PANAMÁ, S.A.) piden la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo que con base al Informe de Auditoría de la Caja de Seguro Social el Director de esa Institución mediante Resolución N°1095-01 D.G. el 28 de diciembre de 2001 condenó a la precitada empresa al pago de cuotas, multas y recargos por Ley. Para sustentar su argumentación, expresa que existe violación por interpretación errónea el artículo primero del Decreto de Gabinete 221 de 1971 que a la letra dice:

"ARTÍCULO PRIMERO: Todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores, una bonificación especial como un derecho adicional a lo dispuesto por las normas laborales vigentes. Esta se denominará "DÉCIMO TERCER MES". (el subrayado es de esta SALA).

Según el apelante, únicamente se debió haber tomado para los efectos del cálculo de la cuota del seguro social para los meses de abril, agosto y diciembre de 1996 a 2000, la parte proporcional del décimo tercer mes que dimana del salarió y no la que corresponde al gasto de representación, a menos de que, éste hubiese excedido el salario mensual más la parte proporcional del décimo tercer mes.

Por otra parte, señala el letrado del foro que, el acto administrativo violó de forma directa por omisión el artículo 2 de la Ley 20 de 1992 al pretender condenar al pago de B/.42,844.51, cifra que posteriormente se modificó en B/.39,924.85. La excerta legal en mención, señala lo siguiente:

"Artículo 2. Las sumas que se paguen en concepto del Décimo Tercer (XIII) Mes son deducibles para los efectos fiscales como gastos en la producción de la renta y no estarán sujetas al pago de riesgos profesionales y ningún otro gravamen, descuento o carga, con excepción del pago de cuotas obrero-patronales del Seguro Social y del impuesto sobre la renta." (el subrayado es de esta SALA)

Es fácil colegir que las normas invocadas tratan sobre la existencia de una bonificación especial a favor del trabajador que el legislador ha denominado Décimo Tercer (XIII) Mes y que, las sumas pagadas en concepto del Décimo Tercer (XIII) Mes debe pagar cuotas obrero patronales del Seguro Social. Es evidente, por tanto, la obligación de efectuar su pago por ministerio de la ley, sin división o proporcionalidad alguna; ya que, la norma así no lo prescribe.

El tercer argumento de la actora, radica en señalar violación de los literales b) y c) del artículo 62 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954 que con sus modificaciones, infringe la citada norma, según el apelante, en el concepto de violación directa por omisión al determinar la Caja de Seguro Social que existía excedente de los gastos de representación en relación con el total de sueldos devengados en los meses de abril, agosto y diciembre, comprendidos de 1996 a diciembre de 2000 por algunos empleados de la sociedad previamente señalada. Antes de entrar a examinar y efectuar pronunciamiento con respecto a las violaciones indicadas por el apoderado de la sociedad demandante, esta SALA considera que es obligante y preciso señalar que solamente entrará a justipreciar el literal b) del artículo 62 ibidem, como quiera que, el letrado del foro no transcribió ni explicó el concepto de la violación del literal c); ya que, transcribió el párrafo segundo del literal b) como si fuera el literal c) del artículo 62 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954. En consecuencia, no es posible tomarlo en consideración, porque su transcripción es requisito indispensable para que esta alta Corporación de Justicia pueda externa criterio sobre el negocio jurídico en disputa, según lo que preceptúa la Ley N°135 de 1943, modificada por las Leyes N°33 de 1946 y N°39 de 17 de noviembre de 1954 Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por tanto, solamente nos abocaremos al escrutinio del literal b) que a la letra lee:

"Artículo 62: Para los efectos del Seguro Social privarán las siguientes definiciones:

a)...

  1. Sueldo: La remuneración total, gratificación, bonificación, comisión, participación en beneficios, vacaciones o valor en dinero y en especie, que reciba el trabajador del patrono o empleador o de cualquier persona natural o jurídica como retribución de sus servicios o con ocasión de éstos.

Se exceptúan del pago de cuotas de seguro social los viáticos, dietas y preavisos. También se exceptúan las gratificaciones de navidad o aguinaldos y los gastos de representación mensual, siempre que no excedan a un mes de sueldo. En el caso de exceder el mes de salario se gravará solamente el diferencial que exceda al respectivo mes de salario." (el subrayado es de esta SALA)

El punto focal de esta controversia, como ha quedado evidenciado, radica en determinar si la precitada Institución estaba, de acuerdo al resultado del Informe de Auditoria facultada legalmente para condenar a la sociedad BSC DE PANAMÁ, S.A. al pago de cuotas a la Caja de Seguro Social. Debe quedar claro sin duda alguna que, conforme a lo que dispone nuestra legislación, los gastos de representación mensual no están sujetos al pago de cuotas obrero patronales, tal como lo revela claramente el literal b) del artículo 62 ibidem. Empero, la misma excerta legal establece como excepción, el caso en que el gasto de representación mensual exceda el mes de salario, en cuyo caso, dicho excedente será gravable para efectos de cuotas obrero patronales; precisamente, este es el caso de los gastos de representación mensual registrados a favor de varios empleados de BSC DE PANAMA, S.A. de acuerdo con la pesquisa contable.

El caso in examine, este Tribunal Colegiado coincide con lo externado por la Procuraduría de la Administración en su Vista N° 275 de 2 de junio de 2004, cuando señala:

Así pues, es ante la falta de cumplimiento del BELLSOUTH PANAMÁ, S.A., de su obligación de deducir las cuotas de seguro social del excedente de los gastos de representación al mes de salario de los empleados de la empresa contemplados en el Informe AE-I-01-107, que la Dirección General de la Caja de Seguro Social, en uso de sus constitucionales y legales atribuciones, decide condenar a la empresa a pagar la suma de treinta y cinco mil novecientos veinticuatro balboas con ochenta y cinco centésimos (B/.39,924.85), en concepto de cuotas de seguro social, primas de riesgos profesionales, décimo tercer mes, multas.

En base a lo expuesto, la Procuraduría en comento, expresa que las actuaciones realizadas por la Caja de Seguro Social fueron acertadas; a este respecto, observamos que la parte actora no logró probar con elementos irrefutables o desvirtuar que las evaluaciones de la auditoria fueran incorrectas para enervar los argumentos de dicha Institución. Además, debemos reiterar que, mediante Resolución de 18 de abril de 2006 esta SALA confirma el auto de 20 de enero de 2006 dictado dentro de esta litis en donde no se admiten como pruebas presentadas por la parte actora, el documentos visible a foja 15 a 16 del expediente que es una copia de un Boletín publicado por una Firma de Contadores Públicos Autorizados por no cumplir con lo establecido en el artículo 833 del Código Judicial; es decir, no es idónea para acreditar su existencia, en adición a los documentos visibles a foja 17 a 27 del dossier que se refiere a sentencia de la SALA TERCERA proferida el 4 de marzo de 1999, al resolver demanda instaurado por la sociedad PETRÓLEOS DELTA, S.A. contra la Caja de Seguro Social, por inconducentes por no referirse a los hechos discutidos en el proceso de marras.

Por último, visible a fojas 28-56 del legajo, la SALA también se ve obligada a no admitir el Informe Pericial y Anexos que reposa en el expediente, por ser un documento privado no reconocido ante juez o notario, ni judicialmente se ha tenido por reconocido; por tanto, por falta de autenticidad, se impide su admisión como prueba idónea en este proceso contencioso. Nuevamente esta Corporación debe señalar que en ocasiones anteriores ha reiterado que en materia de documentos privados, para ser admitidos, debe ajustarse a las normas, tal como se puede observar en autos de 14 de diciembre de 1993, 14 de julio de 1999, 24 de julio de 1995, entre otros proferidos por la SALA TERCERA.

Las consideraciones anteriores, hacen concluir a esta M. que lo procedente es negar los cargos invocados, concluyendo que la actuación de la Caja de Seguro Social, se enmarcó dentro de sus facultades legales, y que, actuó en salvaguardia de sus intereses, y la de trabajadores y patronos, sometidos al régimen de seguridad social, como prevé la Ley. En consecuencia, esta SALA desestima los cargos por violación endilgados al artículo primero del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971; el artículo 2 de la Ley N° 20 de 12 de agosto de 1992; los literales b) y c) del artículo 62 del Decreto ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, por la cual se modifica la Ley N° 134 de 27 de abril de 1943, modificado a su vez por el artículo 46 de la Ley N° 30 de 26 de diciembre de 1991; pues tal como se ha planteado a través del Informe de Auditoría N° AE-I-01-107 del Departamento de Auditoría a Empresas de la Dirección Nacional de Auditoría Interna de la Caja de Seguro Social, se constató que la empresa BSC DE PANAMÁ, S.A. (BELLSOUTH), omitió el pago de cuotas obrero patronales por concepto de salario, vacaciones proporcionales, excedentes del gasto de representación, servicios profesionales y décimo tercer mes durante el período comprendido de febrero de 1996 a diciembre de 2000.

Esto es así toda vez que, la sociedad en mención estaba obligada a cotizar la cuota obrero patronal en la Caja de Seguro Social, de acuerdo a lo previsto en las precitadas normas, pues se ha logrado comprobar que las sumas devengadas por algunos empleados de la recurrente constituyen ingresos gravables de acuerdo con la normativa de la seguridad social panameña. Empero y luego del estudio del expediente administrativo y de las demás pruebas aceptadas en este proceso, esta SALA considera que no existen suficientes elementos probatorios que desvirtúen la decisión de la Caja de Seguro Social de imponer mediante condena a la prenombrada empresa el pago de treinta y nueve mil novecientos veinticuatro balboas con ochenta y cinco centésimos (B/.39,924.85) en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales, décimo tercer mes, multas y recargos de ley.

Habida cuenta de lo anterior, y de las consideraciones valorativas hechas sobre cada uno de las piezas admitidas que reposan en el dossier, esta M. ante tales exposiciones, precisa externar que el acto administrativo que nos ocupa, proferida por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, no resultan ilegales, por ende, mal podría esta Corporación de Justicia decretar su nulidad. En consecuencia, este TRIBUNAL debe negar los cargos invocados y así debe hacerlo saber; ya que, se concluye que la actuación de la Caja de Seguro Social se enmarcó dentro de sus facultades legales y constitucionales, toda que vez que, cumplió con sus atribuciones para salvaguardar los intereses legales del régimen de seguridad social patrio.

En consecuencia, la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara QUE NO ES ILEGAL la Resolución N°1095-01 D.G. de 28 de diciembre de 2001, expedida por el Director General de la Caja de Seguro Social, ni sus actos confirmatorios, dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por la firma forense ALFARO, FERRER & RAMÍREZ actuando en representación de la sociedad BSC DE PANAMÁ, S. A. (BELLSOUTH).

NOTIFÍQUESE,

VICTOR L. BENAVIDES P.

JACINTO CÁRDENAS M. -- HIPÓLITO GILL SUAZO

JANINA SMALL (Secretaria)

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