Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 19 de Enero de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:19 de Enero de 2015
Emisor:Pleno

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conoce del proceso de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la sociedad DESARROLLO GOLF CORONADO, S., mediante apoderado especial, contra la Resolución No.TAT-PR-048 de 9 de septiembre de 2014, dictada por la Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, y la Resolución No. TAT-ADM-142 de 24 de septiembre de 2014, emitida por el resto de los Magistrados que conforman el Tribunal Administrativo Tributario.

ACTO RECURRIDO EN AMPARO.

Tal como se observa a fojas 76 y 77 del expediente tramitado en el Tribunal Administrativo Tributario, mediante la Resolución No.TAT-PR-048 de 9 de septiembre de 2014, la Magistrada Sustanciadora resolvió no admitir las pruebas documentales previamente presentadas dentro del proceso administrativo llevado a cabo en la Dirección General de Ingresos, las cuales fueron nuevamente presentadas por el recurrente DESARROLLO GOLF CORONADO, S., esta vez con el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No.201-11558 de 1 de octubre de 2012 y su acto confirmatorio contenido en la Resolución No.201-17028 de 11 de diciembre de 2013, proferidas por la Dirección General de Ingresos, a través de las cuales se rechaza la Solicitud de No Aplicación del C.A. del Impuesto Sobre la Renta (CAIR), para el período fiscal 2011, presentada junto con la declaración de renta del contribuyente. Las referidas pruebas documentales consisten en una copia auténtica de la Convención Colectiva de Trabajo por el Ministerio de Trabajo y el Detalle de Otros Gastos Misceláneos Varios debidamente autenticado por Contador Público Autorizado.

Por su parte, en la Resolución TAT-ADM-142 de 24 de septiembre de 2014, también atacada a través de esta Acción de A. de Garantías Constitucionales, el resto de los Magistrados que componen el Tribunal Administrativo Tributario, rechazan de plano por improcedente del recurso de apelación presentado por DESARROLLO GOLF CORONADO, S. contra la Resolución No. TAT-PR-O48 de 9 de septiembre de 2014, que no admitió las referidas pruebas documentales en segunda instancia.

  1. ARGUMENTOS DEL AMPARISTA Y DERECHO QUE SE ESTIMA VULNERADO.

    Primeramente, el amparista denuncia la violación directa por comisión del artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, que garantiza el derecho al debido proceso y del artículo 8 de la Ley 15 de 28 de octubre de 1977, que aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, que integra el Bloque de la Constitucionalidad en nuestro país y que consagra las garantías procesales que deben ser atendidas por los Tribunales de Justicia durante la tramitación de un proceso. De igual manera alega el amparista la violación directa por omisión del artículo 25 de la citada Ley 15 de 1977, que consagra el principio de Protección Judicial de dicha Convención.

    En el sustento de violación de las normas fundamentales denunciadas, el amparista argumenta, que la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, ya había ignorado las mismas pruebas en primera instancia y volver a rechazarlas en segunda instancia, coloca al amparista en indefensión total, al ser negadas también por el Tribunal Administrativo Tributario, el cual fue instituido para garantizar la imparcialidad en la administración, al colocando en un plano de igualdad a la Administración Tributaria y a los contribuyentes.

    Señala también el amparista, que las pruebas presentadas se enmarcan en el supuesto establecido en el numeral 1 del artículo 1240-C del C.F. y que son viables y conducentes, pues son idóneas para analizar los gastos deducibles del contribuyente DESARROLLO GOLF CORONADO, S. De igual manera se ajustan a los previsto en el numeral 3 del artículo 1240-D, porque la prueba tiene su sustento en hechos ocurridos con posterioridad a la interposición del recurso de reconsideración en primera instancia y mantienen una incidencia directa en el fondo del procedimiento administrativo.

    Agrega el recurrente, que con la decisión del Tribunal se disminuyen sensiblemente los medios de defensa que puede hacer uso el contribuyente en segunda instancia, habiendo ya sido ignorados en primera instancia por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

    Por otro lado, la Resolución TAT-ADM-142 de 24 de septiembre de 2014 viola el artículo 32 de la Constitución Política, porque somete al proponente a una indefensión total al contravenir la letra y el espíritu de las normas de procedimiento fiscal, señalando que no es viable la interposición de un recurso de apelación contra la resolución que no admite pruebas.

    La interpretación que hace el Tribunal Administrativo Tributario es restrictiva e inhibitoria al señalar que el artículo 1240-A del C.F. se aplica sólo en la primera instancia, a pesar de que es en la segunda instancia que se agota la vía gubernativa, negando la oportunidad al contribuyente de contradecir los argumentos incongruentes de la Administración Tributaria, al no aplicar el C.A. del Impuesto Sobre la Renta (CAIR), e impide que este Tribunal pueda enmendar las arbitrariedades.

    Adiciona el amparista, que el Tribunal Administrativo Tributario actuó contradictoriamente, toda vez que en el Acuerdo No.13 de 5 de julio de 2011, mediante el cual se aprueba el compendio de normas de procedimiento del Tribunal Administrativo Tributario, en su artículo 25 establece que, "el sustanciador dictará por sí solo, bajo su responsabilidad, todas las resoluciones necesarias para adelantar el asunto y contra ellas solo tiene el recurrente que se considere perjudicado el recurso de apelación ante el resto de los Magistrados, con la ponencia del que siga en orden alfabético ....", lo cual evidencia denegación de justicia.

    Manifiesta el amparista, que el artículo 8 de la Ley 15 de 28 de octubre de 1977, que aprueba la Convención Americana de los Derechos Humanos y que aplica igualmente en materia fiscal, establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable por el funcionario competente para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden fiscal o de cualquier otro carácter; y en su literal f previene que toda persona tiene derecho a ejercer los medios de prueba que aclaren los hechos de la controversia; sin embargo, los Magistrados del Tribunal Administrativo Tributario han impedido el ejercicio de este derecho, al disminuir el acceso a medios de defensa por parte del contribuyente en el proceso administrativo.

    Finalmente, cuando hace referencia a la violación directa por omisión del artículo 25 de la Ley 15 de 1977 expresa, que la Dirección General de Ingresos y el Tribunal Administrativo Tributario, han evidenciado una conducta arbitraria, inhibitoria y restrictiva en torno a las reclamaciones de la sociedad DESARROLLO GOLF CORONADO, S. al imprimir una tramitación negligente y sesgada, tanto a la Solicitud de No Aplicación del C.A. del Impuesto Sobre la Renta (CAIR), como a los recursos de reconsideración y apelación sustentados por el contribuyente en la vía gubernativa.

    Que el Tribunal Administrativo Tributario violó el principio de Protección Judicial, cuando mediante el acto recurrido en amparo, además de rechazar la apelación contra la resolución que negó la admisión de pruebas, dicha decisión fue emitida días antes de la celebración de la audiencia el 30 de septiembre de 2014, con lo cual no dio oportunidad al contribuyente de exponer oralmente sus argumentos.

  2. POSICIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.

    Una vez admitida la acción de amparo promovida, se procedió a solicitar al Tribunal Administrativo Tributario un informe de los hechos materia de la acción. En ese sentido, su M.P., mediante Nota TAT-MP-477-14 de 24 de noviembre de 2014, visible de fojas 59 a 62 del expediente, remitió el informe solicitado en el que, previo detalle de las actuaciones que ha llevado a cabo dentro de recurso de apelación que la sociedad DESARROLLO GOLF CORONADO, S. interpuso contra la Resolución No.201-11558 de 1 de octubre de 2012 y su acto confirmatorio la Resolución No.201-17028 de 11 de diciembre de 2013, señaló, que se han cumplido todas las actuaciones de rigor para el trámite del recurso de apelación cuya competencia les atribuye la Ley, por lo que suspenden la toma de decisión hasta tanto la Corte Suprema de Justicia emita un pronunciamiento respecto a A. de Garantías Constitucionales interpuesto.

    En cuanto a la decisión de la Acción Constitucional interpuesta por la sociedad DESARROLLO GOLF CORONADO, S. señaló, que respecto a la Resolución TAT-PR-048 de 9 de septiembre de 2014, las pruebas no fueron admitidas por inconducentes, por que el contribuyente tenía acceso a ambos documentos antes de presentar su recurso de reconsideración y en consecuencia no se adecua a ninguno de los supuestos del artículo 1240-C y 1240-D del C.F., para ser admitido en segunda instancia.

    Con respecto a la Resolución TAT-ADM-142 de 24 de septiembre de 2014, en ella se aplicó el artículo 1267 del Código Judicial, dado el vacío que de esta materia hay en el C.F. y en la Ley 38 de 2000, por lo que no se viola ninguna garantía fundamental ya que la Corte Suprema de Justicia ha interpretado, que la resolución que no admite las pruebas en segunda instancia, dictada por el Magistrado Sustanciador, es irrecurrible.

  3. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

    Una vez conocido el contenido de las resoluciones impugnadas, así como lo substancial de la acción planteada por la parte actora y el informe de conducta remitido por la Autoridad demandada, procede esta Máxima Corporación de Justicia a resolver lo que en derecho corresponde.

    En primer término, debemos indicar, que la resolución que se impugna mediante este medio de revisión constitucional, debe consistir en un acto o decisión que sea susceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, contenido no sólo en nuestra Constitución Política, sino en los Convenios o Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Panamá.

    Observa esta Superioridad que las afirmaciones de la sociedad DESARROLLO GOLF CORONADO, S., al momento de sustentar su Acción de A. de Garantías Constitucionales, van dirigidas a atacar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo Tributario, por considerarla violatoria del principio del debido proceso consagrado en la Constitución Política, así como las garantías judiciales y el principio de protección judicial contemplados en la Ley 15 de 1977, que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al haberse negado la admisión de las pruebas documentales, correspondiente a una copia de la Convención Colectiva autenticada por el Ministerio de Trabajo y el Detalle de Otros Gastos Misceláneos Varios, debidamente autenticado por Contador Público Autorizado, presentados dentro del recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó la solicitud de No Aplicación del C.A. del Impuesto Sobre la Renta (CAIR), para el período 2011, pruebas ésta que previamente habían sido presentadas y negadas por la Dirección General de Ingresos al dar trámite al recurso de reconsideración, igualmente interpuesto contra dicha decisión.

    Sobre el particular el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima en primer lugar destacar, que en algunas oportunidades se ha señalado que el auto que decide sobre la admisibilidad de las pruebas no admite amparo por ser una decisión jurisdiccional; sin embargo, en otras oportunidades esta Corporación de Justicia ha ordenado admitir amparos o ha conocido de amparos constitucionales presentados contra autos que se pronuncian sobre la admisibilidad de pruebas cuando el accionante argumenta el desconocimiento de la garantía del debido proceso, por parte de la autoridad, el cual comprende una serie de derechos procesales, entre ellos, el derecho a aducir, presentar y practicar las pruebas, atendiendo el derecho de defensa y contradicción propio de la fase o etapa probatoria del proceso.

    Bajo ese prisma se observa, que en el caso que nos ocupa, el Tribunal Administrativo Tributario resolvió no admitir la copia de la Convención Colectiva de Trabajo autenticada por el Ministerio de Trabajo, y el Detalle de Otros Gastos Misceláneos Varios debidamente autenticado por Contador Público Autorizado, presentado por el contribuyente DESARROLLO GOLF CORONADO, S., con el recurso de apelación interpuesto contra la misma resolución.

    En el sustento de la Resolución TAT-PR-048 de 9 de septiembre de 2014, la Magistrada Sustanciadora señala, que en atención al contenido de los artículos 1240-C, 1240-D y 1240-G del C.F., no es conducente admitir las pruebas por ser documentos a los que tenía acceso el contribuyente y son de fecha anterior al recurso de reconsideración, por lo que no se encuadran en los supuestos contemplados en los artículos 1240-C y 1240-D del C.F., los cuales establecen claramente qué pruebas pueden admitirse en segunda instancia.

    A fin de resolver sobre lo anotado y para mayor ilustración y entendimiento, veamos el contenido de los citados artículos:

    "Artículo 1240-C. Con el escrito que formaliza la apelación, no podrán presentarse otros documentos distintos a los que a continuación se detallan:

    1. Que sean de fecha posterior al escrito en que se formuló la reclamación en primera instancia; y

    2. Los anteriores, que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte interesada, siempre que se hubiere hecho oportunamente la designación del archivo o lugar en que se encuentren los originales, o se haya hecho la solicitud y no se haya entregado por la entidad correspondiente".

      "Artículo 1240-D. En la segunda instancia, únicamente se admitirán al recurrente las pruebas que se hallen en alguno de los siguientes casos:

    3. Cuando se hubiese denegado indebidamente su admisión por el funcionario de primera instancia.

    4. Cuando por cualquier causa, no imputable al que solicite la prueba, esta no hubiese sido admitida o no hubiese podido practicarse en la primera instancia; y

    5. Cuando hubiere ocurrido algún hecho nuevo de influencia en la decisión del expediente con posterioridad al escrito en que se formuló la reclamación en primera instancia".

      De la lectura simple de las normas transcritas se desprende que las pruebas que el contribuyente pretenda incorporar con el recurso de apelación, deben ser pruebas cuya adquisición haya sido posterior a la interposición de la respectiva reclamación que da origen al procedimiento administrativo en primera instancia.

      En esa línea se advierte, que la reclamación tuvo su inicio con la presentación, por parte de la sociedad DESARROLLO GOLF CORONADO, S. de la solicitud de No Aplicación del C.A. del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al período 2011, la cual tiene fecha de 5 de junio de 2012. Con el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó la referida solicitud, el contribuyente DESARROLLO GOLF CORONADO, S. presentó un Detalle de Otros Gastos Misceláneos Varios al 31 de diciembre de 2011, en cuya parte final la Contadora Pública Autorizada Dania B. de M. con Licencia No.1057, certifica que ha verificado y comprobado de veracidad de la información presentada según los registros contables de este reporte que suma B/.267,034.17 la cual corresponde a otros gastos misceláneos varios presentados en la declaración de renta de DESARROLLO GOLF CORONADO, S. bajo el informe 94 en el período fiscal 2011.

      Este Tribunal Constitucional observa, que el Detalle de Gastos Misceláneos Varios fue presentado previamente, el 29 de octubre de 2012 con el recurso de reconsideración presentado ante la Dirección General de Ingresos, en virtud que la propia Autoridad Administrativa señaló en el acto administrativo que rechazó la Solicitud de Aplicación del C.A. del Impuesto Sobre la Renta (CAIR), para el año 2011, que el rubro no se encontraba debidamente sustentado, razón por la cual el contribuyente realiza el detalle; es decir, con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo, por lo que la prueba es perfectamente admisible en segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo Tributario, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto.

      Con respecto a la copia de la Convención Colectiva del Ministerio de Trabajo que también presentara DESARROLLO GOLF CORONADO, S. con su recurso de apelación, el Tribunal Administrativo Tributario no la admitió con base en la inconducencia de dicha prueba por tratarse de un documento al que tenía acceso el contribuyente y es de fecha anterior a la presentación del recurso de reconsideración, por lo que no se encuadra en los supuestos contemplados en los artículos 1240-C y 1240-D del C.F., que establecen qué pruebas pueden admitirse en segunda instancia.

      Sobre el particular el Pleno observa, que la Autoridad Administrativa en primera instancia no admitió dicha prueba en virtud de que la misma fue presentada en copia simple. En esta oportunidad el recurrente presentó con su recurso de apelación la copia de la Convención Colectiva de Trabajo entre DESARROLLO GOLF CORONADO, S. y el Sindicato de Cantinero, Saloneros, Cocineros y Similares de Panamá, S., debidamente autenticada por el Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo.

      Si bien es cierto, la citada Convención Colectiva data del año 2008, su presentación dentro del procedimiento administrativo que nos ocupa, atiende a la advertencia que hace la propia Autoridad Tributaria, al momento de rechazar la Solicitud de No Aplicación del C.A. de Impuesto Sobre la Renta (CAIR), cuando señala lo siguiente:

      "OTROS GASTOS:

      R. en el renglón de otros gastos de la declaración de renta la cantidad de B/.1,976,182.75, el contribuyente los detalla a través del informe de otros costos y otros gastos, informe 94. en donde se observa que reportan una serie de gastos bajo el concepto de otros gastos misceláneos varios por la cantidad de B/.267,034.17, en los cuales agrupa a su consideración una serie de concepto que no es posible identificar ni vincular con las diversas actividades que realiza la empresa, toda vez que no lo detalla en el anexo con beneficiario y RUC, tal como lo establece el instructivo de dicho anexo".

      Se observa entonces, que la presentación de la citada Convención Colectiva obedeció a un hecho nuevo de influencia en la decisión del expediente que surge con posterioridad al escrito en que se formuló la reclamación en primera instancia y específicamente ante el requerimiento que hace la Autoridad Administrativa respecto al Detalle de Otros Gastos Misceláneos Varios, de los cuales, conforme lo señala el recurrente, algunos tienen su sustento en la Convención Colectiva cuya admisión fue negada por la Magistrada Sustanciadora en segunda instancia.

      En virtud de lo plasmado, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia encuentra probado el cargo de violación del artículo 32 de la Carta Fundamental con la emisión de la Resolución No.TAT-PR-048 de 9 de septiembre de 2014, toda vez que el derecho a la prueba es un derecho fundamental que forma parte de la Tutela Judicial Efectiva, y el mismo está compuesto por tres (3) elementos esenciales:

    6. La admisión de la prueba.

    7. La práctica de la prueba.

    8. La valoración de la prueba.

      Conviene recordar aquí, que el derecho a la prueba está contemplado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es signataria y la misma ha sido incorporada por la jurisprudencia a nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual la no admisibilidad de una prueba de forma arbitraria, constituye una violación a una garantía fundamental, como lo es, el Debido Proceso.

      El amparista argumenta además la violación del artículo 32 de la Constitución Política de la República, que contempla el derecho al debido proceso, al considerar que con la decisión del Tribunal Administrativo Tributario de rechazar de plano por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No.TAT-PR-048 de 9 de septiembre de 2014, se somete al proponente a una indefensión total, al contravenir la letra y el espíritu de las normas de procedimiento fiscal, pues señala que no es viable la interposición de un recurso de apelación contra la resolución que no admite pruebas.

      El artículo 1194 del C.F., con la modificación introducida mediante Ley 8 de 15 de marzo de 2010, que reforma el C.F., adopta medidas fiscales y crea el Tribunal Administrativo Tributario, establece la aplicación supletoria del Procedimiento Administrativo General contenido en la Ley 38 de 2000, a los vacíos en el procedimiento fiscal ordinario.

      De igual manera el artículo 164 de la referida Ley 8 de 2010 establece lo siguiente:

      "Artículo 164. La tramitación de los recursos de apelación, sometidos a la consideración del Tribunal Administrativo Tributario, se llevará a cabo, conforme las normas establecidas en el Procedimiento Fiscal Ordinario, establecido en el C.F. y en los vacíos que tenga dicho procedimiento se aplicarán las normas del Proceso Administrativo General establecido en la Ley 38 de 2000".

      Ahora bien, el procedimiento administrativo general contempla la tramitación del recurso de apelación en los artículos 171 a 182; sin embargo, no contempla entre dichas disposiciones la determinación de si la resolución que niega pruebas en segunda instancia es o no susceptible de ser recurrida mediante recurso de apelación.

      En consecuencia, el artículo 202 de la Ley 38 de 2000, al disponer que los vacíos del procedimiento administrativo general se suplirán con las normas de procedimiento administrativo que regulen materias semejantes y, en su defecto, por las normas del Libro Segundo del Código Judicial, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos.

      El párrafo final del artículo 1267 del Código Judicial, establece con claridad meridiana, que la resolución que decide la admisión o rechazo de las pruebas, es irrecurrible, es decir, no procede el recurso alguno. Aunado a que la situación planteada en la acción de A. de Garantías Constitucionales que nos ocupa, no se encuentra enlistada como aquellas susceptibles de ser impugnadas a través de recurso de apelación, conforme lo previsto en el artículo 1131 del Código Judicial.

      Respecto a la aplicación del artículo 1267 del Código Judicial a supuestos como el que nos ocupa, y que hacen referencia a procesos de doble instancia, la Sala Tercera ha mantenido el siguiente criterio:

      Si bien es cierto que la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, No. 135 de 1943 no prevé procedimiento especial para la apelación de la resolución que admite pruebas, no puede considerarse aplicable lo estatuido en el último párrafo del artículo 1267 del Código Judicial, norma en que pensamos descansa el argumento de la parte opositora, en virtud que dicha disposición no es compatible con la naturaleza del proceso contencioso administrativo, que es de única instancia. Esta norma declara irrecurrible la admisión o rechazo de pruebas en procesos de doble instancia, en los que sí se permite la proposición de "aquéllas que no hubieran sido admitidas en la primera instancia" (literal b. del artículo 1273 C.J.), por lo que su aplicación en el proceso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo es evidentemente contraria a su naturaleza y a la garantía probatoria constitucionalmente resguardada. (Demanda Contencioso Administrativa De Plena Jurisdicción, Interpuesta Por La Lic. R.M.L. En Representación De Diomedes Carles Sam, Para Que Se Declare Nula, Por Ilegal, La Resolución No.Cdz-45/2009 Del 10 De Noviembre De 2009, Emitida Por El Consejo De Directores De Zona De Los Cuerpos De Bomberos De La República De Panamá Y Para Que Se Hagan Otras Declaraciones. - Magistrado Ponente: W.S.F. - Panamá, Trece (13) De Julio De Dos Mil Once (2011).

      El amparista alegó que el propio Tribunal Administrativo Tributario se contradice al rechazar el recurso de apelación por improcedente, toda vez que mediante Acuerdo No.13 de 5 de julio de 2011, del Pleno de dicho Tribunal, aprobó el Compendio de las Normas de Procedimiento, en cuyo artículo 25 se establece, entre las facultades del Magistrado Sustanciador, la de dictar por sí sólo, bajo su responsabilidad, todas las resoluciones necesarias para adelantar el asunto y contra ellas sólo tiene el recurrente que se considere perjudicado el recurso de apelación ante el resto de los Magistrados, con la ponencia del que siga en orden alfabético al Magistrado Sustanciador.

      Sobre este tema debemos atender en primer lugar lo dispuesto en las normas aplicables a los procesos administrativos fiscales, es decir, las contenidas en el C.F. y en ausencia de regulación en determinados aspectos, de manera subsidiaria la Ley 38 de 2000, del Código Judicial y el criterio expuesto en la jurisprudencia patria, de donde se desprende el carácter irrecurrible de la resolución que niega las pruebas en segunda instancia, tal como se expuso en párrafos precedentes.

      De todo lo expuesto, el Pleno estima que no procede el cargo de violación contra el artículo 32 de la Constitución Política fundamentado en que la Resolución No.TAT-AD-142 de 24 de septiembre de 2014, somete al proponente a una indefensión total al contravenir la letra y el espíritu de las normas de procedimiento fiscal, al señalar que no es viable la interposición de un recurso de apelación contra la resolución que no admite pruebas, por las razones expuestas y que guardan relación con la aplicación supletoria del Código Judicial en la materia.

      Luego de analizar los hechos de la presente acción de amparo de garantías constitucionales, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia encuentró probado el cargo de violación directa por comisión del artículo 32 de la Constitución Política, cuando el Tribunal Administrativo Tributario emite la Resolución No.TAT-PR-048 de 9 de septiembre de 2014 y no admite las pruebas presentadas con el recurso de apelación interpuesto por la sociedad DESARROLLO GOLF CORONADO, S., contra la resolución que rechaza la Solicitud de No Aplicación del C.A. del Impuesto Sobre la Renta (CAIR), para el período 2011 y su acto confirmatorio, por parte de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

      En cuanto al cargo de violación directa por comisión de los artículos 32 de la Constitución Política y del artículo 8 de la Ley 15 de 1977, con la emisión de la Resolución No.TAT-ADM-142 de 24 de septiembre de 2014, los argumentos y probanzas incorporadas al expediente constitucional no evidencias dichas infracciones en los términos señalados por el amparista, toda vez que la decisión de rechazar de plano por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por la Magistrada Sustanciadora al pronunciarse sobre las pruebas, no admite recurso de apelación conforme lo prevé el artículo 1267 del Código Judicial aplicado supletoriamente, y cuyo criterio ha sido el de ésta Corporación de Justicia.

      Finalmente, respecto al cargo de violación directa por omisión del artículo 25 de la Ley 15 de 1977, que aprueba la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pleno advierte que el sustento de la infracción no se compadece del contenido de la referida disposición, toda vez que la misma hace referencia a la acción de amparo de garantías constitucionales. Veamos, lo que ha señalado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia con relación al artículo 25 citado:

      "La interpretación sistemática de lo dispuesto por el artículo 54 de la Constitución en concordancia con el artículo 4 de la Norma Fundamental que señala que Panamá acata las normas del Derecho Internacional, obliga a tomar en cuenta el contenido del artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece el amparo de derechos fundamentales, en los siguientes términos:

      "Artículo 25. Protección Judicial.

    9. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." (las negrillas y subrayas son nuestras).

      Como fácilmente se observa, el amparo de derechos fundamentales es un recurso sencillo, rápido y efectivo al que tiene derecho toda persona, para ser protegida contra toda clase de actos que violen sus derechos fundamentales". (A. de Garantías Constitucionales presentado por la Licda. C.M. en su propio nombre y representación contra la orden de hacer contenida en la Resolución No. 02 Adm/Arap de 29 de enero de 2007 emitida por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. - Ponente:. J.M.E.-.P., (17) diecisiete de noviembre de dos mil diez (2010).

      Como se puede observar, el argumento del amparista viene dirigido a que la resolución que rechaza por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que no admitió las pruebas presentadas en segunda instancia, viola el artículo 25 de la Ley 15 de 1977; sin embargo, como se puede apreciar de la lectura de la norma y del criterio esbozado por esta Alta Corporación de Justicia en fallos precedentes, dicha disposición se refiere específicamente a la acción de amparo de garantías constitucionales, a la cual evidentemente ha tenido acceso el amparista, para proteger sus derechos fundamentales, por lo que el cargo de violación no procede.

      En virtud de lo anterior, esta Superioridad puede concluir que la garantía del debido proceso del contribuyente DESARROLLO GOLF CORONADO, S., resultó desconocido por la Autoridad, toda vez que la decisión del Tribunal Administrativo Tributario de no admitir las pruebas presentadas junto con su recurso de apelación evidenció una flagrante violación, amenaza, lesión o menoscabo de derechos fundamentales, tomando en consideración que la Administración, utilizó argumentos contrarios al ordenamiento jurídico para no admitir las pruebas en segunda instancia, pruebas que en definitiva eran conducentes e idóneas para realizar el análisis de los gastos deducibles del contribuyente DESARROLLO GOLF CORONADO, S., en atención a la normativa aplicable al procedimiento administrativo fiscal ordinario en materia probatoria, específicamente los artículos 1240-C y 1240-D del C.F. y 1267 del Código Judicial, que se refieren a la materia de pruebas en segunda instancia, todo lo cual constituye mérito suficiente para conceder el amparo propuesto por la sociedad DESARROLLO GOLF CORONADO, S., y en consecuencia anular los efectos de la Resolución No.TAT-PR-048 de 9 de septiembre de 2014.

      Por lo antes expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la sociedad DESARROLLO GOLF CORONADO, S., REVOCA la Resolución N° TAT-PR-048 de 9 de septiembre de 2014, emitida por el Tribunal Administrativo Tributario, y ORDENA al Tribunal Administrativo Tributario admitir las pruebas documentales consistentes en una copia autenticada por el Ministerio de Trabajo de la Convención Colectiva de Trabajo entre DESARROLLO GOLF CORONADO y el Sindicato de Cantineros, Saloneros, Cocineros y Similares de Panamá, S. y el Detalle de Otros Gastos Misceláneos Varios, debidamente autenticados por Contador Público Autorizado, las cuales fueron presentadas nuevamente por el recurrente DESARROLLO GOLF CORONADO, S., esta vez con el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 201-11558 de 1 de octubre de 2012, confirmada por la Resolución No.201-17028 de 11 de diciembre de 2013, proferidas por la Dirección General de Ingresos, a través de las cuales se resuelve Rechazar la Solicitud de No Aplicación del C.A. del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al 2011.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículos 32 y 54 de la Constitución Política de la República, artículos 8 y 25 de la Ley 15 de 28 de octubre de 1977, artículos 1194, 1240-A, 1240-C y 1240-B del C.F., modificado por Ley 8 de 15 de marzo de 2010, Ley 38 de 31 de julio de 2000, artículos 1131 y 1267 del Código Judicial y Acuerdo No.13 de 5 de julio de 2011.

N.,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

OYDÉN ORTEGA DURÁN--- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS---VICTOR L. BENAVIDES P.---SECUNDINO MENDIETA---WILFREDO SAENZ FERNANDEZ--- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ---JERÓNIMO MEJÍA E---HARLEY J. MITCHELL D.

YANIXSA Y. YUEN C.(Secretaria General)