Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 17 de Junio de 2015

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución17 de Junio de 2015
EmisorPleno

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por la Licenciada N.D.C.V., en su condición de F. de A. de la Provincia de H. y Los Santos, contra la Resolución de 9 de febrero de 2015, emitida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia. Comprobado el cumplimiento de los requisitos de forma necesarios, se ordenó la admisión de la demanda, mediante Resolución de 7 de abril de 2015, requiriéndose del funcionario demandado el envío de la actuación correspondiente, o en su defecto un informe sobre los hechos materia del recurso. En atención a lo anterior, y mediante Nota No. 073/T.S.N.A. de 16 de abril de 2015, la Magistrada J.C. de H., Presidenta Encargada del Tribunal Superior de N. y Adolescencia, rindió el informe de rigor. EL ACTO IMPUGNADO El acto impugnado lo constituye la decisión dictaminada en Segunda Instancia por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia el día 9 de febrero de 2015. Dicha sentencia, impugnada a través de la presente acción constitucional, en su parte resolutiva dispone lo siguiente: "PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo antes expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia N° 009 S.P. de 6 de octubre de 2014, dictada por el Juzgado de N. y Adolescencia de la Provincia de Los Santos, en funciones de Juzgado Penal de A., para resolver el proceso penal abierto al adolescente C.J.E. (con 15 años de edad a la fecha de la presunta comisión de los hechos), por estar vinculado a la presunta comisión de un delito Contra la Libertad e Integridad Sexual de la niña P.P.G.D. (con 5 años de edad a la fecha de la presunta comisión de los hechos). SEGUNDO: En su lugar, se declara la nulidad absoluta del referido proceso." En los hechos de la demanda, la F. de A. de la Provincia de H. y Los Santos, expone que a través de la denuncia presentada el 24 de febrero de 2013, se pone en conocimiento del Ministerio Público de la presunta comisión de un delito contra la libertad e integridad sexual, cometido en perjuicio de la menor P.G.D. La accionante añade en los hechos de la demanda, que luego que se recibieran los resultados del análisis biomolecular que vinculaban al adolescente para el día 27 de febrero de 2014, se dispuso recibirle declaración indagatoria por el delito contra la libertad e integridad sexual. Señala la propulsora del amparo, que mediante V.F.N. 42 del 28 de mayo de 2014, se remiten las sumarias solicitando un llamamiento a juicio en contra del adolescente. Destaca la amparista, que luego que se realizaran las audiencias de rigor, mediante Sentencia No. 009 de 6 de octubre de 2014, el juez de la causa decide declarar penalmente responsable al adolescente C.J.E., del delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación en grado de tentativa, en perjuicio de la niña P.G.D., y se le sanciona con 24 meses de prisión. A renglón seguido, la propulsora del amparo indica que, mediante Resolución de 9 de febrero de 2015, el Tribunal de N. y Adolescencia, decide decretar la nulidad absoluta del proceso seguido al adolescente C.J.E., de los cargos del delito contra la libertad e integridad sexual, cometido en perjuicio de la menor P.G.D., al considerar que existe violación al debido proceso en cuanto a los términos en que se instruyó la sumaria y omisión en la formalidad del trámite procesal en la encuesta; resolución ésta que se impugna, a través de la presente acción constitucional. Quien activó la jurisdicción constitucional consideró violentado el contenido del artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá. Artículo 32: Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva y disciplinaria. Consideró transgredida la norma constitucional transcrita en concepto de violación directa por omisión, porque el Tribunal Superior no aplicó correctamente el precepto legal; se utilizó como base el término de investigación comprendido en el artículo 2033 del Código Judicial, norma que se encuentra derogada. Añade, que durante la investigación se respetaron todos los derechos, pues la norma indica que el término de la investigación concluye a los tres (3) meses luego de aplicada una medida cautelar al infractor, pero en la presente causa no se le aplicaron medidas cautelares, entonces la normativa supletoria era el artículo 291 del Código Procesal Penal, sin que se agotara ese término. Finalizando el sustento del instrumento constitucional ensayado, solicita se conceda el A. de Garantías Constitucionales y se revoque la orden de hacer dictada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia. INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA En su informe, la M.G.U., Suplente Encargada, Tribunal Superior de N. y Adolescencia, explica lo siguiente: "Dicha decisión se expide dentro del proceso penal de adolescentes seguido al joven C.J.E. por la presunta comisión de un delito Contra la Libertad y la Integridad Sexual, arribado a este Tribunal Superior en virtud del recurso de apelación ensayado por la defensa particular del referido adolescente en contra de grado (Sentencia N° 009 S.P., de 6 de octubre de 2014), dictada por el Juzgado de N. y Adolescencia de la Provincia de Los Santos, en funciones de Juzgado Penal de A., mediante la cual en su parte resolutiva declaró al adolescente, revocando lo resuelto en primera instancia y en su lugar declarando la nulidad absoluta del proceso en comento. En ese sentido, si bien el debate propuesto por la abogada recurrente versaba sobre el fondo del asunto, la revisión integral del procedimiento aplicado, en aras de la verificación del debido proceso penal de adolescentes, develó, a juicio de todos los Magistrados, falencia en la tramitación que implicaban afectación a los derechos y garantías del joven imputado, insubsanables, por las consecuencias procesales que habían acarreado. Así pues, mientras la mayoría (dos Magistrados) estimó que la investigación no se había realizado dentro de los términos legalmente fijados para tal fin provocó la nulidad del proceso, un voto razonado unipersonal consideró que la no aplicación de la regla de procedimiento contenida en la Ley 63 del 2008 privaba para llegar a la misma conclusión. Más acá, como la actora expone su disconformidad con el criterio de mayoría, siendo que de la lectura de la demanda constitucional presentada, es evidente que tiene como fundamento un criterio interpretativo diametralmente opuesto al esgrimido por el juicio mayoritario de instancia superior, invocando la aplicación supletoria de los términos de investigación contenidos en el Código Procesal Penal, siendo que los alegatos que podemos presentar en su contra, sólo constituyen una confrontación entre los argumentos del amparo y de los que ya están contenidos en la resolución atacada; valiendo sólo añadir, el principio de especialidad de esta jurisdicción hace invalido el fundamento central del amparo ensayado". CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO Luego de surtidos los trámites legales correspondientes, analizados los argumentos de las partes y las constancias probatorias que obran en autos, esta Máxima Corporación de Justicia procede a decidir la controversia planteada. Observa el Pleno, que el amparo de garantías constitucionales interpuesto está dirigido expresamente contra la Resolución de 9 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, mediante la cual resolvió "PRIMERO: REVOCAR la Sentencia No. 009 S.P. de 6 de octubre de 2014, dictada por el Juzgado de N. y Adolescencia de la Provincia de Los Santos, en funciones de Juzgado Penal de A., para resolver el proceso penal abierto al adolescente C.J.E. (con 15 años de edad a la fecha de la presunta comisión de los hechos), por estar vinculado a la presunta comisión de un delito Contra la Libertad e Integridad Sexual de la niña P.G.D. (con 5 años de edad a la fecha de la presunta comisión de los hechos). SEGUNDO: En su lugar, se declara la nulidad absoluta del referido proceso". En el caso subjudice, nos encontramos frente a una situación donde el Tribunal Superior decretó una nulidad absoluta del proceso bajo el argumento que la F.ía a cargo de la instrucción sumarial incurrió en una violación al debido proceso, al omitir la formalidad del trámite procesal, consistente en la instrucción del sumario dentro del término que la ley establece para ello. La amparista, por su parte, considera que la decisión jurisdiccional emitida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, al declarar la nulidad del proceso, atenta contra los derechos de la víctima, infringiéndose disposiciones Constitucionales, específicamente el artículo 32. La accionante señala que el Tribunal Superior de N. y Adolescencia afirma que la agencia de instrucción ha violentado el debido proceso en cuanto a los términos de instrucción del sumario, cuando en realidad ello no ocurrió, ya que la norma supletoria aplicable al caso lo es el artículo 291 del Código Procesal Penal y no el artículo 2033 del Código Judicial, éste último derogado. Añade, que si bien es cierto la F.ía conoció de la noticia criminal el 24 de febrero de 2013, no es hasta el 13 de marzo de 2014 que se le imputan cargos al adolescente, que luego de notificada la misma, se le recepta el día 15 de abril de 2014; cumpliéndose con lo establecido en la ley, se remite lo actuado el día 28 de mayo de 2014, por lo que mal podría entenderse la extinción del término de investigación. Ahora bien, el primer reparo que efectúa el Pleno reside en el hecho que, no se observa de los antecedentes que contiene la presente acción constitucional, se le haya aplicado medidas cautelares al adolescente, es decir, no puede contemplarse lo que establece el artículo 87 del Texto Único de la Ley 40 de 1999, del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, que recoge el término de tres meses para la conclusión del sumario. Indicado lo anterior en el apartado precedente, la pregunta que surge es ¿Qué norma supletoria debe aplicarse para tales efectos?. Ello, en atención a lo establecido en la propia Ley 40 de 1999, en su artículo 14 que establece: Artículo 14: S.. Todas las materias afines que no se encuentren reguladas por este Régimen serán tratadas conforme lo establece el Código Penal, el Código Judicial y la Ley 63 de 2008, que adopta el Código Procesal Penal, cuando entre en vigencia, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a los derechos y garantías de la adolescencia ni los menoscaben. Se entiende de la norma citada, que ante la ausencia de preceptos legales específicos inmersos en la Ley 40 de 1999, se utilizaran las disposiciones del Código Penal, las del Código Judicial (mientras entre en vigencia -progresiva- el Sistema Penal Acusatorio) y las del Código Procesal Penal, texto legal que será el único aplicable al procedimiento penal a partir del 2 de septiembre de 2016, según las últimas modificaciones que se hicieron a la Ley N° 63 de 2008 (Ley 48 de 1 de septiembre de 2009, la Ley 66 de 1 de septiembre de 2011 y la Ley 8 de 6 de marzo de 2013). En ese sentido, advierte esta Corporación de Justicia que los hechos presuntamente ocurridos tuvieron lugar para el día 24 de febrero de 2013, en el Cocal de Las Tablas, Provincia de Los Santos, circunscripción territorial donde ya se encuentra vigente el Código Procesal Penal, adoptado mediante Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008, desde el 2 de septiembre de 2012 (ver numeral 2 del artículo 556 del Código Procesal Penal). Por ello, el Código Procesal Penal resulta aplicable supletoriamente en materia penal de adolescentes y no el procedimiento establecido en el Libro Tercero del Código Judicial, máxime cuando la propia Ley N° 63 de 2008, en su artículo 559, lo precisa: Artículo 559. Derogatoria. Quedan derogadas las disposiciones del Libro Tercero del Código Judicial adoptado por a Ley 29 de 25 de octubre de 1984, así como todas las que han adicionado o modificado artículos a este Libro de dicho Código. Teniendo presente que la encuesta penal tuvo su génesis cuando entró a regir el Código Procesal Penal, corresponde, sin excepción, aplicar los preceptos contemplados en ese texto legal. No puede considerarse, de ninguna manera, aplicar normas derogadas, ni mucho menos, escoger supletoriamente normas de uno (derogado) u otro texto (vigente); situación que generaría incertidumbre procesal, incluso atentaría contra garantías fundamentales en detrimento del adolescente procesado penalmente. Nuestro ordenamiento jurídico, en materia penal, creó las pautas que establecen la aplicación de la ley procesal vigente al momento de la infracción. Así podemos contemplarlo en el artículo 553 del Código Procesal Penal: Artículo 553. Aplicación temporal de la ley procesal. Las disposiciones de este Código solo se aplicarán a los hechos cometidos desde su entrada en vigencia. En síntesis, al no existir alguna norma que establezca un tiempo determinado en vacatio legis para la aplicación del Código, sólo deberán aplicarse las normas vigentes y no las derogadas. Explicado lo anterior, de inmediato se advierte que le asiste la razón a la amparista. En tanto, pasamos a explicar las razones. Al no existir alguna medida cautelar impuesta al adolescente C.J.E., se debió aplicar como norma supletoria el artículo 291 del Código Procesal Penal y no el derogado artículo 2033 del Código Judicial. La primera disposición mencionada establece: Artículo 291. Plazo de la fase de investigación. El Ministerio Público, a partir de la formulación de la imputación, debe concluir la fase de investigación en un plazo máximo de seis meses, salvo el supuesto previsto en el artículo 502 de este Código. Al concluir la investigación, el F. deberá comunicar el cierre de esta al imputado, a su defensor y a la víctima y querellante si los hubiera. El incumplimiento de este plazo acarreará sanción disciplinaria por parte del superior jerárquico, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar por su proceder. (Subraya y resalta el Pleno) Observa esta Corporación de Justicia, que los cargos formulados al adolescente datan del 13 de marzo de 2014 y el 15 de abril de 2014, fueron receptados; para el día 28 de mayo de 2014, el Ministerio Público concluye el sumario y emite la V.F., sin que se venciera el término de los seis meses que establece el artículo 291 del Código Procesal Penal. Es decir, que no hubo infracción alguna al debido proceso, al mantenerse en el plazo establecido. Queda claro entonces, que el término a aplicar era de seis (6) meses a partir del momento en que se formularon los cargos. Por consiguiente, al encontrarnos frente a una situación en el que el Tribunal Superior de N. y Adolescencia decreta la nulidad absoluta del proceso, al considerar que hubo una omisión en el trámite procesal, consistente en que la instrucción del sumario no se concluyó dentro del término que la ley establece, cuando en realidad no había lugar para ello, ya que según las constancias procesales el Ministerio Público se mantenía dentro del término establecido, porque había que remitirse a la norma supletoria vigente, tal como se expuso en párrafos precedentes; es por ello que se debe conceder lo pedido. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el A. de Garantías Constitucionales presentado por la Licenciada N.D.C.V., en su condición de F. de A. de la Provincia de H. y Los Santos, contra la Resolución de 9 de febrero de 2015, emitida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia. N., VICTOR L. BENAVIDES P. SECUNDINO MENDIETA--WILFEEDO SÁENZ FERNÁNDEZ--LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ--JERÓNIMO MEJÍA E.---HARLEY J. MITCHELL D.---A.A.Z. (Voto Explicativo )--OYDÉN ORTEGA DURÁN---JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General VOTO EXPLICATIVO MAGISTRADO. A.A.Z. Con todo respeto comparto la decisión de conceder el amparo propuesto en el sentido de que, al no ser el adolescente sujeto de medida cautelar, existe un vacío legal en la Ley 40 de 1999, en cuanto al término otorgado al Ministerio Público para terminar la investigación, término que debe ser el de los seis meses, tal cual lo indica el Código Procesal Penal. Sin embargo, en materia del Régimen Penal de A., establecido por la Ley 40 de 1999 y sus varias reformas, se debe mirar caso por caso al momento de aplicar supletoriamente el Código de Procedimiento Penal vigente en el Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) y en el Cuarto Distrito Judicial (H. y Los Santos). Lo anterior deviene en razón de la especial situación que abriga a la Jurisdicción Penal de A. a nivel nacional. Como es de conocimiento general, hay provincias en la que actualmente no se cuenta con la figura del Juez Penal de A., sujeto esencial dentro del proceso penal de adolescentes y cuyas funciones detalla la Ley 40 de 1999. Así entonces, en aquellas provincias donde no existe aún la figura del Juez Penal de A., es el Juez de N. y Adolescencia el que debe fungir como Juez Penal en aquellas causas penales que recaigan en personas menores de edad. Esa situación en particular se da en la provincia de Los Santos, jurisdicción en la cual se desarrollaron los hechos del presente amparo, y como se puede verificar de la lectura de la Sentencia No. 009 S.P. de 6 de octubre de 2014, la cual fue objeto de apelación ante el Tribunal Superior de N. y Adolescencia y posteriormente revocada. Lo antes expuesto, permite al suscrito observar con preocupación las afirmaciones que se hacen en el fallo de la mayoría, donde de manera contundente y sin excepciones, se considera aplicable el Código de Procedimiento Penal al Proceso Penal de A. en los Distritos Judiciales donde el mismo se encuentra vigente en su totalidad, sin tomar en cuenta las excepciones que la propia norma hace para su aplicación. Se arriba a la anterior observación en virtud de lo expuesto en los siguientes párrafos del fallo: "...En ese sentido, advierte esta Corporación de Justicia que los hechos presuntamente ocurridos tuvieron lugar para el día 24 de febrero de 2013, en el Cocal de Las Tablas, Provincia de Los Santos, circunscripción territorial donde ya se encuentra vigente el Código Procesal Penal, adoptado mediante Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008, desde el 2 de septiembre de 2012 (ver numeral 2 del artículo 556 del Código Procesal Penal). Por ello, el Código Procesal Penal resulta aplicable supletoriamente en materia penal de adolescentes y no el procedimiento establecido en el Libro Tercero del Código Judicial, máxime cuando la propia Ley N° 63 de 2008, en su artículo 559, lo precisa: "Artículo 559. Derogatoria. Quedan derogadas las disposiciones del Libro Tercero del Código Judicial adoptado por la Ley 29 de 25 de octubre de 1984, así como todas las que han adicionado o modificado artículos a este Libro de dicho Código." Teniendo presente que la encuesta penal tuvo su génesis cuando entró a regir el Código Procesal Penal, corresponde, sin excepción, aplicar los preceptos contemplados en ese texto legal. No puede considerarse, de ninguna manera, aplicar normas derogadas, ni mucho menos, escoger supletoriamente normas de uno (derogado) u otro texto (vigente); situación que generaría incertidumbre procesal, incluso atentaría contra garantías fundamentales en detrimento del adolescente procesado penalmente..( ver páginas 6, 7 y 8 del fallo) A criterio del Suscrito, los planteamientos citados contradicen lo expresado por el propio Código Procesal Penal en su artículo 557, tal y como fuera reformado por el artículo 3 de la Ley 8 de 2013 y que a continuación reproducimos: "557. aplicación temporal. Desde el 2 de septiembre de 2011, tendrán aplicación, en todos los procesos penales, las disposiciones del Título I, Libro Primero; de los Títulos IV y V, Libro Segundo, y del Capítulo V, Título I, Libro Tercero, de este Código, siempre que no impliquen la intervención del Juez de Garantías ni de los Tribunales de Juicio, hasta tanto estos no se hayan establecido..." (Resaltado por el suscrito) Como puede observarse el propio Código condiciona su aplicación, sin excepciones, a la existencia del Juez de Garantías y de los Tribunales de Juicio, en razón del respeto a garantías fundamentales como el debido proceso y la garantía de ser juzgado por el Juez Natural en todas las causas. En Panamá, la Jurisdicción Penal de A. adolece de las citadas figuras, razón por la cual esta Superioridad al momento de conocer causas penales contra personas menores de edad, en las jurisdicciones donde actualmente rige el Código de Procedimiento Penal, debe hacer un estudio integral y casuístico en razón del principio de la especialidad de la jurisdicción que tiene arraigo Constitucional, al igual que el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Esta especial situación, de la Jurisdicción Penal de A., ha sido reconocida por el Pleno de esta Corte Suprema de Justicia en reciente Sentencia de 23 de febrero de 2015, dentro de la apelación de la acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesto por el licenciado S.Q.M. en nombre y representación de M. A.C. en contra del auto No. 306 de 7 de mayo de 2013, proferido por el Juzgado Penal de Adolescente de la provincia de Coclé y Veraguas, confirmada por la sentencia de 5 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia. A continuación lo medular de la decisión citada: "...Observa el Pleno, que el artículo 557 del Código Procesal Penal, en cuanto a la aplicación temporal de la Ley 63 de 2008, señala que esta tendrá aplicación en todo el territorio nacional, siempre y cuando no implique la intervención del Juez de Garantías, ni los tribunales de juicio, hasta tanto estos se hayan establecido. (lo subrayado es nuestro) Por su parte, el artículo 14 del Texto Único de la Ley 40 de 1999 establece el principio de supletoriedad en el sentido de que todas las materias afines que no se encuentren expresamente reguladas por este Régimen serán tratadas conforme lo establecen el Código Penal, el Código Judicial y el Código Procesal Penal cuando entre en vigencia, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a los derechos y garantías de la adolescencia ni los menoscaben. (lo subrayado es nuestro) En esta línea de análisis es pertinente señalar que el proceso penal de adolescentes se rige por una ley especial que tiene normas que regulan todas las etapas del proceso penal de adolescentes, en la cual se incluye la fase de investigación. De cierto es que el principio de supletoriedad permite aplicar normas de otros cuerpos legales vigentes en aquellas materias que no se encuentren específicamente reguladas en la Ley 40 de 1999, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a los derechos y garantías de la adolescencia ni los menoscaben. En adición a esta condición debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 557 del Código de Procedimiento Penal que a letra dice: "Artículo 557: Aplicación temporal. Desde el 2 de septiembre de 2011, tendrán aplicación, en todos los procesos penales, las disposiciones del Título I, Libro Primero; de los Títulos IV y V, Libro Segundo, y del Capítulo V, Título I, Libro Tercero, de este Código, siempre que no impliquen la intervención del Juez de Garantías ni de los Tribunales de Juicio, hasta tanto estos no se hayan establecido..." (el resaltado es nuestro) Observa el Pleno, que la diligencia de allanamiento a la residencia del adolescente M.A.C. cuya nulidad se solicita, no ha vulnerado ninguna garantía fundamental al adolescente investigado. La citada diligencia fue ordenada por el F. de A. del Segundo Distrito Judicial de Veraguas y Coclé mediante providencia motivada del 14 de noviembre de 2012 constante a fojas 19 a 23 del expediente. Se observa que esta diligencia fue realizada por el F. de A., la Secretaria Judicial de la F.ía, con autorización de la madre del adolescente ,el joven M.A.C. y una unidad de la Policía de N. y Adolescencia, por lo que se considera que la diligencia en cuestión, reunía las formalidades de ley cuando fue practicada por lo que se descartan los cargos de infracción del artículo 26 de la Constitución Nacional. Por otro lado, el Texto Único de la Ley 40 de 1999, establece en su artículo 81, que la acción penal especial para perseguir e investigar el delito, la ejercerá el Ministerio Público mediante F.es de A., los cuales tendrán la potestad exclusiva de promover de oficio, todas las acciones necesarias para la determinación de la responsabilidad penal de adolescentes en la comisión de infracciones a la ley penal. Por ello, estima el Pleno no pueden aplicarse las normas del Código de Procedimiento Penal relativas a diligencias que restrinjan derechos fundamentales al proceso penal de adolescentes ya que, las mismas implican llevar a cabo un control jurisdiccional por medio del Juez de Garantías, figura que no se ha creado formalmente para la jurisdicción penal de adolescentes en la actualidad. En el proceso penal de adolescentes la única medida que requiere de un control inmediato por parte del Juez Penal de A. es la detención provisional . El Juez Penal de A. no puede ejercer las funciones señaladas para el Juez de Garantías en el Código de Procedimiento Penal, dado que estas funciones no se le han asignado por mandato legal conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 21 del Texto Único de la Ley 40 de 1999. "Artículo 21. Competencia: El Juez Penal de A. conocerá, privativamente en primera instancia de los procesos tendientes a resolver sobre el delito cometido y la responsabilidad de los adolescentes implicados y es la autoridad competente para: 1... 2. Decidir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental del adolescente o de la adolescente, a quien se le atribuye el delito cometido. 3. ... 4. Confirmar, revocar o modificar la detención provisional decretada por el F. de A.. 5. Conocer de los incidentes de controversia que interpongan los defensores contra las actuaciones de los F.es...." Estima el Pleno que a favor de esta interpretación opera lo dispuesto en el artículo 16 del Texto Único de la Ley 40 de 1999, denominado "Garantías Penales Especiales" que a continuación citamos: "Artículo 16. Garantías Penales Especiales. Además de los mencionados en el artículo anterior, los adolescentes y las adolescentes, en virtud de su condición de personas en desarrollo, tienen los siguientes derechos y garantías, consagrados en los siguientes principios: 1... 2... 3... 4... 5... 6. Principio de la especialidad de la jurisdicción. A que no se les investigue ni juzgue por autoridades distintas a las que establece este Régimen; 7... 8... 9... 10. Principio de la legalidad de la restricción de derechos. A que toda limitación o restricción de sus derechos sea ordenada sólo por las autoridades establecidas en la presente ley; 11...." Considera el Pleno que, en estricto cumplimiento del artículo 18 de la Constitución Nacional, no puede el Juez Penal de A. ejercer las funciones establecidas en los artículos 293, 297, 298 y 306 del Código de Procedimiento Penal ya que, según el citado artículo, los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley, por extralimitación de funciones y por omisión en el ejercicio de éstas, por lo que deben desestimarse los cargos de violación de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. Por lo anterior, en la presente causa, la Juez Penal de A. cumplió a cabalidad con su función de "decidir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental del adolescente, a quien se le atribuya la comisión de un delito", al pronunciarse mediante el Auto No. 306 de 7 de mayo de 2013 (fojas 41 a 46 del expediente), que niega el incidente de nulidad incoado contra la diligencia de allanamiento al domicilio del A.M.A.C. por considerar que la misma cumplió con los requerimientos legales y constitucionales en su ejecución, razón por la que se desestima el cargo de violación del artículo 32 de la Constitución Nacional. En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia de 5 de diciembre de 2013, dictada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, que niega la demanda de A. de Garantías Constitucionales presentada por el Licenciado S.Q.M. en nombre y representación del adolescente M.A.C..." Por los motivos expuestos, hago este voto explicativo. Fecha ut supra, Abel Augusto Zamorano Yanixa Y. Yuen (Secretaria General)