Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Diciembre de 2014

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución15 de Diciembre de 2014
EmisorPleno

VISTOS: La acción constitucional fue admitida por el Magistrado Sustanciador, mediante providencia de 4 de septiembre de 2014, solicitándole a la autoridad demandada el envío de la actuación, si la hubiere, o en su defecto, de un informe acerca de los hechos, materia de esta acción. ORDEN DE HACER IMPUGNADA Como se expuso en párrafos precedentes, el acto atacado a través de la presente acción constitucional, trata de una supuesta orden de hacer contenida en la acción de manifestar de manera verbal, el 2 de julio de 2014, a la señora B.R., por parte de la Jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) que ya no debía ir a laborar a la institución. CONSIDERACIONES DEL ACCIONANTE En el escrito legible de foja 2 a 5 del expediente, el Licenciado A.S., en representación de B.N.R., señala que el día 2 de julio de 2014, el Licenciado M.Á.R., de manera directa da las instrucciones que violentan los derechos fundamentales Explica el apoderado judicial de la amparista que su representada fungía como funcionaria del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), desempeñando las funciones de Coordinadora de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del 24 de marzo al 30 de junio de 2014. Que mantenía esta posición mientras se tramitaba su nombramiento como funcionaria permanente de la Institución, tal como consta en el Resuelto No.110-14 IPACOOP-PR-RH-01-RG-001 de 14 de abril de 2014. El accionante añade que, el nombramiento como funcionaria permanente de la señora R. fue enviado mediante nota No.D.E./R.H. 519-14 de 18 de junio de 2014, por el Licenciado M.Á.R., Director Ejecutivo del IPACOOP, a la Licenciada X.M., Jefa de Fiscalización de la Contraloría-IPACCOP. Sin embargo, de manera sorpresiva, al presentarse a laborar el 2 de julio de 2014, le indican que su posición se declaró insubsistente sin ningún resuelto de notificación, a pesar de conocer que se encontraba en estado de embarazo de 19 semanas, al 8 de julio de 2014, tal y como consta según certificación emitida por la Doctora L.C., Ginecóloga obstetra. Agrega la amparista que, la defensora del Pueblo solicitó un informe relacionado al caso de la señora B.R., a lo cual el Director Ejecutivo del IPACOOP estableció que: "La suspensión del proceso de nombramiento de la señora B.R., se sustenta en el rechazo por parte de la Contraloría General de la República de Panamá, de conformidad con la DIPRENA/CIRCULAR06 de junio de 2014, firmada por el señor Ministro de Economía y Finanzas" Destaca el apoderado judicial de la amparista que su representada tiene la protección del fuero maternal contemplado en la Constitución Nacional de la República de Panamá, Código de Trabajo y Código Administrativo. El Licenciado A.S. considera que, al destituir a su representada tanto el Instituto Panameño Cooperativo y la Contraloría General de la República, están cometiendo una arbitrariedad y que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la Ley les permite. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, señala el amparista que se ha violentado la garantía constitucional que protege el fuero de maternidad, que consagra el artículo 72 de la Constitución Política de la República de Panamá, que expresa: ARTICULO 72. Se protege la maternidad de la mujer trabajadora. La que esté en estado de gravidez no podrá ser separada de su empleo público o particular por esta causa. Durante un mínimo de seis semanas precedentes al parto y las ocho que le siguen, gozará de descanso forzoso retribuido del mismo modo que su trabajo y conservará el empleo y todos los derechos correspondientes a su contrato. AI reincorporarse la madre trabajadora a su empleo no podrá ser despedida por el término de un año, salvo en casos especiales previstos en la Ley, la cual reglamentará además, las condiciones especiales de trabajo de la mujer en estado de preñez. A juicio del amparista, la disposición transcrita se infringe en virtud de que el nombramiento de la trabajadora no estaba sujeto a término, no fue objeto de proceso administrativo disciplinario, ni se formuló cargo alguno por actos indebidos en el desempeño de sus funciones y, pese a ello, se le destituyó de su puesto a pesar de estar amparada por el fuero de maternidad. Con fundamento en estas razones, solicita se conceda la acción de amparo de garantías constitucionales promovida contra la orden emitida, se revoque la misma y se ordene el reintegro a su puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos desde el 2 de julio de 2014. RESPUESTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO El Licenciado M.A.R., Director Ejecutivo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), mediante Nota D.E./A.L./No.754/14 de 11 de septiembre de 2014, presentó informe de los hechos materia de esta acción. En este sentido, indicó que mediante Resuelto No.67-14 de 10 de marzo de 2014, se realizó el nombramiento como personal contingente de la señora B.R. en la posición 612 con un salario de B/.675.00 mensuales, tomando posesión de este cargo el 24 de marzo de 2014. Que el 23 de abril de 2014, se dejó sin efecto en Resuelto No.67-14, debido a que se le tramitó un nuevo nombramiento según Resuelto No.117-14 de 23 de abril de 2014, como personal transitorio en la posición 684 con un salario mensual de B/.1,325.00, tomando posesión del mismo el 28 de abril de 2014, y se estableció que la duración de su nombramiento sería del 28 de abril de 2014 hasta el 30 de junio de 2014. Agrega el informe que, respecto al nombramiento eventual en la estructura de personal fijo (001), y en cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Ley 75 de octubre de 2013, se envió el Resuelto No.110-14 de 14 de abril de 2014, a la Dirección General de Carrera Administrativa y, posteriormente, al Ministerio de Economía y Finanzas para su verificación y refrendo. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a la circular DIPRENA/06 de 6 de marzo de 2014, suspendió los trámites de acciones de personal que conllevan nombramientos, ajustes salariales y ascensos en las diferentes entidades del sector público e indica que las solicitudes que se encontraran en proceso de trámite y que reposaban en este Ministerio, iban a ser devueltas a las respectivas entidades ejecutoras. Concluye indicando que el Resuelto No.110-14 fue devuelto mediante formulario de Control número 108075 de 18 de junio de 2014, debido a las razones antes expuestas. III. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE AMPARO Expuestos los argumentos del actor, y revisada las constancias procesales que acompañan la presente acción, el Pleno de esta Corporación de Justicia procede a resolver lo de lugar. Según se desprende de los hechos que sirven de fundamento a la presente acción, la disconformidad de la amparista se centra en que la orden verbal dada el 2 de julio de 2014, por la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) manifestándole de que ya no debía ir a laborar a la institución, a su criterio, infringe el artículo 72 de la Constitución Nacional. Por su parte, la autoridad demandada pone en conocimiento que mediante Resuelto No.67-14 de 10 de marzo de 2014, se realizó el nombramiento, como personal contingente, de la señora B.R., tomando posesión el 24 de marzo de 2014. Que este nombramiento fue dejado sin efecto por el Resuelto No.116-14, debido a que se le tramitó un nuevo nombramiento según Resuelto No.117-14 de 23 de abril de 2014, como personal transitorio en la posición 684, tomando posesión de la misma el 28 de abril de 2014; y se estableció la duración de su nombramiento para el periodo del 28 de abril de 2014, hasta el 30 de junio de 2014. El artículo 72 constitucional consagra varias garantías a favor de la mujer que se encuentre en estado de gravidez, a saber: el derecho a no ser separada de su empleo público o particular por esta causa; el derecho a un descanso forzoso retribuido durante un período mínimo de seis semanas antes del parto y las ocho siguientes al mismo; así como el derecho a conservar el empleo y todos aquellos derechos correspondientes a su contrato, así como el derecho a no ser despedida dentro del término de un año al reincorporarse a su empleo, salvo en los casos especiales establecidos en la Ley. En otras palabras, hemos de concebir al fuero de maternidad como el privilegio que gozan aquellas trabajadoras que se encuentran en estado de gravidez y hasta por un año posterior al reintegro de sus labores, una vez vencido el periodo de licencia post natal, a no ser despedidas ni removidas de sus cargos o empleos (privado o público) a menos que medie causa justificada y autorización previa para despedir, dictada por autoridad competente. El apoderado judicial de la amparista alega que la señora B.R. se desempeñaba como Coordinadora de la Oficina de Información y Relaciones Públicas de la Dirección Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), posición que mantenía mientras se tramitaba su nombramiento como funcionaria permanente de la institución, de conformidad con el Resuelto No.110-14 de 14 de abril de 2014. Como prueba del embarazo de la funcionaria, aportaron la nota de 8 de julio de 2014, suscrita por la Dra. L.C., Ginecóloga-Obstetra, donde comunica que la señora B.R. cursa un embarazo normal de 19 semanas. Ahora, si bien es cierto, para el caso que nos ocupa, la amparista ha logrado acreditar el tiempo de embarazo que cursaba para la fecha en que alega, se emitió la orden verbal de despido, ello no es suficiente para el amparo del fuero de maternidad que se reclama. Veamos porque: Dentro del informe enviado por el Director Ejecutivo del Instituto Autónomo Cooperativo (IPACOOP) se hizo el recuento del historial laboral de la amparista. Asimismo, consta que mediante Resuelto No.67-14 de 10 de marzo de 2014, se realizó el nombramiento, como personal contingente, de la señora B.N.R. en el cargo de Abogado I, tomando posesión del cargo el 24 de marzo de 2014, por el periodo que va del 24 de marzo de 2014 al 30 de junio de 2014 (cfr. f.30). Posteriormente, se deja sin efecto el Resuelto No.67-14, en virtud de que la señora B.R. pasaría a otra posición. Así, según Resuelto No.117 de 23 de abril de 2014, se realiza el nombramiento, como personal transitorio, en el cargo de Asistente Ejecutivo I. De este cargo tomó posesión el 28 de abril de 2014, por el periodo de 28 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014 (Cfr. f.34). Respecto al Resuelto No. 110-14 de 14 de abril de 2014, consta que el mismo se emitió con el objeto de realizar el nombramiento "eventual" de la señora B.R. en el IPACOOP, sin embargo, no se logra acreditar que haya tomado posesión del mismo. Sobre el particular, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 771 y 772 del Código Administrativo, que a la letra disponen lo siguiente: Artículo 771. Ningún funcionario entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de sostener y defender la Constitución y de cumplir los deberes que le incumban. Esto se llama posesión del empleo o bien, tomar posesión de él. No se dará posesión a ningún empleado de manejo sin que previamente preste la fianza correspondiente. El juramento se prestará por regla general de esta manera: puestos de pies y descubiertos todos los que estén presentes el que exige juramento preguntará al que lo presta: "¿J. usted por D.T. y promete solemnemente a la Patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente a su leal saber y entender las funciones de su empleo?". El que preste juramento debe responder: "Si lo juro", y el primero replicará: "Si así lo hiciere D. y la Patria se lo premien: y si no El y Ella se lo demanden". Artículo 772. Acta de toma de posesión. El acto de entrar a servir un destino público la persona nombrada para servirlo, consiste en el hecho de tomar posesión. (resalta el Pleno) De la lectura detenida de las disposiciones transcritas se colige que ningún funcionario ejercerá el cargo, si antes no ha tomado debida posesión del mismo. Por tanto, la sola existencia del Resuelto de nombramiento no le otorgan a la persona, la calidad de funcionario público. Por otro lado, un aspecto que llama poderosamente la atención del Pleno es la fecha del Resuelto No.110-14 que data del 14 de abril de 2014, no obstante, consta el Resuelto No.117-14 de 23 de abril de 2014, del cual la funcionaria tomó posesión del cargo de Asistente Ejecutivo I, el 28 de abril de 2014 por el periodo de 28 de abril al 30 de junio de 2014. Es decir, si supuestamente se encontraba pendiente el nombramiento contenido en el Resuelto No.110-14 de 14 de abril de 2014, resulta extraño que, posteriormente, se confeccionara el Resuelto No.117-14 de 23 de abril de 2014, tomando debida posesión del cargo el 28 de abril de 2014, pero por el periodo que finalizó el 30 de junio de 2014. Por consiguiente, no se puede inferir, como alega el apoderado judicial de la amparista, que la señora R. haya sido nombrada de manera permanente y por un periodo indefinido más allá del 30 de junio de 2014, sin que haya constancia del acta de toma de posesión en el cargo del cual alega haya sido destituida. Con base en lo anterior, el Pleno considera que, a pesar del estado grávido de la señora B.N.R., no es viable conceder la pretensión de la parte actora, pues la demandante no ha sido destituida a consecuencia de su estado de embarazo, sino que la terminación del servicio público que prestaba se produjo por la expiración o vencimiento del plazo para el cual fue nombrada, es decir, el 30 de junio de 2014, según el Resuelto No. 117-14 de 23 de abril de 2014 y su respectiva Acta de toma de posesión de 28 de abril de 2014. Así las cosas, al vencer el periodo para el cual fue nombrada, ya no ostentaba el cargo público del cual ahora se reclama reintegro. Sobre este particular, el Plenose refirió en sentencia de 15 de mayo de 2003, en los siguientes términos: Como viene expuesto, el planteamiento medular de la señora VARGAS es que fue destituida de su cargo, pese a que gozaba de la protección del fuero maternal. Sin embargo, las constancias procesales evidencian que la licenciada VARGAS laboraba de manera contingente o transitoria en el Banco de Desarrollo Agropecuario, con nombramientos realizados por períodos definidos, el último de los cuales vencía el 31 de diciembre de 2002. Así lo han aceptado todas las partes intervinientes en el proceso y se acredita a fojas 18-21 del legajo de A.. Lo anterior pone de manifiesto que la señora GISELLE VARGAS no fue destituida de un cargo público que ocupaba de manera permanente, sino que quedó en estado de cesantía por vencimiento del período para el cual fue nombrada. Ello trae aparejadas tres importantes consecuencias para los propósitos de este análisis: en primer término, que no hubo acto de destitución -como alegara la amparista-, sino el vencimiento de un nombramiento que tenía período definido. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, es evidente que la nota impugnada por vía de A. no es un acto arbitrario o carente de sustento legal, sino que obedeció precisamente al vencimiento de su nombramiento; y finalmente, que la cesantía de la señora VARGAS en el cargo no obedeció a su estado de embarazo, que es lo que la Constitución Política prohíbe en su artículo 68. ... De acuerdo a todo lo anterior, esta Superioridad se ve precisada a negar la pretensión de la señora VARGAS, en virtud de que como queda expuesto, ésta no fue "despedida" del cargo de Abogada en el Banco de Desarrollo Agropecuario por razón de su embarazo, sino que su salida de la institución pública obedeció al vencimiento del nombramiento que por tiempo definido mantenía con la entidad estatal. Es de resaltarse además, que la autoridad demandada ha señalado que al momento de comunicarle a la señora GISELLE VARGAS sobre el vencimiento de su nombramiento, no se tenía siquiera conocimiento de su estado grávido (ver foja 9 del legajo), lo que evidencia una vez más, que la razón de la terminación de la relación laboral no fue el estado de embarazo de la señora VARGAS. Ello, sin perjuicio de que la documentación médica que supuestamente acredita el estado de gravidez, fue aportada a través de reproducciones fotostáticas cuya autenticidad no ha sido comprobada, y que por tanto carece de idoneidad probatoria. (Acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la Licenciada GISELLE VARGAS en su propio nombre y representación contra la Nota D.P. No.611 de 27 de diciembre de 2002 dictada por el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario) De lo que viene expuesto se concluye, que el acto que se objeta en amparo no infringe las normas sobre el fuero de maternidad que señala la accionante, por lo que debe el Pleno denegar el amparo examinado. En virtud de las consideraciones expuestas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta por el Licenciado A.E.S.G. en representación de B.N.R. contra la orden de hacer verbal de 2 de julio de 2014, por Oficina de Recursos Humanos del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) Notifíquese, VICTOR L. BENAVIDES P. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA ---HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ ---EFRÉN C. TELLO C LUIS MARIO CARRASCO. ---HARLEY J.M.D.---A.A.Z. --OYDÉNO.D.-(fdo.) JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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