Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Febrero de 2014

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución28 de Febrero de 2014
EmisorPleno

VISTOS:

La Licenciada K.Á. ha interpuesto ante el Pleno de esta Corporación de Justicia, acción constitucional de H.C., a favor de O.A.P.C., y en contra del Director General del Sistema Penitenciario.

La parte actora indicó que OMAR POLO CRISLOW fue detenido el 8 septiembre de 2013, acusado de haber cometido un delito de H., y sin que se le hubiera realizado una audiencia, y sin escuchar los descargos correspondientes, fue condenado ese mismo día por el Juez Primero Nocturno de Policía, a la pena de trescientos sesenta y cinco (365) días de arresto, que cumple en el Centro de Detención de Tinajitas, desde el 8 de septiembre de 2013.

Advierte además, que POLO CRISLOW cumple una pena, dictada a través de una resolución que no ha adquirido firmeza, y que por tanto, no puede generar efectos jurídicos. Explica que ello ha ocurrido, porque el Juez Primero Nocturno de Policía, omitió el cumplimiento del trámite previsto por el artículo 17 de la Ley 112 de 1974, que obliga a los Jueces de Policía Nocturnos a elevar en grado de consulta, ante la Comisión de Apelaciones y Consultas, toda resolución mediante la cual se establezca una sanción de arresto mayor de sesenta (60) días. Señala que tal actuación, ha conculcado las garantías constitucionales y procesales del señor POLO CRISLOW.

La letrada expone que igualmente se vulneró el debido proceso legal, y en virtud de lo normado por el artículo 1738 del Código Administrativo, se vició de nulidad el proceso correccional de policía seguido contra su representado, cuando se omitió la práctica de pruebas que éste solicitó, amparado en el derecho que le confiere el artículo 1712 del Código Administrativo.

En consecuencia, reclama del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la protección constitucional, y la declaración de ilegalidad de la detención padecida por OMAR POLO CRISLOW (Fs. 1-2).

SUSTANCIACIÓN

La acción constitucional fue inicialmente dirigida contra el Juez Primero Nocturno de Policía del Distrito de Panamá, por lo que, el Juez Primero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, libró mandamiento de hábeas corpus contra el referido Juzgado (F. 3), cuyo titular informó haber ordenado por escrito la captura del ciudadano O.A.P.C., esgrimiendo como motivos de hecho y de derecho, la vinculación de éste a una falta administrativa de hurto, en perjuicio del señor F.Z., que había denunciado la sustracción de la caja registradora de su local comercial y la suma de B/.200.00 en sencillo; siendo que luego del recorrido policial iniciado con motivo de la denuncia, se le ubicó y aprehendió en Calle M, S.M., en posesión de la caja registradora denunciada como hurtada, así como una bolsa contentiva de B/. 91.00 en efectivo.

No obstante, la autoridad originariamente demandada, negó mantener al señor POLO CRISLOW a sus órdenes, explicando que luego de dictar la sentencia condenatoria, fechada 26 de enero de 2013 (sic), ordenó su filiación a disposición del Sistema Penitenciario Nacional (Fs. 11-12).

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Juzgado Primero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, se inhibió del conocimiento de la presente acción constitucional, remitiéndolo ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por razones de competencia (Fs. 25-27).

Repartido el negocio constitucional en esta sede, se enderezó la acción y se libró mandamiento de hábeas corpus contra el Director General de Sistema Penitenciario, el 13 de noviembre de 2013 (Fs. 29), quien mediante Nota No.-DGSP.DAL. de 19 de noviembre de 2013, negó haber ordenado verbalmente o por escrito, la detención del señor O.A.P.C., y alegó desconocer los motivos o fundamentos que se tuvo para ello, explicando que sólo lo mantiene bajo su custodia, en virtud de la Boleta de Condena emitida por el Juez Nocturno de Policía, a trescientos sesenta y cinco (365) días de arresto, por el delito (sic) de H.. Refiere que el prenombrado ingresó al Centro de Detención de Tinajitas, el 10 de septiembre de 2013 (F. 30).

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

Cumplido el trámite de rigor, el Pleno procede a decidir lo que en derecho corresponde, advirtiendo que la acción constitucional de H.C. contempla entre sus fines, proteger la libertad física de los asociados, cuando ésta se vea amenazada o efectivamente vulnerada por un acto arbitrario de las autoridades, en contravención al orden constitucional y los derechos y garantías que consagra la

Constitución Política, éstos que de acuerdo a su artículo 17, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

Por ello, hemos de confrontar la privación de libertad atacada, no sólo frente a los derechos y garantías que dispone nuestra Constitución Política a favor de cualquier ciudadano nacional o extranjero que se encuentre en nuestro territorio, sino también frente a los derechos y garantías previstos por convenciones internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado el Estado Panameño, en atención a lo dispuesto por el artículo 4 constitucional.

Al entrar en el fondo de la acción sub júdice, se tiene que el artículo 2575 del Código Judicial enlista las situaciones en que los actos privativos de la libertad corporal, se consideran sin fundamento legal:

Artículo 2575. "Para los efectos del artículo anterior se consideran, además, como acto sin fundamento legal:

1. La detención de un individuo con merma de las garantías procesales previstas en el artículo 22 de la Constitución;

2. La privación de la libertad de una persona a quien intenta juzgar más de una vez por la misma falta o delito;

3. La detención de una persona por orden de una autoridad o funcionario carente de la facultad para ello;

4. La detención de una persona amparada por una ley de amnistía o por un decreto de indulto; y

5. El confinamiento, la deportación y la expatriación sin causa legal." (Énfasis suplido).

Como quiera que la precitada norma hace referencia a las formalidades previstas por el artículo 22 de la Constitución Política, se observa que éstas consisten en que el mandamiento de privación de libertad debe ser emitido por escrito, por autoridad competente, conforme a las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. Amén de ello, que toda persona acusada de haber cometido un delito, tiene derecho a la celebración de un juicio público, en el que se le asegure todas las garantías establecidas para su defensa, así como a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales, desde el preciso momento de su detención.

En ese sentido, se aprecia que la privación de libertad actualmente padecida por O.A.P.C., acontece en el marco de un proceso correccional de policía seguido en su contra, por la comisión del delito de H., en virtud del cual se dictó la Resolución S/N, fechada 8 de septiembre de 2013, cuya parte resolutiva se transcribe textualmente a continuación:

"En virtud de las consideraciones expuestas, es por lo que el suscrito Juez Primero Nocturno de Policía del Distrito de Panamá, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley,

DISPONE:

1- Sancionar al ciudadano O.A.P.C., con cedula (sic) de identidad personal N°8-296-545, sin mayores datos, por el delito de HURTO, en contra del señor F.Z., con cedula (sic) No. E-8-64501 y lo CONDENA al pago de una Multa de Trescientos sesenta y cinco (365) DÍAS MULTAS (sic), el cual deberá pagar a favor del Tesoro Nacional o en su defecto quedará detenido por el termino (sic) de la sanción impuesta, a razón de un (1) dólar por cada día de prisión hasta cumplir los trescientos sesenta y cinco (365) en el Centro Penitenciario Tinajita." (F. 19-20). (El subrayado es nuestro).

Se constata en primer lugar, que de acuerdo al artículo 175 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 2, literal b, de la Ley 112 de 1974, el Juez Primero Nocturno de Policía, goza de la competencia para aplicar la sanción administrativa bajo revisión.

Sin embargo, tal como lo afirma la Licenciada Á., el Pleno corrobora que ese mismo día, 8 de septiembre de 2011, a las 11:20 de la noche, el Juzgado Primero Nocturno de Policía del Distrito de Panamá, giró la Boleta de Condena a cargo del Centro de Detención de Tinajita, para que se hiciera efectiva la sanción dictada (F. 24).

Ahora bien, nótese que la Ley 112 de 1974, a través de su artículo 5, dispone que los juicios y negocios que se tramiten en los juzgados de Policía Nocturnos y en las Corregidurías, se surtirán de conformidad con el procedimiento establecido en el Libro III del Código Administrativo y demás leyes que le complementen. Aplicando dicha remisión, el artículo 878 del Código Administrativo, ubicado en el Libro III de dicha excerta legal, enlista los distintos tipos de pena que pueden ser aplicadas por los Juzgados de Policía Nocturnos y las Corregidurías, respecto a los asuntos que son propios de su competencia. Veamos.

"Artículo 878. Las penas que se imponen por las contravenciones preceptivas y prohibitivas de este Libro a los responsables de ellas, son las siguientes:

  1. DEROGADO por el artículo 1 de la Ley 21 de 1998; G.O. 23,531 de 28 de abril de 1998.

  2. ABOLIDO por el artículo 7 de la Ley 71 de 1938; G.O. 7,948 de 19 de enero de 1939.

  3. Arresto;

  4. Multa; y

  5. Fianza de buena conducta.

También tienen carácter de pena ciertas obligaciones especiales, consiguientes a la falta cometida, como la de disolver un baile o reunión públicos, y otras análogas. El comiso, o sea la pérdida de los objetos empelados en la comisión de la falta, se hará efectivo en los casos a que se refiere la ley, como la indemnización de daños y perjuicios procedentes de la falta cometida."

Se colige entonces, que el arresto y la multa no son sanciones de igual naturaleza; tanto es así, que los artículos 884 y 885 del Código Administrativo, regulan de manera separada, los términos máximos y la forma en que deben ser cumplidos estos dos distintos tipos de pena.

Así, aunque es cierto que los Jueces Nocturnos de Policía tienen el deber legal de elevar en consulta, ante la Comisión de Apelaciones y Consultas, todas aquellas sanciones de arresto superiores a sesenta (60) días, no menos cierto es, que la sanción impuesta al señor OMAR POLO CRISLOW, no es arresto, sino una multa de trescientos sesenta y cinco balboas (B/. 365.00), que debería pagar al Tesoro Nacional, la cual se ajusta además, al tope que para estos efectos prevé el artículo 898 del Código Administrativo, consistente en seiscientos balboas (B/. 600.00).

El hecho de que la Parte Resolutiva de la resolución advierta al sancionado, la posible conmutación de la multa a días de arresto, tiene como fundamento de ley, el artículo 885 del Código Administrativo, que establece dicha conmutación, como mecanismo coercitivo para evitar el incumplimiento del pago de la multa impuesta en concepto de sanción administrativa. Por ello, estima el Pleno que no es correcto afirmar que el Juez Nocturno de Policía obvió remitir la resolución emitida en consulta ante su superior inmediato, pues en realidad, el artículo 17 de la Ley 112 de 1974 reserva este trámite, a aquellos casos en que la sanción aplicada sea de arresto, superior a sesenta (60) días, mas no cuando la pena impuesta, sea la multa, como ocurre en el caso que nos ocupa.

No obstante, independientemente de lo anterior, la Corte no puede soslayar que la privación de libertad sometida a escrutinio a través de esta acción constitucional, se encuentra inmersa en otro escenario constitutivo de violación de las garantías fundamentales y procesales, cuyo respeto, consagra y defiende el artículo 22 de la Constitución Política. Ello es así, porque el artículo 1715, inserto en el Libro III del Código Administrativo, dispone a favor del afectado, la posibilidad de recurrir en apelación la decisión, cuando la multa impuesta sea superior a quince balboas (B/. 15.00). No obstante, un análisis y desglose de las constancias, permitirán corroborar que no se respetó el derecho a la doble instancia.

Nótese que el delito por el cual resultó sancionado el señor O.A.P.C., se cometió el 8 de septiembre de 2013, aproximadamente a las 3:00 de la tarde (F. 15). El Juzgado Nocturno de Policía dictó la resolución de condena ese mismo día (F. 19-20), e inmediatamente, a las 11:20 de la noche, giró la Boleta de Condena a cargo del Centro de Detención de Tinajita (F. 24). Este último hecho constituye una actividad procesal tendiente a ejecutar una decisión que no se encontraba debidamente ejecutoriada, y que por tanto, no podía surtir efectos jurídicos. El aserto se fundamenta en el artículo 20 de la Ley 112 de 1974, que es del tenor siguiente:

"Artículo 20: Cuando por apelación proceda la segunda instancia, el expediente será remitido a la Comisión de Apelaciones y Consultas. Este recurso deberá interponerse por escrito en el momento de la notificación de la Resolución o dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes." (Énfasis suplido).

Obsérvese que las copias aportadas a este proceso constitucional, por el Juzgado Primero Nocturno de Policía del Distrito de Panamá, contienen cada una de las constancias del proceso correccional de policía adelantado por dicho Juzgado, pues en la parte superior de las fojas, se puede apreciar, que la foliatura es corrida, de la foja 1 a la 11 de dicho proceso administrativo (Cfr. Fs. 14-24). Ello nos permite afirmar, categóricamente, que de dicho proceso, se advierten irregularidades como las que se exponen a continuación:

que un pronunciamiento relativo a nulidades en este tipo de procesos, escapa de su competencia. Sin embargo, no podemos dejar de advertir que, de alguna manera, el artículo 1738 del Código Administrativo brinda sustento al criterio antes expuesto, relativo a la evidente violación del debido proceso legal, pues sanciona con nulidad el hecho de que no se hubiere hecho el cargo personalmente al sindicado. En el caso que nos ocupa, no consta en las copias que nos fueron remitidas en su integridad por el Juzgado Primero Nocturno de Policía del Distrito de Panamá, pieza procesal alguna que demuestre que se celebró dicho acto oral, y no se tiene la certeza de que se haya respetado y garantizado al procesado, el derecho de defensa que le asiste y que integra el debido proceso legal.

Por consiguiente, es posible afirmar de manera categórica que el señor POLO CRISLOW fue remitido al Centro de Detención de Tinajitas, y filiado a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario, sin que la decisión administrativa estuviera en firme, pues no existe constancia de tal situación en las piezas remitidas.

En adición, es preciso indicar que tal anomalía, evidentemente implicó que el procesado viera coartado su derecho a recurrir en apelación, la decisión que le era adversa. Sobre la garantía procesal de la doble instancia, es conveniente citar la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante Sentencia de 2 de julio de 2004, proferida con motivo del caso H.U.v.C.R., relativa a cómo debe ser entendida la misma. Veamos:

"158. La Corte considerada que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo deber ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.

..."

161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho."

Una interpretación sistemática del artículo 1715 del Código Administrativo, en concordancia con el artículo 8.2.h. de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, aplicables a la situación jurídica de O.A.P.C., permiten colegir que nada impedía la interposición del recurso de apelación contra la resolución a la que hemos venido haciendo referencia.

Empero, a pesar de la ausencia de notificación, y de ejecutoría cierta de la resolución, el Juez Primero Nocturno de Policía del Distrito de Panamá giró la Boleta de Condena a cargo del Centro de Detención de Tinajitas, el mismo día en que emitió dicha condena contra POLO CRISLOW, vulnerando también con dicha acción, la garantía procesal del derecho a la doble instancia. La privación de libertad padecida bajo estas circunstancias de ilegalidad, se ha mantenido por casi tres meses.

De lo anterior, se colige, sin lugar a dudas, la afectación de las garantías fundamentales que le asisten al beneficiario de esta acción, pues aunque se trate de una persona condenada por la comisión de un delito, no menos cierto es que los trámites procesales inherentes al cumplimiento de la pena, no pueden darse al margen de la ley o con merma de sus garantías fundamentales, cuya guarda y observancia es el fin último del artículo 23 de la Constitución Política, que consagra la institución del hábeas corpus, a favor de todo individuo que resulte detenido fuera de los casos y formas que prescriben la Constitución y la Ley.

Por tanto, es criterio del Pleno que la detención ordenada contra POLO CRISLOW emerge como producto de un acto que, como se ha visto, conculcó garantías fundamentales del prenombrado, conllevando un daño que sólo puede atemperarse a través de su declaración de ilegalidad a través de la presente resolución.

Ahora bien, antes de proceder a la parte resolutiva de esta sentencia, es preciso aclarar a la accionante, tanto como al Juzgado Primero Nocturno de Policía del Distrito de Panamá, que la declaración de ilegalidad de la detención padecida por POLO CRISLOW, no implica una revocatoria, ni tampoco una anulación de la sanción condenatoria impuesta en sede de la jurisdicción administrativa de policía. Antes bien, debe entenderse como la expresión de la necesaria revisión que debe realizarse en sede administrativa de policía, sobre los trámites inherentes a la notificación de la resolución, tanto como a su ejecutoría, de manera que se le garantice al procesado, el respeto a todos los derechos y recursos que la Ley coloca a su disposición.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la privación de libertad que actualmente padece el ciudadano O.A.P.C., y ORDENA su inmediata libertad, siempre que no exista otra causa penal pendiente en su contra.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículos 4, 17, 22 y 23 de la Constitución Política. Artículos 2574, 2575 y 2601 del Código Judicial. Articulo 878, 884, 885, 898,1715 y 1738 del Código Administrativo. Artículos 5, 17, 20 del Ley 112 de 1974. Artículo 8.2.h de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

N. y CÚMPLASE,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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