Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 11 de Junio de 2014

Ponente:Harry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución:11 de Junio de 2014
Emisor:Pleno
 

VISTOS: Cursa ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por la Firma Arias, A. &M., en representación de la Sociedad Anónima Ganadera El Tecal, S.A, con relación a la supuesta orden de no hacer, contenida en la Resolución fechada de 20 de septiembre de 2013 expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá. ANTECEDENTES El demandante solicita que se admita la presente Acción de Amparo de Garantías Constitucionales y se ordene la suspensión del trámite que guarda relación con el Proceso Ordinario de M.C. incoado por ALAQUA CORP., con respecto a Ganadera El Tecal, S.A., por razón que el mismo se encuentra en el período de prácticas de pruebas, por lo que resultan inminentes los graves y evidentes perjuicios que podrían sufrir su mandante por el hecho que el referido período de práctica de pruebas culmine sin que se haya pronunciado esta superioridad sobre la constitucionalidad o no de la Resolución de 20 de septiembre de 2013. Entre otras cosas, el petente señala que el Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá, en Sala Unitaria, no admitió las pruebas que consisten en Documentos Públicos, Prueba de Inspección Judicial admitida y no practicada en primera instancia, Prueba de Informe solicitada al Registro Público, aducida para la segunda instancia jurisdiccional por su mandante Ganadera El Tecal, S.A., vulnerándose de esta manera la garantía constitucional del debido proceso. Es por lo que, la orden impugnada en la referida Resolución de 20 de septiembre de 2013 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá, Sala Unitaria, infringió el artículo 17 de la Carta Magna, ya que adoptó una conducta a todas luces contraria a lo que prescribe la Ley. Aclara que con esta acción no busca revisar en una nueva instancia la valoración probatoria del Ad-quo, ni su valoración en cuanto a la conducencia de la prueba, sino que la no admisión de tales medios probatorios carece de motivación y sustento jurídico válido. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en Resolución de 20 de septiembre de 2013 resolvió lo siguiente: "...Por las consideraciones que se han dejado expuestas, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EN SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE, las pruebas testimoniales allegadas a esta segunda instancia, así como la práctica de las pruebas de informe dirigidas a la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas a efecto que dicha institución haga constar el valor catastral de la Finca No. 27241, inscrita al Tomo 665, F. 608 para el mes de marzo de 1999, así como en la actualidad y certifique si en dicha oficina pública hay inscrita alguna mejora o modificación a la cabida, superficie, linderos, colindantes o cualquier otro hecho que varié el valor de la citada finca. Y NIEGA, el resto de las pruebas aducidas por la demandante en este segundo nivel jurisdiccional. " Dicho Tribunal sustenta tal decisión sobre aquellas pruebas no admitidas, bajo la premisa que fueron algunas presentadas de forma extemporánea y otras no se ciñen a la materia del proceso. Explicando entonces, que las presentadas en segunda instancia del Numeral 1 al 11, fueron presentadas oportunamente, mas no están relacionadas con el objeto del proceso, pues éste se circunscribe por una parte, a la reivindicación de la Finca No. 27241, inscrita en el Tomo 665, F. 308, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, los daños y perjuicios que arguye la demandante le ha producido dicha ocupación, y por otra a la prescripción del dominio. Además en el caso de las pruebas presentadas dentro de la Solicitud de Llamamiento de Garantía, no iban encaminadas a acreditar que la Sociedad JONES FOREST & DEVELOPMENT CORP., S.A., debía ser citada al proceso. Con relación a las inspecciones judiciales, las cuales fueron aducidas en primera instancia y no admitidas, ya que no guardaban relación con los hechos discutidos, se determinó en su presentación de segunda instancia, que éstas no fueron solicitadas en el término procesal correspondiente. En lo atinente al informe dirigido al Registro Público, no fue admitido puesto que dentro de las peticiones, una ya constaba en el proceso y otra no guardaba relación con el mismo. CONSIDERACIONES DEL PLENO Conocido el amparo, y los argumentos de la apelación corresponde ahora resolver el fondo del asunto. La Corte Suprema ha sostenido que la naturaleza del amparo de derechos fundamentales es una institución de garantía, que de conformidad con los artículos 54 de la Constitución Política de la República de Panamá y 2615 del Código Judicial, sólo es posible ejercerla contra actos que vulneran derechos constitucionales, expedido o ejecutado por cualquier servidor público con mando y jurisdicción, al violarse derechos y garantías que la Constitución consagra, cuando por la gravedad e inminencia del daño requiera una revocación inmediata y se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de dicho acto. En base a este criterio, debemos señalar que el acto atacado lo constituye la Resolución de 20 de septiembre de 2013, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en Sala Unitaria, en la cual se admitieron pruebas testimoniales allegadas a esta segunda instancia, así como la práctica de las pruebas de informe dirigidas a la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas a efecto de que dicha institución haga constar el valor catastral de la Finca N° 27241, inscrita al Tomo 665, F. 608 para el mes de marzo de 1999, así como en la actualidad y certifique si en dicha oficina pública hay inscrita alguna mejora o modificación a la cabida, superficie, linderos, colindantes o cualquier otro hecho que varíe el valor de la citada finca y Niega el resto de las pruebas aducidas por la demandante en este segundo nivel jurisdiccional (fs. 1146-1165 tomo 4 antecedentes).