Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 14 de Mayo de 2015

Ponente:Oydén Ortega Durán
Fecha de Resolución:14 de Mayo de 2015
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: Ha ingresado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la Firma Forense BTR L.F., en nombre y representación de la sociedad Queen Fish Processing, S.A., cuyo representante legal es el señor E.A.Z.T., contra la orden verbal de fecha ocho (08) de octubre de dos mil trece (2013), emitida por la Autoridad Marítima de Panamá, mediante la cual se le indicó a la ahora amparista, el desalojo del local N° 4, ubicado en el Recinto Portuario de Vacamonte, corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá, República de Panamá, de propiedad de la Autoridad Marítima. ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL Luego del sorteo y reparto correspondiente, el Magistrado Sustanciador mediante Providencia de quince (15) de enero de dos mil catorce (2014) ordenó la admisión de la presente Demanda de A. por cumplir con los presupuestos procesales para su admisión, requiriendo a la Autoridad demandada un informe acerca de los hechos materia de la Acción constitucional. POSICIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA La Autoridad Demandada mediante Nota N° ADM N° 0137-01-2014-OAL de veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014), en tiempo oportuno, remitió el Informe solicitado por el Magistrado Sustanciador, indicando que la Autoridad Marítima de Panamá, a través del Departamento de Concesiones de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, en inspección realizada en el Puerto de Vacamonte determinó que la empresa Queen Fish Processing, S.A. se encontraba ocupando un área de su propiedad, sin que a ésta se le hubiese otorgado concesión para operar, lo cual al decir de la Autoridad administrativa demandada, fue corroborado por dicho Departamento de Concesiones. El funcionario demandado afirma que la amparista no es concesionaria, arrendataria o usuaria de la Autoridad Marítima de Panamá, ni mantiene relación con esta entidad respecto al área antes señalada. Además, asegura que dicha sociedad no ha realizado pago alguno en concepto de la ocupación del área en mención. La demandada refiere que en atención a lo anterior, dicha Autoridad Marítima mediante Nota ADM N° 1669-082013-OAL de nueve (09) de agosto de dos mil trece (2013), solicitó por escrito el desalojo del área y de la instalación antes mencionada a la empresa Queen Fish Processing, S.A., para lo cual le concedió el término de cinco (5) días calendarios, contados a partir del recibo de la comunicación. Señala el funcionario demandado, que la amparista manifestó estar en disposición de proceder a desalojar el local, por lo que solicitó el término máximo de treinta (30) días para desalojar en su totalidad el área, arguyendo que el equipo, principalmente los compresores de los cuartos de congelación requerían ser desconectados por profesionales especializados. Refiere el funcionario demandado que luego de cumplido y extendido el plazo solicitado por la empresa Queen Fish Processing, S.A., la misma retiró todo el equipo y enseres que permanecían en el local por ella ocupado. ALEGATOS DE LA ACCIONANTE La promotora de la Acción constitucional luego de una exposición de los hechos más relevantes del Proceso enuncia la vulneración del artículo 32 de la Constitución Política. Así, destaca que la orden verbal de fecha ocho (08) de octubre de dos mil trece (2013), emitida por la Autoridad Marítima de Panamá, específicamente, por el Recinto Portuario de Vacamonte, a través del Jefe de Seguridad del mismo, en la cual se le pidió el desalojo del referido Local N° 4, vulnera de forma directa el artículo 32 de nuestra Carta Magna, dado que a su criterio, dicho desalojo se realizó sin cumplir con las formalidades de ley. Destaca que el artículo 1409 del Código Judicial establece que "cuando el bien se hallare ocupado sin contrato de arrendamiento con el dueño o con su apoderado o su administrador, cualquiera de estas personas podrá solicitar del jefe de policía que le haga desocupar y se le entregue. Si el ocupante o los ocupantes no exhibieran títulos explicativos de la ocupación, el lanzamiento se llevará a cabo inmediatamente"; indicando que, esta norma legal ha sido vulnerada por parte de la Autoridad demandada, dado que dicha Autoridad al momento de realizar el desalojo no acreditó que su representada se mantenía en la propiedad o local sin contrato de arrendamiento. Además, sostiene la activadora constitucional que nadie será juzgado sino por Autoridad competente, de allí que es del criterio que en el caso en estudio, se trata de un desalojo realizado de forma ilegal por parte de la Autoridad Marítima y sin cumplir el debido proceso constitucional, todo lo cual trajo a su cliente graves perjuicios y de evidente e imposible reparación. CONSIDERACIONES DEL PLENO: Luego de la exposición de los argumentos centrales de la amparista y el informe rendido por la Autoridad administrativa demandada, le corresponde a este Tribunal Constitucional de A. verificar si en efecto, tal como lo indica la Firma Forense BTR L.F., se vulneraron o no normas constitucionales, específicamente, el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, al solicitarle el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá a la empresa amparista Queen Fish Processing, S.A., el desalojo de las instalaciones ubicadas en el Recinto Portuario de Vacamonte, en el término de cinco (5) días calendarios. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia a través de la figura de la Acción de A. de Garantías Constitucionales asegura el estricto respeto de los derechos procesales que le asiste a toda persona para el desarrollo de un Proceso justo, es decir, garantizarle el debido proceso, contenido en el artículo 32 constitucional. De los hechos de la Demanda de A., se advierte que la pretensión de la amparista consiste en la revocatoria de la orden emitida por la Autoridad Marítima de Panamá, consistente en el desalojo por parte de la ahora amparista del local N° 4, ubicado en el Recinto Portuario de Vacamonte, corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá, por considerar, a criterio del Departamento de Concesiones de la Autoridad Marítima, que la accionante no cuenta con un Contrato de Concesión para operar en el referido local, razón por la cual debía desalojar el mismo en un término de cinco (5) días calendarios. De las constancias procesales esta Superioridad advierte, que en efecto, la Autoridad demandada solicitó el referido desalojo del local ubicado en el Recinto de propiedad de la Autoridad Marítima, lo cual se peticionó de manera escrita, mediante Nota ADM N°1669-08-2013-OAL de fecha nueve (09) de agosto de dos mil trece (2013) y no de forma verbal como manifiesta la amparista, por lo que esta Superioridad considera que el Acto demandado no le procuró a la amparista su derecho de defensa, es decir, a contar con un Proceso donde se le diera la oportunidad de ofrecer sus descargos y aportar pruebas que le permitieran obtener una decisión de fondo y la posibilidad de recurrir ante el superior. Así, este Tribunal Constitucional debe indicar que del examen de la Nota Administrativa bajo estudio, se observa que la misma se limita a señalar únicamente que "en virtud que la empresa Queen Fish Processing, S.A. no posee contrato de concesión suscrito con la Autoridad Marítima de Panamá, le solicitamos desalojar las instalaciones en un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir del recibo de la presente misiva"; es decir, no sustenta las razones por las cuales la Administración decidió desalojar a la empresa, así como tampoco se le anunció los recursos que le concede la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000 "Sobre Procedimiento Administrativo". A criterio de esta Superioridad un elemento fundamental en toda decisión proferida por Tribunales o cualesquiera funcionarios públicos es que las mismas sean motivadas, o sea, emitidas de manera congruente, clara y precisa, en atención a lo que dispone la Ley N° 38 de 2000. En este sentido, el Pleno de la Corte estima necesario indicar que la motivación de un Acto permite que el mismo pueda ser valorado y el funcionario que lo emite debe mostrar los fundamentos de su decisión para facilitar el control jurisdiccional en ocasión de los recursos, constituyendo éste uno de los postulados del debido proceso. Esta Corporación de Justicia es del criterio que al no constar una debida motivación respecto a las razones por las cuales la Autoridad demandada procedió a realizar el referido desalojo, así como por imposibilitársele a la activadora constitucional el derecho de defensa, se observa que el Acto demandado vulnera la norma constitucional demandada, de allí, que lo procedente es conceder el A. de garantías constitucionales y por tanto así se pronuncia. Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales, interpuesta por la Firma Forense BTR L.F., en nombre y representación de la sociedad Queen Fish Processing, S.A., cuyo representante legal es E.A.Z.T., contra la Nota ADM N° 1669-08-2013-OAL de fecha nueve (09) de agosto de dos mil trece (2013), emitida por la Autoridad Marítima de Panamá. N.. OYDÉN ORTEGA DURÁN JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- SECUNDINO MENDIETA G. -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- LUIS MARIO CARRASCO M. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)