Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 29 de Agosto de 2014

Ponente:José Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución:29 de Agosto de 2014
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: Ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Licenciada N.D.C.V., F. de Adolescentes de H. y Los Santos, ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales, contra la orden de hacer contenida en la resolución de 8 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia. I. Fundamentos de la resolución acusada. La resolución atacada por esta vía constitucional, proferida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia y calendada 8 de octubre de 2013, fue dictada por censura de la Defensora de Oficio, Licenciada I.L.R., contra la decisión tomada en acto de audiencia calificatoria celebrada el 12 de junio de 2013 por el Juzgado de N. y Adolescencia de la Provincia de Los Santos, en funciones de Juez Penal de Adolescentes, que negó el Incidente de Nulidad por ella presentado, dentro del Proceso Penal seguido contra el adolescente S.C.O., por presunto Delito Contra el Patrimonio Económico, en perjuicio de J.C. y E.V.S.. La resolución amparada revocó la decisión de primera instancia -que negó la solicitud de nulidad formulada por la prenombrada Defensora de Oficio- y, en su lugar, decretó la nulidad absoluta del proceso seguido al adolescente S.C.O., previamente enunciado. La decisión del Tribunal demandado se fundamenta, básicamente, en las consideraciones que siguen: "Ahora bien, observamos que la recurrente cuestionó la postura del Juez A-quo Adjunto en el sentido que consideraba que hubo vulneración de las garantías penales especiales de su patrocinado, ya que se había ordenado la investigación en "casas de empeño" de la localidad, haciendo mención de nombres de familiares del procesado y ello acarreaba violación al principio de privacidad. Que se le había negado la práctica de una prueba en favor del procesado y hubo demora en el pronunciamiento a la revocatoria de la medida cautelar ambulatoria solicitada ante el Ministerio Público. ...Ahora bien, aunque observamos que en Acto de Audiencia Calificatoria la defensa presentó una solicitud de Nulidad con respecto a los lineamientos antes mencionados, también se aprecia que aunque la decisión recurrida consiste en la no declaratoria de nulidad interpuesta en favor del procesado S.A.C.O., una vez examinado el fondo del proceso, advertimos que existe una pretermisión en las constancias procesales existentes, consistentes en la extemporaneidad del término de la investigación, la cual expondremos a continuación. Se aprecia a fojas 20 del expediente que la F.ía de Adolescentes de la Provincia de Los Santos, asume el conocimiento del presente proceso y continúa la presente investigación a partir del día 2 de octubre de 2012, y no es hasta el 28 de febrero de 2013, cuando remite la V.F. solicitando Llamamiento a Juicio del procesado. Lo anterior nos indica que la fase de investigaciójn demoró un total de cuatro (4) meses y veintiséis (26) días, desde el momento en que la F.ía de Adolescentes de Los Santos asumió el conocimiento, aspecto que resulta de por sí violatorio de los derechos y garantías penales especiales de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Se denota que existe un vicio procesal, lo que constituye una causal de nulidad; desde la perspectiva de lo regulado en el artículo 17 del RERPA, el cual contempla lo referente a las garantías penales especiales, y a que dicha norma establece que "a los adolescentes y a las adolescentes se les garantizará un tratamiento justo y una decisión expedita, de acuerdo con las reglas del debido respeto, las cuales comprenden además de los derechos que se reconocen en la jurisdicción penal ordinaria...". Siendo así, al no haberse realizado la instrucción en el tiempo estipulado por la agencia de instrucción, se ha incurrido en una vulneración del debido proceso. Este aspecto queda evidenciado al observarse la norma especial, en su artículo 87, el cual señala con respecto al delito de Robo que la "terminación de la investigación...la fiscaía tendrá un término de tres meses para completar su investigación...". Por ese motivo, al finalizar la F.ía de Adolescentes de Los Santos la instrucción del sumario fuera del término que establece la norma antes enunciada, incurrió en violación del precepto jurídico consistente en el tratamiento justo y la decisión expedita, conforme a las reglas del debido proceso y los derechos que se reconocen en la esfera penal ordinaria, siendo que en el Cuarto Distrito Judicial, la justicia penal ordinaria tiene un término distinto al nuestro por haber entrado en vigencia el Sistema Penal Acusatorio, en cuyo régimen se establece otra modalidad y período determinado de investigación, que no es compatible con la Ley de Responsabilidad Penal nuestra. Se advierte que, aunque se trata de la instrucción de una conducta grave como lo es el Delito Contra el Patrimonio Económico en donde hubo cierto grado de violencia, ya que la ofendida fue agredida por el procesado, ello no era motivo para excederse en el término de la investigación, observándose que tanto el Ministerio Público, como el Juez de la causa, que en este caso es el Juez de N. y Adolescencia de la Provincia de Los Santos, deben aplicar las normas del nuevo sistema penal en concordancia con nuestro Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia. El término establecido en el artículo 87 del RERPA, no lo cumplió la agencia de instrucción ni el Juez de primera instancia, pues tratándose de procesos penales de adolescentes este trámite reviste derechos y garantías penales especiales, consagrados en Convenios Internacionales ratificados por nuestro país, los cuales tampoco pueden vulnerarse en los procesos penales ordinarios, aspecto que en nuestro régimen penal especial para la adolescencia, debe ser considerado, pues esta actuación equivale a la declaratoria de nulidad absoluta, en virtud de lo normado en el artículo 18 del RERPA. ...De lo antes expuesto, se colige que, en efecto, las autoridades judiciales y de instrucción, debemos ser garantes y respetuosas de las garantías fundamentales de los adolescentes procesados, sin que ello signifique que estas deban omitirse con la excusa de reprimir a los transgresores de la norma penal vigente al momento del hecho. Señalamos este aspecto, ya que las normas constitucionales y legales son de obligatorio acatamiento y dentro de las mismas se encuentra el reconocimiento del debido proceso, así como de los derechos inviolables a los cuales son acreedores los adolescentes en conflicto con la norma penal, por lo que bajo ningún concepto pueden ser vulnerados. Por lo tanto, ante el exceso en el procedimiento esgrimido dentro del proceso penal seguido al adolescente S.A.C.O., se denota un vicio de nulidad absoluta, al omitir la formalidad del trámite procesal, consistente en la instrucción del sumario dentro del término que la ley establece, consideramos que lo procedente es declarar oficiosamente la nulidad de lo actuado, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del RERPA, que señala que son causales de nulidad absoluta de lo actuado y conlleva el archivo de la causa, la violación de los derechos y garantías individuales contenidas en los artículos 16 y 17 deñ Texto Único de Ley 40 de 1999, tomando en cuenta que el hecho investigado fue cometido el 1 de octubre de 2012". II. Argumentos de la amparista. La amparista requiere se le conceda la presente acción constitucional y se revoque la orden de hacer contenida en la resolución de 8 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, dentro del Proceso Penal de Adolescentes que se adelanta por el presunto Delito Contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de robo. Señala que se aplicó incorrectamente el artículo 87 de la Ley 40 de 1999, con lo que se vulneró el artículo 32 de la Carta Magna, que consagra el debido proceso. Hace descansar su postura en las consideraciones que siguen: "...consideramos que el artículo 87 establecido en la ley 40 señala taxativamente la aplicación de los términos en materia de adolescentes por ser un factor especial como lo es la ley 40 de 1999, con sus reformas y modificaciones, precisamente por tratarse de adolescentes en conflicto con la ley penal y debe tratarse como tal materia especial. Dicha norma establece que la F.ía tendrá un término de tres meses para completar su investigación, que se computará a partir del momento en que se haya decretado medida cautelar en contra del adolescente o la adolescente. Este artículo ha sido infringido en concepto de violación directa por omisión ya que si bien es cierto la F.ía tuvo conocimiento de la noticia criminal el día 2 de octubre del 2012, no es hasta el día doce (12) de diciembre que se le aplica medida cautelar al adolescente infractor, que a la luz del artículo 87 de la ley 40 de 1999, se empieza a computar el término de investigación de tres (3) meses, siendo que dicho término de investigación culminó el día 28 de febrero de 2013, fecha en que la F.ía de Adolescentes remite al tribunal de la causa, la investigación con la solicitud de apertura del proceso, es decir, cuando aún no se habían agotado los tres (3) meses que establece la ley, sino doce (12) días antes de la verificación de la fecha perentoria. Lo anterior en virtud que los tres meses señalados por el RERPA iniciaron a partir del día 12 de diciembre 2013, cuando se aplica la medida cautelar al adolescente investigado y las sumarias fueron enviadas al Juzgado el día 28 de febrero de 2013, es decir, antes del término de tres (3) meses señalado en el artículo0 87 de la Ley 40 de 1999, el cual culminaba el día 13 de marzo de 2013. En tal sentido, la F.ía de Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial se ciñó al término establecido por la Ley 40 de 1999 que regula los procesos de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal y no por los del Código Judicial y el Código Procesal Penal que regula el Sistema Penal Acusatorio como incorrectamente lo señala el Tribunal Superior de N. y Adolescencia en la resolución amparada". Sustenta su pretensión constitucional en los hechos transcritos a continuación: "...QUINTO: El día doce de junio del 2013, se realiza el acto de audiencia calificatoria, en dicho acto la Licenciada I.L., Defensora Pública del adolescente en mención solicita la nulidad del proceso, por considerar que se habían violado los derechos y garantías del debido proceso y que además se impuso medida cautelar sin establecer los supuestos por medio del cual (sic) se impusieron las medidas, considerando el tribunal que no se dan las causales de nulidad expresadas por la defensa y procede al auto calificatorio de llamamiento a Juicio. SEXTO: Mediante auto calificatorio número 57 el Juzgado de N. y Adolescencia de la provincia de Los Santos ABRE CAUSA CRIMINAL, en contra del adolescente S.A.C.O., por el delito CONTRA EL PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO, en perjuicio de J.J.C.C. y E.V. y se fija el día 4 de julio del 2013, para la celebración del acto de audiencia de fondo y como fecha alterna el día 10 de julio del 2013. SEPTIMO: La Licenciada LORENZO, defensora pública, presenta escrito de incidente de nulidad donde señala que se violentó el principio de presunción de inocencia y protección de la privacidad en contra del adolescente ya que se ordenó mediante resolución a la Dirección de Investigación Judicial que se investigara en casas de empeños de la localidad si familiares del adolescente habían llevado a empeñar alguna computadora con características similares a la robada. Que también se violentó el principio de derecho a la defensa negándose la prueba por el respeto a la privacidad de la víctima y el tercer punto del incidente guarda relación con la restricción de los derechos personales, al aplicar medidas cautelares sin el cumplimiento de los fines y propósitos establecidos en la Ley 40 de 1999, siendo negada la solicitud presentada por la letrada de la defensa en el acto de audiencia y posteriormente apelado por la defensora pública. OCTAVO: El Tribunal Superior al conocer en grado de apelación la decisión tomada en acto de audiencia calificatoria celebrada el 12 de junio del 2013, por el Juzgado de N. y Adolescencia de la Provincia de Los Santos, mediante la cual negó el incidente de nulidad presentado por la Licda. LORENZO, decreta la nulidad absoluta del proceso... NOVENO: La resolución del 8 de octubre del 2013, proferido (sic) pro (sic) el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, dentro del proceso seguido a S.A.C.O.... constituye una orden de hacer, toda vez que la consecuencia de la nulidad del proceso, no es legalmente procedente debido a que se va a omitir el trámite correspondiente de manera errada, lo cual es un mandato imperativo, para aplicar, que no corresponde al caso juzgado, ya que aplicamos en la investigación el termino (sic) señalado en el artículo 87 de la ley 40 de 1999, en el que se señala que la investigación tendrá un término de tres meses que se computará a partir de la aplicación de la medida cautelar en contra del adolescente o la adolescente. DECIMO: Que el Tribunal demandado cuando decreta la nulidad absoluta del proceso se sustenta en el acto que ahora censuramos, el cual legalmente no es correcto; por ello se acredita la gravedad e inminencia del daño causado, con el fallo que ahora pedimos sea amparado. DECIMO PRIMERO: Que la orden de hacer contenida en la resolución de fecha 8 de octubre del 2013, proferido (sic) por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, es violatorio al principio o garantías del debido proceso legal contenido en el artículo 32 de la Constitución Política de nuestra República y como tal debe ser revocada en todas sus partes ya que aplicamos correctamente el artículo 87 de la ley 40 de 1999 y sus modificaciones el cual señala que la fiscalía tendrá un término de tres meses para completar su investigación, que se computará a partir del momento en que se haya decretado medida cautelar en contra del adolescente o la adolescente, situación que se acomoda al termino (sic) establecido dentro de las sumarias seguidas al adolescente C.O., al aplicar la medida cautelar de presentarse periódicamente al tribunal o ante la autoridad que se designe es decir los 15 y 30 de cada mes donde se mantenga el proceso, así como la prohibición de visitar bares, discotecas y determinados centros de diversión y la obligación de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes, o tóxicos que produzcan adicción o habito (sic) entre otras, el día 12 de diciembre del 2012, emitiendo el escrito acusatorio número 11, el día 28 de febrero del 2013, es decir la vista fiscal, cuando aún no había precluido el termino (sic) de tres meses, situación que no fue observada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, ya que a partir de ese momento que se aplicó la medida empieza a computarse el termino (sic) y por ende no había concluido, lo que conlleva que la decisión tomada no tiene fundamento y vulnera lo establecido en el artículo 87 que regula el procedimiento para los proceses de adolescentes en conflicto con la ley penal". III. Informe del Tribunal demandado. Al llevar a cabo el requerimiento al Tribunal demandado, mediante Oficio N°.530 de 10 de marzo de 2014, el mismo -a través de Oficio N°041/T.S.N.A. de 24 de marzo de 2014- remitió, además de la carpetilla que contiene el Proceso Penal seguido al adolescente S.C.O., por delito contra el patrimonio económico en la modalidad de robo, un informe del caso, el cual básicamente expresa que, en audiencia calificatoria celebrada el 12 de junio de 2013, el Juez Penal de Adolescentes negó un Incidente de Nulidad presentado por la Defensora de Oficio del imputado, alegando que a éste le habían sido violados garantías y principios como la presunción de inocencia, la protección a la privacidad y el derecho a la defensa. Añade que esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia que, en su lugar, decretó la nulidad absoluta del proceso enunciado, mediante resolución de 8 de octubre de 2013, por extemporaneidad del término de la investigación. Ello, toda vez que la F.ía de Adolescentes de la Provincia de Los Santos asumió el conocimiento del presente proceso el día 2 de octubre de 2012 y no es sino hasta el 28 de febrero de 2013, que remitió la V.F., solicitando llamamiento a juicio del procesado; de manera que la fase de investigación se extendió por cuatro (4) meses y veintiséis (26) días, circunstancia que estima violatoria "de los derechos y garantías penales especiales de los adolescentes en conflicto con la ley penal". Concluye que tal circunstancia deviene en un vicio procesal que constituye una causal de nulidad absoluta, desde la perspectiva del artículo 17 del Régimen Especial de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en concordancia con los artículos 87 y 18 lex cit. IV. Decisión de la Corte. Luego de exponer las consideraciones vertidas por la amparista, así como los antecedentes y el informe remitidos por el Tribunal demandado, entra el Pleno a pronunciarse sobre el fondo del negocio. Como viene visto, la amparista (F. de Adolescentes de H. y Los Santos) estima conculcado el debido proceso, consagrado por el artículo 32 de la Constitución Nacional, por pretermisión del trámite legal contemplado por el artículo 87 de la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, sobre Régimen Especial de Responsabilidad Penal de Adolescentes, de conformidad con las modificaciones, adiciones y derogaciones aprobadas por las Leyes 38 de 2000; 46 de 2003; 48 de 2004; 15 de 2007; 6 y 32 y 87 de 2010. La resolución impugnada por esta vía constitucional de amparo, proferida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia el 8 de octubre de 2013 (Fs. 10-18), revocó la decisión de primera instancia -que negó el Incidente de Nulidad presentado por la Defensora de Oficio- y decretó la nulidad absoluta del proceso penal seguido al adolescente S.A.C.O., por delito contra el patrimonio económico, en perjuicio de J.C.C. y E.V.S.. El Tribunal demandado (Tribunal Superior de N. y Adolescencia) estimó que el Ministerio Público había rebasado en exceso el término establecido por ley (artículo 87 de la Ley 40 de 1999) para completar la investigación y que tal circunstancia se erigía en causal de nulidad absoluta -por violatoria de los derechos de los adolescentes-, a tenor del artículo 18 de dicho cuerpo legal, en concordancia con el artículo 17 lex cit, que propugna por tratamiento justo y decisión expedita para este grupo etario. Basó tal conclusión en que la F.ía de Adolescentes de la Provincia de Los Santos asumió el conocimiento del proceso penal enunciado el día 2 de octubre de 2012 y remitió V.F. -solicitando llamamiento a juicio del imputado- el 28 de febrero de 2013; por lo que la fase de investigación se extendió por cuatro (4) meses y veintiséis (26) días, siendo que el Ministerio Público contaba con el término de tres (3) meses para completar la investigación, el cual corría -a juicio de la Corporación demandada- a partir de la asunción del conocimiento por parte de la F.ía de Adolescentes. Al respecto, se tiene que el artículo 87 de la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, sobre Régimen Especial de Responsabilidad Penal de Adolescentes, de conformidad con las modificaciones, adiciones y derogaciones aprobadas por las Leyes 38 de 2000; 46 de 2003; 48 de 2004; 15 de 2007; 6 y 32 y 87 de 2010, dispone lo siguiente: Artículo 87. Terminación de la investigación. La fiscalía tendrá un término de tres meses para completar su investigación, que se computará a partir del momento en que se haya decretado medida cautelar en contra del adolescente o la adolescente.... De ahí que, contrario a lo esgrimido por la autoridad demandada, el término de tres (3) meses para concretar la fase de instrucción sumarial o completar la investigación, debió computarse a partir del momento en que se decretó la medida cautelar contra el adolescente. Las constancias procesales de autos evidencian que, en el caso concreto, al imputado le fueron impuestas medidas cautelares, por el término de seis (6) meses, a través de resolución de 12 de diciembre de 2012 (Fs.156-167 del expediente principal); que el 21 de diciembre de 2012 (F.183) se levantó Informe Secretarial que registra que, para esa fecha, se comunicaron telefónicamente con la madre del adolescente C.O., con la finalidad de informarle que pasara al despacho con su hijo, a notificarse de una resolución; que el 10 de enero de 2013 se dejó boleta de citación a la prenombrada en su residencia, al efecto (F.201); y que, a partir del 15 de enero de 2013, reposan actas de comparecencia del adolescente imputado (F.205) ante la F.ía de Adolescentes de la Provincia de Los Santos, en cumplimiento de "medida cautelar, distinta a la detención provisional, consistente en el deber de comparecer todos los quince (15) y los treinta (30) de cada mes, dispuesta por este despacho, en resolución de fecha doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012)". Por otra parte, se tiene que la V.F. N°.11 -con recomendación de llamamiento a juicio-, fue dictada por la F.ía de Adolescentes de la Provincia de Los Santos, el día 28 de febrero de 2013. De ahí que la fase de instrucción sumarial se surtió en un lapso inferior al contemplado por el artículo 87 de la Ley 40 de 1999, sobre Régimen Especial de Responsabilidad Penal de Adolescentes, con las modificaciones, adiciones y derogaciones correspondientes. Ello, toda vez que hay menos de tres (3) meses de la fecha de la resolución de impuso medidas cautelares (12 de diciembre de 2012) y la fecha del primer reporte de comparecencia -cada quince (15) días- del adolescente S.C.O., como cautelar (15 de enero de 2013), a la fecha de expedición de la V.F. (28 de febrero de 2013). Descartados así los cargos de infracción -por "extemporaneidad del término de la investigación"- al derecho de tratamiento justo y decisión expedita en los procesos penales contra adolescentes, recogido por el artículo 17 de la Ley 40 de 1999, no encuentra asidero jurídico la decisión del Tribunal Superior de N. y Adolescencia, de declarar la nulidad absoluta del proceso penal adelantado contra el adolescente S.C.O., con fundamento en el artículo 18 de la Ley 40 de 1999, conforme fue reformado por la Ley 87 de 18 de noviembre de 2010, cuyo texto es el siguiente: Artículo 18. Nulidad absoluta de las actuaciones violatorias de los derechos de adolescencia. Sin perjuicio de las causales de nulidad previstas en el artículo 2294 del Código Judicial, será causal de nulidad absoluta y conlleva el archivo de la causa el impedimento del pleno ejercicio de los derechos y garantías individuales contenidos en los artículos 16 y 17 de esta Ley. Esta nulidad será insubsanable cuando sea atribuible a la responsabilidad directa del fiscal o del juez por infracción a sus deberes como garante del debido proceso legal de adolescentes. Cuando alguna garantía establecida en esta Ley pueda ser susceptible de violación por particulares o cualquier servidor público, el juez de la causa ordenará las investigaciones para determinar las responsabilidades a que haya lugar y se impongan las sanciones correspondientes, sin que tal actuación detenga el proceso penal de adolescentes en trámite. Lo dispuesto por la resolución amparada -proferida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia el 8 de octubre de 2013 (Fs. 10-18)-, evidentemente contraviene el derecho que la amparista (F. de Adolescentes de H. y Los Santos) reclama -por recaer en ella el ejercicio de la acción penal-, de que el proceso se surta de conformidad con los trámites legales, componente indiscutible de la garantía del debido proceso, consagrada por el artículo 32 de la Constitución Nacional; en este caso, que se ciña el cómputo y la duración de la fase de investigación, al artículo 87 de la Ley 40 de 1999. Todo lo antes expuesto, lleva a este Máximo Tribunal de Amparo de Garantías Constitucionales a colegir que le asiste razón a la amparista, respecto de las aducidas infracciones al artículo 32 de la Constitución Nacional, por contravención del artículo 87 de la Ley 40 de 1999. En consecuencia, lo que procede en este caso es conceder la acción de amparo bajo examen. En mérito de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por la Licenciada N.D.C.V., F. de Adolescentes de H. y Los Santos, contra la resolución de 8 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, con ocasión del Proceso Penal seguido al adolescente S.C.O., por Delito contra el Patrimonio Económico, en perjuicio de J.C. y E.V.S.. N., JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- GISELA AGURTO YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)