Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 12 de Enero de 2015

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución12 de Enero de 2015
EmisorPleno

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de la acción de amparo de derechos fundamentales promovida por el Licenciado S.S., en nombre y representación de T.Z.H., contra la decisión proferida en audiencia oral, el 23 de agosto de 2013, por el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, dentro de la causa seguida en su contra, por delito de estafa, en perjuicio de Centroamericana de Distribución Panamá, S.A., distinguida como 2012-0000-6154.

  1. Fundamentos de la resolución acusada.

    La resolución impugnada por esta vía extraordinaria resolvió acoger el recurso de apelación promovido por la parte querellante Centroamericana de Distribución Panamá, S.A. y, en consecuencia, revocar el Auto N°.180 de 15 de agosto de 2013, dictado por la Juez de Cumplimiento de Veraguas, por medio del cual se le reemplazó a T.Z.H. la pena de prisión por la de días multa. La decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial descansó en las consideraciones que siguen:

    "...aflora que en efecto el señor T.Z.H. fue sentenciado a cumplir 48 meses de prisión por el delito de estafa en perjuicio de la EMPRESA CENTROAMERICA DE DISTRIBUCION PANAMA, S.A., misma que fue reemplazada por 500 días multa a razón de B/.15.00 de manera que se le obligó a pagar la suma de B/7,500.00 en un plazo de 12 meses.

    Conforme a lo planteado por los intervinientes, sobreviene la necesidad de determinar si es viable la aplicación del subrogado penal de días multa o mantener la pena de prisión impuesta, para lo cual se debe analizar el contenido del artículo 102 del Código Procesal Penal, el que establece que para obtener un beneficio de esa naturaleza, se requiere, que la pena no exceda los 4 años de prisión y que se trata de delincuente primario, aunque advierte esa norma que se trata de una facultad discrecional del juzgador, obviamente la que debe sustentarse en aspectos objetivos y los elementos que rodearon la ejecución del hecho punible, por lo que no conlleva la aplicación automática de ese beneficio (ver fallos de este Tribunal Superior en la causa de A.A.G. DE LEÓN).

    En esta causa se observa que la Juez de Cumplimiento de Veraguas, concede el subrogado penal bajo la premisa que el sentenciado cumplía las exigencias mínimas del artículo 102 del Código Penal para ser favorecido con ese beneficio procesal, es decir que la pena de prisión no superaba los 4 años y que T.Z.H. no registra antecedentes penales; sin embargo, la parte afectada cuestiona que no se tomó en cuenta que el monto de la estafa supera los B/64,000.00 y que el sentenciado no actuó de buena fe con la empresa al momento de llegar a un convenio para resarcir los daños y perjuicios recibidos, toda vez que en la fase de investigación se solicitó la suspensión del proceso sujeto a condiciones donde se hablaba del resarcimiento a la víctima, lo que no acaeció y trajo como resultado que se continuara con el proceso, mismo que culminó con un acuerdo de pena con el Ministerio Público, donde no se contempló el aludido resarcimiento y que contó con la oposición del querellante, quien aduce que conceder el beneficio censurado no le hace justicia a la víctima.

    Si bien es cierto que e (sic) sentenciado prima facie cumple con los requisitos objetivos y que el artículo 102 del Código Penal refiere que es una potestad discrecional del juzgador, no menos cierto es que no podemos soslayar que el monto de lo estafado excede los B/64,000.00 y que a pesar que se suspendió el proceso sujeto a la condición de resarcir ese perjuicio económico, se tuvo que reanudar el mismo por el incumplimiento en ese aspecto, lo que se traduce en un elemento que si bien no forma parte de la esencia de los presupuestos propios del reemplazo de penas, constituye una razón relevante para poder conceder ese subrogado, lo que hace improcedente acceder al reemplazo o sustitución de la pena de prisión impuesta, ya que de ser beneficiado con el subrogado apelado, se desconocerían los derechos de la víctima y la solución del conflicto que es objetivo primordial de este nuevo modelo de juzgamiento penal, conforme a los artículos 26, 69, 70, 80 y 272 del Código Procesal Penal.

    Sobre este tema, la Sala Penal de la Corte Suprema en fallo de 1 de junio de 2012 (Tentativa de Homicidio seguido a CANDIDO ORTEGA Y J.O. CASTILLO), respecto a la interpretación del alcance de (sic) artículo 102 del Código Penal, estableció entre otras cosas que:

    "Nuestra máxima corporación de justicia ha sentado jurisprudencia, respecto a la interpretación del alcance de la norma jurídica up (sic) supra en el sentido que, "el juzgador tiene la discrecionalidad de conceder o no el reemplazo de la pena de prisión impuesta mediante sentencia judicial (Sentencia de 10 de enero de 2003 y 27 de mayo de 2010) e incluso, ha manifestado que aún cuando es la condición de delincuente primario, ...no significa que automáticamente deba reemplazarle la pena de prisión..., por cuanto esta es una facultad discrecional otorgada al juzgador..." (Sentencia de 2 de marzo de 2005 y 27 de mayo de 2010).

    Ante lo planteado, este Tribunal Superior, debe acoger el medio impugnativo ensayado contra la resolución (Auto 180) dictada por la Juez de Cumplimiento de Veraguas en el acto de audiencia de fecha 15 de agosto de 2013".

  2. Argumentos del amparista.

    Estima el amparista, a través de apoderado judicial, que la mencionada resolución contraviene los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional y conculca el debido proceso, por pretermisión del trámite legal; cargo que aparece condensado por el extracto del libelo de amparo (del apartado "hechos que fundamentan la presente demanda"), que a continuación se transcribe:

    "SEGUNDO: Que el querellante APELÓ la decisión proferida por el Juez De Cumplimiento de la Provincia de Veraguas mediante Auto N°180 del 16 de Agosto de 2013, al no estar conforme con la decisión de otorgarle el beneficio del subrogado penal al sancionado, toda vez que no había sido resarcida la empresa estafada del daño causado, sin tomar en consideración que el artículo 169 del Código Procesal Penal de la República de Panamá en su numeral 4 establece que "Solo son Apelables las Resoluciones que niegan la concesión o el beneficio de subrogados penales" (El subrayado es nuestro) y que posteriormente los MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, ADMITEN dicho recurso en abierta violación a disposiciones Constitucionales y L., incumpliendo de la misma manera con su deber consagrado en el Artículo 17 de la Constitución Nacional de "asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley".

    La decisión tomada por los MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL fue hecha sin apego a la estricta legalidad y en inobservancia del artículo 169 numeral 4, al admitir un recurso, que contrario a las disposiciones legales vigentes, no le permitía al Tribunal (sic) Alzada (de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial), ACCEDER AL MISMO actuar de esa manera, toda vez que al señor T.Z.H. "se le había otorgado en estricto derecho el beneficio del subrogado penal" por medio del Auto N°180 del 16 de Agosto de 2013, y la norma establece claramente QUE SON APELABLE (sic) si sé (sic) "NIEGA LA CONCESIÓN O EL BENEFICIO DE SUBROGADOS PENALES" (el subrayado es nuestro), en todo caso, la única persona legitimada para poder apelar lo era el propio T.Z.H. si se le hubiesen negado el beneficio o se le negase la concesión y no el querellante como sucedió en este caso.

TERCERO

Que los MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, al margen de la Ley y actuando con ignorancia inexcusable de la Ley, ADMITEN la apelación y REVOCAN el Auto N°180 del 15 de Agosto de 2013, VULNERANDOLE de esta manera, DERECHOS CONSTITUCIONALES consagrados en nuestra Carta Magna, a nuestro poderdante y afectándolo de esta manera y poniéndole en inminente peligro su libertad, concedida por un subrogado penal, en estricto derecho, por el Juez de Cumplimiento de la Provincia de Veraguas, a su favor. Esta flagrante violación de derechos fundamentales a nuestro poderdante ha impedido el goce del subrogado penal otorgado, aún por encima de la Ley y los principios y garantías establecidos en nuestra Constitución Política y regulada en nuestra Ley procesal penal.

De conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política, obliga a la autoridad respectiva, el emitir pronunciamientos o decisiones, debe hacerlo con fiel observancia o cumplimiento a lo que establecen las normas legales vigentes y con absoluto apego al orden jurídico al caso.

...CUARTO: Que a nuestro representado, en descarada contravención a las normas procedimentales establecidas en el Código Procesal Penal (Ley N°63 del 28 de Agosto de 2008, publicada en Gaceta Oficial N°26,114 del 29 de Agosto de 2008), se le REVOCA el beneficio del subrogado penal otorgado sobre la base de la ADMICIÓN (sic) de un recurso que no era procedente según la propia Ley.

No contento con esto, el Tribunal de Apelaciones entro (sic) a tomar en consideración cuestiones de fondo que solo correspondía a los Juzgados inferiores (Juzgado de Garantías de Veraguas y Juzgado de Cumplimiento de Veraguas) que fueron los que decidieron sobre el caso, al Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, solo le correspondía ver el tema de la apelación, revisando si legalmente era conducente o no y con el solo hecho de Admitir la Apelación, se revocaba el subrogado penal, pero lo que realmente sucedió en este caso fue que los Magistrados del Tribunal de Apelaciones, en contravención a las normas legales existentes y vigentes, deciden ADMITIR un Recurso de Apelación en contra del otorgamiento de un Subrogado Penal".

  1. Informe del Tribunal demandado.

    Al rendir el informe requerido, el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) señaló, entre otras cosas:

    "...La resolución dictada por el Juez de Cumplimiento de Veraguas, en el acto de audiencia celebrado el 15 de agosto de 2013, dispuso (en Auto N°.180) reemplazar la pena de 48 meses de prisión impuesta al ciudadano T.Z.H., en acuerdo de pena celebrado con el Ministerio Público, por 500 días multa a razón de B/.15.00, quedando el sentenciado obligado a pagar una multa de B/.7,500.00, en un plazo de 12 meses.

    Al no compartir la parte querellante y ofendida (Empresa CENTROAMERICANA DE DISTRIBUCIÓN PANAMA, S.A.), la decisión anterior, postuló recurso de apelación ante este Tribunal Colegiado, agendándose audiencia para el día 21 de agosto de 2013, acto oral donde se revocó el fallo censurado, por medio del cual se reemplazó la pena de prisión por la de días multa, en atención a que la concesión de un subrogado penal es una potestad discresional (sic) del Juez, que el monto del daño causado excedía los B/.64,000.00, ponderando el derecho de la víctima y el incumplimiento del sentenciado de un convenio para resarcir lo estafado, que produjo una suspensión del proceso sujeto a condiciones, acorde al artículo 215 del Código Procesal Penal.

    ...vale indicar que si se observa la audiencia de apelación que realizó este Tribunal Superior al instante de resolver el recurso planteado por el querellante, se puede constatar que ese argumento jurídico (que la resolución no admitía el recurso de apelación) nunca fue postulado por la defensa en ese acto judicial, lo que hubiese permitido por lo menos, un pronunciamiento del Tribunal al respecto, pues, recordemos que estamos frente a un modelo de enjuiciamiento penal de corte acusatorio basado en la oralidad, donde los intervinientes (fiscal, querellante o defensa) tienen la obligación de plantear claramente sus pretensiones, con el objeto de debatirlas bajo el principio del contradictorio y en esa audiencia serán resueltas, todas y cada una de las peticiones, quedando todas las partes notificadas de la decisión judicial proferida en ese acto oral, tal como nos enseñan las disposiciones contenidas en los artículos 128, 146 y 364 del Código Procesal Penal, en correlación con la necesidad de motivación y fundamentación jurídica, que rezan los artículos 22 y 134 del mismo Código, exigencias que fueron cumplidas a cabalidad por este Tribunal Colegiado al momento de decidir sobre el recurso, máxime que reiteramos, ese punto en particular jamás fue peticionado por el hoy amparista".

  2. Decisión de la Corte.

    Luego de exponer las consideraciones vertidas por el amparista, así como el informe remitido por el Tribunal demandado, entra el Pleno a pronunciarse sobre el fondo del negocio.

    El amparista estima conculcados los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional, que a la letra dicen:

    Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

    Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.

    Se reitera que la decisión adoptada en audiencia oral, el 23 de agosto de 2013, por el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, dentro de la causa seguida en su contra, por delito de estafa, en perjuicio de Centroamericana de Distribución Panamá, S.A., distinguida como 2012-0000-6154, acogió el recurso de apelación promovido por la parte querellante y, en consecuencia, revocó el Auto N°.180 de 15 de agosto de 2013, dictado por el Juez de Cumplimiento de Veraguas, por medio del cual se le reemplazó al amparista T.Z.H. la pena de prisión por la de días multa.

    La censura del apoderado judicial del amparista radica, en lo medular, en que tal actuación de los Magistrados del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial carece de sustento jurídico y vulneró disposiciones constitucionales (arts.17 y 32 C.N.) y legales (art.169 numeral 4 C.P.P.), por cuanto según esta última norma, es apelable la resolución "que niega la concesión o el beneficio de subrogados penales". De ahí que, a su juicio, la única persona legitimada para apelar era su propio representado T.Z.H., en caso de que le hubiesen negado la concesión o el beneficio del subrogado penal y no el querellante, como sucedió en este caso. Añade que, en base a la admisión de un recurso improcedente, a su defendido le fue revocado el subrogado penal otorgado en estricto derecho por el Juez de Cumplimiento de la Provincia de Veraguas, poniendo en inminente peligro su libertad.

    No obstante, de las constancias de autos se advierte que el argumento de inapelabilidad de la resolución que concede el beneficio de subrogados penales, no fue esgrimido en la audiencia oral celebrada ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial el día 23 de agosto de 2013, de la cual emanó la decisión impugnada por esta vía extraordinaria, que quedó debidamente notificada para esa misma fecha a todas las partes presentes en dicho acto, entre quienes se encontraban el amparista T.Z.H. y su abogado, Licenciado S.S.; tal cual se observa en video de la referida audiencia que allegó la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Coclé, junto con la contestación del amparo por parte del Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas). (Fs.27-37). Vale acotar que la presente acción de tutela no fue interpuesta sino hasta el día 4 de abril de 2014, esto es, siete (7) meses y doce (12) días después, es decir, rebasando en exceso el término de tres (3) meses que este Pleno ha establecido como parámetro para determinar la existencia de gravedad e inminencia del daño, el cual se cuenta a partir de la notificación del último acto que agota los medios de impugnación utilizados contra la resolución objeto de amparo.

    Establece el artículo 159 del Código Procesal Penal que "el querellante puede recurrir las decisiones que le causen agravio independientemente del Ministerio Público". Señala el artículo 168 lex cit que "el recurso de apelación tiene por objeto el examen de la decisión dictada en primera instancia y permite al superior revocarla, reformarla o confirmarla". Por otra parte, el artículo 160 ejúsdem es determinante al disponer que "serán inapelables las resoluciones dictadas por el Tribunal de Juicio", cual no es el caso, pues la resolución apelada la dictó el Juez de Cumplimiento. El artículo 169 numeral 8 del Código Procesal Penal dispone, por su parte, que es susceptible de alzada "la resolución del Juez de Cumplimiento en el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 509 de este Código".

    Consta en autos que, a solicitud de la defensa del sancionado T.Z.H., la Juez de Cumplimiento de Veraguas, en acto de audiencia celebrado el día 15 de agosto de 2013, había reemplazado la pena de 48 meses de prisión por 500 días multa, a razón de B/.15.00, lo que ascendía a B/.7,500.00 que el prenombrado debía pagar, a favor del Tesoro Nacional, en un plazo de 12 meses; decisión revocada por la resolución amparada, dictada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, al resolver recurso vertical de la querellante Empresa Centroamericana de Distribución Panamá, S.A.

    Del desarrollo efectuado, se desprende que es apelable la resolución a través de la cual el Juez de Cumplimiento reemplaza por días-multa la pena de prisión. Ello en atención a lo dispuesto por el artículo 169 numeral 8 del Código Procesal Penal, conforme al cual es susceptible de alzada "la resolución del Juez de Cumplimiento en el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 509 de este Código". Estipula la norma que "el Juez de Cumplimiento es la autoridad competente para el control de la ejecución de la sentencia" (énfasis suplido), entre cuyas funciones contempla las siguientes, de interés para el caso que nos ocupa:

    Artículo 509.

    ...En el ejercicio de esta competencia, corresponde al Juez de Cumplimiento:

    1. Resolver las cuestiones que se susciten durante la ejecución de la sentencia en los términos en que esta haya sido impuesta. Las solicitudes que impliquen una decisión jurisdiccional se resolverán en audiencia con el F. y la defensa.

      ...

    2. Controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión del procedimiento y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En el primer caso, informará al Juez de Garantías para su revocación o para la extinción de la acción penal. (Énfasis suplido).

      En materia de competencia de los Jueces de Cumplimiento, se complementa el artículo 509 del Código Procesal Penal con el artículo 46 lex cit, que prevé las siguientes funciones, de interés para el caso 'in examine':

      Artículo 46. ...Los Jueces de Cumplimiento tienen a su cargo:

    3. La ejecución de las penas y las medidas de seguridad.

    4. El cumplimiento, el control y la supervisión para que sea efectivo el régimen impuesto en los procesos suspendidos a prueba, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de cualquier subrogado penal.

      ...

    5. Las cuestiones que se susciten durante la ejecución de la pena y las medidas de seguridad, velando que se respeten los derechos fundamentales del sancionado y no se restrinja más allá de lo establecido en la sentencia.

      ...

      Nuestro Código Penal, adoptado por Ley 14 de 2007 y que entró a regir en mayo de 2008, introdujo la figura del Juez de Cumplimiento en el Capítulo II (Penas Principales y su Ejecución) del Título III (Penas), así como en el Título IV, titulado "Suspensión, Reemplazo y Aplazamiento de la Pena". La Ley 27 de 21 de mayo de 2008, que modifica, adiciona y deroga artículos del Libro II del Código Judicial y dicta medidas previas a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, establece, en su artículo 19, que "las funciones y competencias de los Jueces de Cumplimiento previstas en el Código Penal serán ejercidas por el Tribunal que conoció de la causa y la Dirección del Sistema Penitenciario, según corresponda al ámbito de sus competencias legales, hasta tanto entre en vigencia, en la respectiva circunscripción territorial, el Código Procesal Penal."

      A contrario sensu, una vez entrara en vigencia este último cuerpo legal, los Jueces de Cumplimiento habrían de asumir las funciones y competencias previstas para ellos por el Código Penal en los Títulos III y IV, antes mencionados; entre las cuales el artículo 102 prevé la posibilidad de reemplazar las penas cortas privativas de libertad, bajo los parámetros contemplados por la norma, siempre que se trate de delincuente primario y de pena de prisión no mayor de cuatro (4) años.

      R., hallándose el proceso en fase de ejecución de la sentencia condenatoria y, por ende, de ejecución de la pena, correspondía al Juez de Cumplimiento el conocimiento de la solicitud de subrogado penal que ensayó la Defensa Particular, en atención a las disposiciones de los Títulos III (Penas) y IV (Suspensión, Reemplazo y Aplazamiento de la Pena) del Capítulo II (Penas Principales y su Ejecución) del Código Penal, así como de su artículo 102; en concordancia con el artículo 19 de la Ley 27 de 21 de mayo de 2008 y los artículos 46, 508 y 509 del Código Procesal Penal.

      En esa dirección, el artículo 508 del Código Procesal Penal, adoptado por L.N.°.63 de 28 de agosto de 2008 y que entró a regir en el Segundo Distrito Judicial el día 2 de septiembre de 2011 (art.556 C.P.P.), señala que, en fase de ejecución de la pena, "el sancionado podrá ejercer sus derechos planteando sus requerimientos ante el Juez de Cumplimiento". Asimismo contempla la norma que al sancionado "no se le podrán aplicar mayores restricciones que las que expresamente disponga la sentencia que le impone la pena". La resolución amparada no rebasa en modo alguno el alcance de este precepto legal, por cuanto el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial se limitó a retrotraer el subrogado penal concedido por el Juez de Cumplimiento a la decisión primigenia de condena a prisión proferida por el Juez de Garantías de Veraguas (Sentencia N°.128-2013-JGV de 19 de julio de 2013). Ello al resolver recurso vertical propuesto por la querellante, cuya procedencia encuentra pleno sustento legal en el artículo 169 numeral 8 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 509 lex cit.

      De manera que lo decidido en audiencia oral, el 23 de agosto de 2013, por el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial no contraviene el derecho del activador constitucional T.Z.H. a la tutela judicial efectiva (art.17 C.N.) y a ser juzgado por autoridad competente y conforme a los trámites legales (art.32 C.N.), componentes indiscutibles de la garantía del debido proceso.

      Todo lo antes expuesto, lleva a este Máximo Tribunal de Amparo de Derechos Fundamentales a colegir que no le asiste razón al amparista, respecto de las aducidas infracciones a los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional. En consecuencia, lo que procede en este caso es no conceder la acción de amparo bajo examen.

      En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la acción de amparo de derechos fundamentales propuesta por el Licenciado S.S., en nombre y representación de T.Z.H., contra la decisión proferida en audiencia oral, el 23 de agosto de 2013, por el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, dentro de la causa seguida en su contra, por delito de estafa, en perjuicio de Centroamericana de Distribución Panamá, S.A., distinguida como 2012-0000-6154.

      N.,

      MAGDO. JOSE E. AYU PRADO CANALS

      MAGDO. V.L.B.P. M.. H.D.L.B..

      MAGDO. H.A.D. M.. LUIS R. FABREGA S.

      MAGDO. J.E.M. M.. HARLEY J. MITCHELL D.

      MAGDO. A.A.Z. M.. OYDEN ORTEGA D.

      LCDA. YANIXSA Y. YUEN

      Secretaria General

      2

      JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

      VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN

      YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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