Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 6 de Febrero de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución: 6 de Febrero de 2015
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: Conoce este Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Acción de Habeas Corpus, por mandato del artículo 2611 del Código Judicial, que asigna competencia a este Pleno, cuando se trata de orden girada por funcionario público con mando y jurisdicción en dos o más provincias o en todo el territorio nacional; y por eso el habeas corpus se encuentra dirigido contra el F.A. de la República, quien cuenta con mando y jurisdicción en todo el territorio de la República; el mismo fue presentado el día 15 de enero de 2015, por el apoderado judicial de G.P. DE LA OSSA, y fue admitido ese mismo día, librándose mandamiento del mismo, contra dicha Agencia de Instrucción del Ministerio Público que está encargada de la investigación sumarial. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN SEÑALADOS POR EL SOLICITANTE: El apoderado judicial fundamenta el escrito de Habeas Corpus en los siguientes términos: "PRIMERO: El señor G.P. DE LA OSSA, se encuentra detenido preventivamente en virtud de la supuesta comisión de Delitos contra la libertad en su modalidad de Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad, delitos estos que en ninguna de sus modalidades contemplan pena mínima de cuatro años de prisión, tal como lo dispone el artículo 2140 del Código Judicial, artículo este que establece los presupuestos procesales en los que se puede ordenar por parte de los funcionarios de Instrucción una medida cautelar de esta envergadura, permitiendo en esa (sic) caso violentar, la Garantía Constitucional a la Libertad Personal que tenemos todos los ciudadanos. ... El artículo 2140 del Código Judicial establece claramente los requisitos que han de concurrir para que se pueda ordenar una detención preventiva, entre los cuales está el delito de que se trate está sancionado con pena mínima de cuatro años de prisión. Este requisito constituye una condictio sine qua non, es decir una condición sin la cual no se puede decretar una detención, de acuerdo a los que se expresa claramente en el mencionado artículo. Nótese que si el delito no tiene pena mínima de cuatro años, siempre y sencillamente no cabe la detención preventiva. Así lo corrobora el mismo artículo 2140 del Código Judicial cuando establece los únicos dos casos en que se puede decretar la detención preventiva, aunque el delito no esté sancionado con pena mínima de cuatro años de prisión: "...Excepcionalmente, cuando se trate de una persona cuya residencia fija no esté en el territorio nacional o en los casos en que ha juicio de la autoridad competente se encuentre razonablemente amenazada la vida o la integridad personal de una tercera persona, podrá decretar la detención provisional aún cuando la pena mínima del delito imputado sea menor de cuatro años de prisión..." De lo antes dicho, el señor G.P. de la Ossa tiene su domicilio y residencia fija en la República de Panamá, y además no se encuentra amenazada la vida y la integridad personal de ninguna persona, siendo este el caso, no se encuentra motivos legales para mantener la medida de detención preventiva por la supuesta comisión de delitos que contemplan pena inferior a la mínima de 4 años. ... Es nuestro criterio que este aspecto excepcional y restrictivo con respectivo (sic) a la aplicación de la medida cautelar detención preventiva debe ser fundamental, ya que perfectamente se puede proseguir con el curso de las investigaciones, sin necesidad de mantener recluido al imputado en un centro carcelario, más aún cuando este, desde siempre ha colaborado diligentemente con las investigaciones que se pudieran seguir en su contra y en ningún momento ha rehusado a colaborar o ha puesto en peligro la vida de cualquier otra persona. Aunado al hecho que actualmente las investigaciones se encuentra en un estado incipiente en donde no se tiene la certeza de las presuntas vinculaciones que pudieran existir en el proceso. El objeto de la detención preventiva además de su función cautelar, lo constituye su taxatividad en razón de que solamente pueden ser aplicadas en los casos y modos previstos por la Ley y la discrecionalidad, porque no son de aplicación automática no obligatoria, sino que deben ser precedidas por el exhaustivo examen de la situación objetiva y subjetiva por el funcionario competente, quien debe procurar que las mismas sean efectivas "en cuanto a la naturaleza del hecho" y proporcionadas a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado. ... SEGUNDO: Es importante mencionar, que el señor G.P. DE LA OSSA ostentó cargos públicos de mucha relevancia nacional, al haber ejercido como Director de la Policía Nacional, V.M. de Gobierno y Secretario por seis meses del Consejo de Seguridad.... Es completamente incongruente que el señor G.P. DE LA OSSA sea recluido en un centro penitenciario en donde puede verse gravemente vulnerada su integridad física y mental, hasta existiendo la posibilidad que sufra atentados contra su vida. Más aún cuando no existen los presupuestos para decretar una detención preventiva, ni existe la posibilidad de desatención al proceso o peligro contra terceros. El Código Judicial es claro al establecer en su artículo 6 que "la imposición de las penas y las medidas de seguridad responderá a los postulados básicos consagrados en este Código y a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad." La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en establecer que la facultad que se le concede al Ministerio Público para perseguir delitos (art. 220 numeral 4 de la Constitución Nacional), se fundamentan en una serie de reglas categóricas como las previstas en el artículo 21 de la Constitución Nacional y los artículos 2140 y 2152 del Código Judicial, dirigidas a regular el ejercicio del poder punitivo, mediante el reconocimiento de derechos fundamentales y la estipulación de reglas, que son de orden público y de obligatorio cumplimiento tanto para las autoridades como para los particulares, conforme a los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. Por ello, así como se establece la facultad para penar, también se exige el respeto a las garantías fundamentales en la aplicación de cualquier medida cautelar. Esta es la razón que justifica el imperativo categórico (expresión kantiana para hacer referencia a un axioma inmodificable) establecido en las reglas consignadas en los artículos 21 de la Constitución Nacional y 2140 y 1948 del Código Judicial. Es muy importante mencionar que el señor G.P. DE LA OSSA tema por su integridad física puesto que se encuentra siendo objeto de maltrato físico y psicológico en la celda, y que se mantiene esposado de pies y manos, lo desnudan, no permitiéndole el consumo de alimentos y el cambio de ropa, desde el día de la detención. Todo lo anterior en flagrante violación y contravención a la Constitución Política y a todos los Tratados y Convenciones Internacionales de Protección de los Derechos Humanos. ...". CONTESTACIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, FISCALÍA AUXILIAR DE LA REPÚBLICA: Admitida la acción y notificada la autoridad de instrucción sumarial, en el término legal contestó el mandamiento de habeas corpus mediante Oficio No.619 de 15 de enero de 2015, indicando que sí ordenó la detención preventiva del señor G.P. DE LA OSSA, y que procedió por los motivos y fundamentos de hecho y de derecho se encuentran sustentados en la Resolución de Detención Preventiva No.9 de 12 de enero de 2015, en donde se expone la acreditación del hecho punible y la vinculación del sindicado con el mismo. La autoridad demandada, el F.A., en dicha contestación opta por reproducir la resolución que ordenó la detención preventiva del señor G.P. DE LA OSSA, en cuya parte final señaló: "Hasta el momento, se desconoce el paradero de los equipos que fueron utilizados dentro de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional, para vulnerar garantías y derechos fundamentales, sin autorización judicial, a distintas personalidades de este país, por lo que ante tales circunstancias, existe la incertidumbre social de que dichos equipos estén siendo operados desde cualquier punto del territorio nacional, de manera clandestina y de forma desproporcionada. El delito de Inviolabilidad del Secreto y del Derecho a la Intimidad, representa una amenaza a la vida y a la integridad del ser humano, puesto que se genera una intromisión a la vida privada, es decir, se vulneraron derechos humanos a un grupo considerable de personas. Es bajo este sustento, que se encuentra justificada la excepcionalidad contemplada en el tercer párrafo del artículo 2140 del Código Judicial, para ordenar la medida cautelar de detención preventiva, aún cuando la pena mínima del delito que se investiga, es menor a los cuatro años de prisión". DECISIÓN DEL PLENO ANTE LA PETICIÓN DE HABEAS CORPUS. Antes de adentrarnos en el examen concreto del tema, es importante considerar, que el asunto en cuestión, fue analizado y proyectado con anterioridad por uno de nuestros miembros. En esa primera oportunidad, este Órgano de Justicia decidió no acoger la propuesta presentada y en su defecto solicitar a otro de sus integrantes la preparación de un nuevo documento. Veamos la acción constitucional de Habeas Corpus en estudio tiene como interés que este Tribunal Colegiado, verifique si la detención preventiva decretada por la Fiscalía Auxiliar de la República el 12 de enero de 2015, contra el señor G.P. de la Ossa fue dictada conforme a los parámetros constitucionales y legales que regulan las medidas cautelares personales aplicables dentro de los procesos penales y de éste en particular. Sobre ese interés, es preciso manifestar prima facie, que la restricción a la libertad de cualquier individuo está supeditada a requisitos legales y presupuestos o principios constitucionales, como lo son: que la detención preventiva debe estar fundamentada por escrito, emitida por una autoridad competente, de acuerdo con las formalidades y motivos previamente descritos en la Ley (ver art. 21 y 22 de la Constitución Política de la República de Panamá), es decir, son presupuestos de trascendencia. Ahora bien, nuestro Código Judicial, contempla otros presupuestos de especial relevancia legal, que se requiere estén acreditados para aplicar la detención preventiva de cualquier ciudadano y es que la persona se vea vinculada en una investigación penal. Estos presupuestos los encontramos en el artículo 2129, 2140 y 2152 del Libro Tercero del Código Judicial, que para una mejor comprensión de los mismos, procedemos a transcribir a continuación: "Artículo 2129. Al aplicar las medidas, el juez y el funcionario de instrucción deberán evaluar la efectividad de cada una de ellas, en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias cautelares requeridas en el caso concreto. Cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado. La detención preventiva en establecimientos carcelarios sólo podrá decretarse cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas. Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia, no se decretará la detención preventiva cuando la persona imputada sea mujer embarazada o que amamante a su prole, o sea una persona que se encuentre en grave estado de salud, o una persona con discapacidad y un grado de vulnerabilidad, o que haya cumplido los setenta y cinco años de edad. Tampoco se decretará la detención preventiva, salvo en caso de exigencias cautelares excepcionales, cuando el imputado sea una persona tóxico-dependiente o alcohol- dependiente, que se encuentre sometido a un programa terapéutico de recuperación en una institución de salud legalmente autorizada, siempre que la interrupción del programa pueda perjudicar la desintoxicación del imputado. El juez o funcionario de instrucción deberá comprobar que la persona dependiente se encuentra efectivamente sometida a un programa de recuperación". (Énfasis nuestro) "Artículo 2140. Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y esté acreditado el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto, y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o la salud de otra persona o contra sí mismo, se podrá decretar su detención preventiva. Si el imputado fuera una persona con discapacidad, el funcionario, además, tomará las precauciones necesarias para salvaguardar su integridad personal. Excepcionalmente, cuando se trate de una persona cuya residencia fija no esté en el territorio nacional o en los casos en que a juicio de la autoridad competente se encuentre razonablemente amenazada la vida o la integridad personal de una tercera persona, podrá decretar la detención provisional aun cuando la pena mínima del delito imputado sea menor de cuatro años de prisión. En este último caso, a petición del imputado o de su apoderado, la medida será revisada por el Juez de la causa, quien sin más trámite decidirá si la confirma, revoca o modifica". "Artículo 2152. En todo caso, la detención preventiva deberá ser decretada por medio de diligencias so pena de nulidad en la cual el funcionario de instrucción expresará: 1.El hecho imputado 2.Los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible; 3.Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena". Pues bien, en el caso en estudio, existe una orden de detención preventiva escrita debidamente motivada, la cual es la Resolución de 12 de enero de 2015, emitida por autoridad competente, Fiscalía Auxiliar de la República, contra G.P. de la Ossa, luego que se le ordenara la declaración indagatoria por la presunta comisión de delitos Contra la Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad, regulados en el Libro II, Título II, Capítulo III, con el título Delitos Contra la Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad, del Código Penal panameño. De la presente acción en estudio, se ha podido constatar, que se ha cumplido con los requerimientos exigidos por los artículos 21 y 22 de la Constitución Política de la República, para ordenar la detención preventiva de la persona como medida cautelar personal, toda vez que se ha podido constatar la existencia de una orden de detención preventiva de manera escrita, dictada por autoridad competente, en la cual se hizo constar el hecho punible atribuido al beneficiario de esta acción constitucional en comento. Corresponde ahora al Pleno determinar, si ésta orden de detención preventiva, fue dictada en cumplimiento del resto de las formalidades legales y constitucionales y si existen, o se hicieron constar los elementos probatorios, para la verificación del o los hechos punibles, y si dichas pruebas vinculan al beneficiario de la acción con los ilícitos imputados por la autoridad fiscal. En la contestación del mandamiento de habeas corpus, se transcribió la Resolución que ordenó la detención preventiva de G.P. de la Ossa y el señor F.A. de la República, dejó consignada la vinculación del proponente de la acción, con los delitos Contra la Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad. En ese sentido, en cuanto a la comprobación de los hechos delictivos investigados, se cuenta con suficientes elementos probatorios que, demuestran o acreditan que desde el año 2012 y principios del año 2014, se realizaba una labor de interceptación de teléfonos y correos electrónicos en el edificio conocido como 150, ubicado dentro de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional, por parte de funcionarios en servicio de esa institución, la manera como se interceptaban las llamadas telefónicas, la mensajería instantánea, captación de conversaciones mediante audio y video y correos electrónicos a personas, sin estar autorizados por la autoridad judicial correspondiente, en este caso la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que es la única que puede autorizarlo, mediante resolución escrita y motivada. A tales efectos, el expediente cuenta que la información que fue obtenida sin autorización judicial por parte de quienes participaron en los hechos punibles investigados. Por último vemos que obran en el expediente, la declaración jurada rendida por la o el testigo protegido (a), identificada con el número 8430145, mediante la cual manifestó entre otras cosas: "...esta persona me cuenta que en el área del edificio conocido como 150, en la planta alta, que se encuentra en las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional, había un equipo que en los últimos años, era utilizado para interceptar teléfonos de manera clandestina y este equipo fue proporcionado por israelitas y M. era el encargado de darle la capacitación de cómo trabajar el programa. Esta capacitación se las dio a D. y a G., que son seudónimos utilizados en ese lugar, no conozco el nombre de ellos...". sostuvo igualmente lo siguiente: "... que este sistema era capaz de capturar los mensajes de mensajería instantánea, lo que era BBPIN y W., los correos electrónicos de las cuentas que estaban configurados a dichos dispositivos móviles, capturar audio de ambiente, tener acceso a la agenda telefónica, a la información contenida en las tarjetas de memoria, la localización donde se encontraba el teléfono y en algunos modelos de teléfonos era capaz de guardar la llamada. Bueno también tenía acceso al calendario de eventos...". El o la testigo protegido (a) hizo entrega a la Agencia de Instrucción del Ministerio Público, de un disco compacto marca M., tipo DVD-R, el cual al ser transcrita la visualización y escucha del mismo, en la Dirección de Investigación Judicial, el funcionario encargado señala que contiene un video con una duración de 40 minutos y se observó una imagen distorsionada de una persona que no puede ser identificada, con voz distorsionada pero entendible. En la trascripción señalada entre otras cosas y de interés para decidir este Habeas Corpus, tenemos las siguientes: "...conozco de primera mano trabajos sucios que se han venido realizando en la oficina del Consejo de Seguridad Nacional en la administración pasada, por lo que este video lo hago para que un amigo muy cercano que trabaja en la administración de justicia, lo haga llegar a las personas que estime conveniente a fin de denunciar y que se castigue, porque lo que vengo a denunciar es un delito que involucra la privacidad de las personas.... ....hemos sido invadidos la privacidad de las personas, me refiero, específicamente, a lo que era o lo que fue la intervención de teléfonos celulares, llámese B., Android o Iphone. Este equipo que fue instalado por israelitas a través de un enlace uruguayo de nombre M.B. en las oficinas o el edificio conocido como ciento cincuenta (150) planta alta dentro de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional ubicadas en Cerro Ancón...(Énfasis nuestro) ...necesitaba banda ancha para lo que fue necesario contratar de un servicio de banda ancha de quince (15) megas, lo cual se hizo a la empresa LIBERTY TECHNOLOGIE. Conozco que sus oficinas quedan ubicadas en San Francisco. Este contrato de Servicio de internet fue contratado por el señor W.P., conocido con el alias de G.. Este equipo fue traido a Panamá para ser operado por un grupo muy cerrado y recibía instrucciones específicas, claras y precisas de los lados de la Presidencia. Entre las personas o dentro del grupo cerrado que mencioné se encontraba R.R., que se conocía con el alias de DIDIER y W.P. conocido con el alias de GUILLERMO.... ...este sistema era capaz de intervenir todo lo que manejaba o todo lo que fluye a través de un teléfono sofisticado que mane (sic) en que estuviese eeee (sic) data porque el sistema para poder que el celular, para poder que reportara al sistema necesitaba utilizar la data del celular, ya sea una data de contrato o prepago o mediante eee (sic) wifi que pudiese eeee (sic) sin tener acceso del celular. Ahora bien ¿Qué características en sí tenía el sistema? El sistema era capaz de tener acceso a la agenda telefónica del celular, te sacaba la agenda completa es decir nombre, el teléfono de la persona y si el teléfono estaba asociado con alguna foto, de igual manera el teléfono te la mostraba, el sistema te la mostraba. Era capaz de mostrarle mediante el GPS la ubicación cercana de donde la persona que mantenía el teléfono, el sistema era capaz de tener acceso a todos los correos que llegaban al teléfono celular siempre y cuando dichos correos estuviesen configurado en este dispositivo... ...Se tenía acceso o se podía conseguir una foto panorámica que fuese captada por la cámara del teléfono, también se tenía acceso al registro de llamadas entrantes y salientes, así como la duración de estas de la per (sic) del teléfono en el sistema y guardaba o, claramente las llamadas telefónicas de estas personas, pero esto funcionaba en ciertos modelos más que todo en los Android y en los Iphone. Se tenía acceso al audio ambiente que recogía el celular infectado. Esta funcionalidad dejó de usarse, puesto que conozco que cuando se hacía este trabajo de recoger audio de ambiente, al final y al cabo eso reposaba o caía en una línea de teléfono fijo que disparó enormemente por lo que dieron la orden de que se dejara de hacer.... También se señala que este sistema era utilizado para: "...espionar a personas de diferentes grupos, ya sea del Partido Panameñista, del Partido PRD, del partido, perdón del Tribunal Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, periodista y personas allegadas al gobierno anterior...". El 6 de agosto de 2014, acude nuevamente a la Fiscalía Auxiliar el o la testigo protegido (a) 8430145, indicando lo siguiente: "...El día de hoy, vengo a hacer entrega de un disco compacto que mi conocido me hizo llegar, que es un CD marca P.B., 2*56X. Él me indica que este CD contiene correos electrónicos que se encuentran en la cuenta que él mencionó en el vídeo que hizo, de algunos de los trabajos que realizaba y que enviaba a R.R. y W.P., así como también correos que mantenía con M.B., el enlace con los Israelitas. Me pidió que sacados del correo electrónico que mencionó y que era utilizado solamente para este tipo de trabajos, es decir, que este correo electrónico no era de uso personal, que corresponde a , con contraseña KATHIA03.... (fs13-14). Este hecho trascrito, llevó a la Agencia de Instrucción que está a cargo de la investigación, a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la autorización para inspeccionar la cuenta correspondiente al correo electrónico . Siendo autorizada dicha diligencia por parte de la Sala Penal de la Corte mediante Resolución de fecha 13 de agosto de 2014 (v. fs. 11-16 del cuadernillo de investigación). Realizada la inspección respectiva a dicho correo electrónico, se incorporó a la investigación de manera documental todas las acciones llevadas a cabo para interceptar las comunicaciones (whatsaap, correos electrónicos, etc) de las personas de su interés. Como otro elemento probatorio está la declaración jurada rendida por la señora I. delC.G.C., Directora de Informática del Consejo de Seguridad Nacional, manifestó que el edificio conocido como 150, ubicado dentro de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional, durante el periodo de los años 2009, al mes de junio de 2014: "...Si ha sido utilizado durante ese periodo, para ejercer labores del Consejo de Seguridad Nacional. En la planta baja, como dije anteriormente, está la Dirección de Tecnología Avanzada, donde se llevan proyectos especiales de tecnología. En la planta alta, aproximadamente no tengo la fecha totalmente clara, creo que fue por el año 2012, se mudó a la planta alta de ese edificio, la Dirección de Análisis y la Dirección de Asuntos del Canal, mientras que remodelaban la Villa 20, que era donde iban a estar las oficinas de esta dirección. Cuando terminaron la remodelación de la Villa 20, en el año 2012 ó 2013, mudamos nuevamente la Dirección de Inteligencia o Análisis y la Dirección del Canal a la Villa 20, en el año 2013, excepto dos máquinas, la máquina de "DIDIER" o sea R.R. y la máquina de GUILLERMO, o sea W.P.. DIDIER solicitó que se quedaran esas dos máquinas allí...". Además de lo señalado, se cuenta en este expediente, con las deposiciones o declaraciones rendidas por los testigos/víctimas M.I.C. CORREA, R.M.F.A., J.L.V.R., A.M.R.V.D.V., M.C.D.A., F.S.C., I.S.H., J.B.P., Y.P.S., E.P., E.P.B.G.R.Y.S.L.N., quienes han reconocido bajo la gravedad de juramento, el contenido de los correos electrónicos que se les han puesto de presentes y que fueron adquiridos de la diligencia de inspección ocular practicada al correo electrónico y otras diligencias judiciales realizadas a equipos informáticos. De las constancias procesales expuestas puede establecerse, de manera suficiente que desde el año 2012 a principios del 2014, se realizó una labor en el edificio conocido como 150, ubicado dentro de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional, por parte de los funcionarios en servicio de esa institución, encaminada a interceptar llamadas telefónicas, mensajería instantánea, captación de conversaciones mediante audio y video y correos electrónicos a personas, sin contar con la debida autorización de la autoridad judicial correspondiente. En razón de los hechos señalados y las pruebas allegadas al sumario, la Fiscalía Auxiliar de la República encausó a G.P. DE LA OSSA, por presunto infractor de delitos contra la libertad, específicamente delitos contra la Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad, regulado en el Título II, Capítulo III, del Libro Segundo del Código Penal, el cual procedemos a citar: "Artículo 164. Quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico, pliego, pliego, despacho caligráfico o de otra naturaleza, que no le haya sido, será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente a días multa o arresto de fines de semana. Cuando la persona que ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue la información obtenida y de ello resultara perjuicio, será sancionada con dos a cuatro años de prisión domiciliaria o trabajo comunitario. Si la persona ha obtenido la información a que se refiere el párrafo anterior como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicación y la divulga, la sanción se aumentará de una sexta parte a la mitad." Por su parte, los artículos 165 y 167 del Código Penal, establecen lo siguiente: Artículo 165. Quien sustraiga, destruya, sustituya, oculte, extravíe, intercepte o bloquee una carta, pliego, comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico o de despacho calegráfico o de otra naturaleza, dirigidos a otras personas, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana la cual se aumentará en una sexta parte si lo divulgara o revelara. Si la persona que ha cometido la acción es servidor público o empleado de alguna empresa de telecomunicaciones, la sanción será de tres a cinco años de prisión, la cual se aumentará en una sexta parte si lo revelara o divulgara." Artículo 167. Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión." De las constancias recibidas en la investigación, de acuerdo a la Fiscalía Auxiliar queda acreditado, que se han vulnerado las garantías fundamentales de un número plural de ciudadanos, al intervenirse sus comunicaciones, sin la respectiva autorización judicial, y siendo que en su momento el señor G.P., era miembro de dicho Consejo de Seguridad, y específicamente Secretario Ejecutivo, durante el período en que se dieron las referidas violaciones, por lo tanto surge un vínculo con las mismas de manera directa como se ha podido transcribir ut supra. Esto es así, puesto que de conformidad con el artículo 25 del Decreto Ejecutivo No. 263 de 19 de marzo de 2010, que crea el Consejo de Seguridad Nacional, en este se señala, que entre las funciones del Secretario Ejecutivo, dirigir la actuación, gestión y coordinación de las unidades o estructuras administrativas de la Secretaría. Otras de las pruebas que obran en contra del señor G.P., es el de haber contratado a la empresa Liberty Tecnologie el servicio de internet de 10MB, el cual, según las deposiciones de la o el testigo protegido (a) se llegó a utilizar para las interceptaciones de las comunicaciones. Al rendir declaración indagatoria G.P. DE LA OSSA, niega los cargos endilgados en su contra, manifestó: "...PREGUNTADO: Diga el indagado, si usted tenía conocimiento que durante su periodo en el que ejerció las funciones de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, se vulneraron garantías y derechos fundamentales a distintas personalidades de este país, sin contar con la autorización judicial correspondiente. CONTESTÓ: No podría asegurar, porque los escuchas trabajan con fiscales, no podría asegurarle si hicieron un buen trabajo porque no sé a quién reportaban, yo pensé que eso iba directamente a las autoridades. PREGUNTADO: Diga el indagado, de su respuesta anterior, deduce el Despacho que usted no tenía conocimiento sobre las labores que ejercían los funcionarios bajo su cargo dentro del Consejo de Seguridad. CONTESTÓ: No sabía quién hacía qué función, si unos trabajaban para otras entidades, por eso era mis disgustos con la Presidencia de esta asignación..." Como vemos, con los elementos de convicción allegados al proceso, es que procedió mediante Resolución de 12 de enero de 2015, la Fiscalía Auxiliar de la República y ordenó la detención preventiva de G.P. DE LA OSSA por considerar que existen elementos probatorios suficientes que lo vinculan al hecho criminoso, sustentándola además, en el hecho notorio, que hasta el momento no se han ubicado los aparatos utilizados para cometer el delito, el cual podría aún estar siendo utilizado de manera clandestina, en perjuicio de la Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad de muchos ciudadanos de manera indeterminada. Con respecto al los derechos conculcados es importante destacar los siguientes aspectos: Todo ser humano para poder llevar a cabo su proyecto de vida requiere de un conjunto de actos y actividades personalísimas constituyentes de un núcleo de la vida individual y familiar. La necesidad de intimidad es inherente a la persona humana ya que para que el hombre se desarrolle y geste su propia personalidad e identidad es menester que goce de un área que comprenda diversos aspectos de su vida individual y familiar, que esté libre de la intromisión de extraños. Así pues, debemos entender que todos los seres humanos tenemos una vida "privada" conformada por aquella parte de nuestra vida que no está consagrada a una actividad pública y que por lo mismo no está destinada a trascender e impactar a la sociedad de manera directa y, en donde en principio, los terceros no deben tener acceso alguno, toda vez que las actividades que en ella se desarrollan no son de su incumbencia, ni les afecta. Sin duda alguna, el respeto a la vida privada y a la intimidad tanto personal como familiar se constituye en un valor fundamental del ser humano, razón por la cual el derecho ha considerado importante tutelarlo y dictar medidas para evitar su violación así como para intentar subsanar los daños ocasionados. De esta manera, surge el llamado derecho a la privacidad, a la vida privada o simplemente derecho a la intimidad, como un derecho humano fundamental por virtud del cual, se tiene la facultad de excluir o negar a las demás personas del conocimiento de ciertos aspectos de la vida de cada persona, que sólo a ésta le incumben. Este derecho que tiende a proteger la vida privada del ser humano, es un derecho complejo que comprende y se vincula a su vez con varios derechos específicos que tienden a evitar intromisiones extrañas o injerencias externas en estas áreas reservadas del ser humano. En ese sentido, es importante decir con el ex Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, A.R.L. lo siguiente: " la vida privada debe constituir una ciudadela donde estén protegidos y asegurados los cuatro (4) estados característicos de la privacidad y la libertad: a) la soledad, cuando la persona vive sola por autodeterminación; b) la intimidad, cuando el individuo está en compañía de otros o de un pequeño grupo (familia, amigos); c) el anonimato, que consiste en el interés de no ser identificado en la rutina de cada día y d) la reserva, entendida como voluntad de no revelar ciertas cosas sobre sí mismo." De acuerdo a lo señalado por el autor, entre los aspectos básicos que integran el concepto a la intimidad pueden ser los siguientes: la tranquilidad, la autonomía y el control de la información, siendo éste último el que guarda mayor relación con los hechos descritos y siendo también el más importante de los tres elementos que componen el concepto, puesto que trata, sobre la posibilidad de mantener ocultos o reservados ciertos aspectos de la vida de las personas y de controlar el manejo y circulación de información que sobre su persona ha sido confiada a un tercero y más cuando se trata de ese conjunto de individuos que buscan vivir en un Estado democrático y de Derecho regido por una Constitución, que es la norma de normas o norma superior; ya que sus normas condicionan las actuaciones de los funcionarios e institucionales del Estado, como también la labor de las ramas y órganos, y establece la manera como deben solucionarse las diferencias que se susciten entre los órganos del Estado aplicando sus principios, como mandatos de optimización; que rigen la vida de todos los habitantes de nuestra sociedad panameña. Es por ello que el derecho a la intimidad, como bien jurídico protegido se encuentra reconocido, no solamente a nivel de nuestra Constitución en el artículo 29, sino también en una serie de Tratados y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, como lo son el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación". De igual forma, el artículo 17, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor y reputación". También el artículo 8, ordinal 1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, establece que "Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia." A su vez, el artículo 10 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, dice que "toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia." De igual forma, el artículo 11, ordinal 2 del Pacto de San José de Costa Rica ordena que "Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación." En el ordinal 3 del mismo artículo se dispone que "Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques." La intimidad implica entonces, tanto la inviolabilidad del domicilio, como la de la correspondencia epistolar y los papeles privados, resultan ser todos estos componentes, esenciales de la llamada "libertad de intimidad" o tutela jurídica de la "vida privada". Por su parte, W.S. y B.L., en su ensayo "The right to privacy", expresaron la necesidad de definir un principio que pudiera ser invocado para proteger la vida privada del individuo frente a la acción de métodos de interceptación y grabación aptos para difundir información en forma indiscriminada. W. y B. advirtieron en aquel tiempo, que las tecnologías de finales del siglo XIX implicaban una amenaza a la preservación de la vida privada. Haciendo alusión directa a la difusión de detalles íntimos en las noticias publicadas por los periódicos a partir de la intrusión en el ámbito privado, preocupación central de estos autores que para mejor ilustración transcribimos: "Los recientes inventos y los nuevos métodos de hacer negocios fueron los focos de atención en el siguiente paso que hubo de darse para amparar a la persona, y para garantizar al individuo lo que el juez C. denomina derecho a no ser molestado. Las instantáneas fotográficas y las empresas periodísticas han invadido los sagrados recintos de la vida privada y hogareña; y los numerosos ingenios mecánicos amenazan con hacer realidad la profecía que reza: "lo que se susurre en la intimidad será proclamado a los cuatro vientos". La intensidad y complejidad de la vida, que acompañan a los avances de la civilización, han hecho necesario un cierto distanciamiento del mundo, y el hombre, bajo la refinada influencia de la cultura , se ha hecho más vulnerable a la publicidad, de modo que la soledad y la intimidad se ha convertido en algo esencial para la persona; por ello los nuevos modos e inventos, al invadir su intimidad, le producen un sufrimiento espiritual y una angustia mucho mayor que la que le pueden causar los meros daños personales". (W.S. y B.L., en su ensayo "The right to privacy" Harvard Law Review, vol IV, No.5, pág 193/220) Señalado lo anterior, vemos que al analizar los hechos objeto de investigación demuestran que hubo una grave afectación a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de un número plural de personas por parte de funcionarios del Estado que, utilizando instrumentos dirigidos a realizar con su trabajo, desviaron el curso de sus actuaciones encaminadas a procurar la seguridad nacional, para, sin autorización judicial, invadir reitera y sistemáticamente la intimidad de muchas personas. Ese hecho es patéticamente grave. Como lo demuestra el elevado valor que el ordenamiento jurídico le reconoce a la intimidad de las personas, obligando, incluso, al Estado a protegerlo. En el presente habeas corpus se cuestiona por parte de la defensa aspectos relacionados con la vinculación de su representado con los hechos investigados, lo cual la corte ha descartado anteriormente cuando concluyó que el señor G. se encuentra vinculado a los mismos. El otro planteamiento que hace la defensa, se fundamenta en el artículo 2140 del Código Judicial, norma de la cual concluye que la detención no procede en este caso porque los delitos imputados no tienen pena mínima de 4 años de prisión, que es según el abogado, una condición que deriva del citado artículo para que proceda la detención. La Corte, con anterioridad transcribió algunas disposiciones legales que regulan el tema de las medidas cautelares. De esos preceptos y otros que no fueron transcritos se deduce que existe un régimen de medidas cautelares que incluye, entre otras, a la detención preventiva. Dicho régimen está sustentado en una serie de normas que traslucen la filosofía en que las mismas descansan. Así las medidas cautelares, cualesquiera que sean, proceden cuando existen exigencias cautelares, tales como la posibilidad de fuga, de destruir pruebas, de poner en peligro la adquisición o autenticidad de las pruebas, de cometer delitos graves, de hacer nugatorio la acción de la justicia y de imposibilitar el cumplimiento de la pena entre otros. En ese orden de ideas, el artículo 2129, que es una norma cardinal en la regulación de las medidas cautelares, dispone que el funcionario o juez debe evaluar la efectividad de cada medida cautelar " en cuanto a la naturaleza y el grado de exigencias cautelares requeridas en cada caso concreto."