Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 20 de Febrero de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:20 de Febrero de 2015
Emisor:Pleno

VISTOS: Ha ingresado para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de H.C., interpuesta a favor de P.P.P.V., imputada por delito Contra la Administración Pública, Corrupción de Servidores Públicos, contenido en el Capítulo II, Título X, Libro II del Código Penal y Contra el Patrimonio Económico, Estafa y Otros Fraudes, contenido en el Capítulo III, T.V., Libro II del Código Penal, en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional, contra la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. Conoce este Pleno de la Corte Suprema de Justicia de esta Acción de H.C., por mandato del artículo 2607 del Código Judicial, que le asigna competencia cuando se trata de orden girada por funcionario público con mando y jurisdicción en dos o más provincias o en todo el territorio nacional; y en este caso está dirigido contra la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, con mando en todo el territorio nacional. I. EL LIBELO DE HABEAS CORPUS En la iniciativa constitucional ensayada a favor de la señora P.P.P.V., se sostiene en síntesis, que la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, ordenó su declaración indagatoria mediante Providencia de 14 de noviembre de 2014, por supuesto delito de Corrupción de Funcionario Público, por fungir ella como representante legal de la sociedad BAIRE PTY, S.A. persona jurídica que fue proveedora de granos mediante contratación con el Programa de Ayuda Nacional, en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014. Señala la accionante, que es a partir del 29 de abril de 2014, cuando empieza a desempeñar un cargo dentro de la Junta Directiva de dicha sociedad, de donde se desprende que P.P.P.V. no suscribió ninguna orden de compra, contrato o entrega, inherente a las contrataciones investigadas por el Ministerio Público y tampoco recibió ningún cheque del Programa de Ayuda Nacional, y tampoco fue ni es firmante en la cuenta de la sociedad BAIRE PTY, S.A. Agrega quien acciona el mecanismo de tutela constitucional del derecho a la libertad, que mediante providencia de 5 de diciembre de 2014, la agencia de instrucción dispuso recibirle declaración indagatoria, ahora por la supuesta comisión de delito de Estafa en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional, fundamentándose igualmente en su calidad de representante legal de la sociedad BAIRE PTY, S.A. Que de acuerdo con las declaraciones indagatoria de los señores R.S. y M.P., fue P.P.P.V., en su condición de funcionaria del banco CITIBANK, quien abrió las cuentas de las empresas BAIRE PTY, S.A. y BOTSA, S.A. de las cuales aquellos eran los representantes legales, respectivamente, pero nunca señalan a P.P.P.V. como participe de las contrataciones realizadas entre BAIRE PTY, S.A. y el Programa de Ayuda Nacional. Que el señor R.P., a través de declaración jurada notariada, eximió de responsabilidad a los señores R.S., M.P. y P.P.P.V., respecto a las contrataciones de las mencionadas empresas con el Programa de Ayuda Nacional, señalando que fue él quien realizó dichos contratos. Que en las declaraciones acopiadas al sumario se describe como se daban los hechos investigados y no se menciona a P.P.P.V.; sin embargo fue retenida el día 23 de enero de 2015, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y conducida a la agencia de instrucción a fin de que rindiera sus descargos y luego de ello ordenada su detención preventiva, fundamentándose dicha medida, además de los hechos expuestos, en que pese haber sido citada no había comparecido a rendir sus descargos y existe peligro de fuga, en virtud de haber sido detenida en el aeropuerto. Arguye la accionante constitucional, que en dos ocasiones expuso oportunamente al despacho instructor sus excusas para no comparecer a rendir descargos, que para el 23 de enero aún no se había reprogramado su indagatoria y en el expediente consta su dirección domiciliaria por lo que la misma es localizable. A., que la última citación que le hizo la agencia de instrucción, era para el 16 de enero de 2015 pero presentó sus excusas, y que ella se disponía a viajar el 23 de enero de 2015, aunado a que viajó durante los meses de noviembre de 2013 y enero de 2015 a Cuba, teniendo ya cargos formulados y retornó a Panamá voluntariamente, lo cual se disponía hacer en esta ocasión y prueba de ello es que mantenía boleto de regreso para el 31 de enero de 2015, todo lo cual desvirtúa la posibilidad que existiera en ella el ánimo de evadir el proceso. Señala además, que para que proceda la detención preventiva de P.P.P.V., se deben cumplir todos los presupuestos que establece el artículo 2140 del Código Judicial y que en este caso en particular la Fiscalía no ha acreditado su vinculación mediante un medio probatorio que produzca certeza jurídica, puesto que no hay un solo documento referente a las contrataciones, rubricado por ella, ni un señalamiento que la identifique como partícipe en dichas contrataciones; así como tampoco se ha acreditado que haya ofrecido o entregado recompensa a algún funcionario público, pues, del testimonio del señor R.G. se desprende, que éste no sabía que ella formaba parte de alguna empresa y sólo la conoció como acompañante de R.P., por lo que su detención deviene en ilegal, ya que no se han descartado las otras medidas cautelares para garantizar su comparecencia al proceso, siendo la misma una mujer panameña, interiorana, con toda su familia radicada en Ocú, donde también reside su hija menor de edad de la cual mantiene la guarda y crianza. II. ANTECEDENTES La acción de H.C. fue interpuesta el día 28 de enero de 2015, en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y acogida mediante providencia calendada 30 de enero de 2015, en la cual se libra mandamiento contra la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (f.13), siendo contestado mediante Oficio No.1385./Exp-381-14 de 2 de febrero de 2015, a través del cual el agente de instrucción expone, que sí ordenó la detención preventiva de la señora P.P.P.V., mediante Resolución de 23 de enero de 2015. Seguidamente, el agente de instrucción expuso los motivos de hecho y de derecho que determinaron que se dictara la orden de detención preventiva en contra de P.P.P.V., entre los cuales señaló: 1. Que P.P.P.V. fue vinculada a la supuesta comisión de los delitos de Corrupción de Servidores Públicos y Estafa Agravada en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional, conductas ilícitas ésta de las cuales la Estafa Agravada contempla una pena mínima de cinco (5) años de prisión, lo que justifica la aplicación de la detención preventiva como medida cautelar, habida cuenta que en el sumario concurren las exigencias cautelares requeridas para su aplicación de conformidad con lo establecido en el artículo 2128 del Código Judicial, toda vez que la misma no compareció a rendir sus descargos, pese al requerimiento de la agencia de instrucción e intentó eludir las investigaciones saliendo del territorio nacional con destino a Cuba, ubicándosele en su maleta un pasaporte de R.P., vestimenta y artículos masculinos. 2. Los señores M.P. y R.S. en sus declaraciones indagatorias señalan, que P.P.P.V. colaboró en varias ocasiones con R.P. para la consecución de sociedades como BOTSA, S.A. y BAIRE PTY, S.A., ésta última de la cual P.P.P.V. es actualmente parte de la Junta Directiva, y que sirvieron de "pantalla" en la realización de los ilícitos investigados. 3. R.G.J. en sus descargos señaló, que P.P.P.V., siempre estaba en compañía del imputado R.P..(fs.14-16) III. DECISIÓN DEL PLENO Esta Superioridad procede a analizar las constancias procesales incorporadas al cuaderno contentivo de la Acción Constitucional y en el antecedente remitido por la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, para determinar si la detención preventiva impuesta a la imputada P.P.P.V., cumple con los requerimientos constitucionales y legales establecidos para su procedibilidad. Observa el Pleno de la Corte, que la Acción Constitucional ensayada se basa fundamentalmente en que no existe dentro de la investigación adelantada por el agente del Ministerio Público, pruebas suficientes que vinculen a P.P.P.V. con los delitos investigados. Previamente es preciso indicar, que la acción popular de H.C. ha sido instituida como un instrumento para tutelar la libertad personal de las personas, cuya finalidad es que el Tribunal Constitucional competente revise si al decretarse la detención preventiva, se han cumplido con los parámetros constitucionales y legales que permiten limitar el ejercicio de tan preciado derecho fundamental, y no el examen de las pruebas incorporadas al dossier, lo cual puede ser revisado y atacado a través de otros mecanismos legales, que han sido establecidos para enervar las actuaciones judiciales que no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. En ese sentido, lo procedente es adentrarnos a verificar si en el proceso penal dentro del cual se ha emitido la orden privativa de la libertad ambulatoria de P.P.P.V., el agente del Ministerio Público encargado de la investigación observó los parámetros constitucionales y legales establecidos para disponerla. Al respecto, la norma Constitucional rectora en este tipo de proceso, lo es el artículo 21, que establece que "Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley...". De las constancias procesales incorporadas al expediente penal, se desprende el cumplimiento de los requisitos formales descritos en la norma fundamental citada, toda vez que la detención preventiva fue dispuesta por la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, autoridad competente para decretar la medida cautelar privativa de libertad dentro del proceso penal, lo cuan hizo mediante resolución escrita debidamente motivada, calendada 23 de enero de 2015, por la supuesta comisión de los delitosde Corrupción de Servidores Públicos, contenido en el Capítulo II, Título X, Libro II del Código Penal y Contra el Patrimonio Económico, Estafa y Otros Fraudes, contenido en el Capítulo III, T.V., Libro II del Código Penal, en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional. De igual manera, se ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 2140 y 2152 del Código Judicial, que establecen igualmente parámetros legales que debe considerar la autoridad al momento de ordenar la detención preventiva de un sindicado, y que hacen referencia a la existencia de evidencia que acredite el hecho punible y la vinculación del procesado al mismo; que el intervalo de la sanción por el hecho punible ejecutado tenga como mínimo cuatro (4) años de prisión; y que, además, exista posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentarse contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo. A fin de verificar si se encuentra presente los elementos de convicción suficientes para acreditar el hecho punible, el Pleno de esta Alta Corporación de Justicia observa, que la presente investigación tiene su génesis con los señalamientos realizados por el Diputado J.L.V. en el Noticiero Matutino de Telemetro Reporta del día 21 de agosto de 2014, donde informó de hechos irregulares cometidos contra la Administración Pública, con respecto a los fondos manejados por el Programa de Ayuda Nacional, en virtud de una serie de sobrecostos en la compra de arroz, que para el Estado fue de ochenta balboas (B/.80.00) el quintal, cuando el precio real del mercado era de veinticinco balboas (B/.25.00), los cuales se realizaron durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, para lo cual se hicieron varias ordenes de compra a favor de una sola empresa por un monto superior a los ocho millones de balboas (B/.8,000.000.00). A raíz de la iniciación de la instrucción sumarial, se realizó una diligencia de Inspección Ocular al Programa de Ayuda Nacional, donde se obtuvo una serie de documentos relacionados a ordenes de compra y contratos de suministro de arroz, durante el período de enero a abril de 2014, entre los que se destaca la emisión de cheques por parte del Programa de Ayuda Nacional, correspondientes a pagos realizados a favor de Constructora BOTSA, S.A. y BAIRE PTY, S.A., entre otras empresas y personas naturales. (fs.14 a 639 del sumario) La Asociación Nacional de Molineros de Arroz mediante nota de 15 de septiembre de 2014 informa, que previas consultas a sus miembros, se obtuvo que el precio de venta del quintal de arroz para los meses de enero a abril de 2014 oscilaba entre los cuarenta y seis balboas (B/.46.00) y los cuarenta y ocho balboas (B/.48.00), el arroz de primera; y entre cincuenta y tres balboas (B/.53.00) y cincuenta y cinco balboas (B/.55.00), el arroz especial. De igual manera, el Instituto de Mercadeo Agropecario, mediante Nota DRG.ECU 1928-2014 de 23 de septiembre de 2014 informa, que el precio aproximado de venta de suministro de arroz al Gobierno por quintal, para los meses de enero a abril de 2014, estaba entre los cuarenta y cinco balboas (B/.45.00) y cuarenta y siete balboas (B/.47.00), el arroz blanco de primera. Fueron incorporadas al sumario, las declaraciones de los testigos protegidos, identificados como EURO-14 (fs.2287-2292), LEALTAD (fs.2723-2726) y MILAGROS (fs.2924-2929), quienes coinciden en señalar, que el Director Ejecutivo del Programa de Ayuda Nacional, R.G.J. y su hijo R.G.J. realizaban incrementos a los precios de los artículos y suministros, en las negociaciones con los proveedores, mencionando a la funcionaria J.S., como la persona que gestionaba y preparaba toda la documentación, con el fin de favorecer a ciertos proveedores entre los que se encontraba R.P., alias "El Cubano", quien tenía el control de varias empresas a las que cambiaba los representantes legales, estas empresa son BAIRE PTY, S.A. y CONSTRUCTORA BOTSA, S.A.; y el propio R.G.J., en su declaración indagatoria aceptó haber recibido comisiones del cinco y diez por ciento de algunos proveedores, entre ellos las sociedades BAIRE PTY, S.A. y CONSTRUCTORA BOTSA, S.A. (fs.7675-7697) En cuanto a la vinculación de P.P.P.V., la misma surge inicialmente, del hecho de que ésta funge como R.L. de la sociedad BAIRE PTY, S.A. en la actualidad. En este caso es importante aclarar, que si bien es cierto el señor R.M.S.G., fungió como R.L. de la empresa BAIRE PTY, S.A. para el período en que supuestamente se dieron las compras de arroz con sobrecostos y no la señora P.P.P.V., quien asumió dicho cargo dentro de la citada empresa, a partir del mes de junio de 2014, cuando el señor S.G. renuncia al mismo, no menos cierto es que, la prenombrada fungió como miembro de la Junta Directiva de dicha empresa antes de asumir su representación legal. A la investigación se incorporan las declaraciones indagatorias de M.P., representante Legal de la sociedad BOTSA, S.A. y de R.S., representante legal de la empresa BAIRE PTY, S.A., quienes señalan directamente a la señora P.P.P.V. como la persona de confianza de R.P., quien como funcionaria de CITIBANK de Chitré le hizo el favor a R.P., de abrir las referidas sociedades y las cuentas de las mismas en dicha entidad bancaria. El señor M.P., señala a R.P. como la persona que realizó todo y utilizó su firma para realizar actividades sin su consentimiento y sin darle compensación económica alguna por ello; y agrega, que después que vio a P.P.P.V. en el banco, la volvió a ver dos o tres veces más con el señor R.P., en casa de su suegro. R.S. por su parte, señaló además, que cuando acudió al CITIBANK de Chitré a reunirse con P.P.P.V., allí llenaron los papeles de la creación de la empresa BAIRE PTY, S.A. como para enero o febrero de 2014. R.G.G.J., en ampliación indagatoria que corre de foja 7743 a 7769 del sumario, al ser cuestionado sobre si conoce a los señores R.P. y P.P.P.V., contestó "los conozco a los dos pero no me une ningún vínculo de amistad con ellos y a ella la conozco a través de R.P. porque ella siempre lo acompañaba, yo no sabía si siquiera que Praxedis era de la empresa BOTSA". P.P.P.V., rinde declaración indagatoria de foja 8032 a 8042 del sumario, donde contradice los señalamientos hechos en su contra y, a pesar de que niega su participación en el hecho punible investigado, se encuentran satisfechos el aspecto objetivo (delito contra la Administración Pública, Corrupción de S.P., y Contra el Patrimonio Económico, Estafa y Otros Fraudes) y subjetivo (vinculación) y aunado a ello, la posible pena a imponer se adecua al mínimo que exige la norma procesal para la adopción de la detención preventiva como medida cautelar dentro de este proceso penal. Decimos lo anterior porque P.P.P.V. esta siendo investigada por varios delitos graves, entre ellos el de estafa y otros fraudes, el cual contempla una pena que oscila entre los cinco y diez años de prisión conforme lo establece el artículo 221 del Código Penal, por tratarse de una lesión patrimonial que supera los cien mil balboas (B/.100.000.00), en virtud de ello y del resto de las constancias probatorias y evidencias acopiadas hasta este momento en las sumarias instruidas por la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, este Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que es procedente y acorde con lo que consta en la investigación hasta este momento, la aplicación de la medida cautelar privativa de libertad adoptada contra P.P.P.V.. No sólo por haberse cumplido con los requerimientos formales de orden constitucional y legal, sino porque así lo demandan las circunstancias que rodean su situación dentro del proceso, puesto que la misma fue vinculada de manera concreta por otros imputados y su renuencia a concurrir con motivo de las citaciones de que fue objeto por parte de la Agencia de Instrucción, con la finalidad de que rindiera sus descargos respecto de los hechos delictivos que se le imputan, revelan la concurrencia de la exigencia cautelar de desatención al proceso; aunado a que la misma fue conducida a la Agencia de Instrucción, luego de ser aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en momentos en que se disponía abandonar el territorio panameño con destino Cuba, donde se encuentra actualmente el señor R.P., igualmente imputado dentro de este proceso, encontrándosele además en una maleta que contenía artículos de hombre y el pasaporte del señor R.P., lo cual ella indicó le llevaría a ese país. Este proceder de la señora P.P.P.V., denota una intención de desatender el proceso penal seguido en su contra e incluso podría interpretarse que su intención de salir del país, tenía como norte ponerse fuera del alcance de las autoridades, por lo que existe la necesidad de mantenerla a buen recaudo para garantizar que la misma acuda a realizar las diligencias de investigación para las cuales sea requerida, en virtud que nos encontramos ante una investigación, que por su magnitud e impacto social, requiere de la realización de muchas otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos y la vinculación de todas las personas que de una u otra manera pudieron haber tenido participación en los mismos, y es deber de la autoridad tomar las medidas necesarias para asegurar la obtención de estas pruebas. Ante tales circunstancias, el Pleno advierte que se encuentran presentes en este caso las exigencias cautelares establecidas en los ordinales a y b del artículo 2128 del Código Judicial, para adoptar la más grave de las medidas cautelares, es decir, existen exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición de las pruebas, en virtud de que ha quedado evidenciada la renuencia de la imputada P.P.P.V. en colaborar con las investigaciones; y además existe el peligro evidente de que intenta darse a la fuga y desatender el proceso, al pretender salir del país, a pesar de tener conocimiento de que la Agencia de Instrucción requería su comparecencia para evacuar su declaración indagatoria, a fin de aclarar su participación dentro de la empresa BAIRE PTY, S.A. y las contrataciones que ésta realizara con el Programa de Ayuda Nacional. En base a todo lo planteado se concluye, que la detención preventiva de la señora P.P.P.V. se ajusta a los parámetros que establecen sobre la materia los artículos 2140 y 2152 del Código Judicial y en atención a la magnitud del delito, a la posible pena a imponer, con miras a asegurar la oportuna concurrencia de la encausada al proceso a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos y con el objeto de evitar que la misma logre ponerse fuera del alcance de las autoridades y en cambio tenga la oportunidad de hacer sus descargos e incorporar al proceso nuevos elementos que coadyuven al esclarecimiento de los hechos investigados. En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva dictada por la Fiscalía Primer Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación contra P.P.P.V. y ORDENA que sea puesta nuevamente a órdenes de la Agencia de instrucción que esta a cargo de las investigaciones. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- SECUNDINO MENDIETA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- LUIS MARIO CARRASCO -- HARLEY J. MITCHELL D. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)