Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 29 de Abril de 2010

PonenteHarley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución29 de Abril de 2010
EmisorPleno

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce la acción de amparo presentada por MAJOLI SERVICES, S., a través de su apoderada judicial, firma de abogados B., M. & Asociados contra la Resolución No. 22 de diciembre de 2009, emitida por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. (por sus siglas, ETESA).

ALEGATOS DEL PROMOTOR CONSTITUCIONAL

El libelo de demanda de amparo refiere que la EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S. (en adelante, ETESA) rescindió el contrato administrativo celebrado con MAJOLI SERVICES, S. para la prestación de los servicios de vigilancia, custodia y control de acceso a las instalaciones y bienes de ETESA en las provincias de Panamá y C., acto que ha transgredido lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Política de la República, es decir, el debido proceso legal.

ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO

Luego del sorteo y reparto del expediente constitucional, el Magistrado Sustanciador examinó el libelo de demanda con el propósito de verificar la observancia de los requerimientos constitucionales, legales y jurisprudenciales para su admisión.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE AMPARO

En primer lugar, precisa recordar que el amparo es un mecanismo procesal extraordinario de protección de derechos fundamentales distintos a los derechos de libertad personal y de información que busca la protección efectiva y rápida de los derechos constitucionales que han sido vulnerados por la emisión de un acto de autoridad pública que por la gravedad e inminencia del daño requieren de una pronta reparación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que el recurso de amparo es adecuado para tutelar los derechos humanos de los individuos; siendo este idóneo para proteger la situación jurídica infringida por ser aplicable a los actos de autoridad que implican amenaza, restricción o violación de derechos protegidos (Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción preliminar, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. Párrafo 121).

En Panamá, está regulado a nivel constitucional y legal requiriéndose para su procedencia que el acto de autoridad pública haya infringido algún derecho fundamental previsto en la Constitución o Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por el país.

Siendo así, el primer requisito formal es que el acto restrictivo de un derecho fundamental haya sido dictado por un servidor público y, excepcionalmente, por quien administre una institución que preste un servicio público en un régimen de derecho privado.

En cuanto al objeto de protección del amparo, el acto, la jurisprudencia constitucional reciente, mediante sentencia constitucional de 21 de agosto de 2008, se apartó de la definición legal -tradicional de "orden de hacer y orden de no hacer" para dar paso a este concepto con el propósito de procurar una efectiva tutela instituyendo que todo "[a]ctosusceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir o menoscabar un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución Nacional sino en los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en la ley", puede ser controlable ante la justicia constitucional.

De este primer requisito, deriva un segundo elemento importante consistente en que ese acto limitativo del derecho fundamental emane, por excelencia, de un servidor públicocon mando y jurisdicción.

Para identificar quién debe ser considerado servidor público, el artículo 299 constitucional nos indica que "son servidores públicos las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas o semiautónomas; y en general, las que perciban remuneración del Estado."

Una vez reconocido que el objeto de impugnación de la acción de amparo puede ser todo acto proferido por un servidor público, el Tribunal Constitucional afronta el dilema de determinar si el acto demandado en amparo es un acto de autoridad pública.

En el presente caso sub lite, el acto demandado en amparo lo constituye la Resolución No. 22 de diciembre de 2009, emitida por ETESA mediante la cual se invalida el contrato administrativo celebrado para la prestación del servicio de vigilancia, custodia y control de acceso de las instalaciones y bienes de la empresa en las provincias de Panamá y C..

Para una mejor comprensión de lo dispuesto se reproduce a continuación la parte resolutiva de la resolución citada:

"RESUELVE:

PRIMERO

DECLARAR la rescisión del Contrato GG-051-2009 el día 30 de marzo de 2009, para el "SERVICIO DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y CONTROL DE ACCESO DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE ETESA EN LAS PROVINCIAS DE PANAMÁ Y COLÓN", suscrito con la Empresa MAJOLI SERVICES, S., de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Quinta del referido Contrato.

SEGUNDO

INHABILITAR a la empresa MAJOLI SERVICES, S., por un periodo de seis (6) meses para participar en los actos de selección de contratista, la contratación directa y los contratos nuevos que hayan sido objeto de un acto de selección de contratista que se inicien con posterioridad a la fecha en que quede ejecutoriada la presente resolución.

TERCERO

ADVERTIR al interesado que la presente Resolución podrá ser recurrida ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su notificación de la Resolución (sic), que se surtirá en el efecto suspensivo, hasta que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas resuelva el mismo, con lo cual se agotará la vía gubernativa.

CUARTO

Para notificar la presente Resolución, publíquese en el Sistema Electrónico "PanamaCompra" (sic) y en el tablero de la empresa.

QUINTO

Remitir a la Dirección General de Contrataciones Públicas esta Resolución, para los efectos de registro que dispone la Ley 22 de 27 de junio de 2006, y el Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

SEXTO

Remitir copia de la presente Resolución a La Fiadora AMERICAN ASSURANCE y a la Contraloría General de la República.

SÉPTIMO

La presente Resolución entrará a regir a partir de la fecha en que quede debidamente ejecutoriada.

(...)"

En cuanto a la naturaleza de la entidad demandada se advierte que ETESA es una empresa dedicada a la prestación del servicio público de transmisión de electricidad en alta tensión, instituida como sociedad anónima con capital accionario 100% del Estado panameño sometida al régimen de derecho privado (Véase artículo 25 de la Ley No. 06 de 03 de febrero de 1997, "Por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la prestación del Servicio Público de Electricidad". Publicada en Gaceta Oficial No. 23,220 del miércoles 05 de febrero de 1997).

De ahí, consta que ETESA es una empresa eléctrica del Estado que participa impulsando la política energética del Estado procurando, por una parte, la satisfacción de las necesidades de transmisión de energía eléctrica a la población panameña y, por la otra, interviniendo en igualdad de condiciones con el sector privado en la gestión y prestación de este servicio público.

Expuesto lo anterior, el acto refutado de inconstitucional "prima facie" no reviste la característica de provenir de una autoridad pública; no obstante, al efectuarse un estudio detallado del acto mismo, el Tribunal Constitucional observa que se trata de un acto de contratación pública que está regulado por las normas de Derecho Público, lo que conlleva a que sea revisable en amparo, siempre que se alegue la vulneración de derechos fundamentales.

Lo anterior encuentra sustento en La Ley No. 22 de 27 de julio de 2006, por medio de la cual se regula la Contratación Pública en Panamá, la cual dispone que será aplicable a los contratos públicos que realice el Gobierno Central, las entidades autónomas y semiautónomas, los intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno por ciento (51%) o más de sus acciones.

De esta manera, al ser ETESA una empresa eléctrica con 100% capital accionario perteneciente al Estado panameño, evidentemente, se encuentra sometida, únicamente, en cuanto a la contratación de materiales, bienes, obras y servicios, a lo dispuesto en la ley referida.

Entonces, la Resolución No. 22 de diciembre de 2009, por la cual se rescinde el contrato celebrado por ETESA y MAJOLI SERVICES, S., es susceptible de ser impugnada en amparo, tanto por la entidad prestataria del servicio público de electricidad, así como, por la naturaleza del acto "per se", es decir, por tratarse de una resolución rescisoria de uncontrato administrativo.

Despejado el problema sobre si el acto era susceptible de ser demandado ante la justicia constitucional, concierne repasar el cumplimiento de los demás requisitos formales exigidos para la promoción de la acción de amparo.

Al respecto, téngase en cuenta que el amparo es una acción procesal extraordinaria y subsidiaria; por tanto, para su examen se reclama que la pretensión del amparista persiga el reconocimiento de un derecho fundamental, es decir, que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la vulneración o no de algún derecho fundamental sin que pueda efectuar manifestación alguna sobre las cuestiones técnicas, ni pueda precisar que cláusula contractual debió aplicarse en la resolución del conflicto que da origen a la interposición de la acción de amparo.

Tal como consta en autos, el libelo de demanda detalla cómo ETESA anuló el contrato administrativo celebrado en desmedro de las cláusulas contractuales pactadas; por ejemplo, la cláusula remisora a la jurisdicción arbitral o la rescisión del contrato previa notificación al contratista y la cancelación de los pagos por el servicio prestado, lo que soporta que la acción de amparo interpuesta pierda ese carácter extraordinario al no apoyarse en una denuncia formal de lesión de derechos fundamentales sino en aspectos meramente contractuales.

En lo que corresponde a la subsidiariedad de la acción de amparo, el Tribunal Constitucional recuerda que ante la existencia de medios de defensa de orden legal útiles y efectivos que puedan restituir el goce del derecho violentado no podrá formalizarse acción de amparo.

En el caso in examine, el acto puede ser recurrible, eficazmente, ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas; en consecuencia, el pretensor debió presentar su reclamación ante este Tribunal por ser la autoridad jurisdiccional competente para dirimir la disputa legal anunciada.

En fin, al inobservarse los requisitos formales citados, no se admite la acción de amparo.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: NO ADMITE la acción de amparo presentada por MAJOLI SERVICES, S., mediante apoderado judicial, contra la Resolución No. 22 de diciembre de 2009, emitida por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. (ETESA).

N.,

HARLEY J. MITCHELL D.

ALEJANDRO MONCADA LUNA -- O.O.D. (Con Salvamento de Voto) -- G.E.F.-.W.S.F.-.J.A.A.E.-.V.L.B.P.-.A.C.C.-.J.M. E. (Con Salvamento de Voto)

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

SALVAMENTO DE VOTO DE

MAGISTRADO J.M.E.

ENTRADA Nº. 061-10 PONENTE: MGDO. HARLEY MITCHELL

ACCIÓN DE AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES PROMOVIDO POR B., MORA Y ASOCIADOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MAJOLI SERVICES, S. CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 22 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2009 DICTADA POR LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente, me veo en la necesidad de manifestar que no comparto algunos de los argumentos que sustentan la decisión de no admitir el amparo de Derechos Fundamentales interpuesto por B., MORA Y ASOCIADOS en nombre y representación de MAJOLI SERVICES, S. contra la RESOLUCIÓN Nº 22 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2009 dictada por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (ETESA).

Los motivos de mi discrepancia son los siguientes:

  1. La sentencia plantea que es requisito formal del A. que el acto demandado "...haya sido dictado por un servidor público y, excepcionalmente, por quien administre una institución que preste un servicio público en un régimen de derecho privado", por lo que concluye que es, prima facie, susceptible de ser demandado en amparo "...tanto por la entidad prestataria del servicio público de electricidad, así como, por la naturaleza del acto "per se", es decir, por tratarse de una resolución rescisoria de un contrato administrativo". (El subrayado es mío).

    De lo transcrito, estoy de acuerdo con que procede un A. contra actos de servidores públicos y contra el particular que presta un servicio público.

    Sin embargo, no comparto que se deje de lado la posibilidad de que se ejercite el A. de Derechos Fundamentales contra actos de particulares, lo cual no resulta cónsono con la realidad del A. en Panamá, en base al Sistema de Protección de Derechos Fundamentales que rige en la actualidad. Lo anterior lo afirmo en virtud del carácter expansivo de los derechos fundamentales consagrado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Nacional, que claramente dispone:

    "Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad humana" (las negrillas son nuestras).

    De lo anterior, se advierte que el catálogo de derechos y garantías fundamentales previsto en la Constitución es mínimo y no excluye la existencia de otros derechos fundamentales que no figuran expresamente en el texto constitucional.

    El segundo párrafo del citado artículo constitucional es una cláusula abierta que le permite al Tribunal Constitucional acceder al reconocimiento de 'otros' derechos fundamentales.

    ¿Cuáles son esos 'otros' Derechos Fundamentales?. Una buena aproximación para encontrar tales Derechos Fundamentales, podría ser la de considerar a los Derechos Humanos previstos en tratados y convenios internacionales ratificados y aprobados por la República de Panamá como Derechos Fundamentales. Tales Derechos Humanos puede que no estén previstos en la Constitución Nacional o que estando consagrados en la misma amplíen el reconocimiento, promoción y protección de los derechos fundamentales previstos en la Carta Magna y, desde este punto de vista, deben ser tomados en cuenta, pues siempre debe optarse por la alternativa que implique mejor y mayor reconocimiento, promoción, protección y garantía de los derechos fundamentales.

    Ahora bien, ¿Por qué razón los Derechos Humanos reconocidos en Tratados o Convenios internacionales de Derechos Humanos pueden ser Derechos Fundamentales?. A mi modo de ver, pueden ser tenidos como tales, porque comparten con los Derechos Fundamentales valores éticos, políticos y jurídicos y porque al igual que los Derechos Fundamentales:

    1) Protegen frente al Estado y contra los particulares.

    2) Tienen mecanismos de protección reforzados o especiales.

    3) El Estado está obligado a reconocerlos, promoverlos, satisfacerlos y tutelarlos.

    4) Pretenden garantizar una esfera de libertad necesaria para el desarrollo de la personalidad en sociedad.

    5) Encarnan aspiraciones éticas y políticas de los ciudadanos.

    6) Tienen en común a la dignidad humana como fuente y valor digno de ser reconocido, promovido y tutelado.

    7) Sirven como factor legitimador del poder.

    8) Condicionan la unidad, plenitud y coherencia del Ordenamiento, entre otros.

    Debe tenerse en cuenta que, tanto los Derechos Humanos como los Derechos Fundamentales, presentan similitudes en el modo como funcionan, es decir, en cuanto a su eficacia, ya que ambos vinculan tanto la actuación del Estado y de los poderes públicos (eficacia vertical) como de los particulares (eficacia horizontal).

    Cabe preguntarse entonces, ¿Cómo pueden incorporarse a la Constitución los Derechos Humanos como Derechos Fundamentales según el artículo 17 de la Constitución Nacional?.

    Pues bien, el artículo 4 de la Constitución Nacional establece que "La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional", entre las cuales se encuentran los Tratados de Derechos Humanos.

    En ese orden de ideas, el artículo 1.1 [1] de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) establece que los Estados se comprometen a reconocer y garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en dicha Convención, teniendo la obligación de ajustar su ordenamiento jurídico interno, para evitar que tales derechossean desconocidos o que no sean plenamente eficaces.

    Entre esos derechos humanos que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) se encuentra el artículo 25, que a la letra expresa:

    "Artículo 25. Protección Judicial.

  2. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." (Las negrillas y subrayas son mías).

    Como fácilmente se observa, el precepto anterior se refiere, entre otros, al A. de Derechos Fundamentales, como un recurso sencillo, rápido y efectivo al que tiene derecho toda persona, para que la amparecontra actos que violen sus derechos fundamentales, "...aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".

    Puede decirse entonces que el A. de Derechos Fundamentales es un derecho humano que tiene toda persona para obtener de los tribunales competentes la tutela judicial de sus derechos, que procede contra actos privados o del poder público violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o los pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos y que esta protección debe ser desarrollada mediante medidas que posibiliten el A.. De allí que resulte constitucionalmente viable que losactos de particulares sean impugnados vía A. cuando exista peligro o vulneración de derechos fundamentales, de modo que las personas afectadas no queden desprotegidas y sin posibilidad de acceder a la jurisdicción constitucional para la tutela efectiva de sus derechos.

    Una interpretación sistemática de los artículos antes mencionados, incluyendo el artículo 29 de la CADH [2], permite concluir que el A. procede contra cualquier acto que viole derechos humanos o derechos fundamentales contenidos en la Constitución Nacional, la Ley o los Tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

    Lo anterior implica que, bien sea que se trate de un particular que brinda servicios públicos o de cualquier otro ente particular, ello en nada afecta para que sus actuaciones sean susceptibles de ser impugnadas vía amparo de derechos fundamentales.

    Debe recordarse que la tutela judicial efectiva se consigue cuandose logra elreconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en las leyes, de manera que los mismos puedan ser restaurados cuando han sido lesionados, con independencia de si el acto emana de un ente público o de un particular.

    Como ha señalado el Pleno de esta Corporación de Justicia en Sentencia de 21 de agosto de 2008 "...la evolución del derecho al amparo implica la necesidad de abrir la puerta para la presentación del amparo de derechos fundamentales contra cualquier Acto susceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución Nacional sino en los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en la ley". (Cfr. Sentencia del Pleno de 21 de agosto de 2008).

  3. La Sentencia que antecede, finalmente niega la admisión del A. que nos ocupa, bajo el argumento de que el amparista no agotó los medios de defensa para restituir el goce del derecho al afectado, ya que no recurrió el acto atacado en sede de A. ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

    Sobre este aspecto debo indicar que la propia Sentencia ubica el acto atacado como una resolución susceptible de ser recurrida vía amparo de Derechos Fundamentales "por su naturaleza", ya que es "una resolución rescisoria de un contrato administrativo".

    De allí que no logre discurrir por qué finalmente se exigió a dicho acto un requisito de procedibilidad que sólo aplica para los actos jurisdiccionales, como lo es el agotamiento de los medios y trámites previstos en la ley, que estipula el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial, atendiendo a lo dispuesto por esta Corporación de Justicia mediante fallo de 4 de septiembre de 2008, en el cual el Pleno expresó:

    "...con relación al agotamiento de los medios y trámites legales, esa figura está prevista exclusivamente para cuando se pretenda amparar constitucionalmente resoluciones judiciales, en cuyo caso deberán agotarse en principio los medios impugnativos ordinarios que procedan contra esas decisiones, conforme lo destaca el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial, que establece lo siguiente:

    "Solo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate...".

    Como se aprecia, la exigencia legal transcrita solamente tiene aplicación, cuando se trata de decisiones judiciales. De acuerdo a lo establecido en la doctrina, los preceptos que establecen limitaciones para el ejercicio de derechos fundamentales se deben interpretar restrictivamente. Por ello, no puede hacerse extensivo la obligación de agotar los medios impugnativos a los Actos Administrativos.

    Como quiera que las normas constitucionales y legales que rigen la materia de amparo de garantía constitucional no hacen referencia a las resoluciones administrativas por lo que no es viable , cuando se vulnera una garantía constitucional, exigir requisitos adicionales a los no contemplados en el ordenamiento jurídico, como lo es el agotamiento de la vía contencioso administrativa". (Sentencia del Pleno de 4 de septiembre de 2008).

    Considero entonces que la decisión de exigir el agotamiento de los recursos que pudieran tener cabida ante el Tribunal de Contrataciones Públicas como requisito para incoar válidamente el amparo contra un acto de un particular que brinda un servicio público, restringe el derecho de la afectada un recurso "rápido" y "sencillo" para examinar la posible vulneración de derechos fundamentales planteada.

    Por las razones expresadas, respetuosamente, salvo mi voto.

    Fecha ut supra,

    MGDO. J.M.E.

    CARLOS H. CUESTAS G.

    SECRETARIO GENERAL

    SALVAMENTO DE VOTO DE

    MAGISTRADO O.O.D..

    Entrada N° 061-10

    M.. Ponente: HARLEY MITCHELL D.

    Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta por la Firma de A.B., M. & Asociados, en nombre y representación de M.S., S., contra la Resolución No. 22 de 15 de diciembre de 2009, dictada por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. (ETESA).

    VOTO RAZONADO

    Respetuosamente debo manifestar que, a pesar de estar de acuerdo con la parte resolutiva, mediante la cual no se admite la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentada por M.S., S., contra la Resolución No. 22 de diciembre de 2006, proferida por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. (ETESA), no comparto el análisis que se hace en la parte motiva de la Resolución, respecto a la naturaleza de la entidad demandada (ETESA).

    En ese sentido, dada la naturaleza jurídica de la Sociedad Empresa de Transmisión Eléctrica, S. (ETESA), resulta útil, en mi opinión, efectuar las siguientes consideraciones:

    Al dictarse la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997 (por la cual se crea el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio eléctrico), se creó la Empresa de Transmisión Eléctrica S. (ETESA) junto con otras siete (7) Sociedades en que quedó convertido el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE). Según el artículo 41 de la Ley antes mencionada, las contrataciones de bienes y servicios de ETESA se regían por lo que aprobaran las Juntas Directivas de las Sociedades creadas por dicha Ley. Por tanto, cuando se creó la Junta Directiva de ETESA la misma reguló el procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios.

    Mediante la Ley No. 22 de 2006, sobre Contrataciones Públicas, se indicó entre otras cosas, que se regirían por la misma, las Sociedades Anónimas en las cuales el Estado poseyera el 51% ó mas de sus acciones. Como quiera que el Estado es el dueño del 100% de las acciones de ETESA, la misma se rige por la Ley 22 de 2006, para los efectos de la adquisición de sus bienes y servicios.

    Salvo el caso del procedimiento para la adquisición de bienes y servicios, por una parte, y por la otra, en cuanto al pre audito y el post audito que ejerce sobre ETESA la Contraloría General de la República; dicha Empresa es considerada una empresa privada para todos los efectos. Es así, que la misma puede ser demandada, y en efecto lo ha sido, ante los Juzgados Civiles en caso de controversias con particulares. De allí que, al ser considerada ETESA una empresa privada (Sociedad Anónima) y no una Institución Pública, los actos de ETESA no deben ser objeto de Recurso de A. de Garantías Constitucionales.

    Dentro del marco conceptual expuesto, es que comparto la parte resolutiva de la decisión jurisdiccional prohijada por el resto de los Honorables Magistrados que componen el Pleno.

    Con el debido respeto,

    Fecha Up Supra.

    MAGISTRADO O.O.D.

    CARLOS H. CUESTAS G.

    SECRETARIA GENERAL

    [1] El artículo 1.1 de la CADH, dispone:

    Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

  4. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (El subrayado es mío).

    [2] El artículo 29 de la CADH expresa:

    Artículo 29. Normas de Interpretación.

    Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

    1. permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

    2. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

    3. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

    4. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.