Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 3 de Julio de 2014

Ponente:Harley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución: 3 de Julio de 2014
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de dos acciones de amparo de Garantías Constitucionales acumuladas que, el licenciado JULIO C.L.F., en su condición de F. Decimotercero de Circuito del Primer Circuito Judicial y, el licenciado R.R.C., en representación de la casa de valores FINANCIAL PACIFIC INC, promovieron contra lo decidido en el Auto No. 231 de 20 de septiembre de 2013, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. Luego de ser asignado el presente negocio en acto público de reparto, y previa acumulación de ambas acciones distinguidas bajos los números de entrada 16-14 y 30-14, mediante providencia fechada 24 de enero de 2014, esta Corporación de Justicia procede a establecer si las demandas incoadas, reúnen o satisfacen los requerimientos formales, que nuestra Carta Fundamental, disposiciones legales vigentes y criterios jurisprudenciales han establecido como necesarios para que la acción prospere en su fase de admisibilidad y, estimule en consecuencia, un pronunciamiento de fondo sobre el asunto planteado en sede constitucional. ACTO QUE SE IMPUGNA EN SEDE DE AMPARO. Advierte este máximo Tribunal Constitucional que el acto que se objeta vía amparo, lo es, el Auto 2da- No. 231 de fecha 20 de septiembre de 2013, a través del cual, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, como Tribunal de segunda instancia, REVOCA el Auto No. 221 de 27 de junio de 2013, por medio del cual el Juzgado Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial, Ramo Penal negó el Incidente de Controversia, promovido por la licenciada Z.R.L., en representación de la señora M.P., sindicada por la presunta comisión de delito CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO, en perjuicio de la CASA DE VALORES FINANCIAL PACIFIC INC y, en su defecto, ADMITE el incidente de controversia propuesto, y ORDENA a la Agencia de Instrucción evacuar la totalidad de las pruebas aducidas por la Licenciada Z.R.L., en los escritos visibles a fojas 16516,16600 a 16602, 17060 a 17062, 17064 a 17066, 17068 y 17079 (Tomo XXXVI). En este orden de ideas, tenemos que la decisión judicial que se impugna en sede de amparo, y por medio del cual se estimó prosperaba el Incidente de Controversia en comento, de forma medular se basó en los siguientes motivos y fundamentos: "Este Tribunal Colegiado sin entrar en mayores consideraciones de fondo considera válido el argumento expuesto por la Licenciada Z.R. con relación a que el incidente de controversia no fue interpuesto de forma extemporánea como lo indicó en la resolución censurada el Juzgador A-Quo, ya que aunque la Vista No. 89, la salida y el Oficio remisorio del expediente fueron fechados 19 de abril de 2013, no es hasta el día 22 de abril de 2013, que se recibe físicamente el dossier en el Registro Único de Entrada (RUE) del Órgano Judicial, por lo que compartir la postura sostenida por el juez de primera instancia sería realizar una interpretación que va en total detrimento del derecho que le asiste a la defensa y a la imputada de oponerse a la actuación realizada por el Agente del Ministerio Público, en la que se le ha negado en su totalidad las pruebas solicitadas. ... Aunado a ello se aprecia que el expediente se encuentra aún pendiente de calificar su mérito legal y al examinarse detenidamente cada una de las pruebas que fueron solicitadas por la incidentista (fs. 1-4) se aprecia que tanto el objeto con que se alega su práctica y su relación con los hechos investigados, permiten considerar al Tribunal que no debieron ser rechazadas por el Agente de Instrucción en esa oportunidad procesal. Siendo ello así las mismas deberán ser practicadas en su totalidad, sin que en ningún momento ésta decisión conlleve contrariar el principio de Separación de Funciones contenido en el artículo 5 del Código Procesal Penal, ya que se devolverá el expediente aludido a la F.ía Tercera de Circuito del Primer Distrito Judicial, para practicar exclusivamente las pruebas aportadas por la Licenciada Z.R.L., quedándole vedado a la Agencia de Instrucción adelantar alguna gestión distinta a las antes indicada. En este sentido es importante llamar la atención a la adecuada interpretación del Principio de Separación de Funciones, el cual hace referencia es a la prohibición de continuar con la práctica tribunalicia generalizada antes de la entrada en vigencia de la Ley 66 de 2011, que consistía en que el Juez de la causa decretara de manera oficiosa la ampliación del sumario, estableciendo incluso los puntos claros y concretos sobre lo que debía versar la misma, situación que no se ajusta a la situación fáctica planteada en el presente recurso de impugnación (Ver artículos 2198 y 2203 del Código Judicial). Siendo ello así se debe dejar por sentado que los principios rectores del Sistema Penal Acusatorio no pueden interpretarse de manera aislada, sino de manera conjunta y sin que en ningún momento se invoque uno en detrimento de los otros principios rectores, como lo son el de defensa, el de aportar pruebas y el de contradicción, garantizado en la etapa de instrucción sumarial a través del mecanismo procesal denominado Incidente de Controversia." (cf.s 18 a 22) II. ARGUMENTOS EN QUE SE SUSTENTAN LAS ACCIONES PROPUESTAS. A. ACCIÓN DE AMPARO PRESENTADA POR EL LICDO. JULIO C.L.F.-FISCAL DECIMOTERCERO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ Para el promotor constitucional, que en esta oportunidad lo es, el F. que le ha correspondido instruir las sumarias seguidas a las señora M.D.C.P.P., licenciado JULIO C.L.F., la decisión esgrimida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en su concepto vulnera, por un lado, el contenido del artículo 32 del Texto Constitucional, que encierra la garantía del debido proceso, orientado en el sentido de que todo proceso sea dirigido conforme a los trámites y procedimientos que prescribe la ley y, que toda decisión esté construida sobre motivaciones y fundamentos jurídicos que los respalden o sostengan. En ese sentido indica, que la decisión que impugna en sede constitucional no establece, conforme lo exige el artículo 783 del Código Judicial, por qué las pruebas que se disponen practicar se ciñen a la materia discutida en este proceso penal, es decir, por qué son conducentes, pertinentes y eficaces, todo lo cual concluye, constituye un derecho fundamental de contenido esencial que toda decisión esté debidamente motivada. En otro extremo argumenta el pretensor constitucional, que esta decisión a su vez quebranta el principio de igualdad ante la ley, que recoge el artículo 20 de nuestra Norma Fundamental. Esta infracción constitucional que alega se produce cuando a través de esta decisión se le brinda, a una de las partes intervinientes en esta encuesta penal, la oportunidad de practicar de forma exclusiva sus pruebas, lo cual, subraya va en detrimento del derecho que también le asiste al resto de las partes en este conflicto penal, de producir aquellos elementos de convicción que sirvan de soporte a sus pretensiones e intereses en el juicio. Por último destaca, que a través de este acto se conculca también la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte del bloque de la constitucionalidad, específicamente lo atinente a la Igualdad ante la Ley que consagra el artículo 24 de este instrumento internacional de Derechos Humanos., por estimar que la autoridad demandada en sede de amparo, desatiende las garantías constitucionales y principio de igualdad ante la ley. B. DEMANDA DE AMPARO PROPUESTA POR EL LICENCIADO R.R.C.. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA DE VALORES FINANCIAL PACIFIC INC. Actuando en representación de los intereses de la casa de valores FINANCIAL PACIFIC INC, el licenciado R.R.C., promueve acción de derechos fundamentales contra la decisión que, a través del Auto 2da. No. 231 de 20 de septiembre de 2013, adoptó el Segundo Tribunal Superior de Justicia, ya que coincide con el Ministerio Público de que a través de este acto se transgrede el debido proceso legal e igualdad constitucional. El promotor parte por establecer que su legitimidad procesal para ensayar esta iniciativa constitucional descansa en el hecho de que la presente investigación penal se origina con ocasión de la querella formal que los mismos instaran, para que se investigara la supuesta comisión de un delito CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO, que afectaba los intereses económicos de la casa de valores que representa. Argumenta el activador constitucional que a través del acto impugnado en sede de amparo se ha alterado el normal desenvolvimiento del procedimiento que adelantaba el Juzgado Segundo de Circuito Penal de Panamá y, somete a su apoderado a un procedimiento distinto. A renglón seguido agrega que esta decisión de forma ostensible afecta el principio de igualdad procesal, ya que desconoce el derecho que le asiste al resto de los protagonistas de este proceso penal, entre ellos el querellante, de producir pruebas en el proceso, al reconocer esta actividad probatoria únicamente en la señora M.P.. Por otro lado indica, que la ausencia de motivaciones que expongan por qué estas pruebas son conducentes y pertinentes, vulneran el principio de motivación de las resoluciones judiciales, lo cual, es una garantía del debido proceso. Agrega que lo anterior contraviene lo dispuesto en el artículo 32 del Texto Constitucional, en concepto de violación directa por omisión, ya que en resumen sostiene que la autoridad demandada, no tomó en consideración que esta decisión limitó el rol del fiscal, quien ya había concluido su investigación y donde el plazo de instrucción sumarial había concluido, conforme lo preceptúan los artículos 2194 y 2195 del Código Judicial, siendo el referido incidente de controversia, en su concepto, extemporáneo. A su paso estima también vulnerado el artículo 20 de nuestra Constitución Política, ya que de forma exclusiva este acto ordena practicar aquellas pruebas aducidas por una de las partes, lo cual, restringe a su juicio, el derecho del resto de los involucrados en este proceso de "contraprobar", advirtiendo en esa medida que esta infracción constitucional transvasa normas de orden internacional, específicamente el artículo 24 de la Convención Americana de Derecho Humanos, que propugna por el derecho de que toda persona sea igual ante la ley y que no sea objeto de ningún tipo de discriminación. Agrega, al finalizar, que el acto impugnado desconoce el derecho de la víctima, asistido por la Ley No. 31 de 1998, de poder intervenir en el proceso sin mayores limitaciones. En consecuencia de lo anterior, solicita previa admisión de la acción ensayada, se conceda la acción de amparo de garantías constitucionales y se revoque el Auto No. 231 del 20 de septiembre de 2013, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, misma solicitud que realiza el licenciado JULIO C.L.F., en su escrito. TERCERO INTERESADO Y AFECTADO Dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales, promovida por el licenciado JULIO C.L.F., la licenciada Z.R.L., actuando en representación de la señora M.D.C.P.P., presentó ante la Secretaria General de la Corte, escrito en el cual solicita se le tenga como tercera afectada e interesada, dentro del asunto constitucional planteado por el honorable F.. En su libelo solicita se rechace las pretensiones del gestor, ya que sostiene que el Incidente de controversia, que instara en representación de la señora M.P., en su concepto fue presentado oportunamente, ya que explicó que fue el día 19 de abril de 2013, a las 2:39 de la tarde, que formalmente presentó este incidente ante el Tribunal de instancia, empero sostiene que en el expediente principal se evidencia que el RUE recibe físicamente el negocio penal, el día 22 de abril de 2013, a las 11:28 de la mañana, lo cual, sostiene se constata en el sello de recibido. Agrega, que las pruebas aducidas a favor de los intereses de su apoderada, son pertinentes y necesarias para su defensa, señalando que el F. de la causa, se ha inclinado en favorecer los intereses de los directivos de Financial Pacific Inc; no obstante, resalta que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2095 del Código Judicial, un imputado puede ampliar su indagatoria, cuantas veces lo considere necesario. Además de poder aducir y practicar aquellas pruebas necesarias para su defensa, como parte de las garantías procesales, penales y constitucionales que le asiste (cfs 33-35) CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO Una vez conocidas de manera suscita las principales argumentaciones en que se sustentan ambas acciones de amparos, hoy acumuladas, corresponde a esta Alta Corporación de Justicia, en el instante procesal que nos encontramos, determinar si las acciones ensayadas cumplen con los requerimientos formales de admisibilidad. Como cuestión previa, debe esta Superioridad referirse a la solicitud, que por intermedio de la Licenciada Z.R.L., realizó la señora M.P., de ser considerada como Tercera Interesada y afectada, dentro de este asunto constitucional. Es pues, como quiera que se constata que la señora M.P., figura como parte sindicada, dentro del proceso penal donde se emite el auto impugnado en sede de amparo, amén de que podría resultar directamente afectada por la decisión que adopte esta Superioridad, es que se accede a su petición; ello tomando en consideración que este máximo Tribunal ha considerado que la intervención de terceros en un proceso de amparo, en el que no es parte, viene justificada por una necesidad de orden fundamental, cual es, garantizar el ser oído en las causas en que se decida sobre sus derechos y obligaciones y, en general, cuya decisión pueda afectarle de manera adversa. A propósito de lo anterior esta Corporación de Justicia se ha pronunciado en los siguientes términos: "En relación a la admisión de la solicitud de tercero interesado formulada por el licenciado S.J.V., conviene realizar las siguientes anotaciones. Conocido es que la figura del tercero interviniente no está regulada en nuestra legislación, así como también es conocido que esa posibilidad fue admitida a través de la jurisprudencia del Pleno de esta Corporación de Justicia, solamente a quienes el acto atacado en su momento les había favorecido, por ello se les tenía que dar la oportunidad de ser oídos en el proceso de amparo. Así, se ha indicado reiteradamente que: "Esta intervención debe estar referida única y exclusivamente a la realización de dos actos procesales. El primero es de ser oído mediante la presentación de un escrito oponiéndose a la pretensión del amparo en caso de que le sea desfavorable u oponerse al escrito de apelación, en caso contrario, todo dentro del término concedido a las partes para apelar@ (Cfr. Registro Judicial, Abril de 1997, pág.129-130)." (ver fallo del Pleno de la Corte del 5 de marzo de 2004, del 10 de julio de2012 y del 7 de enero de 2013).- Aclarado lo anterior, no es ocioso de nuestra parte recordar, que la acción de amparo opera dentro del sistema democrático y constitucional de derecho como un instrumento que suministra la norma fundamental para que las personas sometidas a la soberanía del Estado Panameño puedan acudir ante la jurisdicción y, reclamar la revisión y censura de actos u omisiones patrocinados por servidores públicos que coloquen en riesgo o vulneren los derechos fundamentales reconocidos en el Texto Constitucional o en los tratados de derechos humanos en los que la República de Panamá sea parte. Ahora bien, el acceso a la jurisdicción constitucional debido a su carácter extraordinario, autónomo y subsidiario, exige que la demanda instada sea sometida a una ponderación de las formalidades mínimas que la activen y den paso en consecuencia al análisis de las gestiones u omisiones replicadas como ofensivas a derechos fundamentales, y cuya transgresión se le atribuyen al servidor público demandado. Lo anterior coloca, al gestor constitucional, en la posición de que la demanda propuesta satisfaga los requerimientos formales mínimos, derivados del núcleo esencial de la acción que se ensaya, y cuya exigencias formales norma nuestra Carta Fundamental, disposiciones legales vigentes y criterios jurisprudenciales adoptados por este máximo Tribunal colegiado. Ante lo anterior, consideramos prudente citar el contenido del artículo 54 de la Constitución Política y el artículo 2619 del Código Judicial que regulan de forma específica el asunto constitucional que ocupa la atención de esta Corporación de Justicia; disposiciones que son del siguiente contenido literal: "ARTÍCULO 54: Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona. El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículos se refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales. "(Constitución Política de la República de Panamá) "ARTÍCULO 2619: Además de los requisitos comunes a todas las demandas, la de amparo deberá contener: 1. Mención expresa de la orden impugnada; 2. Nombre del servidor público, funcionario, institución o corporación que la impartió; 3. Los hechos en que funda su pretensión; y 4. Las garantías fundamentales que se estimen infringidas y el concepto en que lo han sido. Con la demanda se presentará la prueba de la orden impartida, si fuere posible; o manifestación expresa, de no haberla podido obtener". Tomando en consideración lo preceptuado por nuestro ordenamiento legal vigente y, para los efectos de establecer un orden al momento de escrutar el cumplimiento de estos requerimientos formales, en cada una de las demandas instauradas, las mismas serán analizadas de forma autónoma o separada. I. ACCIÓN DE AMPARO PROPUESTA POR EL LICDO. JULIO C.L.F.. El Pleno de la Corte, al incursionar en el análisis formal de la acción de derechos fundamentales incoada por el licenciado JULIO C.L.F., F. Decimotercero de Circuito de Panamá, advierte que si bien la demanda cumple con los requerimientos formales estatuidos en los artículos 101 y 665 del Código Judicial, esto es, que su libelo está dirigido correctamente a quien preside esta Corporación de Justicia, que la acción reúne los requerimientos mínimos de toda demanda, habida cuenta, de que los requerimientos formales establecidos en el artículo 2619 citado, en su mayoría se congregan, como lo son: mención expresa de la orden impugnada; nombre del servidor judicial que impartió el acto, los hechos en que funda su pretensión; y las garantías fundamentales que se estiman infringidas, amén de que acopia prueba de la orden impartida; no obstante, se incurre en ciertas deficiencias formales que impiden su estudio en el fondo. Sostenemos lo anterior, ya que se advierte que el pretensor constitucional no establece, como lo exige el artículo 2619 numeral 4 supracitado, el concepto de cómo han sido infringidas las normas constitucionales invocadas como vulneradas con este acto. Parte de la técnica que se debe satisfacer al momento de ensayar este tipo de acción constitucional, es establecer al Tribunal de A. si la infracción constitucional replicada, se suscita por violación directa-por comisión u omisión, interpretación errónea o aplicación indebida. Este requerimiento formal que omite el licenciado JULIO CÉSAR LAFFAURIE, desatendiendo así lo que preceptúa la ley y criterios jurisprudenciales que ven en ella, uno de los requisitos esenciales de toda demanda de amparo. El describir el concepto de la infracción constitucional, sirve para orientar al Tribunal Constitucional de A., en qué sentido el servidor público, ha desatendido la justa aplicación del procedimiento, trámites o protocolos esenciales definidos previamente en la ley y, cuya omisión, aplicación indebida o interpretación errónea, provocan en consecuencia la vulneración de derechos fundamentales. Respecto a lo anterior esta Superioridad en copiosos fallos ha destacado el valor esencial de cumplir con este requerimiento legal; algunos de estos criterios que nos servimos a reproducir a continuación: "Por otro lado, esta Sala Plena también se manifiesta de acuerdo con la segunda razón que utiliza el Tribunal Superior, para no admitir la presente acción de amparo, porque de una lectura de la misma se puede observar, que los apoderados judiciales de los demandantes al elaborar el libelo de demanda, incumplen con uno de los requisitos indispensables con lo que debe contar toda demanda de amparo, y que no es más que la elaboración del concepto de la infracción de cada una de las normas constitucionales que se estimen infringidas. Precisamente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro de sus pronunciamientos, ha sido categórico al manifestar que uno de los elementos fundamentales con lo que debe contar todo libelo de demanda de amparo, es el concepto de la infracción, donde el profesional del derecho al aducir como infringidas varias disposiciones constitucionales, tiene por separado que explicarle al Tribunal de amparo en que consiste cada una de las infracciones aducidas, para que ésta a su vez pueda realizar un examen minucioso sobre dichas infracciones. Siendo así, resulta importante destacar que a pesar que el constituyente instauró la acción de amparo de garantías fundamentales, con el objetivo de tutelar las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Nacional, así como los derechos establecidos en normas supranacionales suscritas por nuestro país, se requiere que se cumpla con un mínimo de requisitos formales establecidos por la legislación procesal vigente, y los pronunciamientos vertidos por esta Máxima Corporación de Justicia." ( Ver fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de fecha 3 de marzo de 2010). "Asimismo, existe otro aspecto que a juicio de esta Superioridad debe ser señalado y que impide la admisión del presente proceso. Justamente, es la forma como está redactado el libelo de amparo, puesto que, uno de los apartados más importante de la acción de amparo, es precisamente el " Concepto de la Infracción", donde el demandante debe esmerarse para exponer de forma clara en que consisten las violaciones a las garantías constitucionales infringidas. Sin embargo, el amparista no cumple con esto, ya que aduce la infracción a los artículos 17, 19, 20 y 32, pero al exponer dichas infracciones, no puede establecer con claridad en que consisten las mismas. De la misma forma, es necesario recordar que al referirse al Concepto de Infracción, el Pleno, ha sostenido en reiterada jurisprudencia que es importante que el amparista exponga en este apartado de forma clara, en que consisten las infracciones aducida, así como la forma como se da, que no es más por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación; no obstante, se constata que el amparista tampoco hace alusión a este tema dentro del referido apartado. Lo anterior demuestra que, se incumplió con el requisito que permite conocer las razones en las cuales se sustenta la infracción alegada, lo que en definitiva no es concordante con la adecuada técnica procesal que rige esta acción de garantía fundamental, de allí, que mal podría el Tribunal Superior admitir la acción presentada, cuando el demandante no pone apropiadamente en conocimiento el alcance y extensión de la violaciones constitucionales aducidas." ( Ver fallo del Pleno de la Corte de 23 de septiembre de 2009)". Adicionalmente, con relación a la sección denominada "Garantías Fundamentales Que Se Estiman Infringidas y el Concepto De La Infracción", advierte esta Superioridad que el amparista citó como transgredidos los artículos 17 y 52 de la Constitución Nacional, sin embargo, vemos que este epígrafe ha sido mal estructurado, pues ni siquiera señaló el concepto de la infracción. En tal sentido conviene precisar que la manera adecuada de precisar una acción de amparo con las disposiciones constitucionales infringidas, es realizarlo de manera separada. Es decir, se cita la disposición constitucional vulnerada, seguida de su concepto de infracción, entonces una explicación que sustente las violaciones indicadas" (Sentencia de 24 de agosto de 2004). Indicado lo anterior, el Tribunal de A. es del criterio que la presente acción no debe ser admitida, debido a las múltiples deficiencias que presenta." (Fallo del Pleno de la Corte de 15 de abril de 2008). Debemos agregar, que la importancia de establecer con precisión y, de forma razonada cómo se conculcó el derecho o garantía fundamental con el acto impugnado, permite al Tribunal Constitucional determinar si estamos efectivamente frente ante una transgresión de índole constitucional, o si las argumentaciones vertidas en la demanda se residencian en el plano de la legalidad y sólo tiene como propósito dirigir al Tribunal de A. a ser una instancia más en el proceso, ya que sólo expresa su disconformidad con la decisión judicial adoptada, lo cual, contraviene la naturaleza misma de esta herramienta constitucional. Este segundo aspecto, que estima este máximo Tribunal también impide el análisis de esta controversia en sede constitucional, ya que aunque se replica que a través de esta resolución judicial se trastoca el debido proceso y el principio de igualdad; no obstante, el activador no brinda mayores elementos de juicio, que revelen qué preceptos legales fueron desatendidas o indebidamente aplicados, por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, para estimar que el incidente de Controversia fue presentado en destiempo, al extremo de estimular un análisis de fondo. Lo anterior lo sostenemos, principalmente en el hecho de que aunque se indica que la autoridad demandada actúo contrario a los trámites y procedimientos legales; no obstante, el accionante no elevó sus argumentos al punto de entender, cómo esta autoridad transgrede normas de orden constitucional, sí su decisión es dictada en razón de un recurso de apelación que le correspondió conocer y decidir como Tribunal de segunda instancia y, donde el Incidente de Controversia, conforme lo estatuye el artículo 1993 del Código Judicial, sigue siendo en nuestro sistema, el mecanismo legal del cual se puede servir cualquiera de las partes intervinientes en un proceso penal, para objetar en sede judicial, aquellos actos dictados por el Ministerio Público, durante la instrucción de determinado proceso. Situación que, sin ser considerado argumentos de fondo, fue lo que aconteció en este caso donde quien promueve el Incidente de controversia, lo hace contra una providencia, a través del cual, el F. de la causa le niega la practica de una serie de pruebas y, donde el incidente es respaldado en la vigencia de esta disposición legal que, para los efectos prácticos transcribimos a continuación: "ARTÍCUCLO 1993: Las actuaciones de los agentes del Ministerio Público podrán ser objetadas por las partes mediante incidente de controversia, el que será resuelto por el tribunal competente para conocer del proceso. Exceptuase la orden de detención preventiva, en los casos en que la medida se hubiere hecho efectiva. Tales incidentes se tramitarán como los de previo y especial pronunciamiento, sin interrumpir el curso del sumario ni la ejecución de la diligencia objetada. La apelación de la resolución que resuelve el incidente se concederá en el efecto diferido y se remitirán los autos al superior, quien decidirá sin más actuación." ( lo resaltado es del Pleno) Atendiendo a que nos encontramos frente a una acción que se caracteriza por ser extraordinaria, autónomo y subsidiaria, las alegaciones o cargos de injuricidad deben ser explícitos en cuanto a elaborar argumentos concretos y razonados, esto es, que se soporten jurídicamente, máxime si estamos aseverando que la autoridad demandada está rebasando los límites permitidos por nuestro ordenamiento constitucional, al extremo de ocasionar o lesionar derechos fundamentales. Este aspecto que no se desprende de la demanda propuesta, quien como señalamos no establece el elemento que oriente o brinde luces, sobre el concepto de cómo se suscita la infracción constitucional planteada. Situación que ha merecido de esta Sala Pleno, el siguiente criterio: "En otro extremo, al revisar el libelo de demanda, si bien, aparece una sección tendiente a explicar el concepto de la infracción, el Tribunal de A. no extrae el cargo de inconstitucionalidad argüido, ya que sólo el amparista indica que la violación se produce porque se "dejo de aplicar varios preceptos legales de imperativo cumplimiento y el propio artículo N° 32 de la Constitución Nacional, pues no dependía de la voluntad del juez, lo que perjudico al trabajador, al violentarse los trámites establecidos en la ley Laboral que garantizan el debido proceso que tiene rango constitucional (...)". Este tipo de argumentación no resulta pertinente debido a que, no expone razonadamente cómo, en el caso concreto, se produce la vulneración del debido proceso. El requisito consistente en explicar el concepto de la infracción previsto en el numeral 4 del artículo 2619 del Código Judicial reviste importancia al estructurarse la demanda de amparo, pues, en esta sección es donde el amparista explicará, mediante una dialéctica jurídica, cómo en el proceso laboral por despido injustificado se ha violentado el derecho que tiene el trabajador a un debido proceso, cuando el juez laboral, en este caso, la Junta de Conciliación y Decisión No. 11, no admite ni práctica diversas pruebas presentadas en la audiencia realizada. En cuanto al inobservancia de este presupuesto formal, el Tribunal de A. ha manifestado en diversos pronunciamientos que "el apartado destinado a explicar el concepto en que ha sido infringida la norma constitucional invocada debe ser lo suficientemente explícito, es decir, que el activador debe utilizar esta sección del libelo de amparo, para determinar claramente la forma en que se produjo dicha infracción, no obstante, en el caso que nos ocupa, esta Superioridad estima que, no se cumple con este requisito." (Sentencia Constitucional de 13 de abril de 2010). Es importante resaltar que si bien la acción de amparo de garantías constitucionales es el mecanismo constitucional ideado para la efectiva tutela de derechos fundamentales, tanto así, que la Corte Suprema de Justicia, en algunos casos ha flexibilizado la exigencias de ciertos requisitos formales, no obstante, ello ha procedido cuando de los argumentos del actor se desprende que estamos frente a una acto que, a prima facie, puede representar la vulneración de derechos fundamentales, no obstante recalcamos, que en este negocio además de que el propulsorconstitucional no orienta el sentido o concepto de la infracción, sus réplicas, ha concepto del Pleno, se circunscribe al ámbito legal, ya que lleva a este Tribunal de A. a seruna instancia más en el proceso que verifique el criterio jurídico del Juez de instancia. Es importante destacar, que a este Tribunal de A. le está vedado, en esta fase, introducir o examinar aspectos distintos a los esbozados por el propio propulsor constitucional, ya que ello nos ubicaría en la posición de una de las partes, de allí que nuestro análisis, en esta fase de admisibilidad, están enmarcada en los aspectos desarrollados por el accionante, que reiteramos esboza realmente consideraciones que no rebasan el plano de la legalidad. Así las cosas y luego de un sereno escrutinio, el Pleno advierte que quien promueve la presente acción, licenciado JULIO CESAR LAFFAURIE, presenta un extenso discurso en el cual, si bien aboga por la restauración de derechos fundamentales, para lo cual efectivamente está diseñado este mecanismo constitucional, no obstante, su discurso no logra informar o ilustrar a esta Superioridad, el concepto de la infracción constitucional, a fin de verificar si la misma guarda relación, correspondencia o sincronía con los hechos en que funda su demanda, la cual, a juicio de esta Sala en Pleno, muestra más bien su disconformidad con la decisión adoptada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Para esta Superioridad, nos encontramos frente a argumentaciones que intentan ventilar en sede constitucional, el juicio crítico e interpretativo de normas, que utilizó la autoridad demandada para disentir de la decisión de primera instancia y, considerar que el Incidente de Controversia fue presentado oportunamente y, que era válido el desahogo de estas pruebas, que se introducen a través de este incidente. Estas consideraciones, que no le corresponde a este máximo Tribunal ponderar o dirimir, ya que son juicios que le atañen al Juez natural o de instancia, dentro del marco de su actividad jurisdiccional y, donde ceder a tales pretensiones nos llevaría a ser una instancia más en este proceso penal. Respeto a este punto esta Superioridad se ha pronunciado en el siguiente contexto: "Esta Corporación de Justicia, luego del estudio del expediente, comparte plenamente los criterios externados por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), al considerar que el apelante pretende utilizar la vía del amparo como una instancia adicional al Proceso ordinario de menor cuantía del cual fue parte su representado. Este Máximo Tribunal Constitucional observa que, la pretensión del recurrente se centra en que el Tribunal Superior vuelva a revisar los elementos valorativos o razonamientos jurídicos que dio el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Circuito de Veraguas, Ramo de lo Civil, al proferir el acto atacado por vía de amparo constitucional. Dicha pretensión, conllevaría ineludiblemente a que la acción propuesta se convirtiera en una tercera instancia, particularmente porque el amparo de derechos constitucionales propuesto no se concretó a atacar la violación de las formalidades o trámites legales que regentan el proceso ordinario civil de menor cuantía, sino, el juicio de valor externado por el juzgador A quo al emitir la resolución de fecha 9 de septiembre de 2009. Lo anterior se desprende de la lectura del libelo de amparo y del escrito de apelación presentado, documentos que acreditan que lo impugnado es el juicio valorativo dado por el juzgador de la causa, y no la omisión de los trámites o formalidades del Proceso." (ver fallo del Pleno del 6 de diciembre de 2010). "La institución del amparo no puede ser concebida como una tercera instancia, mediante la cual los proponentes buscan un nuevo examen del caso; es preciso tener en cuenta que esta Corporación de Justicia ha indicado en repetidas ocasiones que este tipo de acciones constitucionales no constituyen un mecanismo que pueda ser utilizado para ponderar criterios de valoración e interpretación jurídica respecto a las decisiones proferidas por las autoridades jurisdiccionales." (ver fallo de la Corte Suprema de Justicia del 12 de diciembre de 2011). A juicio del Pleno, las deficiencias antes descritas impiden que la demanda propuesta por el licenciado JULIO C.L.F., en su condición de F. Decimotercero de Circuito del Primer Circuito Judicial, prospero y en ese sentido nos pronunciamos. B. ACCIÓN DE AMPARO PROPUESTA POR EL LICDO. R.R.C., EN REPRESENTACIÓN DE LA CASA DE VALORES FINANCIAL PACIFIC INC. Otra de las demandas de amparo que nos ha correspondido examinar en su fase de admisibilidad, y contra el mismo acto, lo es la, promovida por el licenciado R.R.C., quien acude ante esta jurisdicción constitucional, para que se ampare el derecho que sostiene le ha sido vulnerado a su apoderado judicial, casa de valores FINANCIAL PACIFIC INC, con la orden impugnada. El sereno y atento análisis del libelo y, la documentación adjuntada, permite a este máximo Tribunal corroborar la concurrencia de los requerimientos formales mínimos que exigen los artículos 101, 665, 2615 y 2619 del Código Judicial, ya que además de acreditarse su legitimidad activa en el proceso, se aportó certificado de Registro Público que permite corroborar que el licenciado R.R.C. actúa efectivamente en razón del mandato, que el representante legal de esta sociedad, O.S.V., le confirió. Ahora bien, se advierte que los argumentos del gestor constitucional, van dirigidos en iguales términos que los planteados por el Ministerio F., esto es, el sostener que el acto impugnado vulnera el debido proceso y la igualdad procesal, cuando dispone que una de las partes de forma exclusiva practique sus pruebas. No obstante, aún cuando el activador de esta acción constitucional subjetiva, sostiene que esta infracción se suscita por omisión, no desarrolla que trámites o procedimientos son los omitidos, al punto de poder diferenciar que no estamos frente a simples alegaciones de orden legal. Consideramos que el discurso del promotor constitucional no permite establecer, como ya indicamos, el por qué una decisión que nace, en el marco de un Incidente de Controversia que asiste a todas las partes por igual, pueda producir un daño potencial a los derechos y garantías constitucionales, máxime si quien se vale de estos mecanismos legales lo hace para objetar aquellas decisiones asumidas por el Ministerio Público, durante la instrucción de un sumario, por considerar que le afecta el ejercicio de su derecho de defensa, resultando este instrumento (Incidente de Controversia) una garantía para todas las partes, ya que resulta ser el único mecanismo legal contraaquellos actos dictados por el Ministerio Público durante la instrucción del sumario. En ese orden de ideas consideramos, que si el accionante estima, que la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia de considerar que el incidente de controversia fue presentado en tiempo y que las pruebas aducidas eran pertinentes, atentaban contra el debido proceso e igualdad procesal, sus argumentos no sólo deben situarse en resaltar que derechos fundamentales estima conculcados, sino que también es importante que indique y desarrolle cómo se suscita dicha infracción constitucional, lo cual, va más allá de la simple enunciación de normas que regulan, por ejemplo, el término de instrucción sumarial. Como se ha señalado en otros negocios, la acción de amparo no sólo prospera frente al cumplimiento de ciertos formalismo, sino que es de suma importancia además, que el activador establezca un nexo entre los hechos en que funda su demanda y la transgresión concreta de preceptos legales, de allí, que una debida exposición y descripción de esta violación en su discurso, es el, elemento central para poder señalar, a prima facie, de que probablemente si se ha faltado a la debida ruta de un proceso penal, que afecte diametralmente al resto de sus protagonistas. No obstante, ante la carencia de mayores motivaciones, no le es dable a este Tribunal Constitucional determinarlo, lo cual, nos lleva a ser concluyentes en que estamos frente a aseveraciones que intentan convertir a esta Superioridad en una tercera instancia más en el proceso. En tal sentido, la discrepancia con lo decidido por el Segundo Tribunal Superior, no permite establecer cómo ofenden las prerrogativas y garantías esenciales del juicio justo, pues no se indica como pueden ser vulnerados los protocolos normativos. Una decisión dictada en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, atribuida al Segundo Tribunal Superior de Justicia, con ocasión de un recurso de apelación y ante la figura del Incidente de Controversia previsto aún en nuestro ordenamiento, como un mecanismo frente a aquellos actos dictados por el Ministerio Público, en el tramo de una instrucción sumarial, máxime cuando los cargos de injuricidad no precisan qué disposiciones son transgredidas con su decisión, de modo que este asunto, no represente simple argumentos disidentes sobre los criterios y juicios, que llevaron a la autoridad acusada a estimar, que el incidente propuesto no fue presentado de forma extemporánea. Es importante resaltar, en este punto, que ambas demandas de amparos son desestimadas, por estimar que no logran desarrollar, dentro del marco de sus réplicas, cómo los derechos fundamentales que estiman vulnerados con el acto demandado, son lesivamente trastocados, máxime si resulta oportuno aclarar que el acto impugnado no nace dentro del escenario de una audiencia, donde el Juez haya sido el artífice de los puntos a investigar, porel contrario es una de las partes quien ante el rechazo de las pruebas pedidas al F. en la etapa de instrucción, es quien hace uso de este Incidente, a fin de poder ejercer sus derechos en el proceso y donde nada impedía legalmente que las otras partes lo pudieran utilizar si lo estimaban pertinente, ya que para ello está diseñado. De sostener que ello no prosperaba (proponer un incidente de controversia), es tanto como señalar, que las partes no tendrían como combatir los actos dictados por el Ministerio F., en esta etapa del proceso, donde todo el trámite de investigación sumarial se rige por normas de carácter inquisitivo, esto es, sin la intervención de un Juez de Garantías. Una decisión, que surge con motivo de un recurso de apelación, y dictado por autoridad competente, dentro del marco de su competencia funcional; ninguno de estos aspectos que fueron atacados con claridad y bajo motivos o cargos constitucionales, como es necesario en esta fase de admisibilidad exponer; quedándose simplemente en argumentos que intentan utilizar esta vía constitucional como una instancia más en el proceso, lo cual, contraviene su naturaleza. A propósito de lo anterior la Corte Suprema de Justicia en distintos fallos, respecto a este punto y recientemente, ha señalado lo siguiente: "Observa esta Corporación de Justicia que el Recurrente en el libelo de A. de Garantías Constitucionales, al explicar el concepto de la infracción de las normas constitucionales infringidas, no comprobó cómo la Resolución impugnada infringió derechos subjetivos protegidos Constitucionalmente. Además, considera esta Superioridad que en el presente caso lo que el Accionante pretende es que el Tribunal de A. revoque el Auto N° 201 de 8 de mayo 18 de 2013, proferido por el Juzgado Segundo de Trabajo, Segunda Sección, cuando el mismo al dictar la referida Resolución, lo hizo con estricto apego a las normas legales establecidas para dicho proceso. Es así, que estimamos que la pretensión del Amparista, se ubica en el marco de Legalidad y no en el marco Constitucional, que es lo que le corresponde analizar a este Tribunal de A.. Por ello, es importante indicar que la Acción de A. no constituye un medio de impugnación más dentro de un Proceso, sino que se trata de una Acción autónoma que le da vida a un Proceso nuevo e independiente. Su uso se encuentra limitado a toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales, que no es el caso objeto de análisis porque la Resolución recurrida fue dictada cumpliendo con todos los parámetros establecidos en la Constitución. En virtud de lo anterior, esta Superioridad es del criterio que lo procedente es la inadmisibilidad de esta Acción de Garantía." (ver fallo del Pleno de la Corte 18 de marzo de 2014) "No obstante, advierte esta Superioridad que en el apartado de las normas constitucionales conculcadas y el concepto de la infracción, se adujo como violados los artículos 17 y 32, sin embargo, al momento de explicar los motivos por los cuales estima que el Tribunal Administrativo Tributario siguió un trámite distinto al previsto en la ley, se limitó a puntualizar que ello devino de interpretaciones infundadas basadas en el mero rito, lo que coloca en estado de indefensión a su mandante, toda vez que es del criterio que debe conocerse y decidirse el fondo del incidente de inexistencia de la obligación tributaria y permitirle a la empresa Cargas Larrinaga, S. A. ser oído mediante el referido incidente. De lo expuesto, estima esta Superioridad que la accionante en el concepto de la infracción no estableció cuál sería a su consideración, el procedimiento o trámite correcto que el Tribunal Administrativo Tributario debía aplicar para así conocer el fondo del incidente de inexistencia de la obligación tributaria. Cabe manifestar, que cuando se estima que la garantía fundamental al debido proceso ha sido infringida porque fue aplicado un procedimiento distinto al dispuesto en la ley, es necesario que se explique cómo se origina esa violación, de lo contrario, esta Corporación de Justicia no tiene los elementos suficientes que le permitan analizar la situación jurídica presentada, para así determinar si hubo o no una violación a la tutela judicial efectiva." (ver fallo del 25 de marzo de 2014). En este estado las cosas, y antes las deficiencias anotadas, no puede ser otra la decisión de este máximo Tribunal, que INADMITIR la acción de amparo de garantías constitucionales, que promoviera el licenciado JULIO C.L.F., F. Decimotercero de Circuito de Panamá y el licenciado R.R.C., en representación de la casa de valores FINANCIAL PACIFIC INC, contra el Auto 2da. No. 231 de 20 de septiembre de 2013, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y a ello procede. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, la acción de AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, que el licenciado JULIO C.L.F., F. Decimotercero de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, y el licenciado R.R.C., en representación de la sociedad FINANCIAL PACIFIC INC, promueve contra el Auto 2da. No. 231 de 20 de septiembre de 2013, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso penal seguido a M.D.C.P., y otros, sindicados por el supuesto delito CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO, en perjuicio de la casa de valores FINANCIAL PACIFIC INC. Se ADMITE a la señora M.D.C.P.P., como tercera afectada dentro del presente negocio constitucional. N., HARLEY J. MITCHELL D. ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN ---JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS (Con Salvamento de Voto) -- V.L.B.P.---HERNÁNA. DE LEÓN BATISTA- (Con Salvamento de Voto) --- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ---- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ----GISELA AGURTO AYALA YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General) SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS Expreso con todo respeto que, no estoy de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, por las siguientes consideraciones. Básicamente, la decisión adoptada va dirigida a inadmitir las acciones de amparos acumuladas y presentadas por los licenciados Julio C.L.F. (F. Decimotercero de Circuito) y R.R.C., basado en el hecho de que se incumplen requisitos de procebilidad, como los que se pasan a detallar: Demanda presentada por el Licdo. Julio C.L.F.. 1. Que no se elabora correctamente el apartado denominado "Concepto de la Infracción", el cual es cierto que es obligatorio para este tipo de demanda de acuerdo a lo establecido en el artículo 2619 numeral 4 del Código Judicial. 2. Que a pesar de alegarse violaciones al Debido Proceso, no se brindan mayores elementos de juicio, que ayuden a determinar que preceptos legales fueron desatendidos o indebidamente aplicados. Es decir, que se señala que la demanda presentada no establece cómo se da la alegada infracción al Debido Proceso, a pesar de elaborarse un extenso discurso sobre el tema. 3. Que lo alegado por el amparista, no es más que una intensión que se revise el criterio interpretativo de normas, el cual lleva a cabo el juez natural, lo cual escapa de la competencia del Tribunal de amparo. Demanda presentada por el Licdo. R.R.C.. 1. Que en esta demanda no se desarrolla que trámites o procedimientos son los omitidos, lo que no ayuda a diferenciar si estamos en presencia o no de alegaciones de naturaleza legal. 2. Que en esta demanda no se logra establecer cómo la actuación demandada infringe las normas constitucionales que se alegan como infringidas. 3. Que las alegaciones vertidas por el amparista, lo que representan, no es más que discrepancias con la decisión demandada, la cual se dicta dentro de un Incidente de Controversia. Luego de identificar las razones por las cual no se admiten las acciones de amparo acumuladas, debo señalar que no estoy de acuerdo porque si se examina la demanda de amparo presentada por el F.L., se puede determinar que sí se cumple con la debida elaboración del concepto de la infracción; además, de dejarse claro que los cargos que se formulan contra la actuación demandada, son por no contar la misma con una debida motivación respecto a lo establecido en el artículo 989 del Código Judicial, así como lo señalado en el artículo 783 Código Judicial, que establece que las pruebas deben ceñirse a la materia del proceso, debiendo el juez rechazar las que resulten inconducentes o ineficaces. De ahí que, en ambas demandas se lee con claridad que quienes proponen las dos acciones de amparo, afirman que la decisión demandada carece de motivación, al no señalar si las pruebas solicitadas por la imputada, resultan conducentes para la presente investigación. Adicionalmente, se deja claro que la motivación es un elemento indispensable con el que debe contar toda actuación jurisdiccional, pero al no darse constituye una violación al Debido Proceso. Por otro lado, el amparista también contempla una irregularidad en la tramitación del presente caso, porque la actuación demandada infringe el debido proceso, al desconocerse lo establecido en el artículo 2033 del Código Judicial, el cual otorga un término perentorio para culminar la instrucción sumarial con la remisión de la investigación al ente jurisdiccional respectivo, acompañado con lo denominado "V.F.". Por lo tanto, afirma que el sumario quedó perfeccionado el día 19 de abril de 2013, al confeccionarse la Vista F. No. 89, por lo que a su juicio no era procedente admitir el incidente de controversia, ya que la investigación había concluido con dicha actuación del Ministerio Público, lo que en nada afecta la posibilidad que la imputada pudiese aducir pruebas en la etapa plenaria. De igual forma, se puede observar que el F. L., también hace referencia a que lo planteado anteriormente infringe los artículos 8 y 24 de la Convención Americana de Derechos humanos, al desatender el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso, al reconocerle derechos a una sola de las partes. Bajo el mismo orden de ideas, podemos señalar que al observar la acción de amparo promovida por el Licdo. R.C., se puede observar que desarrolla el "Concepto de la Infracción", expresando con claridad que la actuación demandada infringe el Debido Proceso, al no motivarse adecuadamente la razón por la cual se toma esa decisión dentro del referido incidente de controversia, lo que contraviene los artículos 783 y 989 del Código Judicial, así como el artículo 22 del Código Procesal Penal. Asimismo, no se toma en cuenta que conjuntamente se señala que la actuación demandada infringe el artículo 20 de la Constitución Nacional y el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al admitirse dicho incidente, y en consecuencia ordenarse que se devuelva a la F.ía el expediente, solo para que se practique las pruebas presentada por la defensa de la señora M.P.. Lo expresado en los párrafos que anteceden me lleva a manifestar que, considero que las demandas acumuladas si cumplen con los requisitos de procebilidad asignados para este negocio constitucional, por lo cual merecen superar la etapa de admisibilidad. Al decir que estos amparos merecen superar la fase de admisibilidad, dejo claro que al conocerse el fondo del asunto, podría darse un fallo a favor o en contra de lo que piden los amparistas, por lo que no estamos adelantando juicios. Precisamente, al inadmitir la presente demanda de amparo, no se puede examinar un tema de gran relevancia, como lo es la admisión de un Incidente de Controversia, donde el Tribunal de Segunda Instancia, le ordena al F. de la causa realizar algo que es lo más parecido a una ampliación del sumario, para que solo practique las pruebas presentadas por una imputada, es decir, no las pruebas de otros imputados, ni de la querella. En reiterativos fallos de la Sala Segunda de lo Penal, se ha dejado claro que están vigentes para todo el territorio nacional los principios, garantías y reglas rectores del proceso acusatorio, las cuales se encuentran contenidas en el Libro Primero, Título I del Código Procesal Penal, como establece el artículo 557 de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, modificado por el artículo 1 de la Ley 66 de 1 de septiembre de 2011. Lo anterior quiere decir que, no le era dable al Tribunal demandado ordenar algo que es lo más parecido a una ampliación del sumario, ya que bajo la vigencias de las precitadas disposiciones legales, se da una separación y diferencias de roles entre las facultades de un F. y de un juzgador, donde el primero le corresponde el ejercicio de la acción penal, mientras que al segundo le corresponde decidir conforme a derecho, confrontando los hechos del caso con las pruebas recabadas. Esto sin soslayar que solo beneficia a un sujeto procesal en el sumario, no a los demás. Al referirnos a la ampliación sumarial, se tiene que la misma abarca la devolución del expediente al respectivo agente del Ministerio Público, pero que a la entrada en vigencia del CPP, no es compatible con los principios consagrados en este cuerpo normativo, ya que no le corresponde al juzgador de primera o segunda instancia realizar actos que impliquen ordenar la obtención de pruebas, al estar reservada esta facultad para el F. y las partes que intervienen en el proceso penal, como sucede en este caso que el Tribunal demandado, al llevar cabo aseveraciones respecto a que era procedente el incidente de controversia y por lo tanto, que se practiquen las pruebas aportadas por la Licda. Z.R., apoderada judicial de M.P., para lo cual ordena que se remita al agente del Ministerio Público. De tal forma, que las consideraciones anteriores me alejan del criterio de la mayoría, y por tanto, procedo a SALVAR EL VOTO. JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General) Con mi acostumbrado respeto, debo manifestar mi disconformidad con la decisión adoptada. Mi discrepancia se sustenta principalmente, en la exigencia de indicar en el libelo de esta acción, si la infracción constitucional se surtió por violación directa, por comisión u omisión, interpretación errónea o aplicación indebida. Al respecto, lo primero que debemos tener presente es que esta reclamación que se hace al escrito del amparista, se basa en pronunciamientos de esta Corporación de Justicia que ya han sido superados y, que en lugar de ellos, en la actualidad prevalecen otros de tendencia más garantista. Considero que de adherirme a la decisión mayoritaria, estaría apoyando que nuevamente esta Corporación de Justicia exija como requisito de admisión, el establecimiento de la forma cómo se surte la violación constitucional, por sobre una evidente contravención a los derechos fundamentales. Es decir, volver a algo ya superado y acordado. En este sentido, es importante recordar que ese requerimiento se consideraba en extremo formalista, y por esa razón, tal criterio se superó. Pero además de esto, y quizás más o igual de importante, porque según las normas vigentes, ese elemento no es un requisito para admitir la acción de A. de Garantías Constitucionales, por lo tanto, no debía exigirse. Aunado a ello, que lo trascendental para esta causa, es poder identificar el concepto de infracción, que a mi juicio, puede determinarse con claridad dentro de este expediente. También es importante destacar, que en muchas ocasiones el requerir la forma en que se surtía la vulneración constitucional, impedía que se hiciera justicia, truncándose consecuentemente, el ejercicio de un verdadero garantismo. Por estas consideraciones, soy del claro convencimiento que el aspecto antes mencionado no debe ser exigido, e impedir así que se admita una acción constitucional como el amparo de derechos fundamentales. Haciendo la salvedad que mi postura aquí plasmada, no debe ser interpretada en el sentido que de ahora en adelante no deben exigirse aspectos formales o de procedencia, precisamente porque ellos tienen la función de preservar la naturaleza y objeto de esta acción. Lo que se busca es que se pida el cumplimiento de aquellos requerimientos que la ley establece, y que no es el caso del plasmado en esta decisión mayoritaria. Pero aún así, si se diera el caso que alguno de estos requisitos coartara la salvaguarda de derechos constitucionales, éstos últimos deben prevalecer por sobre aquellas formalidades. No obstante lo explicado, y como quiera mi sugerencia no fue acogida, la dejo plasmada en este escrito. En virtud de estas consideraciones, me veo precisado a SALVAR MI VOTO, lo que profiero con mi respeto de costumbre. Fecha ut supra. H.A. DE LEÓN BATISTA. Y.Y.Y. (Secretaria General)