Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 17 de Abril de 2012

Ponente:Alejandro Moncada Luna
Fecha de Resolución:17 de Abril de 2012
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS:

Conoce el Pleno de la acción de amparo presentada por el licenciado T.L.Á., en nombre y representación de la empresa ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MÉDICOS, S.A., contra la orden de hacer contenida en la Resolución No.132-DGT-53-09 de 9 de septiembre de 2009 y su modificación parcial por medio de la Resolución No. 176-DGT-53-09 de 1 de octubre de 2009, ambas dictadas por la Directora General de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Laboral y contra el acto confirmatorio, Resolución DM354-2010 de 21 de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

  1. ANTECEDENTES

    Los trabajadores de la empresa ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS MÉDICOS, S.A., presentaron ante la Dirección General de Trabajo, demanda laboral por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo. Dicha demanda fue admitida solo con respecto a los reclamos de indemnización y salarios caídos, declinándose la competencia para el resto de las reclamaciones laborales a los juzgados de trabajo, de la primera sección.

    El conflicto laboral tiene su génesis en el cierre de operaciones de la empresa, alegando los trabajadores que no les fueron pagados sus derechos adquiridos y que los directivos de la empresa procedieron a remitir a los trabajadores, vía correo, liquidaciones con base en mutuo acuerdo, sin indicar los montos que le corresponden a cada trabajador.

    La Dirección General de Trabajo, a través de la resolución que contiene la orden impugnada, decide dirimir el conflicto a favor de los trabajadores, siendo modificada posteriormente la cuantía de la condena, a través de la resolución que decide el recurso de reconsideración.

    El apoderado judicial de la empresa ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MÉDICOS, S.A., señala en los hechos que fundamentan la acción constitucional, que esta empresa suscribió con el Patronato del Hospital San Miguel Arcángel, un contrato de prestación de servicios, desde el año 2002, por tiempo determinado, con el fin de garantizar el funcionamiento y operatividad del hospital, y brindarle personal médico y técnico por el tiempo señalado en el contrato, por ende, el funcionamiento de la empresa dependía de la relación contractual con el patronato.

    Agrega que, la fecha de la terminación de la relación contractual era el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, los trabajadores, médicos y técnicos, lograron que la Dirección General de Trabajo dictara el Auto No.PJCD-13-204-2008 de 12 de diciembre de 2008, mediante el cual se secuestraron los dineros y bienes de la empresa, por la suma de novecientos noventa y nueve mil balboas con ochenta y seis centésimos (B/.999,00.86), y posteriormente presentaron una demanda laboral por despido de los trabajadores, cuando la empresa no despidió a ningún trabajador, en forma verbal o escrita, ya que la duración del contrato de cada trabajador estaba sujeta a la duración y existencia del contrato de servicios suscrito entre la empresa y el patronato. Por consiguiente, lo sucedido fue una terminación unilateral de la relación de trabajo antes de la expiración del término pactado (artículo 210 No.2) y por decisión de los trabajadores, con fundamento en el artículo 223 del Código de Trabajo.

  2. ORDEN RECURRIDA EN AMPARO

    El apoderado judicial de la empresa amparista demanda que se revoque la orden de hacer dictada por la Directora General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, contenido en las Resoluciones N°132-DGT-53-09 de 9 de septiembre de 2009 y No.176-DGT-53-09 de 1 de octubre de 2009, y el acto confirmatorio.

    La Resolución N°132-DGT-53-09, de 9 de septiembre de 2009, emitida por el Director General de Trabajo, resuelve:

    § Negar la solicitud de entrega de documentos en poder del Administrador General que la empresa tiene a raíz del secuestro, y la solicitud de reducción de cuantía del secuestro.

    § Declarar probado el despido injustificado de los trabajadores demandantes, por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo.

    § Condenar a la empresa ADMINISTRADORES DE SERVICIOS MÉDICOS, S.A., al pago de indemnización, salarios caídos, intereses y recargos a los trabajadores demandantes, por la suma de trescientos noventa y ocho mil seiscientos dieciséis balboas con cincuenta centésimos (B/.398,616.50).

    § Mantener el secuestro decretado por la Junta de Conciliación y Decisión Número 13, mediante Auto PJCD-13-No.204-2008 de 12 de diciembre de 2008.

    Luego de ejercido el recurso de reconsideración, la Directora General de Trabajo dicta la Resolución N°176-DGT-53-09 de 1 de octubre de 2009, que modifica sólo la cuantía de la condena, quedando en la suma de doscientos diecisiete mil novecientos dos balboas con sesenta y cuatro centésimos (B/.217,902.64).

    La decisión adoptada por la Directora General de Trabajo fue confirmada por la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral mediante la Resolución DM354-2010 de 21 de diciembre de 2010.

  3. CONSIDERACIONES DEL ACCIONANTE Y DERECHOS QUE SE ESTIMAN VULNERADOS

    En el escrito legible de fojas 1 a 10 del expediente, el apoderado judicial de la empresa, considera que la decisión adoptada por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, recurrida en amparo, transgrede los derechos consagrados en los artículos 32, 74, 77 y 78 de la Constitución Política de Panamá.

    Sostiene que el artículo 32, que establece el principio constitucional del debido proceso, es infringido de modo directo, por omisión, por la Dirección General de Trabajo, al desconocer el proceso contenido en el Código de Trabajo y fundamentar el fallo en despido injustificado, cuando debió abstenerse de conocer el trámite del proceso de las reclamaciones, por no tener competencia para conocer sobre las demandas por despido injustificado, materia que es competencia privativa de las Juntas de Conciliación y Decisión, en atención a lo dispuesto en la Ley 7 de 25 de febrero de 1975, reglamentada por el Decreto Ejecutivo N°1 de 20 de enero de 1993.

    Agrega que esta norma constitucional también fue infringida, cuando la Ministra de Trabajo junto con la Directora General de Trabajo se negaron a darle trámite a la solicitud de corrección por error aritmético, permitido por el artículo 971 del Código de Trabajo, solicitud que constituye un derecho de las partes del proceso.

    Bajo el concepto de aplicación indebida, fundamenta la violación del artículo 74, que dispone la prohibición de despedir a un trabajador sin causa justa y sin cumplimiento de las formalidades establecidas por la ley. Sostiene que la Dirección General de Trabajo conoció de un proceso por despido injustificado sin tener competencia para ello, y sin existir despido alguno, toda vez que los trabajadores renunciaron tácitamente al trabajo al secuestrar la empresa, antes de que finalizara el contrato, situación que se ajusta al artículo 223 del Código de Trabajo y no al artículo 213 de la misma excerta legal.

    Añade que no está probado en el expediente que hubo despido, y , ante su inexistencia no se puede hablar de causa de despido, requisito para las indemnizaciones y salarios caídos, y no se pueden aplicar las normas laborales y principios relativos a ese tema.

    Señala que el artículo 77, que establece la jurisdicción especial de trabajo y su ejercicio de conformidad con lo dispuesto en la ley, fue infringido en forma directa, por omisión, motivado en que si la Dirección General de Trabajo y el Ministerio de Trabajo fundamentan su decisión en el despido injustificado, debían abstenerse de conocer del proceso laboral, ya que la ley 53 de 1975 no le da competencia para conocer estas controversias, debiendo remitir dicho asunto a las Juntas de Conciliación y Decisión, conforme a lo dispuesto en la ley 7 de 1975 y sus reformas.

    Por último, manifiesta que se infringió de forma directa, por comisión, el artículo 78, relativo a los principios de justicia social y especial protección en beneficio a los trabajadores que debe imperar en la relación entre el capital y el trabajo. Sustenta la violación en que la decisión se adopta por la autoridad laboral sobre el supuesto de la existencia de despido o despido injustificado, cuando es inexistente y no hay negación de los derechos de los trabajadores, por lo que no se justifica hacer referencia a la justicia social y a la protección especial a los trabajadores.

  4. ARGUMENTOS DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

    Mediante Nota de 11 de marzo de 2011, la Directora General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, informó de la remisión del expediente al Juzgado de Trabajo de la Primera Sección, en turno, para que se procediera a tramitar la solicitud de ejecución de sentencia presentada por los apoderados de los trabajadores, adjuntando copia autenticada del oficio de remisión.

    En atención a esta situación, fue solicitado dicho expediente al correspondiente juzgado, siendo remitido mediante Oficio N°345 del Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección.

    V.D. DEL PLENO

    Luego de surtidos los trámites legales correspondientes, esta Máxima Corporación de Justicia, con fundamento en la competencia que le confiere el artículo 2616, numeral 1, del Código Judicial, procede a decidir la acción de amparo planteada contra la Resolución No.132-DGT-53-09 de 9 de septiembre de 2009, modificada parcialmente por la Resolución No. 176-DGT-53-09 de 1 de octubre de 2009, ambas dictadas por la Directora General de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Laboral, y confirmada por la Resolución DM354-2010 de 21 de diciembre de 2010, emitida por la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral.

    Las normas que el apoderado judicial de la empresa denuncia como vulnerados, son los artículos 32, 74, 77 y 78 de la Constitución Política, relativos a la garantía del debido proceso, garantías que giran en torno al despido, el establecimiento de la jurisdicción especial en materia laboral, y los principios de justicia social y protección al trabajador, respectivamente.

    El fundamento principal de la violación de las normas constitucionales gira en torno a que si se trataba de un proceso por despido injustificado, tal como se declaró en las resoluciones recurridas, esta materia no era de competencia de la Dirección General de Trabajo, sino que es materia privativa de las Juntas de Conciliación y Decisión, en atención a lo establecido en las normas laborales que definen las competencias de las distintas autoridades laborales que ejercen dicha jurisdicción especial. En complemento a lo anterior, señala que no hubo despido, sino renuncia tácita de los trabajadores, al accionar una medida de secuestro de la Administración de la Empresa, con fecha anterior al cierre de la misma, por lo que considera que la autoridad laboral aplicó indebidamente las normas relativas al despido injustificado, y los principios de la justicia social y protección especial a los trabajadores, establecidos en la jurisdicción especial de trabajo.

    En este sentido, efectivamente la competencia del juez ante el cual se presenta una causa, es uno de los elementos que compone el debido proceso, competencia que debe estar previamente establecida por la ley.

    Bajo este contexto, se observa en la resolución impugnada, y en el proceso laboral que sirve de antecedente a la presente acción constitucional, que la demanda laboral contra la empresa ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MÉDICOS, S.A., fue interpuesta por un grupo de trabajadores contratados por ésta, con fundamento en el incumplimiento del contenido del artículo 215 del Código de Trabajo.

    Revisadas las normas que versan sobre las competencias en la jurisdicción laboral, debe indicarse que la ley 53 de 28 de agosto de 1975, en su artículo 1, establece las competencias privativas del Ministerio de Trabajo en asuntos laborales; y en su artículo 4, que forma parte de la normativa sobre el procedimiento, señala que las reclamaciones deben ser presentadas ante la Dirección General de Trabajo o en la Dirección Regional respectiva. El tenor de estas normas es el siguiente:

    "Artículo 1. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social tendrá competencia privativa para conocer y decidir los siguientes asuntos:

    1. Demanda por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo.

    2. ..."

      Artículo 4.- Las reclamaciones se presentarán verbalmente o por escrito en la Dirección General de Trabajo o en la Dirección Regional respectiva.

      Como se aprecia, la ley especial que asigna cuales son las materias competencia del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, señala que el mismo es competente para conocer de los procesos laborales fundamentados en el incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo, y designa a la Dirección General de Trabajo o las Direcciones Regionales como las autoridades administrativas laborales ante quienes se deberá gestionar dicho proceso. De la misma forma, dicha competencia se observa asignada al Ministerio de Trabajo, por conducto de la Dirección General de Trabajo, mediante el parágrafo segundo de la Ley 7 de 25 de febrero de 1975, "Por medio de la cual se crean dentro de la Jurisdicción Especial de Trabajo a las Juntas de Conciliación y Decisión", que señala:

      Artículo 7.- Los reintegros por violación al Fuero Sindical, Fuero de Maternidad y demás previstos en el Artículo 979 del Código de Trabajo se tramitarán en los Juzgados de Trabajo, conforma al Proceso de Reintegro.

      Los despidos por incumplimiento del Artículo 215 del Código de Trabajo, serán competencia del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, por conducto de la Dirección General de Trabajo o de la respectiva Dirección Regional.

      Ante las normas transcritas, no existe duda de que el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de Trabajo o sus Direcciones Regionales, ostenta la competencia privativa para conocer de las demandas por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo.

      Ahora bien, vale la pena indicar que el artículo 215 del Código de Trabajo, hace referencia específica a las formalidades que debe seguir el empleador para proceder al despido de los trabajadores con fundamento en alguno de los supuestos de naturaleza económica, dispuestos en el literal C del artículo 213 del Código de Trabajo, específicamente al deber de comprobar la causal ante las autoridades administrativas respectivas. El contenido de la normas es el siguiente:

      "Artículo 215.- Cuando el despido tuviese como causa una de las señaladas en el acápite c) del artículo 213, el empleador deberá comprobar la causa respectiva ante las autoridades administrativas de trabajo.

      En los casos de que se trata este artículo, el despido sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior, se consideran de pleno derecho injustificado. Sin embargo, si al vencimiento del plazo de sesenta días calendarios, la autoridad administrativa no ha resuelto la solicitud , el empleador podrá proceder al despido, el cual se considerará plenamente justificado quedando obligado al pago de la indemnización que establece el artículo 225."

      La sanción que le corresponde al empleador ante el incumplimiento de lo requerido por esta norma es que, ante una demanda con este fundamento, la autoridad debe calificar de pleno derecho como injustificado el despido e imponer la obligación del pago de las respectiva indemnización que establece el artículo 225 del Código de Trabajo, es decir, las correspondientes indemnizaciones a las que tiene derecho el trabajador por despido injustificado o sin autorización previa, cuando sea necesario éste último requisito.

      Lo anterior no implica que la Dirección General de Trabajo está conociendo un proceso laboral por despido injustificado, sino que al comprobar que efectivamente se realizaron despidos por causas de naturaleza económica sin la debida comprobación de esta situación ante la autoridad administrativa, debe declarar, repetimos, "de pleno derecho" el despido como injustificado. Es decir, la competencia se fundamenta en el incumplimiento de un requisito especial para realizar un despido con causal de naturaleza económica y no en la calificación del despido.

      Dentro de este contexto, distinto a lo planteado por el apoderado de la parte actora, el proceso laboral en el cual se dictan las resoluciones impugnadas en esta acción inconstitucional, tiene su origen en una demanda laboral por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo, y no a razón de despido injustificado. Por tanto, la Dirección General de Trabajo, tiene competencia para el conocimiento de la causa laboral y admite la demanda respecto al reclamo de salarios caídos e indemnización, y declina a los Juzgados de Trabajo de la Primera Sección el conocimiento del resto de las reclamaciones solicitadas (Cfr. fojas 15 - 16).

      Las causales de despido justificado de naturaleza económica, que contempla el literal C del Artículo 213 del Código de Trabajo son las siguientes:

      "1. El concurso o la quiebra del empleador.

    3. La clausura de la empresa o la reducción definitiva de los trabajos, debido a la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación o agotamiento de la materia objeto de la actividad extractiva; y,

    4. La suspensión definitiva de las labores inherentes al contrato o la disminución comprobada de las actividades del empleador, debidas a crisis económicas graves, incosteabilidad parcial de las operaciones por razón de disminución de la producción, o por innovaciones en los procedimientos y equipos de fabricación, o revocación o caducidad de una concesión administrativa, cancelación de pedidos u órdenes de compra, o la disminución en la actividad productiva de la empresa en los pedidos u órdenes de compra o las ventas, u otra causa análoga debidamente comprobada por la autoridad competente.

      ... "

      Con respecto a la forma de la terminación de la relación laboral entre la empresa y los trabajadores demandantes, en la resolución impugnada, luego de realizar un análisis del caudal probatorio y de la validez de cada uno de los elementos que lo componen, la autoridad laboral luego de determinar la existencia de la relación de trabajo de los demandantes con la empresa, consideró que "quedó acreditado que la empresa ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MÉDICOS, S.A., despidió a sus trabajadores de forma masiva y cerró sus operaciones comerciales, producto de que el Hospital Integrado San Miguel Arcángel dio por terminada (sic) el Contrato que mantenía con la misma."

      No hay constancias en el expediente que la terminación de la relación de trabajo se haya dado por vencimiento de los contratos individuales suscritos por cada trabajador con la empresa, fundamentado en el contrato que la misma mantenía con el Patronato del Hospital Integrado S.M.A., mismo que en ocasiones anteriores había sido prorrogado, ni de que dichos contratos de trabajo tuvieran una cláusula de duración hasta el vencimiento de la vigencia del Contrato de la empresa con el Patronato del Hospital.

      Tampoco puede ser aceptada la tesis esbozada por el amparista de que se estaba ante una renuncia tácita de los trabajadores, luego de que solicitaran una medida cautelar de secuestro de la empresa, dictada por parte del Ministerio de Trabajo o la Junta de Conciliación y Decisión, días antes de la finalización de las operaciones de la empresa en el Hospital, ya que la ley contempla la posibilidad de dictar estas medidas cautelares para el aseguramiento de futuras reclamaciones laborales, de forma previa a la presentación de la acción principal, o sea, la demanda de las reclamaciones laborales, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 53 de 28 de agosto de 1975. La norma dispone:

      "Artículo 22.- En circunstancias excepcionales en las que exista grave, notorio e inminente peligro de que una empresa o establecimiento trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe sus bienes, de manera tal que dejaría insatisfechas las reclamaciones de los trabajadores, aun cuando no se trate de derechos inmediatamente exigibles, que derivarían de la posible terminación de las relaciones de trabajo, las Juntas de Conciliación y Decisión, a petición del Director General de Trabajo, dispondrá el aseguramiento o el secuestro de los mismos. Con el aseguramiento o el secuestro los bienes quedarán fuera del comercio. Las diligencias ordenadas por la Resolución podrán practicarse por las Juntas, las Direcciones Regionales de Trabajo o por servidores públicos de la Dirección General de Trabajo o comisionarse a uno de los Juzgados Seccionales de Trabajo.

      Estas medidas se practicarán sin interrumpir ni paralizar el funcionamiento de la empresa o establecimiento.

      Estas acciones cautelares podrán mantenerse en vigor hasta que concluya el término que señala el artículo 706 del Código de Trabajo para promover la acción principal. Cuando se trate de la protección de derechos que derivarían de la terminación de la relación de trabajo (sic) este término se extenderá hasta por 30 días.

      Vencidos estos términos se levantarán las medidas o se enviará el asunto a la autoridad competente que esté conociendo de la acción principal, según fuere el caso.

      En cualquier momento el afectado podrá pedir el levantamiento de las medidas cautelares, demostrando la inexistencia del peligro o dando caución suficiente."

      Acorde a lo que establece la norma, se puede apreciar a foja 104 del expediente de amparo, el Auto PJCD-13-No204-2008 de 12 de diciembre de 2008, dictado por la Junta de Conciliación y Decisión N°13, mediante el cual esta autoridad judicial accede a la petición de la Dirección General de Trabajo, remitida mediante Nota No.224-SJ-08 de 9 de diciembre de 2008, de decretar formal medida cautelar de secuestro sobre los bienes muebles e inmuebles, valores, cuentas bancarias y cuentas por cobrar de la empresa ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MÉDICOS, S.A..

      Por consiguiente, se concluye, de conformidad con lo dispuesto en la resolución recurrida en amparo, que la terminación de la relación de trabajo se da ante el inminente cierre de operaciones de la empresa ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MÉDICOS, S.A., y no, por renuncia tácita de los trabajadores o por finalización de la vigencia de los contratos individuales de trabajo. Siendo la clausura de la empresa, una de las razones de despido por causas económicas, máxime cuando las constancias en el expediente dan cuenta de la situación financiera de la misma, lo procedente era que la empresa procediera a realizar las gestiones ante la autoridad laboral para la comprobación de la causa, como lo dispone el artículo 215 del Código de Trabajo.

      Del análisis expuesto, se concluye que la resolución atacada se dicta luego de haberse cumplido con todas las formalidades y garantías del debido proceso, por la autoridad competente, y en cumplimiento de los principios laborales consagrados en la constitución, por lo que la decisión impugnada en ninguna forma puede considerarse violatoria de los artículos constitucionales alegados por el amparista, siendo improcedente la acción de amparo impetrada.

      Con respecto al otro sustento de violación del artículo 32 de la Constitución, relativo a la falta de debido proceso cuando la Ministra de Trabajo se negó a darle trámite a la solicitud de corrección por error aritmético, permitido por el artículo 971 del Código de Trabajo, debe aclararse que la Ministra de Trabajo, le dio trámite a la solicitud, emitiendo la Resolución de 31 de enero de 2011, rechazando por improcedente la solicitud, luego de determinar que se fundamentaba en una revisión de "...las consideraciones propiamente en cuanto al fondo del punto debatido, y de las cuales el recurrente disiente...", "...referentes a desde que momento es exigible la obligación, la mecánica o formula (sic) de tasación de los interés (sic) y si necesariamente debe existir una condena en cuanto al salario,...". Procede advertir que el trámite sí fue efectuado y que esta resolución no se encuentra dentro del objeto de la acción.

      En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, el PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la acción de amparo presentada por el licenciado T.L.Á., en representación de la empresa ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MÉDICOS, S.A., contra la orden de hacer contenida en la Resolución No.132-DGT-53-09 de 9 de septiembre de 2009 y su modificación parcial por medio de la Resolución No. 176-DGT-53-09 de 1 de octubre de 2009, ambas dictadas por la Directora General de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Laboral, y contra el acto confirmatorio

      N.,

      ALEJANDRO MONCADA LUNA

      OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D.

      CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)