Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 10 de Enero de 2014

Ponente:Luis Mario Carrasco M.
Fecha de Resolución:10 de Enero de 2014
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: II HISTORIA DEL CASO Los antecedentes dan cuenta que la licenciada M.G.S., en representación de C.D. (brasilero) promovió INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA dentro del PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE REGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL seguido entre el incidentista y N.C. (ecuatoriana), quienes disolvieron su vínculo matrimonial contraído en Ecuador el 9 de agosto de 1991, en la República de Panamá en el año 2012 (Cfr. f. 2 y 15 del cuadernillo de amparo). Dicho incidente se sustentó en que, para la fecha en que el matrimonio de los señores C.D. y N.C. fue celebrado, no estaba vigente el Código de la Familia y que, por tal motivo, rige lo estipulado en el Código Civil por lo que la Jurisdicción de Familia no es competente(I.. La juez de primera instancia consideró que como las partes contrajeron matrimonio en la República de Ecuador cuando el régimen vigente era el de sociedad conyugal y no se menciona que hayan suscrito capitulaciones matrimoniales, no puede -a falta de capitulaciones matrimoniales-, hacerse valer en Panamá un régimen económico no contemplado como vigente según nuestra normativa, sea antes o después de la vigencia del Código de la Familia. (Cfr. f. 14 del cuadernillo de amparo). De allí que con fundamento en la Sentencia de la Corte de 13 de octubre de 2004, concluyó que le cabe razón al incidentista puesto que "...no pudiendo aplicarse el régimen propuesto en nuestro país para efectos de liquidar el régimen económico matrimonial no sólo carecemos de competencia sino de jurisdicción para ello" (I.. Esta decisión fue apelada por el apoderado judicial de N.C. quien alegó "...sentirse sorprendido que en la decisión recurrida se señale que los Juzgados de Familia no tienen competencia ni jurisdicción en la materia in examini, contrario a lo que dispone el artículo 752 del Código de la Familia en su numeral 5" ya que a su parecer "...la jurisprudencia en la que la juzgadora sustenta su apreciación no contempla la situación fáctica de la demanda que se plantea en estos momentos, En consecuencia solicitó que la decisión objeto del recurso de alzada sea revocada" (Cfr. f. 16 del cuadernillo de amparo). Al emitir concepto, el Ministerio Público consideró que el Auto recurrido debía ser revocado, por cuanto el Código de la Familia en un artículo 10 establece que el régimen patrimonial de los cónyuges se rige por la ley del lugar donde se haya celebrado el matrimonio, salvo que las parte, de común acuerdo hayan celebrado capitulaciones matrimoniales o señalado un régimen económico distinto al legal; lo que a su criterio no debe entenderse que le resta jurisdicción y competencia la al juzgadora a-quo quien debe decidir en base a la legislación aplicable en el país el que se celebró el matrimonio (Cfr. f. 17 del cuadernillo de amparo). El Tribunal Superior de Familia, al examinar el asunto decidió revocar el Auto N° 79 de 17 de enero de 2013, mediante el cual el Juzgado Tercero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá había declarado Probado el Incidente de nulidad por Falta de Competencia, por estimar, en lo medular, que: 1. "El artículo 230 del Código Judicial en concordancia con el artículo 746 del Código de la Familia dice que la jurisdicción y la competencia se determinarán por la Ley que rija al proponerse la demanda. Nuestro ordenamiento procesal familiar en su artículo 752, numeral 5, ya citado, fija la competencia de los jueces Seccionales de Familia para conocer los casos de disolución y liquidación del régimen económico matrimonial por razón del territorio; por la naturaleza del asunto; por su cuantía o por la calidad de las partes; es decir, que los factores territorial, objetivo y subjetivo sólo son criterios que utiliza la ley para llegar a determinar específicamente el juez o tribunal que debe fallar el proceso". 2. El recurrente ataca la decisión que declara probado el incidente porque implica la negación de la jurisdicción de familia para conocer del proceso ordinario, lo que le coarta el normal ejercicio de la función jurisdiccional. En ese sentido estima que "No es posible aceptar de parte del juzgador que ante una solicitud de disolución del Régimen Económico Matrimonial cierre cualquier posibilidad de hacer efectivo ese derecho, alegando que no es competente, a pesar que contamos claramente con una norma que indica lo contrario. Los resultados del proceso serían otra cosa, sólo estamos enfocados en la competencia" (Cfr. f. 15 del cuadernillo de amparo). 3. Sostiene el Tribunal que "Como signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la República de Panamá, mediante Ley N° 15 de 28 de octubre de 1977, debemos garantizar el cumplimiento del artículo 8 que se refiere a las garantías judiciales, que informa: "Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente o imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter...". 4. Agrega el a-quem que "Utilizar la normativa civil o la familiar lo tendrá que decidir y argumentar la juzgadora primaria, pero asegurándose que se hagan efectivas las garantías fundamentales de las partes, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Nacional que dice: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales y a los extranjeros bajo su jurisdicción , asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley." (Las subrayas que no están resaltadas en esta sección, son de la Corte). III EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES El amparista considera que el Auto impugnado del TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA infringe de manera directa, por omisión, el articulo 32 de la Constitución que consagra el debido proceso porque: 1. Los jueces panameños no tiene competencia para conocer de los procesos de liquidación del régimen económico matrimonial entre personas extranjeras ya que sólo son competentes para interpretar y aplicar el derecho interno, más no el extranjero (Cfr. f. 7 del cuadernillo de amparo). 2. El Tribunal Superior de Familia al invitar al J. Seccional a conocer de un proceso de liquidación de un régimen económico matrimonial sobre la base del derecho extranjero, ignoró el debido proceso porque el régimen económico matrimonial extranjero, a su parecer, contraviene el orden público interno que regía la momento que se celebró el matrimonio toda vez que para ese entonces el Código Civil establece que ante la falta de capitulaciones matrimoniales regía la separación total de bienes (I.. 3. El Tribunal Superior al Invitar al J. Seccional de familia a conocer del proceso de liquidación del régimen económico matrimonial sobre la base del derecho extranjero, ignoró que dicho régimen no existía dentro de los regímenes vigentes en Panamá al momento de la celebración del matrimonio ni existe actualmente en el Código de la Familia (Cfr. f. 8 del cuadernillo de amparo). 4. Un juez panameño "...no puede aplicar el derecho extranjero para disponer de bienes situados en PANAMÁ, sino que únicamente el J. panameño puede disponer de bienes situados en la República de Panamá, de conformidad con la leyes panameñas" (I.. El otro artículo que se dice infringido, en concepto de violación directa por omisión, es el artículo 210 de la Norma Fundamental que establece la independencia judicial. Según el recurrente, el Tribunal Superior de Familia al invitar al J. Seccional a conocer de un proceso de liquidación de un régimen económico matrimonial extranjero sobre la base del derecho extranjero, ignoró que los Magistrados y jueces están sometidos a la Constitución y a las leyes y que "...nuestro ordenamiento jurídico interno tampoco faculta a los jueces para acatar, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico interno de otro Estado" (Cfr. f. 9 del cuaderno de Amparo. Las subrayas son del Pleno). IV DECISIÓN DEL PLENO A. Competencia. El acto recurrido fue dictado por el Tribunal Superior de Familia, por lo que de conformidad con el artículo 2616 del Código Judicial, numeral 1 del Código Judicial, el asunto es de aquellos que compete resolver al corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. B.A. delA.. Corresponde en esta etapa procesal adentrarnos al examen del presente caso a fin de determinar si reúne las condiciones para su admisión. La lectura de la iniciativa constitucional que nos ocupa permite determinar que cumple con los requisitos formales mínimos comunes a toda demanda. Ahora bien, en cuanto a los hechos que dan origen a la pretensión, el derecho fundamental que se estima infringido y el concepto de la infracción, la Corte observa que los cargos que formula el amparista se centran en que se ha dado una violación del debido proceso causada porque el Tribunal Superior de Familia ha "invitado" a la J. Seccional a conocer de un proceso "sobre la base del derecho extranjero", para lo cual -estima- "no es competente". No obstante, luego de la lectura del acto recurrido y las constancias procesales, el Pleno no ubica elemento alguno que informe de la posible vulneración de algún derecho fundamental que, por la gravedad e inminencia del daño que representan, requieran una reparación inmediata. En efecto, la Corte no encuentra que se configure prima facie alguna infracción iusfundamental que justifique que se examine la decisión del Tribunal Superior de Familia que estima competente a la J. Seccional de familia para conocer y decidir la solicitud de liquidación del régimen económico matrimonial y que le deja a dicho juzgado la decisión de "Utilizar la normativa civil o familiar" para decidir la causa (Cfr. f. 20 del cuadernillo de amparo). Lo anterior lleva a esta Superioridad a concluir que la iniciativa constitucional sub examine no reúne las condiciones para su admisibilidad y en ese sentido pasa a pronunciarse. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITEel Amparo interpuesto por la firma forense INFANTE & PEREZ ALMILLANO, actuando en nombre y representación de C.H.D., contra la Resolución de 6 de Agosto de 2013 del TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA. N., LUIS MARIO CARRASCO M. HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)