Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 4 de Mayo de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución: 4 de Mayo de 2015
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: Se ha presentado para el conocimiento y decisión del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, la acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por J.E.S.B., a través de apoderado judicial, contra la orden de hacer en el oficio No. 271-J-4-240 de 27 de mayo de 2013, emitida por el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá. Puede advertirse del expediente que el acto contra el cual se presenta la acción de amparo de garantías constitucionales, es la nota 13(03110-01-240-01) 271-J-4-240 de 27 de mayo de 2013, mediante el cual el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, les informa a los G.G. de todos los bancos del país que dentro del Proceso Ejecutivo por cobro coactivo citado, se decretó embargo contra L.E.P.V., J.E.S.B. y G.P., hasta la suma de quince mil doscientos diez balboas con veintiún centésimos (B/.15,210.21), solicitando a éstos que los dineros retenidos en virtud del secuestro sean remitidos a dicho Tribunal. Sustenta el amparista que considera se ha vulnerado el artículo 32 de la Constitución Política en concepto de violación directa por omisión al desconocerse el principio del debido proceso de estricta legalidad procesal, que exige juzgar conforme a los "trámites legales", al considerar que se vulneraron los artículos del Código Judicial referentes al Proceso Ejecutivo y el Decreto Ley 4 de 18 de enero de 2006, referente a la Jurisdicción Coactiva que ostenta el Banco Nacional de Panamá por los siguientes aspectos: Señala que se decretó embargo sobre una suma superior que no tiene sustento en una resolución en firme y ejecutoriada, además que se ordena la entrega de sumas de dineros sin resolución previa que lo establezca. También indica que el Defensor de Ausente nombrado por el Banco Nacional no ejerció su defensa interponiendo algún recurso o acción como la de prescripción, dentro del término otorgado por la ley para tales efectos, con lo cual coloca al S.J.E.S.B. en estado de indefensión. Finalmente, acota el actor que se vulnera el artículo 17 de la Constitución en concepto de violación directa por omisión, puesto que al no cumplirse con el debido proceso se están violando sus derechos individuales. I. ANTECEDENTES. El 22 de octubre de 1987 el Señor L.E.P.V. suscribió con el Banco Nacional de Panamá, contrato de Préstamo Personal, por la suma de cinco mil balboas (B/5,000.00) con fianza solidaria de E.G.P. y J.E.S.B.. El deudor principal incumplió con la obligación de pago correspondiente, por lo cual el Banco Nacional de Panamá mediante auto No.696 del 8 de noviembre de 1990, decretó secuestro contra L.E.P.V., hasta la concurrencia de seis mil cuatrocientos setenta y ocho con 98/100 (B/.6,478.98). Posteriormente el 9 de noviembre de 1990 se dictó auto que libra mandamiento de pago contra L.E.P.V. y los fiadores solidarios E.G.P. y J.E.S.B.. El Banco Nacional de Panamá en el año 2008, inicia los trámites para la notificación del referido auto que libra mandamiento de pago, girando boletas de citación, enviando a notificadores, que indican que los S.S.B. y P.V. residían en Estados Unidos, se procede a emplazarlos por edicto y finalmente el 4 de septiembre de 2008 se nombra defensor de ausente, quien se notifica el 8 de octubre de 2008, del auto ejecutivo 697 de 9 de noviembre de 1990. Posteriormente, mediante Auto No.387 de 29 de septiembre de 2010, se elevó a embargo el secuestro decretado mediante Auto 696 citado, actualizando los saldos hasta la suma de B/.13,705.16, girando oficio No.271-J-4-240 de 27 de mayo de 2013, a las entidades bancarias del sistema, en virtud de lo cual Global Bank comunica al Banco Nacional de Panamá que se ha puesto a disposición la suma de cuatro mil setecientos noventa y cinco con 33/100 (B/.4,795.33) que se encuentran en una cuenta registrada a nombre de J.S.B.. II. INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. Mediante nota 2014 (03100-01) 04 de 23 de enero de 2013, el Banco Nacional de Panamá, envía a esta Superioridad informe de conducta mediante el cual señala la cronología de los hechos acaecidos dentro del proceso por cobro coactivo en cuestión, solicitando al Pleno que declaren el amparo como improcedente y ordenen el archivo del expediente. III. DECISIÓN DEL PLENO Una vez expuestos los argumentos del amparista, la cronología de los hechos acaecidos en dentro del proceso ejecutivo precitado y el informe de al autoridad demandada, procederá esta Superioridad a evaluar si se ha vulnerado la garantía del debido proceso alegada por el S.J.S.B.. Bajo este marco de ideas debemos señalar, que la acción de amparo es una institución de garantía que, de conformidad con los artículos 54 de la Constitución Nacional y 2615 del Código Judicial, puede ser ejercida contra cualquier acto, expedido o ejecutado por cualquier servidor público con mando y jurisdicción, que tenga la probabilidad de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho o garantía fundamental que la Constitución consagra, cuando por la gravedad e inminencia del daño se requiera una revocación inmediata y se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de dicho acto. En cuanto a la garantía del debido proceso alegada como vulnerada por el amparista es importante destacar los siguientes aspectos: El debido proceso, como derecho fundamental se encuentra recogido en nuestro ordenamiento constitucional en el artículo 32 que señala: "que nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria." Este Máximo Tribunal de Justicia, ha manifestado doctrinal y jurisprudencialmente que la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución comprende tres derechos, a saber, el derecho a ser juzgado por autoridad competente; el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales pertinentes; y el derecho a no ser juzgado más de una vez por una misma causa penal, policiva o disciplinaria. Es de lugar resaltar que la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la República de Panamá mediante Ley No.15 de 28 de octubre de 1977 e integrante del Bloque de la Constitucionalidad, desarrolla en el artículo 8, la garantía del debido proceso de la siguiente manera: Artículo 8. Garantías Judiciales "1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." En este punto también es de lugar hacer mención al procesalista J.F. que destaca, en sus "Instituciones de Derecho Procesal Civil" que la jurisprudencia ha llenado de contenido la garantía del debido proceso, integrado por los derechos que se indican a continuación: 1. Derecho a la jurisdicción, que consiste en el derecho a la tutela constitucional. 2. Derecho al Juez natural. 3. Derecho a ser oído. 4. Tribunal competente, predeterminado enla ley, independiente e imparcial. 5. Derecho a aportar pruebas lícitas, relacionadas con el objeto del proceso, y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el juez. 6. Facultad de hacer uso de los medios de impugnación previstos en la ley contra resoluciones judiciales motivadas. 7. Respeto a la cosa juzgada. Es así como el debido proceso está constituido por una serie de elementos dirigidos a asegurar la efectiva o adecuada defensa de las partes en el mismo. A estos elementos procesales se refiere el D.A.H. en su obra sobre el debido proceso, al indicar que: "si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho a aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medio de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de éstas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguirse un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo, desconoce la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional" (HOYOS, A.. El debido proceso. Editorial Temis, S.A., Santa Fé de Bogotá, 1995, págs.89-90). (lo resaltado es del Pleno). Lo anterior, guarda relación con lo señalado por el amparista, en torno a que considera que el debido proceso se ha violado, entre otros aspectos, a razón de que no se ejerció en la práctica su defensa por parte del defensor de ausente dentro del proceso por cobro coactivo que adelanta el Banco Nacional de Panamá, en contra del S.J.S.B.. En ese sentido, esta Corporación Judicial conceptúa que el amparista se vio privado del ejercicio efectivo de la garantía del debido proceso, dado que al no haber ejercido el defensor de ausente oportunamente su defensa no tuvo la oportunidad procesal de presentar los recursos o acciones correspondientes tal como establece el artículo 1682 del Código Judicial que indica: Artículo 1682. Dentro de los ocho días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, puede el ejecutado proponer las excepciones que crea le favorezcan; pero no se suspenderá la práctica de las diligencias ejecutivas, las cuales deben adelantarse hasta poner el proceso en estado de dictar auto de remate, para aguardar la decisión sobre las excepciones que se hayan propuesto. Esta Corporación de Justicia también ha emitido pronunciamientos sobre la Violación de la Garantía Constitucional del debido proceso "únicamente ocurre cuando se desconocen o pretermiten trámites esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes" (Fallo del Pleno de la Corte Suprema de 21 de agosto de 2008, G. C.A. en contra del IFARHU). El Señor S.B., consecuentemente, sufrió los perjuicios de la falta de defensa oportuna, parte integrante del debido proceso legal, garantía constitucional en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido, la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso, de contradecir las aportadas por la contraparte, y de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. De igual forma, consideramos que la labor del Defensor de Ausente designado por el Banco Nacional del Panamá, debiera ser cónsona con las atribuciones establecidas por el Código Judicial para los apoderados judiciales quienes deberán actuar siempre en defensa de los intereses del representado, situación que estimamos no se ha cumplido en el presente negocio jurídico en virtud de que el mismo no realizó actuación alguna dentro del proceso por cobro coactivo en contra del S.J.S.B., salvo su notificación, el día 8 de octubre año 2008 (18 años después), del Auto 696 de 8 de noviembre de 1990, que decretó secuestro en contra de L.E.P.V., J.E.S.B. y E.G.P., no defendiendo ni representando de manera efectiva los intereses de su patrocinado. En consecuencia, la acción extraordinaria de A. de Garantías es el único medio procesal capaz de reparar los derechos conculcados al S.S.B.. El artículo 18 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que los servidores públicos son responsables por infracción de la Constitución o de la Ley, por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas. No podemos pasar por alto que más allá del cumplimiento de trámites y formas preestablecidas para la formalización de la defensa del S.J.S.B., le compete al Defensor de Ausente, velar por la correcta aplicación del derecho en el ejercicio del rol que la ley les confiere, en virtud del fin que se persigue mediante un proceso legal, la justicia. Lo anterior en virtud de que de haberse ejercido una defensa efectiva, se podrían haber presentado las excepciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 690, 693 del Código Judicial, 1650 y siguientes del Código de Comercio, al ser evidente dentro del expediente que habían transcurrido 18 años desde el momento en que se emitió el auto que libra mandamiento de pago correspondiente. El Autor A.Q.L., en su obra "El Debido Proceso Legal en el Perú y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos" Editorial IDEMSA, Segunda Edición, páginas 147-149, indica en torno al derecho a la defensa lo consecuente: "El derecho de defensa también significa que en un medio jurídico y judicial especializado, profesionalizado, donde los agentes de la justicia son iusperitos y donde la intervención de las partes está mediatizada por la Defensa Cautiva, la asistencia letrada de las partes en juicio termina siendo un elemento que incide en el derecho de defensa, de modo que su ausencia determina una desigualdad procesal y propicia la indefensión constitucionalmente reprobada" Señala además, en torno al ejercicio efectivo del derecho a la defensa lo siguiente: "Desde el punto de vista del derecho constitucional de acción, la socialización jurídica del estado contemporáneo ha determinado la necesidad de crear los instrumentos necesarios para lograr su ejercicio efectivo por todos los ciudadanos, y no sólo por aquellos que cuenten con recursos económicos mayores y con el mejor acceso al asesoramiento y con el mejor acceso al asesoramiento a la adecuada prestación jurisdiccional. En otras palabras, sostiene que de un simple derecho formal la acción procesal se ha transformado en una facultad con un contenido material que permite su eficaz ejercicio. Por eso el Estado tiene la obligación de procurar la defensa letrada a la parte que carezca de la misma o que no pueda costeársela." Finalmente, acota en cuanto al tema de la indefensión que sólo puede prosperar su alegación cuando de alguna forma, generalmente por violación de preceptos procedimentales, se impida al acusado ejercitar oportunamente su defensa, cuando se obstaculiza el derecho de defensa como posibilidad de refutar y rechazar el contenido de la acusación que en su contra se esgrime. Esta Corporación de Justicia, en sentencia de 23 de enero de 2014 dentro de la Acción de A. de Garantías Constituciones promovida por L.A.M. contra la sentencia condenatoria 10 de 22 de octubre de 2012, proferida por el Juez Tercero de Garantías del Cuarto Distrito Judicial, Provincia de Los Santos, se pronunció en los siguientes términos: "...Por la defensa técnica del procesado, quien quedó el total indefensión, frente a la negociación celebrada, ocasionándole un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado a consecuencia de su pasividad, cuando es propio del rol de la defensa velar por la efectividad de su gestión a favor del procesado, como otro de los derechos de los que se nutre el debido proceso y que además, es reconocido por el artículo 22 de la Constitución Política y desarrollado por el Código Procesal Penal al establecer que la defensa de las personas o de sus derechos es inviolable...En atención a lo expuesto y toda vez que el debido proceso-del cual derivan el principio de estricta legalidad, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa efectiva- constituye una garantía fundamental que debe ser salvaguardada, procede reconocer la acción de amparo de garantías propuesta." Observa el Tribunal Constitucional que la PASIVIDAD por parte del Defensor de Ausente, no debe traducirse en inacción al dejar de cumplir con la misión para la cual fue designado, lo cual es la preservación de los derechos y garantías constitucionales previstos en la Constitución Política como en Tratados Internacionales, y que el cumplimiento efectivo debido proceso, no debe ser meramente formal sino en la práctica. De igual forma, es de lugar también indicarle a tan prestigiosa institución bancaria que es al Tribunal de A. bajo la ponencia del Magistrado Sustanciador a quien le corresponde única y exclusivamente pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo y, en los casos que son de competencia de la Corte Suprema, dichas decisiones son irrecuribles y de forzoso cumplimiento.No es el funcionario acusado con la acción de amparo de derechos fundamentales a quien le corresponde decidir si el escrito cumple con los requisitos de admisibilidad o si el acto censurado es una orden de hacer o no hacer o si está ausente el elemento de urgencia, por cuanto que, como vimos, esa es una función del órgano jurisdiccional competente que conoce de la acción. Y mucho menos puede pensarse siquiera que, porque otros organismos o instituciones ejercen cierto grado de control o supervisión sobre sus actuaciones, están exentos del control jurisdiccional, incluso, el constitucional a través de esta institución de garantía protectora de los derechos fundamentales, siempre y cuando revistan las características contenidas en el antes mencionado artículo 54 de la Constitución Política, como del artículo 2615 del Código Judicial. En virtud de lo antes expuesto, y a pesar de que el acto que fue demandado es un medio para comunicar una decisión ya dictada, esta Superioridad procederá a CONCEDER el A. de Garantías propuesto por el S.J.S.B. al encontrarse la infracción del artículo 32 de la Constitución Política, referente al debido proceso, por lo cual se deberá revocar y dejar sin efecto el oficio No.271-J-4-240 de 27 de mayo de 2013. Por los motivos expuestos, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el A. solicitado por J.E.S.B., a través de su apoderado judicial, contra el oficio No. 271-J-4-240 de 27 de mayo de 2013. Fundamento de Derecho: Artículos 17, 18, 32 y 54 de la Constitución Política de la República de Panamá, Artículo 215, 1682 y 2615 del Código Judicial. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO OYDÉN ORTEGA DURÁN -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ M. -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. (Con Salvamento de Voto). YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General) Dentro del término que nos confiere la ley, y con el mayor de los respeto, debo exponer a los distinguidos miembros que conforman esta máxima C., que sin bien advierto que parte de las observaciones hechas por el suscrito durante el período de lectura, fueron acogidas; no obstante, lamento disentir con el criterio de la mayoría, por las siguientes consideraciones. A través del presente Fallo se CONCEDE la acción de derechos fundamentales que, a través de procurador legal, promueve el señor JULIO E.S.B., contra el Oficio No. 271-J-4-240 de 27 de mayo de 2013, que expidiera el licenciado H.E.A., Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá. En ese sentido advierto, que la presente resolución arriba a la conclusión de que el debido proceso, contenido en el artículo 32 Constitucional, sí resultó vulnerado a través de este oficio, ya que estima la mayoría que dicha vulneración se produce ante la escasa o ineficiente gestión del abogado que, el Banco Nacional de Panamá designó como Defensor de Ausente, dentro del Proceso Ejecutivo por cobro coactivo, para que representara los intereses del señor JULIO E.S.B., hoy recurrente en amparo. Estos argumentos que fueron expuestos de la siguiente manera: "El señor S.B., consecuentemente, sufrió los perjuicios de la falta de defensa oportuna, parte integrante del debido proceso legal.. .. consideramos que la labor del Defensor de Ausente, designado por el Banco Nacional de Panamá debiera ser cónsona con las atribuciones establecidas en el Código Judicial para los apoderados judiciales quienes deberán actuar siempre en defensa de los intereses del representado, situación que estimamos no se ha cumplido en el presente negocio jurídico en virtud de que el mismo no realizo actuación alguna , dentro del proceso por cobro coactivo en contra del S.J.S.B., salvo su notificación, el día 8 de octubre de 2008 ... y del Auto 696 de 8 de noviembre de 1990, que decretó secuestro en contra de L.E.P.V., J.E.S.B. y E.G.P., no defendiendo, ni representando de manera efectiva los intereses de su patrocinado. Observa el Tribunal Constitucional que la PASIVIDAD por parte del Defensor de Ausente, no debe traducirse en inacción al dejar de cumplir con la misión para la cual fue designado, lo cual es la preservación de los derechos y garantías constitucionales... Si bien, colegimos en que el derecho de defensa comprende que esta sea oportuna y eficaz, no obstante, hay dos motivos que nos hacen distanciarnos de la decisión adoptada. La primera de ella, radica en el hecho de que el presente negocio revela que la defensa tan cuestionada a través del presente fallo, se ejerce precisamente en ausencia del representado, éste quien según constancias procesales, la autoridad demandada intentó notificar personalmente de las actuaciones dictadas, y luego a través de edicto emplazatorio, no obstante, al no comparecer el mismo, se le designó un abogado que lo representara, esto precisamente para no incurrir en violación al derecho de defensa.. Considero, que bajo dichas circunstancias en que el abogado no tiene contacto con su cliente, y mucho menos con documentación relacionado al caso, era importante ponderar o calibrar hasta que punto se puede sostener que un abogado, designado en ausencia de su representado, no atiende su deber profesional. Por otro lado, advierto que aún cuando la gestión del Defensor de Ausente, de cierto modo fue cuestionado por el amparista, no obstante, soy de la opinión que el principal motiva de infracción al debido proceso, argüido por el pretensor, fue sostenido sobre otros fundamentos, frente a los cuales no se realizaron mayores reparos en la presente resolución. Un motivo de infracción al debido proceso, que en nuestra opinión era el eje central sobre el cual giraba la censura y que dentro de la demanda de amparo, se expuso en los siguientes términos: "DECIMO: Sostenemos que el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá violentó el debido proceso de Ley desde el momento en que, al emitir el oficio (sic) Oficio No. 271-J-4-240, de fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil trece (2013), sin proferir un Auto que elevara a embargo el secuestro previamente decretado ...emite una orden de hacer, mediante un oficio, sin antes proferir una resolución que la sostenga, pues como ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en un sin número de decisiones, las comunicaciones que se emiten a través de los oficios deben estar precedidas de una resolución que contiene dicha decisión, ... DUODÉCIMO: No menos importante, la violación al debido proceso de ley indicado en los hechos anteriores, tenemos que la orden de hacer contenida en el Oficio No. 271-J-4-240 de 27 de mayo de 2013,... no está precedida de una resolución en firme y ejecutoriada que la sostenga. ...No es posible en modo alguno, que mediante un oficio se ordene que los dineros retenidos sean entregados o remitidos al tribunal, sin que se haya decidido esto por intermedio de una resolución que así lo indicara. ... DECIMO:... al comunicar y decretar embargos a través de oficio, decretar embargo por sumas superiores por medio de oficios sin resoluciones que las sustentan, así como ordenar entregas de dinero son que dicha orden vaya precedida de una resolución que lo indique, por lo que dicha resolución jurisdiccional es merecedora de protección constitucional... ... Consideramos en primer lugar que la actuación judicial impugnada, está es el Oficio No. 271-J-4-240, de fecha 27 de mayo de dos mil trece (2013),,, ha desconocido tal fundamental garantía al Decretar Embargo, decretar embargo sobre una suma superior que no tiene sustento en una resolución en f irme y ejecutoriada, así como ordenar la entrega de dichas sumas de dineros sin la resolución que lo ordene. ... Y es que en el presente caso, el emitir un oficio en el cual se ordena o decreta embargo sobre sumas superiores y a su vez se ordena la entrega de sumas de dineros, sin resolución previa que lo establezca, además de constituir una violación al debido proceso, por tratarse de una nulidad constitucional que se ha visto, se sanciona con la nulidad de todo lo actuado, coloca a JULIO E.S.B., en estado de indefensión por cuanto el acto impugnado trae como consecuencia procesal y material-sustantiva que nuestro representado no pueda interponer los recursos legales pertinentes con el propósito de hacer valer sus derechos como lo es impugnar decisiones de embargo sobre sumas de dineros no debidas o en su defecto superiores a lo que en derecho corresponda..." A juicio del suscrito, este aspecto sobre el cual se sostenía la impugnación del acto atacado en amparo, merecía un pronunciamiento de mérito, máximo cuando el asunto a dilucidar se concretaba en determinar si la orden de embargo y cobros de estos dineros, se respaldaban o no, en una resolución que motivara la expedición del Oficio No. 271-J-240 de 27 de mayo de 2013, por medio del cual el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, le informaba al Gerente General de todos los bancos del país, que dentro del aludido proceso ejecutivo por cobro coactivo se había decretado un embargo. Es pues, en base a estas consideraciones y con todo respeto, SALVO EL VOTO en el presente fallo. De los honorables Magistrados, HARLEY J. MITCHELL D. YANIXSA Y. YUEN (SECRETARIA GENERAL)